Y se hizo silencio. Durante décadas la huelga y masacre de las Bananeras no tuvo eco. Sin embargo, historiadores, investigadores y descendientes de aquellos líderes y lideresas que dieron forma a las luchas sociales y socialistas de los años veinte del siglo pasado han contribuido a restaurar lo sucedido. En esta dirección, fue presentado recientemente al Congreso de la República un proyecto de ley que busca que el Estado colombiano reconozca este hecho que marcó la historia nacional.
El 6 de diciembre de 1928 tuvo lugar en Ciénaga, Colombia, un hecho que estremeció al país: la masacre de las Bananeras, trágico epílogo de la huelga de las Bananeras. Tres semanas antes, los obreros de la United Fruit Company –empresa norteamericana que tenía en concesión cerca de 35.000 hectáreas dedicadas al cultivo y exportación de banano– se habían lanzado a un movimiento de protesta y resistencia, convocando a los más de 20.000 trabajadores de la Zona Bananera del Magdalena [1]. Se trató de una extraordinaria movilización social: las actividades de corte, recolección, transporte y carga de la fruta fueron suspendidas, casi todos los asalariados de la zona pararon.
La economía de la región dependía casi totalmente del banano y de la United Fruit Company (UFC); por eso cualquier conflicto entre la empresa y sus trabajadores tenía amplio impacto en la región. Los huelguistas [2] reclamaban, entre otras demandas, la eliminación del sistema de contratistas, fuente permanente de abusos; un aumento general de salarios; pago por días trabajados, no a «destajo»; pago semanal y en efectivo, no en vales del comisariato; compensaciones por accidentes laborales; atención médica regular; y mejoras en vivienda y servicios sanitarios [3].
La UFC operaba como un enclave, un modelo de negocio común en el Caribe y América Latina en las primeras décadas del siglo XX: una importante extensión del territorio nacional se entregaba en concesión a empresas extranjeras para la extracción de materias primas que se exportaban directamente al mercado internacional. Era un sistema de economía cerrada que no generaba desarrollo sostenible para las comunidades locales ni se articulaba con la economía nacional.
La empresa aplicaba su propio reglamento laboral –la jornada laboral era de 12 horas y más– y los empleos en su gran mayoría eran temporales, inestables y mal remunerados –al tiempo que el trato de los capataces hacia los trabajadores era cruel–. La legislación colombiana era extremadamente permisiva y, en la práctica, el Estado había renunciado a regular el poder económico y territorial de la compañía; sobre el terreno, la UFC se comportaba como un “Estado dentro del Estado”.
Todo ello dibujaba el cuadro de una relación profundamente asimétrica para el país, donde una empresa extranjera acumulaba prerrogativas que excedían los límites razonables de cualquier concesión pública. Y aunque la huelga de las Bananeras nació como un conflicto laboral, muy pronto desbordó este marco para convertirse en un debate mayor sobre la soberanía nacional.
Un país en transición
La huelga y masacre de las Bananeras nos lleva a la Colombia de los años veinte. En esa década el país despegó económicamente: ingresaron ingentes recursos por la exportación de café, petróleo, oro y banano; el pago tardío de Estados Unidos en compensación por el “rapto” de Panamá; y los empréstitos externos que contrajo el Estado –llamada la “prosperidad al debe”.
Ese flujo de dinero permitió la importación de maquinaria para la producción de algunos bienes; llegaron tecnologías como la radio, el alumbrado urbano y el tranvía eléctrico; y se adelantaron obras de envergadura en puertos, carreteras y ferrocarriles. Se produjo entonces una importante migración hacia las ciudades que se tradujo en cambios significativos en la vida de los barrios, en las costumbres sociales y en la mentalidad de la gente. El país entró en un proceso incipiente de industrialización que dio lugar al surgimiento de la clase obrera y la incorporación de un importante número de mujeres al trabajo asalariado, principalmente en medio urbano
Colombia era entonces una nación de tremendas desigualdades y exclusiones, donde unas pocas familias concentraban la riqueza y el poder –la oligarquía–, en contraste con unas mayorías de pobres y más pobres, y una clase media conformada por artesanos, pequeños comerciantes y empleados. En el agro predominaba, salvo en contadas regiones, un profundo rezago estructural y una pobreza generalizada. En el Estado, la ineptitud y la corrupción eran comunes denominadores.
La Primera Guerra Mundial había posicionado a Estados Unidos como el principal socio comercial y “tutor” del país y de la región. La consigna “América para los americanos” había sido reinterpretada por los gobiernos norteamericanos en los inicios del siglo XX para justificar una política abiertamente imperialista e intervencionista en los países situados al sur de su frontera.
La República conservadora
Hacía 43 años, desde 1886, que Colombia vivía bajo la Hegemonía Conservadora; un régimen fuerte, centralista y confesional. Frente a los anhelos de cambio, los gobiernos reprimían los movimientos sociales y cerraban los ojos ante el abuso de los patronos. El país daba un salto adelante con la bonanza económica, pero seguía anclado en el conservadurismo del siglo XIX. La modernidad creaba ilusiones en la población, pero beneficiaba sobre todo a la clase política y a un grupo reducido de comerciantes y banqueros. Las demandas de las mayorías chocaban con un Estado refractario.
En el Gobierno de Pedro Nel Ospina, 1922 a 1926, se acentuaron los conflictos sociales: en el campo, por la propiedad de la tierra y la rebaja de los arriendos de las parcelas; en las ciudades, por un salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, los descansos remunerados, la indemnización por accidentes de trabajo y el reconocimiento de derechos sindicales [4]. La huelga de los ferroviarios del Valle del Cauca, en 1925, fue una de las movilizaciones más importantes de ese lustro.
En 1926 ganó las elecciones el conservador Miguel Abadía Méndez, siendo el único candidato en contienda. Bajo su gobierno el discurso oficial se radicalizó: las huelgas eran “actos de sedición”; los sindicatos, “organizaciones subversivas”; y los líderes obreros, “agentes bolcheviques”, mientras la Iglesia católica asustaba con la excomunión a quienes leyeran la prensa sindical, liberal o socialista. La huelga de los trabajadores petroleros de Tropical Oil Company, en 1927, fue otro de los hitos más relevantes del movimiento obrero que precedió la huelga de las Bananeras.
Los gobiernos conservadores veían con recelo cualquier iniciativa de los trabajadores. El ascenso de la movilización campesina y obrera, que se extendía por distintas regiones del país, alimentaba sus temores. La disyuntiva sobre cómo resolver la “cuestión social”, a través de cambios graduales que no alterasen el orden ni los privilegios o mediante el control estrecho de los movimientos sociales y medidas de fuerza, acompañó el debate de las diferentes corrientes del conservatismo, primando casi siempre la segunda opción. En vez de impulsar mecanismos que facilitaran la negociación, las autoridades redujeron el creciente malestar social a un problema de orden público.
La Oposición
Mientras los conservadores se ponían de acuerdo en la defensa de la tradición, el liberalismo se dividía. Por un lado, el sector partidario de no romper totalmente con el régimen sostenía que era necesario mantener una postura intermedia frente a la creciente polarización. Por el otro, destacados dirigentes liberales liderados por el general Benjamín Herrera –candidato de liberales y socialistas en 1922– cuestionaban esta política por considerar que llevaba a la parálisis del partido.
A su vez, un nuevo aire político había llegado al país con los años veinte: bajo el prisma de recientes sucesos internacionales, como la revolución agraria mexicana y la revolución rusa, el debate sobre el modelo de sociedad alcanzó inusitada intensidad. Surge entonces el movimiento socialista colombiano con la creación del Partido Socialista en 1919, pasa por la Conferencia Socialista en 1924 y prosigue con la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR) en 1926.
Sus protagonistas adelantaron una intensa actividad proselitista, conformaron células y comités, publicaron más de cien periódicos [5], apoyaron huelgas y movimientos sociales, impulsaron la organización obrera y en su mejor momento llenaron plazas. Entre los dirigentes del PSR se contaban Tomás Uribe Márquez [6] –secretario general del partido–, José Ignacio Torres Giraldo, Francisco de Heredia y Quintín Lame. Allí brillaban con luz propia destacadas mujeres como María Cano Márquez, Elvira Medina, Julia Bohórquez y Enriqueta Jiménez, entre otras.
En la zona bananera –como en los campos petroleros y otros sectores productivos– el PSR había logrado desarrollar un trabajo político y contaba con simpatía entre los trabajadores del campo, del ferrocarril y del puerto. Los principales dirigentes de la huelga de las bananeras, Raúl Eduardo Mahecha y Alberto Castrillón, eran a su vez miembros de la dirección de este partido nos cuenta María Tila Uribe en su libro ‘Los años escondidos. Sueños y rebeldías de los años veinte’ [7].
El ascenso del socialismo criollo hizo ver al liberalismo la conveniencia de incluir en su agenda varios puntos del programa del primero. Alfonso López Pumarejo decía entonces: “Uribe Márquez, Torres Giraldo y María Cano adelantan la organización de un nuevo partido político que lleva trazas de poner en jaque al régimen conservador” [8]. Fueron tiempos en que el tradicional conflicto entre liberales y conservadores cedió espacio a un enfrentamiento de nuevo tipo: entre el establecimiento conservador y el movimiento socialista, como lo advertía con alarma la prensa oficialista.
Fin de una época
La década del veinte termina con el derrumbe moral y político de la hegemonía conservadora, golpeada por la crisis económica de 1929, los escándalos de corrupción, la incapacidad del gobierno de gestionar la protesta social y la noticia de la masacre en Ciénaga que por entonces corrió de boca en boca en Bogotá y otras ciudades suscitando asombro y fuerte impacto emocional.
En la huelga de las Bananeras el Estado colombiano intervino no para proteger a sus ciudadanos, sino para defender los intereses de la UFC. Además, documentos del Departamento de Estado norteamericano muestran que Washington contempló enviar buques de guerra a la costa Caribe para “proteger intereses estadounidenses”, mientras el embajador presionaba al Gobierno de Abadía Méndez para “restablecer el orden”. No es casual que en el debate de 1929 ante el Congreso Jorge Eliécer Gaitán denunciara: “No puede un gobierno convertir sus tropas en gendarmes de una compañía extranjera”. Esta imagen fue decisiva en la lectura política de la gente.
Los años veinte terminan también con la intensa persecución estatal a los líderes sindicales y dirigentes socialistas, encarcelados y llevados a consejos de guerra después de terminada la huelga. El PSR entró entonces en crisis y no logró capitalizar la movilización social y la actividad política que había promovido. Sus contradicciones internas también lo erosionaron y su disolución llegó en 1930.
El Partido Liberal, fortalecido por la renovación de su discurso, supo presentarse como la alternativa viable al descontento social. En 1930 ganó las elecciones presidenciales con Enrique Olaya Herrera, inaugurando el período de la llamada República Liberal, que seguiría con López Pumarejo en 1934.
Los primeros avances hacia un marco moderno de derechos del trabajo solo comenzaron a consolidarse en la década del treinta. Fueron aprobadas un conjunto de normas orientadas a formalizar las relaciones laborales y reconocer derechos colectivos. Estas reformas marcaron el tránsito hacia un sistema jurídico más garantista y acorde con los debates sociales de la época [9].
Un crimen de Estado
En octubre de 1928 el Congreso de la República, por iniciativa presidencial, aprobó la llamada “Ley Heroica” para impedir que la ola huelguista siguiera creciendo y “evitar la expansión de las ideas socialistas, comunistas y anarquistas” [10]. Esa ley abonó el terreno para lo que ocurriría dos meses después, el 6 de diciembre, en la plaza de la estación ferroviaria de Ciénaga: tropas del ejército al mando del general Carlos Cortés Vargas abrieron fuego contra los trabajadores luego darles la orden de retirarse. Se trató de un crimen de Estado que hoy conocemos como la masacre de las Bananeras.
Desde el día anterior los huelguistas se habían concentrado en este importante pueblo de la zona bananera para reiterar sus demandas ante los representantes de la UFC y las autoridades civiles. El número de víctimas sigue siendo objeto de debate: «47 muertos» según el informe presentado al Congreso por el ministro de Guerra, Ignacio Rengifo; “entre 500 y 1.000 trabajadores” dice el telegrama del embajador de Estados Unidos en Colombia, Jefferson Caffery, al Departamento de Estado de su país; “tres mil” menciona García Márquez en ‘Cien años de soledad’.
La masacre se volvió silencio. Por décadas no tuvo eco. Pero historiadores e investigadores, y descendientes de aquellos líderes y lideresas que dieron forma a las luchas sociales y socialistas de los años veinte han contribuido a restaurar lo sucedido. En esta dirección, ha sido presentado recientemente al Congreso un proyecto de ley que busca el reconocimiento de este hecho que marcó la historia de Colombia del siglo XX. Por otro lado, se ha creado un comité de impulso, abierto a organizaciones, colectivos y personas, con miras a la conmemoración del centenario en 2028.
Hoy nos parece normal la jornada laboral de ocho horas y otros logros sociales: sistema tributario equitativo; derechos de los niños y de género; separación entre la Iglesia y el Estado; ley de divorcio; ley de huelgas; educación pública laica; ley de pensiones; reforma agraria; libertad de prensa… Sin embargo, estas conquistas son en gran parte el resultado acumulado de las luchas adelantadas desde la década del veinte, son el fruto de las banderas enarboladas desde ese decenio.
Notas
[1] La zona bananera cubría buena parte de los municipios de Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta, entre otros.
[2] Reunidos alrededor de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, incipiente organización conformada en 1926 en donde convergían ideas mutualistas, anarcosindicalistas, socialistas y liberales.
[3] Los campamentos no tenían agua potable, duchas ni retretes, los dormitorios eran colgaderos de hamacas.
[4] Existían 27 organizaciones obreras a comienzos del siglo XX. En la década de 1920 fueron reconocidas 40, la mayoría de ellas gremiales. Movimiento Sindical en Colombia. Bogotá. Septiembre de 2005.
[5] Para 1920 circularon más de 60 periódicos socialistas u obreros en el país y para 1925 subió a 80. Mauricio Archila Neira. La otra opinión: La prensa obrera en Colombia 1920-1934.
[6] Tomás Uribe Márquez, semblanza de un revolucionario de los años veinte. Mauricio Trujillo Uribe.
[7] Cinco ediciones a la fecha: 1994, 2007, 2010, 2015 y 2023.
[8] López Pumarejo, A. (1928, febrero 11). El momento actual de Colombia. Universidad, (68), 95–96.
[9] Entre ellas, la Ley 83 de 1931 que reguló por primera vez la organización sindical y la Ley 10 de 1934 que estableció el descanso dominical obligatorio en ciertas industrias.
[10] Ley 69, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social, 30 de octubre de 1928.
Mauricio Trujillo Uribe
Publicado por agoradeldomingo.com /Cronicón , 13/14 diciembre de 2025
Editado por María Piedad Ossaba