El Congreso norteamericano aprobó el pasado jueves 15 de diciembre la eufemísticamente Ley denominada de “Asociación Ecuador-Estados Unidos” que no es otra cosa que la conversión del pequeño país suramericano en enclave económico, financiero, comercial y de defensa de la potencia del norte por lo que tanto ha bregado el cuestionado banquero-presidente Guillermo Lasso Mendoza. Es un paso más para que Washington consolide su descarada injerencia en los asuntos internos de Ecuador.
Los alcances de dicha ley estadounidense develan el alto grado de intromisión de Washington hasta tal punto que académicos reconocidamente conservadores y de tendencia neoliberal de las principales universidades ecuatorianas alertaban ya desde mayo de este año sobre las graves consecuencias en pérdida de soberanía que tendrá para este país andino.
La actual política exterior del Ecuador pone en serio riesgo la autonomía relativa que el país tiene frente a las grandes potencias, y esto podría condicionar su desarrollo económico, la seguridad y bienestar social en el mediano y largo plazo del país”. De esta manera, ocho catedráticos universitarios especializados en relaciones internacionales emitieron un comunicado llamando la atención respecto de las verdaderas intenciones de dicha ley estadounidense prohijada por el gobierno de ultraderecha del especulador banquero Lasso Mendoza.
Reconocidos profesores universitarios de derecha como Pablo Andrade, Germánico Salgado, Freddy Rivera, María Paz Jervis, Daniel Crespo, Cintia Quiliconi y Grace Jaramillo, han cuestionado la nueva disposición legal estadounidense porque, según afirman, termina convirtiendo a Ecuador en un aliado de EE.UU. para frenar la presencia de China en Suramérica.
Para estos profesor de ideología conservadora la ley dispone que Estados Unidos coadyuvará en promover y propugnar “las mejores prácticas para mitigar los riesgos para la infraestructura digital al hacer negocios con las redes de comunicación y las cadenas de suministro de comunicaciones con equipos y servicios de empresas con vínculos estrechos o susceptibles de ser presionadas por los gobiernos o los servicios de seguridad sin controles legales fiables de los poderes gubernamentales”.
Según la interpretación de estos docentes neoliberales la anterior disposición permite que Washington ejerza veto en caso de que Ecuador quisiera adquirir equipos y programas informáticos que no sean afines a los intereses estratégicos de EE.UU., como por ejemplo, los de China.
Además, la mencionada ley identifica un rol para la Corporación de Desarrollo Económico de los Estados Unidos “no solamente en los temas militares y digitales, sino también en la mesa de negociaciones de qué se va a privatizar en el país. Tenemos varios párrafos en los cuales están estableciendo una relación estratégica sobre el control antinarcóticos, la asistencia técnica en estos temas”, precisan los catedráticos ecuatorianos que por su ideología conservadora se han caracterizado por ser corifeos de Washington.
Agregan estos docentes neoliberales de universidades ecuatorianas de marcado acento conservador que la citada ley también “otorga al representante comercial de Estados Unidos, al Secretario del Tesoro y a los jefes de otros departamentos y agencias federales pertinentes, según corresponda, la obligación de desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer los vínculos comerciales y económicos entre Estados Unidos y Ecuador mediante el establecimiento de marcos o mecanismos para revisar la sostenibilidad financiera a largo plazo y las implicaciones de seguridad de las inversiones extranjeras en Ecuador en sectores o servicios estratégicos”.
“¿Cómo llegamos como país a aprobar esto?” ¿Quién y cómo decidió aceptar esta ley y decir que es una buena idea?”, se peguntan. La posición histórica del Ecuador ha sido de no alineamiento con ninguna potencia estratégica, explican, puesto que “un alineamiento ha estado alejado de los intereses históricos del país, sino que ninguna otra nación de América Latina, excepto Colombia” en tiempos de los impresentables gobiernos de ultraderecha como los de Pastrana, Uribe, Santos y Duque.
Se quejan los académicos conservadores que la ley no menciona monto alguno para Ecuador por todo lo que se propone. “Ningún país de América Latina ha aceptado esta alineación, más cuando sabemos que la mayoría de países de América Latina tienen como socio comercial a China. Se desconoce si los tomadores de decisiones han dimensionado que por la forma en que está redactada la ley y la forma en que fue anunciada, no solo que hipoteca sino que condiciona irreversiblemente cualquier tipo de negociación con China y no se sabe por qué se tomó esta decisión a puerta cerrada cuando tiene serias repercusiones a corto, mediano y largo plazo para el Ecuador”, expresaron en mayo de este año los mencionados docentes.
Tras la aprobación de la “Ley de Asociación”, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador resaltó mediante comunicado público este paso dado en la relación bilateral, destacando que la misma facilitará a EE.UU. “la relación comercial, promover el desarrollo económico inclusivo, luchar contra las economías ilícitas y la corrupción, fortalecer la democracia, y fomentar la conservación del medio ambiente”.
La ley ya fue enviada al presidente estadounidense, Joseph Biden, para su firma para que inmediatamente entre en vigencia.
Embajador de EE.UU. cuestiona sistema de justicia ecuatoriano
Un día antes de la aprobación de la mencionada disposición legal, el pasado 14 de diciembre, el embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, en otra actitud injerencista, hizo un duro cuestionamiento al sistema de justicia ecuatoriano. Sus declaraciones las realizó en Quito durante la jornada internacional de iniciativas anticorrupción que tuvo lugar en la Universidad Andina, Simón Bolívar.
“La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de derecho en algo irrelevante. Cuando estos fallos dejen de administrar la justicia y se transformen en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, matones o sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata y su imagen pública, por lo tanto se deja de creer en ella”, fue una de las contundentes frases del diplomático.
Igualmente, hizo una reflexión sobre los últimos hechos delictivos que se han registrado en las provincias costaneras de Esmeraldas y Guayas como los motines en las cárceles y la explosión de varios coches-bomba que dejaron varias víctimas. “Lo que sucede ahora en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive el país”, aseguró Fitzpatrick.
“Los carteles están peleando entre ellos por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia”, precisó.
Se quejó de que en Ecuador hay compra de jueces, intimidación a testigos y abusos a los recursos de hábeas corpus que otorga el Estado.
En ese sentido cuestionó: “¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? Es como decir: estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y su abogado que hemos abierto una investigación en su contra”.
Lasso también suscribe acuerdo comercial con China
No obstante los alcances de la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos aprobada en Washington, el banquero presidente Guillermo Lasso, quien se ha caracterizado por la improvisación de su gobierno y la carencia de una política exterior coherente, anunció en Guayaquil que prácticamente está listo un acuerdo comercial con China.
Si bien la entrega de Ecuador a EE.UU. busca frenar el incontenible avance de China en este país y en la región suramericana, Lasso se mostró complacido por la concreción de este acuerdo comercial con Beijing que representa 1.000 millones de dólares adicionales en exportaciones.
“Se ha realizado una negociación altamente eficiente en menos de diez meses y puedo confirmar que el acuerdo está prácticamente cerrado”, manifestó Lasso.
De esta manera, Ecuador se convertirá en el cuarto país de América Latina en tener un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China que no es bien visto por Washington.
Retorno al neoliberalismo
Con la asunción al poder ejecutivo en mayo de 2021 de un cuestionado especulador financiero como Lasso Mendoza que tiene buena parte de su fortuna escondida en guaridas fiscales, Ecuador retornó a la funesta y triste noche neoliberal.
Atrás y en el recuerdo quedó la década del gobierno de Rafael Correa, quien se caracterizó por la defensa de causas de alcance internacional como la protección y los derechos de la naturaleza, la movilidad humana como derecho universal, la lucha en contra de los paraísos fiscales. Su gestión se destacó por la implementación de políticas de redistribución de la riqueza que posibilitó la salida de la pobreza de dos millones de personas en una población de 18 millones, mejorando sustancialmente la calidad de vida de la gente.
Durante la década de Correa se logró que Ecuador sea uno de los países más seguros de la región. En contraste, hoy bajo el gobierno neoliberal de Lasso es el segundo país con mayores indicadores de inseguridad, sicariato, robos, asaltos y casos de feminicidios con involucramiento de personal de la Policía Nacional.
Adicionalmente, Ecuador registra el primer puesto con mayor número de muertes en cárceles, más de 450 reclusos han sido asesinados durante este año, ante la total ineficacia del gobierno para enfrentar la crisis penitenciaria.
Durante el año y medio que lleva Lasso en el Palacio de Carondelet se ha recortado el presupuesto en materia de salud, educación, seguridad y se eliminaron las políticas de protección social. Sus prioridades han sido la concesión y condonación de deudas a las élites económicas, así como ser un descarado abyecto a los dictados de Washington.
Con una desaprobación popular que asciende a más del 82 % se logra mantener en el poder gracias a que lo sostiene el Departamento de Estado norteamericano, a cambio de aniquilar toda posibilidad de integración regional y de privilegiar el capital especulativo transnacional.
Además, Lasso ha sido incapaz de lograr gobernabilidad, tiene el legislativo mayoritariamente en contra y sus antiguos aliados políticos prácticamente terminaron rompiendo con él por su falta de palabra y su despreciable actitud de incumplir los pactos.
Para buscar una mínima legitimidad política y no obstante su altísimo índice de desprestigio convocó para las elecciones regionales que se realizarán en febrero de 2023 una consulta popular con ocho preguntas irrelevantes, ninguna de las cuales permite solucionar factor alguno de la crítica realidad social de la población, pero le sirve a Lasso, en el supuesto caso de que tenga el suficiente apoyo electoral, para tratar de obtener respiro político.
Simultáneamente continúa la persecución política contra los dirigentes progresistas y de los sectores populares, alentando desde el gobierno la guerra jurídica contra la principal fuerza política del país, el correísmo, hasta tal punto que su líder, el expresidente Rafael Correa viene siendo víctima de su sistemática campaña de ataques y de desprestigio, llevando a que se le hayan abierto alrededor de 40 causas penales, absolutamente todas sin ninguna base probatoria sólida. Sin embargo, tal campaña de ataques para lo cual Lasso cuenta con las cloacas mediáticas del mafioso establishment ecuatoriano y un centro de trolls orientado desde el mismo Palacio de gobierno para tratar de influir en las redes sociales con guerra sucia, poca mella ha hecho en la imagen de Correa, quien continúa siendo el principal referente político del país con probado respaldo popular.
En contraste, la incapacidad e improvisación de Lasso en su gestión de gobierno y su vil entrega a los intereses plutocráticos y de EE.UU. le están pasando una costosa cuenta de cobro que se evidencia en su gran debilidad, factores que han llevado nuevamente a la postración institucional, política y socioeconómica del Ecuador.