La sentencia de Assange es un precedente peligroso para los periodistas y para la justicia británica

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, que allana el camino a la extradición, dificultará aún más que los periodistas puedan hacer rendir cuentas a Estados Unidos.

Simpatizantes de Julian Assange frente a los Tribunales Reales de Justicia en Londres (Reuters)

El pasado viernes el Tribunal Superior inglés allanó el camino para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea extraditado a Estados Unidos y juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos, algunos de los cuales contenían pruebas de crímenes de guerra estadounidenses y británicos en Iraq y Afganistán.

La decisión revocaba una sentencia de enero de un tribunal inferior que había bloqueado la extradición, aunque solo lo hizo por motivos humanitarios: porque Assange corría un grave riesgo de suicidio a causa de las condiciones opresivas de su detención en Estados Unidos.

El australiano de 50 años se enfrenta a una pena de hasta 175 años de prisión si es declarado culpable.

Amnistía Internacional calificó la sentencia de “parodia de la justicia”, mientras que Rebecca Vincent, de Reporteros sin Fronteras, tuiteó que se trataba de una decisión “atroz” que “marca un momento sombrío para los periodistas y el periodismo en todo el mundo”.

Los abogados de Assange dijeron que apelarán la sentencia ante el Tribunal Supremo. Pero la lucha para liberar a Assange -aunque finalmente tenga éxito- se prolongará seguramente muchos años más.

El fundador de WikiLeaks ha pasado ya más de una década bajo diversas formas de encarcelamiento: arresto domiciliario, asilo político y, desde principios de 2019, aislamiento en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres.

El daño que le está ocasionando es inmenso, según Nils Melzer profesor de derecho y experto en tortura de las Naciones Unidas. Ha advertido en repetidas ocasiones que Assange está sufriendo los efectos de una “exposición prolongada a la tortura psicológica”.

La familia y los amigos advierten que está confundiendo habitualmente hechos básicos. En una vista de la semana pasada, le costaba incluso recordar su nombre y edad.

Crímenes de guerra

Los motivos de la detención de Assange han cambiado varias veces a lo largo de los años: desde una investigación inicial por presuntos delitos sexuales en Suecia, hasta una violación de la libertad bajo fianza en el Reino Unido y, más recientemente, espionaje.

Pero la presencia del Estado de seguridad nacional estadounidense nunca ha estado lejos. Los partidarios de Assange dicen que Washington ha estado influyendo silenciosamente en los acontecimientos, y que solo mostró su mano directamente cuando lanzó la demanda de extradición en 2019.

Estaba claro desde el principio que los argumentos esgrimidos por Estados Unidos podrían tener enormes implicaciones para el futuro del periodismo y su capacidad para exigir responsabilidades a los Estados poderosos. Y, sin embargo, las audiencias judiciales solo han recibido una cobertura superficial, especialmente por parte de los medios de comunicación británicos.

El caso de la extradición se basa en la afirmación de Estados Unidos de que Assange llevó a cabo espionaje al publicar cientos de miles de materiales filtrados en 2010 y 2011 con socios de alto perfil como el New York Times, Washington Post, Guardian, El País y Der Spiegel. Llamados los archivos de Iraq y Afganistán, los documentos demuestran que el ejército estadounidense cometió crímenes de guerra en esos países, mató a no combatientes y practicó la tortura.

Está claro que Estados Unidos quería asegurarse de que no se repitiera una filtración de este tipo.

La cuestión era que, si Assange podía ser encarcelado por hacer periodismo, ¿por qué no también los editores de los periódicos con los que publicaba? Encerrar a los altos cargos del New York Times, Guardian y Der Spiegel nunca iba a ser una buena imagen.

Este mismo problema frenó a los funcionarios de la administración de Barack Obama. Se sentían acorralados por la Primera Enmienda.

Pero con Donald Trump la reticencia se disipó rápidamente. El apoyo de Trump a Assange durante la campaña no impidió que los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaran que Assange era un hacker, no un periodista.

Con esta premisa, se sintieron libres de redefinir el nuevo periodismo de seguridad nacional basado en lo digital del que Assange y WikiLeaks fueron pioneros al utilizarlo como “espionaje”.

Para ello, recurrieron a la Ley de Espionaje de 1917, una legislación draconiana de la Primera Guerra Mundial que otorgaba al gobierno poderes para encarcelar a los críticos.

Era una medida con graves implicaciones. Los funcionarios de justicia de Trump estaban reclamando de hecho un nuevo tipo de jurisdicción universal: el derecho a juzgar a Assange, a pesar de que no era un ciudadano estadounidense y no estaba acusado de llevar a cabo ninguno de los actos en cuestión en suelo estadounidense.

Los tribunales ingleses han incorporado ahora el rencor al dar aparentemente su consentimiento a la persecución política. Los críticos temen que el precedente implique que cualquier periodista en el Reino Unido pueda ser arrastrado a Estados Unidos para ser procesado en caso de que cause suficiente vergüenza a Washington.

Levantar sospechas

Assange y sus partidarios dicen que los argumentos legales del proceso de extradición nunca fueron más que una fachada. Manifiestan que había muchos indicios de que Estados Unidos buscaba venganza contra Assange, no justicia.

Hace una década, mucho antes de que Estados Unidos luchara abiertamente para hacerse con Assange, este se enfrentaba a otra batalla de extradición -esta vez con una fiscal sueca- en el marco de una investigación por acusaciones de agresión sexual. Fue en esa época cuando Assange huyó a la embajada de Ecuador en Londres en busca de asilo político.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sale del Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, 13 de enero de 2020 (Reuters)

La desaparición de las cadenas de correos electrónicos entre la Fiscalía británica (CPS, por sus siglas en inglés) y Suecia en aquella época ha hecho sospechar que no todo era lo que parecía. Han podido recuperarse unos pocos, que sugieren que se estaba aplicando una presión extra.

Un abogado de la CPS escribió a un homólogo sueco en 2011: “Por favor, no piense que este caso se está tratando como una extradición más”. Al año siguiente, cuando Suecia parecía estar preparándose para abandonar la investigación contra Assange, el mismo abogado del Reino Unido respondió: “¡¡¡No se atreva a echarse atrás!!!”.

También en Estados Unidos se han emprendido acciones contra Assange. En 2011 se convocó un gran jurado a puerta cerrada en el Distrito Este de Virginia para redactar una acusación. El lugar no fue casual. Ese distrito de Virginia es donde tienen su sede la mayoría de las agencias de inteligencia de EE.UU.

Perseguido por Washington

Pero los miramientos se acabaron realmente tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. La CIA entró en la lucha, con su entonces director Mike Pompeo caracterizando a WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil no estatal”.

De hecho, en 2017, la CIA lanzó una “guerra secreta” contra Assange, según una investigación de Yahoo News publicada en septiembre. La agencia planeó en varias ocasiones envenenar a Assange y secuestrarlo mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador. Según el informe, la CIA propuso secuestrar al australiano y llevarlo a Estados Unidos, en un eco de los programas de “entrega extraordinaria” que la agencia utilizó en la “guerra contra el terrorismo”.

Al parecer, la operación de secuestro incluía planes para un posible tiroteo en las calles de Londres.

Por otra parte, se informó que la CIA también había puesto micrófonos en la embajada mientras Assange estaba allí a través de una empresa española contratada por Ecuador para ocuparse de la seguridad. Esto se hizo aparentemente sin el conocimiento de ese país.

Tal operación habría violado la soberanía territorial de Ecuador. Pero lo que es peor, al escuchar las conversaciones confidenciales de Assange con sus abogados mientras se preparaba para la batalla de extradición altamente politizada que sabía que se avecinaba, la CIA contaminó la legalidad de ese mismo proceso.

De hecho, se puede argumentar que los tribunales del Reino Unido deberían haber desestimado el caso de extradición solo por estos motivos.

Un partidario del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, coloca un cartel en la valla del Tribunal de la Corona de Woolwich el 25 de febrero (Reuters)

Y, sin embargo, a pesar de todo esto, el alto tribunal inglés dictaminó el viernes que se habían ofrecido “garantías” de que el bienestar de Assange estaría protegido si fuera extraditado a los EE.UU.

A los jueces británicos se les puede persuadir de esas garantías. Pero a muchos otros, incluido Assange, será imposible.