En América Latina, ante la imposibilidad de construir una estrategia electoral exitosa, la derecha ha vuelto a destruir el pacto democrático que con gran esfuerzo se había consolidado en la región. El máximo ejemplo de ello fue el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Intento de magnicidio que se dio en el marco de una brutal persecución política contra la actual vicepresidenta argentina. Dos hechos totalmente conectados y que evidencian el intento de eliminarla física y políticamente.
Esta estrategia de persecución política, que se ha denominado «Lawfare», no es otra cosa que una verdadera asociación ilícita entre grandes medios de comunicación, jueces y fiscales corruptos. Estrategia utilizada para perseguir, estigmatizar y sacar de la escena política a los líderes populares de la región, imponer modelos políticos antipopulares y neocoloniales y, a la vez, disciplinar al resto de la dirigencia política para que no sea atrevan a desafiar los intereses del poder económico concentrado.
Estas estructuras corruptas del Poder Judicial y de los grandes medios de comunicación representan los intereses de un espacio que engloba a las oligarquías locales y los grandes conglomerados internacionales (cuya máxima representación está en el gobierno de Estados Unidos y en el de sus socios de la Unión Europea).
Durante una intervención en el Congreso, tras el intento de magnicidio en su contra, Cristina Fernández señaló: «es un desafío muy grande el que tenemos como militantes políticos del campo nacional y popular, saltar sobre lo que quieren instalar ellos y, entonces, poder explicarle al conjunto de la sociedad hacia dónde van y hacia dónde vienen las etapas históricas geopolíticas que vienen. Cuando todos nos ponemos contentos porque tenemos alimentos, energía y litio… no nos pongamos contentos solamente, pongámonos atentos además porque se lo van a querer llevar sin darnos nada. Esto es lo que hay que mirar. Vienen por esto (…). Estamos en una etapa civilizatoria con una disputa geopolítica sin precedentes».
Es en ese marco que se desarrollan estrategias en donde, luego de un trabajo incesante en el que día a día, hora a hora, minuto a minuto los operadores políticos (disfrazados de periodistas) de los grandes grupos mediáticos estigmatizan a los líderes populares, fiscales y jueces corruptos avanzan con causas en donde se violan las reglas más elementales del debido proceso con acusaciones y hasta sentencias sin prueba alguna. Los casos de Brasil, Ecuador y Argentina, y la persecución a los máximos referentes del campo popular en estos países evidencian la lógica de acción de lawfare.
Tres ejemplos que no son coincidencia
En Brasil: en 2017, tras la acusación del fiscal Deltan Dallagnol, asegurar que no tenía las pruebas pero tenía la convicción de que Luiz Inácio Lula da Silva había cometido el delito del que se lo acusaba, el juez Sergio Moro, condenó al líder del Partido de los trabajadores por «hechos indeterminados». En septiembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral emitió un fallo proscribiendo al expresidente y líder del PT, Lula da Silva, garantizando así el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro.
En Ecuador: al expresidente Rafael Correa, le armaron más de treinta causas en su contra, algunas con relatos casi calcados de los que se armaron en Argentina contra Cristina Fernández. En 2018, Correa fue condenado por «influjo psíquico», es decir que no cometió ningún delito sino que, según el Tribunal, «influyó psíquicamente» para que otras personas cometieran delitos. Un disparate jurídico por donde se lo mire. En 2020, el Poder Judicial proscribió a Rafael Correa y le impidió participar de las elecciones de 2021, lo que permitió el triunfo del candidato de la derecha, Guillermo Lasso.
En Argentina, la arremetida contra Cristina Fernández de Kirchner tiene elementos que exceden lo burdo, como el hecho de que uno de los acusadores, el fiscal Diego Luciani, suela juntarse a jugar al fútbol con uno de los que debe dictar sentencia, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, en la quinta del principal líder opositor, Mauricio Macri.
Las recientes filtraciones reveladas por Tiempo argentino y El cohete a la Luna, de los audios y mensajes entre los máximos Ceos del Grupo Clarín y los jueces que se han dedicado a perseguir a Cristina Fernández, entre ellos el juez Julián Ercolini, dejan en evidencia la trama del lawfare.
La articulación de estos sectores fue claramente definida por la vicepresidenta argentina como «un pelotón de fusilamiento».
Durante su defensa, al señalar qué es lo que hay detrás del intento de condenarla, Cristina Fernández aseguró: «Esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces los mismo. ¿Dos veces pagarle al Fondo Monetario y decirle ‘andante’? ¿Dos veces decirle que no a los Fondos Buitres? No. ¿Dos veces [estatizar] las AFJP? No. ¿Dos veces Vaca Muerta? No».
«Necesitan dirigentes disciplinados. Necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real quiere», sostuvo, y agregó: «Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un juicio a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia».
Tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, el diario Clarín publicó un artículo editorial titulado «Cristina, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá», en un paralelismo entre el fallido intento de producir la muerte física de Cristina Fernández con el intento de producir la muerte política de la actual líder del campo popular argentino. Pero el tiro (concreto o metafórico) no es contra Cristina Fernández, el tiro es contra el peronismo, el tiro es contra la voluntad popular. En definitiva, ese fallo, ese tiro, es contra la democracia.
Héctor Bernardo: Periodista y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (UNLP). Jefe de redacción de la