La etapa posterior a las votaciones del 13 de marzo en que se eligieron nuevos parlamentarios y señalaron los candidatos presidenciales (Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo) de las tres mayores coaliciones políticas se ha sobrecargado de tensiones y choques políticos entre el bloque popular triunfante, que encarna el Pacto Histórico liderado por el senador Gustavo Petro, y la pieza central de la ultraderecha que reúne al uribismo de todos los pelajes.
El neto de las votaciones mostró una potente fuerza popular emergente, engarzada a las revueltas sociales de los últimos tres años contra el deslegitimado gobierno del Duque y el sistema neoliberal narco y violento. La presencia del Pacto Histórico con sus líderes Petro y Francia Márquez ha sacudido desde sus bases el régimen de dominación oligárquica dando pie a múltiples procesos en la sociedad que involucran el campo político, el marco electoral, los sentidos comunes, los mercados (educativos, de la salud, del trabajo y los biopoliticos), los sistemas de comunicación, las tendencias de la guerra, las influencias geopolíticas, los liderazgos, las creencias religiosas, las hegemonías y las redes del poder en todos sus ámbitos.
Pues bien, en la noche del 13 despego una ruta de control, veeduría y vigilancia sobre las mesas de votación para observar los denominados preconteos iniciales y el escrutinio con la presencia de 5 mil jueces y otros actores del quehacer electoral. Desde ese momento fueron evidentes las irregularidades, los desfases, las omisiones y las maniobres de una autoridad electoral asociada con el aparato uribista preponderante entre los funcionarios de la Registraduría.
En principio, a solo dos días de los ejercidos de revisión, se encontró que en cerca de 29 mil mesas de votación no aparecía un solo voto por el Pacto Histórico, por su consulta presidencial y su lista cerrada al Senado. Era algo bien extraño, pues un partido copiosamente votado por la ciudadanía presentaba un abultado déficit en un tercio de los nodos de votación. Rápidamente se denunció esta perversa irregularidad y el Registrador, señor Alejandro Vega Rocha (una ficha de la parapolítica llanera del cuestionado gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga), se vio en la obligación de reconocer el vacío, caracterizándolo como un error entre el preconteo y el escrutinio con fuerza vinculante en materia de la representación que debía asignarse al Pacto Histórico.
Las denuncias en las redes y otros medios de comunicación permitieron establecer que al Pacto Histórico le habían desparecido casi 500 mil votos lo que significaba 4 senadores más.
Recuperado el faltante, a renglón seguido, la ultraderecha uribista y gobiernista lanzó una mendaz campaña para posicionar la idea de que las víctimas eran ellos y sus listas. Por supuesto, quedó al desnudo el robo en perjuicio del Pacto Histórico y en favor de los conservadores, los uribistas, los del cuestionado exvicepresidente Vargas Lleras y los santistas del partido de la Unidad. Robo que en plata blanca es el inveterado fraude con que los partidos oficialistas organizan históricamente sus cupos en el poder legislativo mediante la compra de votos, las prebendas, las limosnas sociales y el intercambio clientelista.
Pero esta vez, todo se les fue al suelo. Por ejemplo, se desplomó electoralmente una de las mafias políticas más aceitadas y consolidadas del país como el clan narco de los Char en Barranquilla, que prácticamente quedo hecha añicos. Los uribistas perdieron más de 25 parlamentarios; senadores prominentes del Cauca, Bogotá y Cali mordieron el polvo de la derrota ante el empuje arrollador de las fuerzas populares petristas.
Enseguida Álvaro Uribe, el capo mayor de este andamiaje, intentó voltear la torta y ordeno desconocer los resultados, como una forma disfrazada de promover un golpe de Estado que en el instante fue denunciado por Petro y los otros sectores políticos democráticos. Petro anuncio que no asistiría a más debates con los otros candidatos hasta no tener las garantías de transparencia en el sistema electoral.
El maléfico plan del uribismo y su ficha, el registrador nacional, Alejandro Vega, para robarse las elecciones y dar un golpe de Estado, no logró concretarse ante la gran indignación ciudadana y los líderes de los sectores democráticos que develaron a tiempo la criminal estrategia de la decadente ultraderecha.
El eco en el Gobierno del desprestigiado Duque y en la Registraduria fue inmediato y se ordenó un recuento de los votos abriendo el boquete para consolidar el fraude y anular la votación rescatada por el Pacto Histórico.
Después de juntar las piezas para identificar la maniobra, los voceros del Pacto Histórico señalaron que lo que se pretendía, una vez levantada la cadena de custodia sobre las tulas con sufragios, era adulterar el resultado del escrutinio por parte de la red de funcionarios uribistas que son la mayoría en la Registraduría Nacional, sus delegaciones departamentales y en el Consejo Electoral, agregando votos de la derecha y anulando los votos petristas.
Un reconteo de la votación en el Senado jamás se ha dado en la historia electoral colombiana y fue la ruta que pretendió adoptar sin éxito ante la inmensa oposición ciudadana el decadente y mafioso establecimiento político derrotado, para recomponer sus dominios en el poder legislativo y en el campo político sobre el que perdieron el control.
El Pacto Histórico, Gustavo Petro, Francia Márquez y la nueva bancada parlamentaria de izquierda, rechazaron de manera tajante ese pretendido reconteo y anunciaron que si lo intentaban interpondrían miles de acciones de tutelas para defender el derecho al voto, a elegir y ser elegidos, al respeto a las decisiones de los jueces y a vivir en paz.
La oligarquía colombiana, el podrido régimen violento neoliberal, entró en pánico con las encuestas y los escenarios diseñados con herramientas de inteligencia artificial que indican que Petro triunfaría con un 62% de la votación frente a un 31% del ultraderechista neonazi Federico Gutiérrez, el candidato de Duque y de Uribe Vélez.
El uribismo, el Gobierno de Duque, los conservadores y la ultraderecha colombiana sueñan con dar un golpe de Estado pero la correlación de fuerzas y el contexto internacional no les apalanca tan descabellada idea.