Petición internacional en apoyo de la Corte Penal Internacional y contra las sanciones de USADirigida a los Estados Partes en el Estatuto de Roma por conducto de la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes

Al firmar a continuación, usted afirma la gravedad de los ataques contra la independencia de la Corte Penal Internacional, el Estado de derecho y la independencia de la justicia, así como la necesidad de velar por que el trabajo de la Corte no se vea obstaculizado.

Las personas abajo firmantes, abogados/as, juristas y activistas de derechos humanos, conscientes de nuestro deber profesional y moral de defender el Estado de derecho y la independencia de la justicia internacional, declaramos nuestro pleno apoyo al trabajo y a la independencia de la Corte Penal Internacional y rechazamos con firmeza las sanciones, amenazas y presiones dirigidas contra la Corte, sus jueces, sus funcionarios y quienes cooperan con ella, por el hecho de ejercer sus funciones jurídicas y judiciales con integridad e independencia.

Los Estados Partes en el Estatuto de Roma tienen la responsabilidad de proteger a la Corte que crearon para preservar a la comunidad internacional de los crímenes más graves que amenazan a la humanidad y para que esos crímenes no queden impunes. Su determinación declarada de poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes les obliga a defender a la Corte y a sus jueces y a impedir toda sanción en su contra.

Estos Estados son también garantes del respeto de las disposiciones del Estatuto. Las sanciones impuestas a la Corte y el ataque dirigido contra sus jueces y fiscales golpean el corazón mismo del Estatuto, en particular su artículo 70, que tipifica como delitos contra la administración de justicia la intimidación de los funcionarios de la Corte y las represalias ejercidas contra ellos por razón de sus funciones. La protección jurídica de la Corte es indisociable de los privilegios e inmunidades que el artículo 48 del Estatuto de Roma, el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte y el Acuerdo relativo a la sede entre la Corte y el Estado anfitrión garantizan a la Corte y a sus funcionarios, así como de la obligación que el artículo 86 impone a los Estados Partes de «cooperar plenamente con la Corte». Las medidas destinadas a obstaculizar o sancionar el trabajo de la Corte son contrarias a la protección que los Estados Partes le deben.

Las medidas adoptadas por USA en virtud del decreto presidencial (Executive Order) 14203 del 6 de febrero de 2025, mediante las cuales señalaron como objetivo al entonces Fiscal de la Corte, a sus fiscales adjuntos, a varios jueces, entre ellos el Presidente de la Corte, a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado y a organizaciones palestinas de derechos humanos, y anunciaron después sanciones contra la propia Corte como institución, son intrínsecamente ilegales y deben ser combatidas.

Afirmando que la justicia internacional debe aplicarse sin selectividad ni discriminación, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de crímenes internacionales, dondequiera que se encuentren, y en particular con las víctimas de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Insistimos en la necesidad de garantizar su derecho a la justicia y a la reparación, y de llevar a los responsables de esos crímenes ante la justicia de conformidad con el derecho internacional, al abrigo de toda injerencia o consideración política.

En consecuencia, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que rechace las sanciones de USA contra la Corte Penal Internacional y presione a USA para que derogue el decreto 14203 y retire todas las designaciones efectuadas en virtud de este contra la Corte, sus jueces, funcionarios y personal, así como contra todas las personas y organizaciones que cooperan con ella; para que actúe con el fin de proteger a la Corte, de modo que pueda seguir ejerciendo su jurisdicción de manera independiente e imparcial, incluidas sus investigaciones y procedimientos judiciales en la Situación en el Estado de Palestina; y para que emprenda las acciones jurídicas necesarias contra las personas sospechosas de ser responsables de crímenes de su competencia.

Hacemos asimismo un llamamiento a los Estados Partes en el Estatuto de Roma, en tanto que Estados soberanos, individualmente y por conducto de la Asamblea de los Estados Partes, para que cumplan su obligación de proteger a la Corte y de apoyar su independencia; adopten medidas concretas para garantizar su continuidad financiera y operativa; impidan las sanciones en su contra o limiten sus efectos; cumplan su obligación de cooperación plena y completa, incluida la ejecución de las órdenes de detención dictadas por la Corte; protejan a los defensores/as de los derechos humanos contra la intimidación y las sanciones derivadas de su legítima cooperación con los mecanismos de la justicia internacional; y trabajen para proteger la justicia internacional para la cual los Estados Partes crearon la Corte.

Instamos encarecidamente a la Unión Europea a adoptar medidas de protección eficaces, en particular extendiendo el Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo (el «Estatuto de bloqueo») a las sanciones dirigidas contra la Corte, a fin de que las sanciones de USA no surtan efecto alguno en el territorio de los Estados europeos, protegiendo así a la Corte, a sus funcionarios y a quienes cooperan con ella de sus efectos extraterritoriales.

Hacemos también un llamamiento a todos los Estados y partes interesados para que se esfuercen seriamente por poner fin al deterioro de la situación resultante de los crímenes de genocidio cometidos contra los palestinos y las palestinas, garanticen la entrada sin obstáculos de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, libre de restricciones arbitrarias, y protejan a la población civil, como exigen el IV Convenio de Ginebra, la obligación del artículo 1 común de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel). Hacemos además un llamamiento para que se refuercen los esfuerzos internacionales a fin de poner fin a la impunidad y garantizar la responsabilidad de los autores de violaciones graves del derecho internacional.

Al firmar esta petición, expresamos una posición profesional común en defensa de la independencia de la justicia internacional, de los derechos de las víctimas y del principio de igualdad ante la ley. La justicia no es un privilegio político, y el Estado de derecho nunca debe subordinarse a las relaciones de fuerza e influencia.

En vista de lo anterior, invitamos a abogados/as, exmagistrados/as, académicos, investigadores/as y defensores/as de los derechos humanos de todas las regiones del mundo a sumarse a esta petición. La Iniciativa de La Haya para el Derecho y la Justicia la presentará oficialmente a la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma para su transmisión a todos los Estados Partes, así como a la Corte Penal Internacional y a las instancias internacionales competentes, como expresión de la solidaridad profesional internacional con la independencia de la Corte y de nuestro rechazo de todo lo que pueda menoscabar su papel en la búsqueda de la justicia.

La Iniciativa de La Haya para el Derecho y la Justicia