La expresión es de una apátrida alemana, acogida por USA en 1941, llamada Hannah Arendt; aunque el martes la firmó John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de EEUU: el “derecho a tener derechos”. Con ella, el Chief Justice salvó, por un ajustado margen, la ciudadanía por nacimiento que Trump intentaba abolir por decreto. Cualquier niño nacido en suelo usamericano sigue siendo usamericano. En la víspera del 250º aniversario del país, el Tribunal decidió que la promesa fundacional aún compromete al presente. Pero la sentencia no defiende un principio en abstracto, sino contra algo. Y ese algo es una operación en curso que no consiste solo en revocar la ciudadanía sino en redefinir quién es el pueblo auténtico. Por un lado, se contrae el perímetro: la orden ejecutiva pretendía negar el ius soli a los hijos de inmigrantes indocumentados y de residentes temporales. Por el otro, se reescribe el núcleo: quienes asaltaron el Capitolio han sido indultados y elevados a la condición de patriotas. El asalto a la sede de la soberanía popular se convierte así, retroactivamente, en un acto del pueblo verdadero. No son dos operaciones sino una: contraer el estatus legal por fuera y redefinir la autenticidad política por dentro. A unos se los expulsa del pueblo por decreto y a otros se los incluye por lealtad al líder.
La operación no es solo usamericana: recorre las democracias europeas con lenguajes distintos. En Italia, Francia o Alemania, el pueblo auténtico cada vez se define menos por el estatus legal y cada vez más por criterios paralelos (arraigo, identidad, memoria, fidelidad cultural) que compiten, todos ellos, con el Derecho. España no es una excepción. La “ley de nietos”, que restituye la nacionalidad a los descendientes de los expulsados por la dictadura, opera exactamente sobre el criterio que el Tribunal Supremo acaba de defender: un hecho previo (el exilio) que la comunidad política reconoce como fundamento de un vínculo que merece honrarse. Alberto Núñez Feijóo, quien la defendió durante veinte años, la denuncia ahora como “ingeniería electoral” y a sus beneficiarios como “votantes fabricados”. No revoca la ley: sugiere que quienes se benefician de ella no son españoles de verdad. Y en Andalucía, el pacto de investidura del jueves consagra la “prioridad nacional” de Vox, la misma que Moreno Bonilla describía, hace meses, como “literatura”.
USA celebra estos días los 250 años de una república cuya frase fundacional (“Todos los hombres son creados iguales”) fue siempre una promesa contra la evidencia: los hechos originales de la república eran la esclavitud, la exclusión, la desigualdad. La frase fundacional dijo lo contrario, y toda la historia política subsiguiente puede leerse como el lento proceso de intentar hacer cierta esa promesa. Era una comunidad política que no se reconocía en un pasado común, sino que se comprometía con un futuro compartido. Fue, durante dos siglos y medio, la apuesta de la modernidad: fundar el pueblo por lo que se promete, no por lo que se es. Lo que hoy está en disputa, allí y aquí, es precisamente esa apuesta. Frente al pueblo que se instituye mediante una declaración, se alza el pueblo entendido como identidad previa a la política: comunidad de sangre, de suelo, de memoria, de lealtad, de raza. La sentencia del martes lo contuvo por un voto en su mismo epicentro. Pero ahí está la capa del declive democrático que hoy vivimos, esa que no aparece en los índices: no se erosionan primero las instituciones, sino la definición misma del pueblo al que dicen representar. La disputa no se libra en un país concreto, sino en el criterio mismo con el que las democracias deciden a quién representan. Y ese criterio, en Europa, hace tiempo que empezó a cambiar.
Máriam Martínez-Bascuñán, El País, 5 de julio de 2026