En mi anterior artículo examiné las candidaturas para las elecciones presidenciales de Ecuador en agosto/2023. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha publicado los “Planes de trabajo” de cada binomio, que se supone guiarán al nuevo gobierno solo hasta que termine su gestión en mayo/2025, cuando se posesionará otro Presidente.
Todos los Planes puntualizan sobre economía, sociedad, ciudadanía, derechos, democracia, gobierno, institucionalidad, justicia, seguridad, delincuencia, educación, salud, vivienda, tecnología, cultura, empleo, migraciones, medio ambiente, drogas, corrupción, relaciones internacionales y otros temas comunes al criterio político general. Trazan objetivos y acciones. Algunos utilizan meros conceptos aislados, sobre “economía verde” o “naranja”, extractivismo y minería “responsables”. No faltan apelaciones sobre las cuestiones de género. Idealizan una sociedad futura diferente. Rebasan así las posibilidades de un gobierno que solo durará un año y medio, aunque algunos binomios posiblemente calculan éxitos y continuidad de sus proyectos en el futuro, previendo ganar en 2025.
¿Es posible no perderse en medio de tantas ofertas e ideales salvadores? Claro que sí. En casi todos los Planes, los diagnósticos sobre el país adolecen de tres limitaciones: 1. no tienen perspectiva histórica para ubicar al Ecuador en el contexto nacional, latinoamericano y mundial, lo que resta fundamento a las propuestas; 2. también carecen de definiciones y visión sobre la conflictividad clasista de la sociedad ecuatoriana, que es el pilar sobre el que se asienta la política nacional; y 3. no abordan la coyuntura desde una perspectiva estructural, que rebase las simples descripciones situacionales.
Al respecto, el Plan (53 ps.) de Fernando Villavicencio (FV) es un paradigma de diagnósticos que en nada se diferencian de los análisis sobre “círculo vicioso de la pobreza” y “cuadro del subdesarrollo”, que eran típicos de la década de 1960. Todo el Plan se concentra en la “Seguridad Multimensional” (ciudadana, alimentaria, económica, ambiental, sanitaria, democrática), considerando el auge delictivo en el país; y, por las referencias que realiza, parece buscar la atención y adhesión privilegiadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, a quienes se convoca en forma explícita. El Plan abiertamente propone un “capitalismo popular”. A su vez, el Plan (17 ps.) de Xavier Hervas (XH) coincide con el de FV en la prioridad casi total al tema de la seguridad ante la explosión de la delincuencia; destaca casi exclusivamente al sector agrícola; y ofrece “SOS”: Seguridad, Obras y Salud. El Plan (21 ps.) de Bolívar Armijos es el más simple entre todos los binomios presidenciales, pero se asume como “brazo político de los Gobiernos Parroquiales, Rurales y de las Comunas”, dando énfasis al sector rural y, de paso, a la economía social y solidaria.
El Plan (71 ps.) de Yaku Pérez (YP) realiza una amplia argumentación desde la “cosmovisión y cosmovivencia comunitaria” de la cultura ancestral andina, lo que conduce a denunciar al colonialismo, la exclusión y otros fenómenos de la sociedad. Incluso reivindica una “tercera vía” como posición filosófica entre la “izquierda” y la “derecha”. Sin embargo, la filosofía andina es una corriente de pensamiento, que no es superior ni inferior a otras formas del pensamiento filosófico de Occidente y que tampoco representa la cosmovisión de todo el país. En cambio, llama la atención que el Plan no contenga referencias al capitalismo, neoliberalismo, oligarquías, imperialismo, extractivismo o la perspectiva latinoamericanista. En un ambiente que divide al movimiento indígena, YP cuenta con el apoyo de las dirigencias conservadoras del partido Pachakutik, pero no de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Además, el Plan privilegia el anti-correísmo y es claro en sostener: “La Constitución de Montecristi se erigió como un Nuevo Pacto Social para construir el Ecuador del futuro, como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Sin embargo, estos preceptos fundamentales se deformaron en la última década, con la instauración de un régimen populista de corte autoritario que controló a todas las funciones y poderes del Estado, judicializando la política y la convivencia social, hasta niveles intolerables de sometimiento y persecución de personas y colectividades, mientras campeaba la corrupción”. Se entiende, entonces, que YP cuente con el patrocinio de “partidos” tradicionales (UN, PSE, DS), enemistados con el “correísmo” desde hace largo tiempo, y que siguen considerándose “auténticas”, “verdaderas” y “únicas” izquierdas. El Plan tiene, finalmente, una “Matriz de acciones prioritarias” que concreta la visión teórica de las cuatro Minkas: Nina (seguridad); Allpa (economía); Yaku (ecología) y Samay (ética y gobernabilidad). Paradójicamente, los Planes de Luisa González (LG) y YP coinciden en varios temas de fondo: plurinacionalidad, diálogo de saberes, conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, Buen Vivir (Sumak Kawsay).
El Plan (69 ps.) de LG se acerca en algo a una visión histórica con consideraciones de clases sociales. Considera al neoliberalismo como causante del deterioro económico y responsabiliza a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso de la situación del país. Enfatiza en la “recuperación” de la Patria, reivindica la “década ganada” (2007-2017, cuando gobernó Rafael Correa), resalta la experiencia en el Estado y organiza sus 12 objetivos específicos desde una matriz fundamentada en la Justicia. Abunda en específicas acciones -sobre todo económicas- para el gobierno y adelanta la necesidad de un nuevo proceso constituyente que viabilice el retorno del “correísmo”. Los candidatos confían en representar a un amplio espectro del progresismo social y las nuevas izquierdas.
En la orilla opuesta están los Planes de Jan Topic (JT) y Otto Sonnenholzner (OS). El de JT (46 ps.) es abiertamente “neoliberal” y representa la continuidad de las mismas políticas económicas que ha llevado el gobierno de G. Lasso, por más que quien le patrocina es el PSC, hoy políticamente confrontado con el presidente. El documento privilegia la seguridad (“País sin miedo”), dice alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NN.UU. y postula específicamente una “economía social de mercado”, término que simplemente disfraza las consignas neoliberales ya conocidas desde las décadas finales del siglo XX: reducir/achicar el Estado; fomentar las actividades privadas, emprendimientos y empresas; traer inversión extranjera; privatizaciones; reducción de impuestos y, sobre todo, en forma recurrente, “flexibilidad laboral”, que incluye la introducción del trabajo por horas (a pesar de estar prohibido por la Constitución) e incluso, la incursión sobre la Seguridad Social, en estos términos: “Canalizar el aporte al seguro social de trabajadores públicos y privados a la inversión productiva en el país a fin de garantizar crecimiento económico y empleo, y a su vez significa mayor recaudación para el fisco sin aumentar impuestos”; pero además con la siguiente limitación para el Estado: “Prohibición al gobierno (actual y futuros) de utilizar y/o disponer a cualquier título de los dineros de los aportantes al IESS (seguros sociales de la policía y el ejército); de los dineros depositados en el Banco Central del Ecuador que no correspondan al gobierno central sino a terceros público y privados”. En definitiva, “todo” para el sector privado.
El Plan de OS (69 ps.), igualmente levantado sobre fundamentos empresariales, tiene una visión bastante diferente al de JT, ya que, en varios aspectos (educación, salud, vivienda, infraestructuras, cultura, sectores estratégicos) reconoce el papel principal y rector del Estado, e incluso dice que hay que recuperarlo, frente al “debilitamiento” ocasionado durante los últimos años (hay que entender, bajo Moreno y Lasso). También acepta la tributación progresiva, no habla abiertamente de flexibilidad laboral y considera la seguridad social pública, tanto como salud y medicina. El Plan (76 ps.) de Daniel Noboa (DN) coincide con los de JT y OS en la visión empresarial-neoliberal sobre el país; resalta el problema de la inseguridad ciudadana y dedica la mayor atención a la economía, en la que sobresale el sector agrícola, e incluye el reconocimiento de cierta inversión pública y la “lucha contra los paraísos fiscales”, un asunto que luce a simple declaración.
¿Cómo entender la diferenciación entre dos propuestas de las “derechas” del país? La de JT (y también DN) representa la visión y los intereses de las élites económicas y empresariales tradicionales y oligárquicas; la de OS la visión e intereses de una burguesía “modernizante”, capaz de comprender el papel del Estado en la economía. En el primer caso, la perpetuación del régimen oligárquico postulado desde la primera época plutocrática del Ecuador (1912-1925) y recuperado por gobiernos de esa misma tradición “empresarial” como el de León Febres Cordero (1981-1984) y, naturalmente, G. Lasso; en el segundo, la posibilidad de un “desarrollismo-light” a partir de un sector de la burguesía nacional, que no ha podido derrumbar la hegemonía del sector oligárquico enquistado en las dirigencias conservadoras de las más visibles cámaras de la producción.
Finalmente, de acuerdo con la experiencia histórica, los planes o programas de gobierno son los que menos se atiende por parte de la ciudadanía votante. Casi nadie los lee. Pero son de enorme importancia para detectar las intencionalidades políticas, los intereses económicos y el sector social al que tales planes tratan de expresar y representar. Aún así la población electora también tiene bases para dudar de los “ofrecimientos” y de los textos, como ha ocurrido durante los últimos seis años: el gobierno de L. Moreno triunfó apoyado por el “correísmo” y con un programa propio de la Revolución Ciudadana, pero giró e impulsó un régimen diametralmente opuesto; y el gobierno de G. Lasso, continuador y profundizador de la vía iniciada por Moreno, no cumplió con lo que había ofrecido en 2021. Tampoco debe soslayarse el hecho de que varios de los 8 candidatos presidenciales son millonarios que aspiran a la presidencia. ¿Los ricos también lloran por los pobres?
Como ya ocurrió en el pasado (León Febres Cordero, Sixto Durán, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa), un nuevo gobierno de los empresarios ricos y poderosos representados por G. Lasso, resultó un fracaso. La élite del poder sostuvo que Ecuador seguiría el camino de Venezuela si es que triunfaba el progresismo de izquierda. No fue necesario ese camino (siempre atacado desde las “derechas” continentales), porque el presidente Lasso no solo que ha sido forzado a interrumpir su mandato a medio camino convocando a la “muerte cruzada”, sino que ocupa el último lugar en las calificaciones internacionales y hasta por debajo del presidente venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con una encuesta difundida por CID-Gallup. Convocados a elecciones presidenciales y parlamentarias, la ciudadanía del Ecuador tendrá que definir su opción preferente. Pero enriquecerá su criterio si toma en cuenta las experiencias históricas vividas en cuarenta años de democracia constitucional.