Hace cuatro años, cuando inicié mi mandato como relatora especial de las Naciones Unidas, no podía imaginar que Palestina pronto se convertiría en el epicentro moral y político de la conciencia mundial. No habría creído que ciudades de todo el planeta hablarían al unísono mientras sus habitantes marchaban por calles cuyos muros estaban cubiertos de exigencias de libertad para los palestinos; que la kufiya reaparecería no como folclore, sino como un signo político; que estudiantes de universidades occidentales ocuparían sus campus, arriesgándose a la expulsión y a perder sus becas antes que someterse a la complicidad institucional con los crímenes del Israel del apartheid. No habría creído que millones de personas corrientes, de Saná a Sídney, de Bogotá a Yakarta, de Dakar a Montreal, marcharían, boicotearían, acudirían a los tribunales, financiarían acciones judiciales o navegarían hacia Gaza con la ayuda humanitaria que negaban Estados que aún se atrevían a llamarse civilizados.
Si me hubieran dicho que representantes israelíes comparecerían ante la Corte Internacional de Justicia para responder a una acusación de genocidio; que esa misma Corte declararía ilegal la ocupación israelí en su totalidad y exigiría su desmantelamiento incondicional —enterrando por fin la ficción, explotada durante tanto tiempo, de las «negociaciones» como sustituto de la justicia— o que altos funcionarios israelíes, incluido Benjamin Netanyahu, serían imputados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo habría descartado como una especulación distópica.
Igualmente inimaginable era el espectáculo de las llamadas democracias liberales volviéndose contra su propia ciudadanía: criminalizando la protesta, intimidando a periodistas, restringiendo la libertad académica y vaciando de contenido el derecho constitucional e internacional, todo para evitar aplicárselo a Israel. Y esto mientras se presentaban, en todas las instancias pertinentes de derechos humanos, pruebas abrumadoras de la intención que subyace a la destrucción sistemática de vidas, viviendas, barrios, medios de subsistencia y familias palestinas enteras, así como de torturas, violencia sexual y detenciones ilegales masivas. Sin embargo, aquí estamos.
En tres años como cronista del genocidio he comprendido que lo que estamos presenciando no es una anomalía repentina: es el mundo revelado sin disfraces, capaz tanto de una humanidad extraordinaria como de una miseria moral sobrecogedora; de valentía humana y complicidad política; de solidaridad desde abajo y represión desde arriba. Palestina no ha distorsionado la realidad. La ha iluminado.
Hasta hace poco, Palestina había sido cuidadosamente apartada del radar mundial. El régimen de apartheid israelí se había normalizado paulatinamente; el sufrimiento palestino se había vuelto burocrático, técnico, invisible. «Humanitarizado» para las trivialidades de demasiados «salvadores expertos técnicos» blancos de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, junto con el conjunto más amplio de organizaciones internacionales, como el CICR, habían pasado a formar parte de la maquinaria entre bastidores: cada una gestionaba el fragmento que le correspondía de una catástrofe anormal en gestación, mientras se comportaban como si la ocupación israelí de Palestina fuera una emergencia temporal y no una condición permanente y una catástrofe política.