Tres mil días después de la operación Orión

En la parte alta del barrio El Salado se encuentra La escombrera también conocida como Terrígenos. Vientos suaves se instalan sobre las vertientes montañosas refrescando la región del martirio…Tres mil días después de la Operación Orión los deudos continúan el peregrinaje y la búsqueda de sus desaparecidos, mientras las autoridades se vendan los ojos y juran en falso que la realidad es solo ficción.

El amanecer del 16 de octubre de 2002 no se vistió de lujo, los colores cálidos y tibios de la alborada se tiñeron de tragedia.

Los vecinos madrugadores de la Comuna 13 comenzaban a sentir los aromas del café recién colado; un frio sostenido inundaba hasta el último recodo y un tufillo húmedo se encumbraba, abarcando los   techos de las modestas y frágiles habitaciones.

Fue en ese preciso instante que don Luis escuchó un trueno asesino; el ruido ensordecedor hizo que las paredes de la empobrecida habitación se estremecieran, y que de sus muros de calicanto se desprendieran retales del material casi transparente que los maquillaba.

A su memoria regresaron los ecos ya conocidos de tiempos no lejanos, cuando otros bombardeos lo habían obligado a abandonar las tierras rurales donde había nacido. Con la velocidad del rayo recordó el fatídico día en el que perdió a dos de sus hijos en un ataque similar. Él formaba parte de los miles de desplazados que tuvieron que dejarlo todo con el fin último de preservar sus vidas.

Otros disparos lo volvieron a la realidad; el primero de sus reflejos fue verificar si la puerta de su vivienda estaba bien trancada. El ruido se crecentó cuando un pájaro negro de acero sobrevoló los tejados; desde la nave voces chillonas aumentadas por los altoparlantes vomitaban consignas de no  abandonar las viviendas; y para darle mayor validez a las órdenes, las palabras fueron acompasadas por ráfagas de metralleta. La Operación Orión había comenzado.

Desde hacía mucho tiempo los desgraciados acontecimientos habían empezado a tejerse en reuniones secretas. Recientemente, una publicación efectuada por los Ángeles Times, citando documentos desclasificados de la CIA, se informó que el ejército al  mando de general Mario Montoya en su condición de comandante de la IV Brigada, del Ejército, con sede en Medellín, conjuntamente con el general Leonardo Gallego comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en unión con fuerzas paramilitares, habrían diseñado y desplegado la Operación Orión. En dichas reuniones se habría calculado el éxito de la operación, olvidando el trágico y fatal desenlace que causaría en la población civil.

Como consecuencia de los múltiples desplazamientos se han asentado miles de familias en las faldas de las montañas y ganándole espacio a los precipicios han construido paupérrimas viviendas sin planeación alguna, ni servicios básicos de agua y electricidad. Es en este extraño laberinto tan solo descifrado por sus habitantes, repleto de callecitas, pasadizos, callejones, cañadas y escalinatas, que se desarrolla la guerra urbana.

La presencia de los diferentes actores sociales en la Comuna 13, reclamaba del Estado soluciones a los múltiples problemas que aquejaban a sus habitantes (mayor inversión en asuntos sociales como educación, salud, servicios públicos, empleo). Lamentablemente la respuesta fue la penetración paramilitar y la agresión guerrerista del Estado, desarrollando en el transcurso de febrero a agosto y como preámbulo a la Operación Orión, 6 operaciones militares: Operación Otoño, 24 de febrero de 2002, 2 ciudadanos capturados; Operación Contrafuego, 29 de  febrero de 2002, que dejó un saldo de  63 allanamientos, 1 personas capturadas y 5 personas abatidas que posteriormente fueron presentadas como milicianos muertos en combate; Operación Mariscal, 21 de mayo de 2002, que conllevó a la muerte violenta de 9 civiles  cuatro   de  ellos  menores de edad, 37heridos y 55 personas  detenidas; Operación  Potestad, 15 de junio de 2002, en la que resultó un civil muerto; Operación Antorcha, 20 de agosto de 2002, en la que fueron heridas 37 personas.

La orden fue dada por el recién estrenado presidente Álvaro Uribe Vélez con el supuesto fin de atacar estructuras guerrillas de las Farc EP, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (Cap.) asentados en el sector. Ella fue el comienzo de un rosario triste de errores, y de mayúsculos atropellos, sello de una pésima gestión, durante los dos cuatrienios de su desprestigiado gobierno.

Las fuerzas de autodefensa del BCN (Bloque Cacique Nutibara) llegaron a Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, y la policía, aseveró Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna”. El confeso narcotraficante admitió, ante la Corte del Distrito Sur de New York, que al bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las FARC-EP, el ELN y los comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de King Kong.

Desde las primeras horas de la mañana los pobladores de la comuna trece de Medellín presenciaron la incursión de miles de uniformados pertenecientes al Ejército, la Policía, el DAS e integrantes del CTI; amén   de hombres y mujeres informantes encapuchados y vestidos de camuflado, acompañados y protegidos por miembros de la Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación, quienes arribaron a bordo de camiones y tanques blindados. Toda la comuna fue militarizada, centrándose la operación en los barrios El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores; zona específica en la que se desarrolló la mayor parte de los fatídicos acontecimientos. “Durante el operativo atacaron indiscriminadamente a la población civil utilizando ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y dispusieron francotiradores en las partes altas.

Denuncias de diversas organizaciones sociales y confesiones de ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), demuestran la evidencia de graves infracciones al derecho internacional humanitario y alianzas con paramilitares.

Durante los tres días que duró el operativo militar, fueron detenidas, reseñadas y judicializadas 450 personas, algunas de ellas en virtud de señalamientos que realizaron encapuchados pagados por el ejército y la policía, muchos otros bajo simple sospecha. Unos y otros fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada, para que en su contra se iniciara proceso penal como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. La mayoría de ellas fueron torturadas y mucho otros objeto de desaparición forzada. Sin embargo, al cabo de un año, solo 56 personas de las 450 reseñadas, fueron afectadas con resolución de acusación.

En medio de la confrontación murieron 4 militares y 1 personas más, presentadas como integrantes de las milicias información que en su momento no fue desvirtuada por persona alguna. A manos del Ejército Nacional y en presencia de sus familiares fue víctima de ejecución extrajudicial, el civil Elkin  Ramírez Vélez, quien posteriormente fue presentado como miliciano muerto en combate. También causaron la muerte a nueve civiles, entre los que se cuentan varios menores de edad; fueron heridas no menos de 37 personas.

Uno de los casos más lamentados y protestados por la comunidad, fue el de la conocida y apreciada líder barrial, Doña Martica, quien, durante aquel nefasto 16 de octubre, cuando se dirigía a tomar el bus para ir a su trabajo, recibió una bala de fusil que le destrozo partes vitales, dejándola inválida y en silla de ruedas por el resto de sus días. Los vecinos están lejos de olvidar el día que tomó la palabra en una de las reuniones comunales y con valor espetó: “En la sociedad actual la pobreza no es funcional a las formas modernas de acumulación global. Por ello se nos desplaza de los espacios de expansión del capital, mediante la violencia o instrumentos legales como la estratificación y los impuestos confiscatorios asociados  a la pobreza. La población desplazada se tolera en función de la ampliación de la frontera agrícola, servicio doméstico para la oligarquía y clases medias altas, en actividades de prostitución o mendicidad, o como fuerza de trabajo dócil a la explotación o a los oficios denigrantes”

A pesar de que el operativo fue catalogado en su momento como un éxito histórico por el Gobierno nacional, las denuncias conocidas poco tiempo después sobre las violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y demás, levantaron un manto de duda sobre la legitimidad de la operación.

“Se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo una disciplina de fuego, se presentó un cruce indiscriminado de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes”.

A partir de entonces, en la Comuna 13 se contó con la presencia de integrantes del Bloque Metro, del Bloque de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del Bloque Cacique Nutibara, a quienes se les imputa toda una multitud de crímenes adelantados con el propósito de generar el terror necesario para lograr ejercer un dominio absoluto sobre la zona. Para lograr su propósito, adelantaron una serie de actos criminales dirigidos en un principio a desestructurar los diferentes procesos organizativos, sometieron a la desaparición forzada a unas 70 personas, dieron inicio a una serie de asesinatos selectivos contra habitantes y líderes reconocidos de la zona de los cuales hemos alcanzado a documentar 30, encontrándose entre ellos los cometidos contra Teresa Yarce (octubre 6 de 2004), Heider Ramírez (agosto 23 de 2006), Judith Adriana Vergara (abril 23 de 2007) y Víctor Hugo Gallego (diciembre 31 de 2007). Algunas de las personas por ellos retenidas y sacadas de sus domicilios han sido entregadas a miembros de la fuerza pública quienes los asesinan para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate, tal y como sucedió con Wilson Darío Peña (diciembre 30 de 2004) y John Fernando Agudelo (mayo 21 de 2005).

En la parte alta del barrio El Salado se encuentra La escombrera también conocida como Terrígenos. Vientos suaves se instalan sobre las vertientes montañosas refrescando la región del martirio. Símbolo de dolor y de tragedia, montaña ogro que esconde en sus profundidades cientos de cadáveres de hombres, mujeres y niños salvajemente asesinados, arrojados y tapiados por miles de toneladas de desechos y escombros llegados de toda el área metropolitana. Entre rumores y certezas discurren conversaciones serias sobre atropellos y desapariciones. En aquel inmenso cementerio se apiñan los NN, sepultando cada vez más las esperanzas de los familiares de las personas reportadas como desaparecidas, después de la macabra operación y que supuestamente estarían allí enterradas.

En este lugar la montaña caprichosa abre su gélida garganta con apetito voraz reclamando su ración de víctimas, olores cadavéricos perfuman los parajes. Tres mil días después de la Operación Orión los deudos continúan el peregrinaje y la búsqueda de sus desaparecidos, mientras las autoridades se vendan los ojos y juran en falso que la realidad es solo ficción.

Ossaba, Especial para La Pluma, 31 de diciembre 2010

Editado por María Piedad Ossaba