Liliam Gómez[1], presidenta del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia (CSPA), tras años de investigación, nos comparte su conocimiento y reflexión acerca del uso del glifosato.
El 28 de abril, día en que se conoció la noticia de suspensión de las aspersiones de glifosato, se dibujó en el rostro de Liliam Gómez una suerte de satisfacción. Como presidenta del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia (CSPA) y defensora de la vida a todo nivel, ha abanderado por 20 años las denuncias frente al crimen ecológico derivado de las aspersiones, además no ha escatimado esfuerzos en señalar los efectos perjudiciales en la salud humana y en la biodiversidad de esta estrategia de erradicación de los cultivos de uso ilícito.
El Roundup, o el más conocido glifosato, vuelve a estar en la agenda pública. Una vez la Organización Mundial de la Salud da a conocer los resultados de la reunión de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, en los cuales clasifica al glifosato como un plaguicida carcinogénico, el Ministerio de Salud y Protección Social atendiendo una orden de la Corte Constitucional, emite una recomendación que, aunque controvertida especialmente por el Ministerio de Defensa, parece ser la estocada final y el logro de su prohibición definitiva en la lucha contra la producción de plantaciones de coca.
En la carta firmada por el ministro Alejandro Gaviria y dirigida a Javier Andrés Flórez, secretario técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes, se recomienda “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos*…” Horas después de conocida esta disposición, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que se continuará usando este químico.
Por su parte el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado declaró que la “polémica por glifosato no debe desviarse. Los términos de la discusión están dados por fallo de la Corte Constitucional que el año pasado produjo una decisión en la que dice que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente deben hacer seguimiento a las fumigaciones con glifosato para cerciorase de que no produzcan daños en la salud”.
La orden es consagrada en el Auto 073 de 2014 del Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 que declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en las comunidades afrocolombianas del Pacífico de Nariño. Entonces, en el acuerdo citado, se especifica que en caso de que no haya certeza de la inexistencia de riesgos para la salud se debe dar cumplimiento al principio de precaución con la suspensión de las aspersiones; en este sentido, la posición de Reyes no deja lugar a dudas: la disposición impartida por la Corte Constitucional debe cumplirse y acatarse.
Esta estrategia es usada en el país desde mediados de los 70 pero fue potenciada con el Plan Colombia, cuando EE.UU. aprobó aportar 603 millones de dólares que se destinaron para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el negocio de las drogas. A pesar de los cuestionamientos y diferentes posiciones que a hoy siguen en escena, la Corte Constitucional da una orden clara que profetisa el fin de las aspersiones aéreas con glifosato; en medio de este debate voces como las de Liliam Gómez quieran hacerse oír.
La investigadora y presidenta del CSPA, con la exactitud propia de su trabajo científico, rememora que, cuando aparece el Plan Colombia, el gobierno de entonces usó indebidamente la frase con la que explicó su estrategia: “Fumigaciones con glifosato a cultivos ilícitos”, una expresión falsa a su juicio. Dice Liliam que no se trata de fumigación sino de aspersión, porque la fumigación se hace en sitios encerrados; asimismo, señala que hay inexactitud porque el glifosato es únicamente el ingrediente activo del Roundup, que además está contenido por ingredientes inertes potenciadores de su poder tóxico, entre ellos el polioxietileno-amida (POEA); finalmente, y para redondear su crítica a la intencionalidad política de la frase, apunta que “la naturaleza no ha evolucionado como lícita o ilícita, la naturaleza ha evolucionado como naturaleza, lo que sí hay es un uso ilícito de ella”.
Como si se tratara de una cátedra, Liliam Gómez responde a la pregunta por los efectos en la salud de las personas con la siguiente explicación: el glifosato puede contener cantidades traza de N-nitroso-glifosato o combinarse en el ambiente con nitratos presentes, por ejemplo con la saliva humana o con fertilizantes, y formar N-nitroso glifosato; la mayoría de esos compuestos son cancerígenos. Y es claro, recalca Liliam, no existe nivel seguro de exposición a un cancerígeno. La traducción de lo anterior es que la población expuesta a la aspersión aérea es potencialmente apta a desarrollar cualquier tipo de carcinoma; la profesora, en este punto, señala que no es gratuito que las cifras demuestren que las muertes por cáncer van en aumento.
La declaración reciente se concentra en que la exposición al glifosato puede estar relacionada con la generación del linfoma del no-Hodgkin, pero ya la ciencia ha advertido otros efectos como la mortalidad por cáncer en tejidos blandos, déficit cognitivo, cirrosis y afecciones del sistema inmunológico.
Y aunque, sin duda, los temas de salubridad hacen parte de la mirada integral de lo ambiental, frente al daño a la naturaleza también Liliam se pronuncia: “Hoy Colombia no tiene como evaluar el daño que las aspersiones aéreas de Roundup han hecho a la biodiversidad colombiana, yo creo que nos quedamos sin conocer especies que se encontraban en las selvas porque para terminar cultivos, de cuya producción se hace un uso ilícito, se fumigaban 30 hectáreas y muchas de estas estaban en zonas boscosas donde existían bosques primarios”, con firmeza agrega: “creo que lo que se hizo fue un ecocidio con la biodiversidad colombiana, un crimen firmado por el mismo gobierno y pactos con gobiernos exteriores”.
En el camino de la argumentación y la lucha contra las aspersiones, han aparecido momentos de esperanza parcial. En Putumayo, al igual que en Norte de Santander, no hay intervención aérea de ese tipo, disposición que se dio tras la demanda en el 2008 interpuesta por Ecuador ante La Haya contra Colombia, en razón de daños a la población, a cultivos y afectación ambiental por la aspersión en la frontera. Pese a este avance aún la Policía Antinarcóticos, apoyada por el gobierno estadounidense, sustenta su trabajo de erradicación de cultivos de coca en el uso de este plaguicida; a este punto Liliam Gómez nos recuerda: “los plaguicidas fueron inventados como armas de guerra y son armas de guerra y uno no juega con las armas”.
El impacto de la aspersión, desde el 2000, ha sido sobre una suma 1,5 millones de hectáreas de cultivos ilícitos y es sobre las implicaciones de esta cifra que, señala Liliam, debe haber un compromiso de varios sectores de la sociedad, entre ellos la academia y el Estado. “Lo primero es recuperar las personas y permitirle zonas de desarrollo campesino donde la agroecología sea la parte primordial para que ellos puedan vivir dignamente, zonas de reserva campesina donde se den zonas verdaderamente agroecológicas, con sentido humano, donde la gente pueda vivir, comer, desarrollarse dignamente”.
Una voz como la de Liliam, incansable en su defensa de la vida en todas sus expresiones, llama la atención sobre aquellos asuntos que ambientalmente deben priorizarse y sobre los cuales el trabajo educativo es indispensable. Su batalla silenciosa la ha dado desde la academia y el CSPA, parte del Consejo Departamental Ambiental (Codeam) que debe su articulación a los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia por aunar esfuerzos en defensa del patrimonio natural. Hoy, ella, al igual quienes señalan la magnitud de los daños ambientales causados por el glifosato, merecen un espacio para que las voluntades políticas aparezcan provistas de razones que la ciencia no se cansa de señalar.
Notas:
[1]Lilliam Eugenia Gómez Álvarez: Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de Medellín, Colombia, Doctora con especialidad en Ciencias Biológicas, Opción Eco-Etología, Ph.D. (Doctor en Ecología modalidad formación avanzada). Université François Rabelais, I.B.E.A.S. Tours, Post – Doctorado I.B.E.A.S. Université de Pau Francia. Miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Presidente del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia – CSPA. Colaboradora de La Pluma y Responsable de la rúbrica Economía de La Naturaleza.
[2] Cultivos de cuya producción se hace uso ilícito Alviar L., Gómez, L., Agudelo C., “Solo una pieza del rompecabezas”, 2006.
Elizabeth Otálvaro Vélez
Editado por María Piedad Ossaba
Periodista y editora. Editora en Mutante desde 2018. Desde junio de 2020 se desempeña como Profesora de la Universidad de Antioquia. Fue Consultora en Dejustica de 2020-2021 Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Fue periodista de la universidad de Antioquia de 2015 a 2018.
Fomación:
Estudiante de maestría en estudios culturales de la Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Periodismo: Universidad de Antioquia.