Como consecuencia del “Corolario Trump”, Estados Unidos controla las acciones de Latinoamérica y del Caribe mediante medidas extorsivas que socavan su soberanía.
La intromisión de Estados Unidos en la región avanza sin pausa. Esta vez le tocó el turno a Chile. El Gobierno de Santiago fue presionado a abandonar un proyecto, el Chile-China Express, el tendido de un cable submarino de fibra óptica que uniría ambos países, a cargo de una empresa china. Estados Unidos también ha tomado la posta de Venezuela en la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom). Su otrora estrecho vínculo con ese país, en el marco de Petrocaribe, es monitoreado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien participó su 50.ª Cumbre de Jefes de Estado.
Chile en el eje de la disputa Estados Unidos-China
El pasado 20 de febrero, Marco Rubio anunció la imposición de restricciones a visas estadounidenses a altos funcionarios del Gobierno chileno. Al explicar los motivos, manifestó: “[Es] por actuar en contra de nuestros intereses y perjudicar la seguridad regional”. La medida se debió a la aprobación de un decreto que otorgaba la concesión del proyecto Chile-China Express —un cable submarino de fibra óptica que comunicaría Valparaíso con Hong Kong— a una filial de China Mobile, el 27 de enero. Dos días después, el Palacio de la Moneda retiró el decreto ante la fuerte presión del Gobierno estadounidense. Las autoridades chilenas atribuyeron esta sorpresiva decisión a un «error técnico o de tipeo» en la redacción administrativa.
Es decir, al momento de la revocación de las visas a los funcionarios, el decreto que aprobaba la concesión no estaba vigente y el proyecto había regresado a etapa de evaluación. Pero el Gobierno estadounidense justificó la medida argumentando que los funcionarios ignoraron advertencias explícitas de seguridad durante meses. Ello significa, para Estados Unidos, que considerar tecnológicas estatales chinas tiene costos individuales, independientemente de si el proyecto se concreta o no. Solo el hecho de evaluarlos como posibilidad implica sanciones.
Si bien las presiones no son nuevas, el nivel de agresividad y prepotencia sí lo es. Desde que Donald Trump asumió su primer mandato en enero de 2017 y lanzó su proyecto “Hacer América grande otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés), las amenazas para alejar a China de la región, y del resto del mundo, han ido incrementándose. Entonces, Trump inició una guerra arancelaria con el gigante asiático y, paralelamente, una guerra tecnológica que incluyó, entre otras medidas, la prohibición de exportaciones de microchips desde Estados Unidos, así como desde todos aquellos países cuya producción utilizara tecnología estadounidense.
Asimismo, presionó a los países europeos en una Conferencia de Seguridad de Múnich para que no contrataran la tecnología 5G de empresas chinas. Las presiones fueron también enormes en la región. De hecho, la Iniciativa América Crece, lanzada por Trump en 2019, que ofrecía créditos para inversiones en infraestructura que nunca se vieron, estaba condicionada a no contratar tecnología china 5G porque “se otorgaría al Partido Comunista de China la capacidad de interceptar comunicaciones y datos críticos”.
En abril de 2019, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, visitó al presidente Sebastián Piñera semanas antes de que este viajara a China. El objetivo fue advertir que el Proyecto Humboldt (el primer cable transpacífico de Suramérica, pensado en unir a Valparaíso con Shanghái) no debía tener a China como destino ni tecnología de ese país. Como resultado de esa presión, Chile limitó la ruta original hacia Sídney, Australia. Durante 2022-2023 se iniciaron los estudios de factibilidad técnica con socios de países occidentales y en enero de 2024 el Gobierno chileno firmó la alianza definitiva con la estadounidense Google para liderar su construcción, asegurando tecnología estadounidense en toda la infraestructura. El proyecto iniciará sus operaciones en 2027.
La presión del Gobierno estadounidense se hizo sentir también en octubre de 2021, cuando el Registro Civil realizó una licitación para pasaportes y cédulas de identidad y el contrato se adjudicó al consorcio chino-alemán Aisino. La intromisión de Estados Unidos al exigir la anulación del contrato no se hizo esperar. En noviembre de 2021, también en la Presidencia de Piñera, el Gobierno estadounidense amenazó con retirar a Chile del programa Visa Waiver, que permite a ciudadanos de países seleccionados viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta 90 días sin visa, solicitando previamente una autorización electrónica. El gobierno chileno anuló la adjudicación alegando «inconsistencias».
La reacción de China fue sutil pero devastadora: en enero de 2022, surgió en redes sociales chinas una campaña sobre supuestas trazas de Covid-19 en las cerezas exportadas a China. El silencio de las autoridades de Pekín durante días provocó una caída del 59 % en los precios, enviando un mensaje claro al sector exportador sobre el costo de desairar a sus empresas tecnológicas.
Estados Unidos utiliza el beneficio de la Visa Waiver como una espada de Damocles: si el nuevo Gobierno revive proyectos con empresas chinas en áreas críticas, el estatus migratorio privilegiado de los chilenos será revocado. A nivel regional, el mensaje significa que la neutralidad tecnológica en la guerra fría digital no existe; se debe elegir entre el capital chino o la seguridad y estatus estadounidenses.
Estas acciones responden a la doctrina de «Redes Limpias» (Clean Network) iniciada por Trump y mantenida en esencia por la administración Biden. Bajo esta estrategia, la infraestructura de datos (fibra óptica y 5G) es considerada el sistema nervioso de la seguridad nacional. Estados Unidos considera que cualquier equipo controlado por el Estado chino es una «puerta trasera» para el espionaje, por lo que su política exterior en Latinoamérica se ha vuelto agresivamente preventiva.
El electo presidente Kast ha tomado nota de cómo viene la mano y ya ha comenzado a emitir señales claras para evitar que la crisis escale y ponga en riesgo la Visa Waiver apenas asuma el mando. Kast ha enviado mensajes a la Embajada de Estados Unidos asegurando que su programa de gobierno priorizará la seguridad nacional y la protección de datos en toda licitación de infraestructura crítica.
China ha optado por una respuesta de «cautela estratégica», evitando por ahora represalias comerciales directas contra las exportaciones chilenas, pero elevando el tono diplomático contra la interferencia de Estados Unidos al calificarla como “matonaje político”.
Estados Unidos de regreso al Caribe
También en la Caricom se produjeron tensiones con la presencia de Marco Rubio durante la 50ª Cumbre de ese organismo que reúne a 15 países (14 de los cuales son miembros de la Organización de Estados Americanos). La reunión de jefes de Estado de esa organización marcó un hito al haber aceptado, aunque con reservas, la propuesta del gobierno estadounidense de «Condonación por Cooperación», que busca desvincular al Caribe de la deuda que mantiene con Petrocaribe.
Se trata del Acuerdo de Cooperación Energética creado en 2005, en los tiempos de gloria del precio del petróleo y de la Presidencia de Hugo Chávez. Mediante el mecanismo se suministraba petróleo venezolano bajo condiciones de pago preferenciales, lo que dio lugar a que la mayoría de estos países bloquearan las propuestas de condena a Venezuela impulsadas por Estados Unidos en la OEA. Es debido a esta razón que la fábrica de declaraciones contra Venezuela quedó a cargo del Grupo de Lima, creado en 2017 durante el primer Gobierno de Trump.
Al inicio, Petrocaribe fue muy importante, pero empezó a declinar y quedó prácticamente inoperativa en 2019 debido a la caída de la producción petrolera venezolana, en gran parte por las sanciones económicas. Estas impidieron a empresas estadounidenses realizar transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA).
Asimismo, los países del Caribe se vieron impedidos de realizar pagos por el crudo, ya que el sistema financiero internacional rechazaba las transferencias hacia Venezuela. La mayoría de los líderes de la Caricom señalan que dichas sanciones tuvieron un efecto colateral negativo, al obligarlos a comprar petróleo mucho más caro en el mercado internacional.
La actual administración del petróleo venezolano por el Gobierno estadounidense, después del secuestro de Nicolás Maduro, busca que el crudo fluya de nuevo hacia el Caribe, pero bajo un esquema comercial sin el financiamiento preferencial de tiempos de Chávez vía Petrocaribe.
Para saldar la deuda acumulada que los países del Caribe tienen con Venezuela, Marco Rubio propuso un fideicomiso energético que consiste en renegociar las deudas en el marco de ese acuerdo energético bajo la supervisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta entidad forma parte del Departamento del Tesoro estadounidense y administra y aplica sanciones económicas basadas en la política exterior y seguridad nacional.
La propuesta consiste en que los países caribeños paguen sus saldos pendientes con el Gobierno venezolano directamente a ese fideicomiso. A cambio, Estados Unidos otorgaría licencias para que el petróleo venezolano vuelva a fluir, pero a precios de mercado, con la gestión de empresas privadas como Chevron. Este proceso busca cerrar el capítulo de la «diplomacia petrolera» de Chávez para dar paso a una relación comercial basada en precios de mercado, pero con alguna flexibilidad para no quebrar las economías isleñas.
Los países de la Caricom no han adoptado el fideicomiso de forma automática, sino que establecieron una hoja de ruta técnica para su evaluación a través de la creación de una comisión técnica.
Además, como para amarrar la presencia estadounidense en el Caribe, Rubio propuso fortalecer los lazos energéticos, ofreciendo a su país como un socio para explorar los recursos de la región de manera responsable. Asimismo, propuso un esquema de compensación por medio del cual los países que implementen proyectos de energía renovable con tecnología estadounidense podrían recibir créditos para terminar con su deuda venezolana.
Para cerrar el círculo, parte de la deuda que Caricom pague al fideicomiso se utilizará para pagar directamente a empresas estadounidenses que suministren ayuda humanitaria y equipos de reconstrucción a Venezuela.
Durante la Cumbre, el secuestro de Maduro fue el punto de mayor división, lo que impidió que en la declaración final se condenara el acto. Simplemente se pidió un «proceso hacia elecciones pacíficas liderado por venezolanos».
En cambio, el rechazo a las sanciones a Cuba fue unánime y figura en la declaración final. Cabe señalar que ningún representante oficial del Gobierno de Delcy Rodríguez asistió a la Cumbre debido a la falta de consenso en la Caricom. Tras los sucesos de enero de 2026, el Gobierno de Rodríguez ha denunciado que Caricom está siendo «secuestrada» por los intereses de Washington.
La cumbre funcionó, en la práctica, como un foro de negociación entre los países del Caribe y Estados Unidos sobre Venezuela, pero sin la participación de las autoridades de Caracas.
En cambio, la oposición venezolana tuvo una presencia importante, aunque no oficial. En síntesis, los países del Caribe han pasado de la órbita de Venezuela a una tutela financiera de Washington, en la que la soberanía parece haber sido intercambiada por estabilidad energética y las puertas para el ingreso de capitales chinos parecerían haber quedado fuertemente blindadas.