La derrota de la derecha en su eterno bastión colombiano supondría un terremoto en Latinoamérica. Petro encarna la renovación de la izquierda, con visión medioambientalista y apuesta por la universalización de coberturas sociales
Colombia, domingo 22 de mayo, Plaza Bolívar de Bogotá. Decenas de miles de personas se agolpan para asistir al cierre de campaña de los candidatos a presidente y vicepresidenta de la República de Colombia Gustavo Petro y Francia Márquez. Petro, de pie tras un atril y escoltado por dos monumentales escudos blindados de su equipo de seguridad, apenas es visible desde la atestada plaza. No hay focos para iluminar a los candidatos del Pacto Histórico –la coalición política que postula a Gustavo Petro–. La razón, tratar de impedir que un francotirador alcance al candidato.
Hasta aquí llega la normalidad democrática colombiana a unos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo.
Colombia, con sus más de cincuenta millones de habitantes, es un país que pareciera tristemente acostumbrado a convivir con la violencia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, hasta cinco candidatos presidenciales han sido asesinados. Solo en lo que llevamos de año, 76 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó recientemente de que durante las movilizaciones populares que se produjeron contra la reforma tributaria del gobierno Duque, entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, se produjeron asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y torturas. Aquellas jornadas terminaron con un saldo de 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún hoy siguen desaparecidas tras los enfrentamientos con miembros de la fuerza pública.
Solo en lo que llevamos de año, 76 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados
En las últimas décadas, la violencia en Colombia fue progresivamente alejándose de su expresión política original, mutando e hibridándose con el narcotráfico. La expresión más cerrada de este proceso la encarnó la parapolítica, una amalgama entre narcotráfico, organizaciones armadas anticomunistas, sectores de las fuerzas armadas y policiales, y organizaciones políticas que los han representado en las más altas instancias institucionales del país.
Con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez esta alianza entre el paramilitarismo y los sectores de ultraderecha del ejército y la policía encontraría vía libre, y alcanzó su clímax entre 2006 y 2009. En aquellos años, un programa de incentivos para los integrantes del ejército que lograran demostrar resultados contra la guerrilla acabó convirtiéndose en una marea de ejecuciones extrajudiciales en lo que se conoció como los falsos positivos: civiles no beligerantes asesinados a los que hicieron pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia. Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) colombiana estableció la cifra total de falsos positivos en la escalofriante cifra de 6.402 entre 2002 y 2008.
Si bien los Acuerdos de Paz de la Habana (2015-2016), firmados por el expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, lograron sacar de la ecuación de la violencia a buena parte de los sectores más ideologizados, lo cierto es que el control territorial de los distintos clanes narcoterroristas sigue siendo muy importante en Colombia. Una demostración de la fuerza real de estos aparatos paraestatales de control del territorio ha sido el reciente paro armado convocado por el Clan del Golfo, una organización policriminal que durante varios días, a menos de un mes de las elecciones y con total impunidad, extendió el pánico en 11 departamentos –el equivalente a la provincia en España–, de los 32 que tiene el país. La acción terrorista promovida como respuesta a la extradición de un capo del narcotráfico obligó a confinarse a los vecinos de más de 74 localidades en las que la población se encontró de facto en situación de toque de queda bajo amenaza real de ejecución sumaria. En menos de una semana el paro armado dejó al menos seis muertos y 180 vehículos calcinados en los departamentos afectados.
Esta y no otra es la realidad del clima de normalidad democrática que vive Colombia hoy.
Cierre de campaña de Petro en la Plaza Bolívar de Bogotá. Fuente: twitter.com/petrogustavo
2002 – 2022, dos décadas de gobiernos neoliberales
Desde la llegada de Álvaro Uribe al poder, la parapolítica de la seguridad democrática –como así se denominó– fue acompañada de una furibunda política económica neoliberal.
Fue con el primer Gobierno de Uribe cuando se aceleró el proceso privatizador: se vendieron la mitad de las acciones de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM), Ecogas y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Ya en el segundo Gobierno de Uribe se dio inicio al proceso de privatización de Ecopetrol –la empresa nacional petrolera–, vendiendo el 11% de la participación estatal.
Un segundo bloque de medidas encogió el Estado colombiano hasta la mínima expresión. Según datos de la OCDE, el empleo público en Colombia se encuentra muy por debajo del promedio regional. Con un estimado de entre el 4 y el 5,3% del total de empleos de la economía nacional, Colombia contrasta con el promedio de América Latina, 11,9% en 2018. La cifra palidece si la comparamos con los países de la OCDE, donde, en la misma fecha, de media se situaba en el 21,1% , cuatro veces más.
El resultado de las políticas neoliberales de Uribe es un país en el que el 50% de la población vive con menos de 234 euros al mes y otro 25%, con menos de 268
Finalmente los gobiernos neoliberales de Uribe y sus sucesores aplicaron reformas tributarias regresivas. Ensancharon la base gravable del IVA incluyendo productos de la cesta familiar y multiplicaron los beneficios tributarios a las grandes empresas –con exenciones, deducciones y todo tipo de exoneraciones del pago de aportes parafiscales a las distintas instituciones del mínimo Estado del bienestar colombiano–.
El resultado de estas políticas es un país en el que el 50% de la población vive con menos de 234 euros al mes y otro 25% lo hace con menos de 268 euros mensuales. El propio Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano (DANE) reconoce que el 39,3% de la población tiene ingresos per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. La fértil Colombia es hoy un país de hambre.
Elecciones 2022 – El sistema político colombiano
La ciudadanía colombiana llega a las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022 con una importante demanda de cambio. Según una reciente encuesta de CELAG, ‘cambio’ es la palabra más elegida por los colombianos para describir lo que desean para el futuro de Colombia, doblando a otros términos como estabilidad, tranquilidad o seguridad.
Este deseo de cambio es especialmente fuerte entre los jóvenes. Más del 53% de los jóvenes –casi un tercio del electorado colombiano tiene menos de 30 años– desean un cambio para su país.
Más del 53% de los jóvenes –casi un tercio del electorado colombiano tiene menos de 30 años– desean un cambio para su país
Esta demanda de cambio ha irrumpido con mucha fuerza en el ya de por sí débil sistema de partidos colombiano, que en estas elecciones no ha logrado postular a ninguno de sus militantes entre los principales candidatos a la presidencia del país –y ha tenido que optar por apoyar a figuras más o menos autónomas.
El sistema de partidos colombiano que llega a nuestros días es heredero del acuerdo del frente nacional entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, un pacto que estableció un simulacro de bipartidismo durante la segunda mitad del siglo XX. Ambos partidos, fuertemente arraigados en la historia política independiente de Colombia, y liderados por la élite bogotana, se alternaron en el poder y ocuparon la Presidencia y la mayoría de poderes locales durante 50 años. La llegada de Álvaro Uribe, un outsider oriundo de Medellín –la gran urbe comercial colombiana, rival en pujanza con la capital, Bogotá– supuso la primera fractura de este sistema de partidos. Con él aparecieron los partidos-movimiento, organizaciones políticas surgidas en torno a liderazgos carismáticos que operan con alta eficacia en las elecciones presidenciales.
Entre tanto, despojados del poder presidencial, el partido Conservador y el Liberal se atrincheraron en el territorio conservando su fuerza en el resto de procesos electorales. Así, en las recientes elecciones legislativas de marzo de 2022 el Partido Liberal –sin ni siquiera candidato presidencial– fue la fuerza con más diputados en la Cámara de Representantes (32), mientras el Partido Conservador igualaba en representantes a la alianza que postula al candidato que, de lejos, cuenta con mayor fuerza electoral, Gustavo Petro (25). Entre tanto el partido del otrora todopoderoso Álvaro Uribe se desplomaba hasta los 16 representantes.
La fuerza que aún mantienen en el territorio los partidos otrora hegemónicos no podría entenderse sin conocer una particularidad del ecosistema electoral colombiano: el llamado voto de maquinaria. El voto de maquinaria lo constituirían varios millones de votos cautivos. En el mejor de los casos los votos están clientelarizados por fuerzas políticas y liderazgos locales. En el peor, estamos ante la extorsión de fuerzas paramilitares que controlan el territorio; cacicazgos que controlan todas las fuentes de empleo en sus localidades y clanes narcoempresariales que compran votos y cuya fuerza se expresó recientemente en el referido paro armado del Clan del Golfo. Las conexiones entre estas organizaciones y las fuerzas políticas tradicionales colombianas son conocidas y en la mayoría de las ocasiones explícitas. Si bien es extremadamente difícil de evaluar el peso real de la maquinaria, algunos expertos calculan que puede oscilar entre el 5 y el 30% del voto de un candidato presidencial.
Las distintas opciones políticas
Cuatro candidatos se postulan este 29 de mayo a la presidencia de Colombia. El sistema de elección es a doble vuelta, y el ganador debe superar el 50% de los votos para evitar el balotaje del 19 de junio.
De un lado, con una plaza prácticamente segura en la fase final, el tándem entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Son los candidatos de la izquierda y el centro izquierda, y con casi el 45% de intención de voto en la práctica totalidad de las encuestas se han convertido en el enemigo a batir en un país en el que nunca en su historia republicana la izquierda tuvo tantas opciones de alcanzar el Palacio de Nariño.
Gustavo Petro y Francia Márquez son los candidatos de la izquierda y el centro izquierda, y con casi el 45% de intención de voto en la práctica totalidad de las encuestas, se han convertido en el enemigo a batir
Gustavo Petro llega a esta elección después de haber disputado la segunda vuelta electoral en 2018 a Iván Duque, el actual presidente y pupilo de Álvaro Uribe. Con un tono profesoral y enormes dosis de pedagogía política, Petro ha recuperado para Colombia la política de la plaza pública –abandonada durante los años más duros de la violencia– y, arriesgando su vida, ha recorrido el país llenando más de mil ágoras en las que se extendió en largas disertaciones sobre el modelo económico, social y político que quiere para Colombia. Gustavo Petro, exmilitante de la guerrilla del M-19, se desmovilizó junto a ésta con ocasión de los acuerdos que llevaron a la redacción de la avanzada Constitución de 1991, un contrato social que el candidato de la izquierda reivindica como horizonte para Colombia, denunciando su incumplimiento persistente. Gustavo Petro, un dirigente con más de 30 años de experiencia en la política institucional colombiana –ha sido alcalde de Bogotá y senador– se dio a conocer por sus sólidos cara a cara con Álvaro Uribe y por su denuncia de la parapolítica. Es sin duda el principal representante del cambio político en Colombia. A Petro lo acompaña en la fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Márquez es una mujer afrodescendiente de 40 años cuya trayectoria vital la ha convertido en la encarnación de las clases populares colombianas. Madre adolescente, tuvo que trabajar como empleada doméstica para pagar sus estudios de Derecho y con una historia de superación de la pobreza estructural y de todo tipo de exclusiones, es hoy una de las voces más frescas y potentes del escenario político colombiano.
A la pujante demanda de cambio en el país, que sopla a favor de su candidatura, Petro le ha añadido una importante red de acuerdos y alianzas con miembros notables del centro político colombiano otrora instalados en las organizaciones históricas de la política colombiana. Es el caso de senadores como Roy Barreras –proveniente del santismo–, Katherine Miranda –del importante Partido Verde– o toda una facción del histórico Partido Liberal que hoy se denominan Liberales con Petro.
Esta amplia alianza, que va desde el Polo Democrático Alternativo –el longevo partido de la izquierda colombiana– hasta los mencionados sectores del santismo, habrían facilitado la ampliación de la base social del candidato de izquierdas que hoy supera el 55% en imagen positiva al tiempo que ha visto atenuarse ligeramente la tradicional hostilidad que le deparaban los grandes oligopolios mediáticos colombianos.
En este contexto no puede descartarse una victoria en primera vuelta del candidato de izquierdas, aunque a día de hoy, con una tendencia estable en las encuestas, parece complicado lograr salvar la ligera distancia que le separa del 50%.
Frente a Petro se sitúa Federico Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha. El exalcalde de Medellín es el candidato oficialista. Ha recibido el apoyo del actual presidente y de la mayoría de las maquinarias partidarias de Colombia –Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical–; también del expresidente Uribe y de su partido, Centro Democrático. Aun con todas estas fuerzas reunidas, el candidato antioqueño no ha logrado acortar a un dígito la distancia que le separa de Gustavo Petro, y su intención de voto oscila en las encuestas entre el 20 y el 25%.
La debilidad relativa de la derecha, que ha hegemonizado la política colombiana durante los últimos dos siglos, no se entendería sin la profunda grieta que hoy la divide con especial virulencia
Esta debilidad relativa de la derecha, que ha hegemonizado la política colombiana durante los últimos dos siglos, no se entendería sin comprender la profunda grieta que hoy la divide con especial virulencia. Tres factores han ahondado la fractura entre las élites conservadoras colombianas en los últimos veinte años, una fractura encarnada simbólicamente en la hostilidad manifiesta entre los expresidentes Santos y Uribe. De un lado la grieta territorial entre la élite ilustrada bogotana –que representa Santos y que ha dirigido el país en los últimos dos siglos– y las élites antioqueñas, dopadas por la narcoeconomía y representadas por Álvaro Úribe. De otro lado, la grieta económica. Los primeros –los bogotanos– anclan buena parte de su poder económico en la industria y las grandes corporaciones colombianas de servicios con lazos transnacionales. Los segundos sustentan su poder en la exportación agroganadera, el control del territorio y la narcoeconomía. Finalmente, correlacionada con ambas fracturas, la grieta en torno al proceso de paz. El mundo uribista se opuso con fuerza al proceso de paz que abanderó Santos y acabó por convertirlo en el epítome de la traición del exministro de Uribe a su mentor.
A pesar de todo, el escenario más probable es que sean Fico y Petro quienes pasen a la segunda vuelta. De ser así, todas las encuestas apuntan a un fracaso del derechista, incapaz de encarnar los deseos de cambio de la ciudadanía y castigado por el rechazo al nefasto legado de gestión de su predecesor en el campo uribista: Iván Duque.
En tercer lugar las encuestas sitúan a Rodolfo Hernández. Hernández, a pesar de sus 77 años de edad, quiere erigirse en el candidato outsider. El exalcalde de Bucaramanga y constructor aparece como un hombre hecho a sí mismo, tratando de activar el marco de campaña de la antipolítica. Se muestra como un candidato ajeno a la política nacional, con un discurso populista que anuncia recortes de privilegios a senadores y diputados y con una lógica de campaña campechana y popular, alejada de los grandes debates programáticos y centrada en la machacona idea de ser el azote de la corrupción. Hasta ahora, encontrarse pendiente de juicio por un caso de corrupción en un contrato de consultoría de la alcaldía de Bucaramanga con el que benefició directamente a su hijo, no parece haberle pasado factura.
Los votantes de Hernández se habían concentrado en los últimos meses en el centro-oriente del país, en la zona fronteriza con Venezuela. Constituyen una base social derechizada que, a pesar de ser votantes tradicionales del uribismo, se habrían visto empujados a buscar una alternativa para castigar la mala gestión de su representante –el presidente Duque– en los últimos años. Sin embargo, en estas últimas semanas, el estancamiento del candidato natural de la derecha –Fico Gutiérrez– estaría reflejándose en un paulatino desplazamiento de su voto hacia Rodolfo Hernández. El histriónico personaje, que recuerda a Donald Trump por su profuso uso de las redes sociales y sus exabruptos públicos –en una entrevista con la cadena RCN llegó a declararse admirador de Hitler–, estaría ganando enteros y, en estos momentos, no es descartable su paso a segunda vuelta.
Si finalmente Hernández lograra colarse en segunda vuelta, la disputa con Gustavo Petro por el significante cambio arreciaría –entre el cambio progresista de Petro y el cambio al estilo trumpista de Hernández. Por otro lado, a buen seguro el septuagenario sería capaz de absorber un importante aporte de los votantes de Gutiérrez y tendría el apoyo de las maquinarias de los partidos tradicionales. En ese escenario, si bien Gustavo Petro seguiría siendo el gran favorito –con una imagen positiva del 57%, 20 puntos más que la de Hernández–, lo cierto es que la contienda estaría algo más disputada que en el caso de un balotaje entre Gutiérrez y Petro.
Finalmente, el último candidato en disputa es Sergio Fajardo, del espacio del centro –centroderecha. Fajardo, también exalcalde de Medellín y excandidato presidencial en 2018 –cuando estuvo a punto de pasar a segunda vuelta– se encuentra hoy prácticamente sin opciones de pasar al balotaje. Su menguante nicho electoral, reducido hoy a sectores de las clases medias altas urbanas, serán sin duda, junto a los indecisos –en torno a un 10-15% del electorado que dice no estar definido o querer votar nulo o blanco–, el gran objetivo electoral a capturar por los candidatos que pasen a segunda vuelta.
Unas elecciones trascendentales
La expectativa que han despertado estas elecciones colombianas está a la altura de la trascendencia de las mismas.
Colombia es el país más poblado de Sudamérica tras Brasil y el tercero en PIB junto a Chile. Es además el único país de la región con salida marítima al pacífico y al Caribe y el único que comparte los ecosistemas Caribe, Pacífico y Andino.
En lo que se refiere a los aspectos socio políticos, Colombia es el único país de Sudamérica que nunca, desde su independencia, ha sido gobernado por la izquierda y el único en el que una guerrilla de inspiración marxista sostuvo un pulso al Estado hasta bien entrado el siglo XXI. Colombia es además el único país –hasta hace poco junto a Chile– en el que no habían prendido los vientos de cambio que atravesaron la región desde comienzos de este siglo.
Por todo ello Colombia ha sido durante décadas un bastión y un núcleo irradiador de pensamiento para la derecha latinoamericana, inspirada en su ejemplo de éxito para frenar a las izquierdas empleando todos los recursos –violentos y no violentos– a disposición de su establishment. No en vano el expresidente español Aznar escogió Colombia y al conservador expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) como impulsores de la creación del programa FAES LATAM, una ampliación de su think tank FAES en América Latina.
Del mismo modo, especialmente desde el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia ha sido la cabeza de puente de los distintos gobiernos de Estados Unidos en la región. Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, el entonces mandatario firmó un acuerdo para que la potencia del norte usara siete bases militares en suelo colombiano durante diez años. El acuerdo, finalmente rechazado por la Corte Constitucional, forzó estrategias de cooperación imaginativas. En la práctica, existe una continua asociación estratégica del Comando Sur norteamericano con Colombia que se va a ver sólidamente reforzada después de que este 23 de mayo Joe Biden firmara el memorando que declara a Colombia como principal aliado militar estratégico de Estados Unidos no-OTAN. En palabras de Adam Isacson, director del Programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) a la agencia AFP: “Hay bases colombianas con una presencia casi constante de personal militar y contratistas estadounidenses”.
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…es erróneo decir que hay sólo siete bases, porque están presentes en muchos más lugares del territorio colombiano, en zonas estratégicas, especialmente en las regiones fronterizas con Venezuela. Se creó un dispositivo tenaz para cercar a Venezuela con bases militares que cubren todo el Caribe a partir del territorio colombiano. Este es un asunto que siempre tenemos que traer a colación cuando se trata de este tema. [leer entrevista a Renán Vega Cantor 13 de mayo de 2022]
En este contexto, la derrota de la derecha hemisférica en su bastión colombiano sin duda supondría un terremoto en el escenario político latinoamericano. Además, Gustavo Petro no es un mandatario cualquiera; representa la encarnación de la renovación de la izquierda latinoamericana. Frente a las izquierdas de principio de siglo, asentadas sobre las rentas de las materias primas principalmente hidrocarburíferas, Gustavo Petro conecta con un sentido común de época medioambientalista y plantea una moratoria al extractivismo, además de una apuesta cerrada por la reindustrialización en base al conocimiento y la universalización de coberturas sociales propias de las socialdemocracias europeas más avanzadas: educación pública, sanidad universal, pensiones garantizadas por mecanismos de ahorro intergeneracional, impuesto a las tierras improductivas, etc.
Por otro lado, frente a las nuevas tendencias políticas ancladas en el marketing político y en la obsesión por el discurso, frente a las propuestas políticas que presumen la desconexión de la sociedad de sus condiciones materiales y consideran a los electores como meros votantes volátiles sujetos al impacto de píldoras comunicativas y frases grandilocuentes; frente a todo ello, Gustavo Petro –como Jean-Luc Mélenchon o Andrés Manuel López Obrador– es un político de estirpe, un dirigente que analiza en sus discursos las causas y consecuencias de las decisiones de gestión, un político que no rehúye los temas controvertidos que algunos dirían que podrían restarle votos, un político que no se ha desviado de sus convicciones en 40 años de carrera por más que estas le costaran el exilio o la persecución, por más que los nuevos popes del marketing político le dijeran que debía moderarse, correrse al centro o hablar menos de esto o aquello porque lo dicen las encuestas. Gustavo Petro es, por el contrario, uno de esos raros dirigentes que marcan con sus propuestas el escenario político, que son capaces de instalar la agenda política y de transformar los sentidos comunes de sus sociedades haciéndolas avanzar allí donde otros no se atrevían a dar la batalla de las ideas contra los sentidos comunes neoliberales.
En estas condiciones, si como vaticinan todas las encuestas Gustavo Petro gana las elecciones en Colombia, estaremos ante un cambio político de enormes dimensiones no solo para el país, sino para toda la región, una región que verá, por primera vez en su historia republicana, cómo la Colombia de Bolívar y Santander, la Colombia fundadora y libertadora, ocupa su lugar en la vanguardia del progresismo latinoamericano.