En la coyuntura creada en Ecuador por las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que se realizarán el 15 de octubre (2023), están en juego dos modelos distintos de economía. Pero, al mismo tiempo, el empresariado-neoliberal más conservador y atrasado del Ecuador, apoyado por medios de comunicación y por profesionales ligados a sus intereses, aprovecha la coyuntura política para tratar de implantar en la ciudadanía la idea de que la Constitución de 2008, actualmente en vigencia, es la causante de la debacle institucional del país ocurrida en los últimos seis años; impide la seguridad ante la delincuencia y el crimen organizado, que han alcanzado una expansión inédita en la historia durante los últimos dos años; estrangula la libre empresa y el libre mercado, y ha ocasionado la confrontación social que rompe la unidad nacional. La idea no es nueva, pero hoy abiertamente se apela a que el próximo Presidente/a de la República asuma que esa Constitución tiene que ser “eliminada” y, en su reemplazo, poner en vigencia a la Constitución de 1998.
Cabe puntualizar que desde 1979, cuando se iniciaron los gobiernos de la más larga “era democrática” en la historia de Ecuador, no sólo se han sucedido catorce presidentes, sino que han regido tres Constituciones. La primera, de 1979, nació de un sui géneris proceso de retorno al orden constitucional guiado por la dictadura militar de la época (Consejo Supremo de Gobierno, 1976-1979), fue redactada por una comisión especial y el texto final sometido a referendo (15/Ene/1978) obtuvo el 43% de los votos frente a otro proyecto (Constitución de 1945-reformada) que logró el 32%. Entró en vigor el 10 de agosto de 1979, cuando Jaime Roldós tomó posesión de la presidencia (1979-1981). La segunda, de 1998, nació de una Asamblea Constituyente convocada por el Presidente Interino Fabián Alarcón (1997-1998), tras la destitución de Abdalá Bucaram. La tercera, de 2008, fue el resultado de un proceso impulsado por el presidente Rafael Correa (2007-2017), quien convocó Constituyente elegida por los ciudadanos, que redactó el texto que luego se sometió a referendo (28/sep/2008), obteniendo el apoyo del 63.93 % de los votantes.
La Constitución de 1979 fue sistemáticamente atacada de “comunista” por las derechas económicas y políticas. El asunto esencial es que dicha Carta estuvo sujeta a los fundamentos económicos del desarrollismo, estableció principios nacionalistas, garantizó derechos laborales y sociales, y reconocía cuatro sectores: estatal, mixto, privado y comunitario o de autogestión, además de sectores estratégicos en manos estatales. La oligarquía puso las alarmas en el cielo. De modo que con el ascenso del empresario y millonario León Febres Cordero a la Presidencia (1984-1988), la “estatista” Constitución fue campantemente violada y el “neoliberalismo”, introducido por el FMI en América Latina y acogido por el mandatario, pasó a ser el camino económico que condicionaría la vida del Ecuador hasta inicios del siglo XXI. Entre 1979-1996 hubo cinco gobiernos.
La Constitución de 1998 incorporó los derechos de tercera generación (colectivos y ambientales), reconoció al país, por primera vez, como “pluricultural y multiétnico”, dedicando principios innovadores sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, y fortaleció derechos, así como pormenorizó sobre las funciones y aparatos del Estado. Pero en todo ello no está el corazón, sino en la definición categórica de una “economía social de mercado”, que quedaba en simples palabras, porque se escondió así el modelo neoliberal soñado por las élites empresariales conservadoras. En efecto, quedó atrás el desarrollismo y “estatismo” de la Constitución anterior, ya que la Carta del 98 consagra principios y normas sobre la economía empresarial, la propiedad, el mercado libre, las privatizaciones y el retiro del Estado de las funciones económicas. Entre 1996-2006 hubo 6 gobiernos, 1 encargada de la presidencia durante un fin de semana, 1 efímera dictadura nocturna y los únicos 3 presidentes electos por votación popular fueron destituidos.
El contraste nuevamente llegó con la Constitución de 2008, cuyo proceso de origen siempre fue atacado por las élites del poder tradicional y que ha sido tildada de “correísta” y hoy también de “socialista” (y “comunista”). Esta Carta abandonó las consignas neoliberales, consagró un modelo de economía social que garantizó derechos laborales, sociales y ambientales, recuperó y fortaleció las capacidades del Estado e hizo énfasis en principios soberanistas y latinoamericanistas, con fundamento en la paz. Incluso es posible señalar que hay continuidad histórica con la progresista Constitución de 1979. Bajo su vigencia, durante una década gobernó solo un presidente.
Como puede advertirse, para las élites del poder neoliberal-oligárquico, el problema constitucional no se halla en la parte dogmática (derechos, principios, filosofía) sino en la economía. Combaten al “estatismo” de la Constitución de 2008 porque afecta sus intereses de acumulación, rentismo y explotación laboral y ambiental. La inestabilidad, la inseguridad, la confrontación social no han derivado de los principios constitucionales que ha tenido Ecuador en cuatro décadas, sino del modelo que han querido imponer los grupos económicos obsesionados con la captura del Estado para asegurar y extender su poder a través de un pentálogo de consignas que vienen desde la década de los ochenta del siglo pasado: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado, sí a las privatizaciones, sí al mercado libre. En la coyuntura del país han añadido una nueva consigna: eliminar la Constitución de 2008.
El panorama electoral del Ecuador no ha hecho más que reflejar la polarización entre sectores sociales que están en vértices opuestos. El candidato empresario y multimillonario Daniel Noboa, acompañado a la vicepresidencia por la sui géneris “libertaria” Verónica Abad, representa la continuidad del modelo empresarial-neoliberal y oligárquico que fue reconstituido en Ecuador desde 2017 con los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso; expresa los intereses de la élite de grupos económicos más conservador y poderoso del país; y es la candidatura de las derechas políticas, interesadas en continuar el control del Estado e impedir que puedan triunfar las fuerzas de la izquierda progresista, articuladas en torno a la candidatura de Luisa González (Andrés Aráuz a la vicepresidencia), patrocinada por la Revolución Ciudadana y que propone un modelo de economía social que contradice las consignas neoliberales. Es evidente que solo hay una candidatura capaz de llevar adelante la eliminación de la Constitución de 2008.