Durante el largo ciclo de democracia liberal en Ecuador han regido tres Constituciones: la reformista de 1979, la neoliberal de 1998 y la actual progresista de 2008. Esta última es atacada y tergiversada por sus orientaciones económicas y sus garantías en derechos.
En Ecuador el actual gobernante ultraconservador Daniel Noboa Azín finalmente consiguió que la Corte Constitucional avale su convocatoria a Asamblea Constituyente, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto en marcha y culminará con referéndum y consulta popular posiblemente el 16 de noviembre/2025. El propósito es terminar con la Constitución de 2008 y aprobar una nueva Constitución. Es un objetivo que empresarios y derechas políticas del país han buscado desde que se aprobó esa Carta.
Me he referido al tema constitucional en distintos artículos. Pero una vez más vuelvo sobre esto a fin de dar una perspectiva histórica precisa ante el cúmulo de falsedades y opiniones perversas que se han levantado contra la Constitución vigente. Y lo que ocurre en el país despierta el interés latinoamericano, ante el avance regional de las derechas totalitarias.
Ante todo, hay que considerar que en la historia reciente destacan tres Constituciones: las de 1979, 1998 y 2008. Todas surgieron de contextos críticos que imprimieron un rumbo particular para el país.
La Constitución de 1979 marcó el retorno a la democracia tras un ciclo de dictaduras militares. Fue elaborada mediante un proceso inédito en el que el castrense Consejo Supremo de Gobierno de facto (integrado por los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el almirante Alfredo Poveda Burbano (presidente), el general del Ejército, Guillermo Durán Arcentales y el general de la Fuerza Aérea, Luis Leoro Franco), organizó tres comisiones, entre las cuales una de ellas debía diseñar la nueva Carta. Su legitimidad fue reforzada al aprobarse por referéndum, lo que representó una innovación histórica frente a constituciones anteriores.
Entre sus logros destacan: el otorgamiento del voto a los analfabetos, la ampliación de derechos sociales, la consagración de libertades fundamentales y el reconocimiento de la unión libre de parejas. En economía se otorgó un papel preponderante al Estado y la planificación, con control de sectores estratégicos. Fijó como sectores económicos el estatal, privado, mixto y autogestionario o comunitario. Estableció la redistribución de la riqueza.
En los comicios de de 1979 es elegido Jaime Roldós Aguilera como Presidente de la República, quien en un extraño accidente de aviación pierde la vida el 24 de mayo de 1981.
Fue una Constitución progresista, reconocida por abrir espacios de participación política y por legitimar derechos a favor de las clases medias y populares. No obstante, fue atacada como “estatista” y hasta “comunista” por las derechas políticas y el empresariado de las cámaras de la producción.
La Constitución de 1998 surgió tras la destitución del tragicómico Abdalá Bucaram Ortiz, cuando el presidente interino Fabián Alarcón (un oportunista político) convocó a una consulta popular que dio paso a una Asamblea Constitucional que se autoproclamó Constituyente y elaboró un nuevo texto aprobado en Riobamba por los asambleístas.
La nueva Carta hizo avances importantes en derechos de tercera y cuarta generación: reconoció al Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico, dedicó un capítulo especial a pueblos indígenas y afroecuatorianos, protegió el medio ambiente y fortaleció derechos colectivos, como el amparo y el habeas data. Sin embargo, en el ámbito económico significó un giro hacia el neoliberalismo, al que disfrazó bajo el nombre de “economía social de mercado”, pues en la práctica viabilizó privatizaciones y la apertura de servicios públicos estratégicos al capital privado. El rol del Estado quedó debilitado y se priorizó la lógica empresarial. La Constitución de 1998 (continuidad de la de 1967), por tanto, representó una ruptura con el espíritu progresista de 1979 y abrió la puerta a una década de inestabilidad económica y gubernamental..
La Constitución de 2008, conocida como la de Montecristi, nació de un proceso político distinto e inédito. Fue el presidente Rafael Correa Delgado (2007-2017) quien convocó a una Asamblea Constituyente que, con la participación de amplios sectores, elaboró el proyecto de Constitución que fue sometido a referéndum y alcanzó el apoyo del 63.93 % de los votantes (septiembre, 2008).
Esta Carta respondió a la reacción ciudadana frente a la exclusión económica, la crisis institucional y el dominio de las élites empresariales. Representó un giro profundo al abandonar el modelo neoliberal e instaurar un modelo de economía social y solidaria, recuperar la planificación estatal, el control de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, hidrocarburos, biodiversidad, agua) y la función social de la propiedad. Al mismo tiempo, reivindicó los derechos laborales y prohibió la tercerización y el trabajo por horas, prácticas que habían precarizado el empleo en décadas anteriores.
En el plano institucional, la Constitución de 2008 reconfiguró el Estado. Estableció cinco funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Esta última buscó despartidizar los órganos de control, otorgando al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar a las principales autoridades estatales. Se creó la Corte Constitucional como órgano máximo de control de la constitucionalidad y se introdujo la figura de la “muerte cruzada”, que permite al Presidente de la República disolver la Asamblea (órgano legislativo), pero con la obligación de convocar simultáneamente elecciones legislativas y presidenciales. El Ejecutivo fue fortalecido, manteniendo el predominio del presidencialismo, pero con límites en la reelección (una sola vez). Además, se introdujeron principios supremos: la soberanía nacional, la paz, el garantismo en derechos al ser humano, el anticolonialismo y la prohibición de bases militares extranjeras.
Uno de los aportes más trascendentes fue la ampliación de derechos. Además de los individuales, sociales y colectivos, se reconocieron los Derechos de la Naturaleza, lo que convirtió a Ecuador en pionero mundial. También se incorporaron los principios del Buen Vivir (Sumak Kawsay) como eje de organización social, dedicando capítulos específicos al Régimen de Desarrollo y al Régimen del Buen Vivir. Se consagraron derechos para migrantes, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, consumidores y pueblos ancestrales. Asimismo, se introdujo el voto facultativo para jóvenes de 16 a 18 años, miembros de las Fuerzas Armadas y extranjeros residentes. En materia de participación ciudadana, se reconoció el derecho a la resistencia, la iniciativa popular normativa y la figura de la “silla vacía” en gobiernos locales.
La Constitución de 2008 no surgió aislada, sino que debe entenderse como parte de una continuidad histórica: retomó elementos de la Constitución liberal de 1906, que fortaleció la educación laica y el rol estatal; de la juliana de 1929, que inauguró derechos laborales; de la radical de 1945 que profundizó en políticas sociales; y de la progresista de 1979, que reafirmó el papel del Estado en la economía y amplió libertades.
La Carta de Montecristi consolidó este largo proceso histórico, articulando derechos sociales y laborales con nuevas categorías como la soberanía alimentaria, la protección ambiental y la seguridad social universal.
En síntesis, el proceso que condujo a las constituciones de 1979, 1998 y 2008 refleja la pugna permanente entre dos proyectos: uno que defiende un Estado fuerte, redistributivo y garante de derechos, y otro que privilegia el mercado y los intereses empresariales.
La Constitución de 2008 representa la culminación de un ciclo de recuperación estatal, ampliación de derechos y democratización de la vida política. Su legitimidad democrática, su carácter progresista y su continuidad con tradiciones históricas la convierten en una de las constituciones más innovadoras y trascendentes de la historia ecuatoriana.