Bogotá, 16 de julio de 2025
Durante la clausura de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá entre el 15 y el 16 de julio, y en la que intervino el presidente de la República, Gustavo Petro, los representantes de Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas y otros Estados firmaron una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados calificándolas como «genocidas», contrarias al derecho internacional, y se comprometieron a implementar medidas jurídicas y diplomáticas para frenarlas.
La declaración fue adoptada bajo la coordinación del Grupo de La Haya y contó con el respaldo de la Cancillería colombiana y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.
El documento establece seis medidas concretas, que los Estados firmantes se comprometen a adoptar en sus marcos legales nacionales antes del 20 de septiembre de 2025:
1. Prohibir la provisión o transferencia de armas, municiones y equipo militar a Israel, incluyendo artículos de uso dual que puedan facilitar crímenes de guerra o de lesa humanidad.
2. Negar el tránsito, atraque y servicios portuarios a embarcaciones con destino a Israel que transporten equipo militar, incluso si provienen de terceros países, asegurando el cumplimiento del derecho internacional.
3. Impedir el transporte de armamento hacia Israel en buques que enarbolen sus banderas nacionales, garantizando el respeto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
4. Revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que fondos estatales o instituciones públicas apoyen directa o indirectamente la ocupación israelí del territorio palestino.
5. Fortalecer los sistemas judiciales nacionales e internacionales para garantizar la rendición de cuentas en casos de crímenes internacionales cometidos en el territorio ocupado.
6. Apoyar el principio de jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar crímenes internacionales cometidos en Palestina, sin importar la nacionalidad de los responsables.
La declaración reafirma la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, que califica como ilegales las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados.
Además, exige una investigación urgente sobre la situación sanitaria en Gaza y la creación de un plan para responder a las necesidades nutricionales de su población, el cual deberá presentarse en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
El documento finaliza con un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones legales internacionales y contribuir a poner fin a la ocupación israelí. Se enfatiza también que la República de Irak y el Estado de Libia no reconocen al Estado de Israel.
Nosotros, los representantes de Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y todos los demás Estados* que respalden lo siguiente antes del 20 de septiembre de 2025,
Guiados por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluido el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación y el principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la fuerza;
Reunidos de urgencia en Bogotá, Colombia, del 15 al 16 de julio de 2025 con el objetivo de fortalecer nuestra determinación colectiva mediante la creación de una voz internacional unificada e implementar nuestras obligaciones internacionales con respecto a la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental;
Lamentando cada vida perdida como resultado de las acciones genocidas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado;
Condenando el bloqueo de la ayuda humanitaria y la violencia deliberada, indiscriminada y el castigo colectivo infligidos a la población hambrienta de la Franja de Gaza;
Lamentando los repetidos desplazamientos forzados masivos de la población civil palestina y la obstrucción a su retorno;
Reconociendo el riesgo que las acciones de Israel representan para la paz y la seguridad regionales, así como para la integridad del derecho internacional en general;
Negándonos a permanecer como observadores pasivos ante la devastación en el Territorio Palestino Ocupado y la negación del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación;
Reafirmando la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias derivadas de las políticas y prácticas ilegales de Israel, que son, por su propia naturaleza, de preocupación para todos los Estados;
Recordando todas las resoluciones pertinentes de la ONU, incluida la Resolución A/RES/ES-10/24 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y las obligaciones que los Estados Miembros asumieron para actuar en conformidad con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;
Destacando la importancia de instituciones como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para cumplir sus mandatos sin temor ni favoritismo, lo cual es esencial para preservar el estado de derecho internacional;
Condenando los ataques y amenazas unilaterales contra los titulares de mandatos de las Naciones Unidas, así como contra instituciones clave de la arquitectura de derechos humanos y justicia internacional;
Basándonos en el legado de los movimientos de solidaridad global que han desmantelado el apartheid y otros sistemas opresivos, estableciendo un modelo para futuras respuestas coordinadas ante violaciones del derecho internacional;
Reconociendo la complementariedad del Grupo de La Haya con otras iniciativas como el Grupo de Madrid, destinadas a fortalecer la aplicación del derecho internacional;
Acogiendo con beneplácito la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados en la Asamblea General de la ONU del 28 al 30 de julio de 2025;
Subrayando la urgencia de que todos los Estados Miembros cumplan de buena fe las obligaciones asumidas conforme a la Carta de la ONU y el derecho internacional;
Unidos en nuestra convicción de que la acción coordinada a nivel nacional e internacional es una imperativa urgente para proteger la Carta de las Naciones Unidas, defender las obligaciones del derecho internacional y promover una paz justa y duradera en todo el mundo, así como poner fin a la ocupación ilegal de Palestina y permitir al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación;
Reiterando nuestro compromiso de implementar las medidas provisionales, fallos y Opiniones Consultivas pertinentes de la Corte Internacional de Justicia, así como las resoluciones relevantes de la ONU, incluida la Resolución A/RES/ES-10/24 de la Asamblea General;
Anunciamos las siguientes medidas, que serán adoptadas según los marcos legales y legislativos internos de cada Estado:
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Prevenir la provisión o transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y artículos de doble uso a Israel, según corresponda, para garantizar que nuestra industria no contribuya a facilitar el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.
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Prevenir el tránsito, atraque y servicio de embarcaciones en cualquier puerto, si corresponde, dentro de nuestra jurisdicción territorial, en todos los casos donde exista un riesgo claro de que la embarcación sea utilizada para transportar armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y artículos de doble uso a Israel, garantizando el cumplimiento total del derecho internacional aplicable, incluido UNCLOS.
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Prevenir el transporte de armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y artículos de doble uso a Israel en embarcaciones que porten nuestra bandera, asegurando total responsabilidad, incluida la retirada de bandera, en caso de incumplimiento, y evitando prestar ayuda para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
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Iniciar una revisión urgente de todos los contratos públicos, con el fin de evitar que las instituciones y fondos públicos, cuando sea aplicable, apoyen la ocupación ilegal israelí del Territorio Palestino, asegurando que nuestros ciudadanos, empresas y autoridades no actúen de manera que reconozcan o apoyen dicha ocupación.
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Cumplir nuestras obligaciones de asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves conforme al derecho internacional, mediante investigaciones y enjuiciamientos sólidos, imparciales e independientes, tanto a nivel nacional como internacional.
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Apoyar los mandatos de jurisdicción universal, según lo permitan nuestros marcos legales y judiciales, para asegurar justicia a todas las víctimas y prevenir futuros crímenes en el Territorio Palestino Ocupado.
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Subrayamos que estas medidas constituyen un compromiso colectivo para defender los principios fundamentales del derecho internacional;
En reconocimiento a las violaciones del Derecho a la Salud, hacemos un llamado al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) para que encargue una investigación inmediata sobre las necesidades de salud y nutrición de la población de Gaza, elabore un plan para satisfacer estas necesidades de forma continua y sostenida, e informe sobre estos asuntos antes del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que hagan cumplir nuestras obligaciones, promoviendo mecanismos de cooperación entre todas las partes.
Adoptado en Bogotá, Colombia, este 16 de julio de 2025
*La República de Irak y el Estado de Libia no reconocen formalmente al Estado de Israel.
Léase también
Palabras del presidente Gustavo Petro en la Conferencia de emergencia sobre Palestina en Bogotá
Fuente: Presidencia de Colombia, 16-7-2025