Por la falta de información, actividades recreativas y acceso a medicinas, varios migrantes detenidos describieron una gran tensión y ansiedad en el remoto centro.
Por Patricia Mazzei y Hamed Aleaziz
Patricia Mazzei reportó desde Ochopee, Florida, y Hamed Aleaziz desde Washington.
Los hombres que se encuentran en el nuevo centro de detención de migrantes de los Everglades de Florida no tienen lápices, libros ni televisión. Las luces permanecen encendidas durante toda la noche. Cuando llueve, que es casi todos los días en el verano, las tiendas que albergan a los detenidos tienen goteras y se cuelan los insectos.
En entrevistas telefónicas, varios detenidos dijeron que las duchas eran poco frecuentes, las comidas equivalían a poco más que bocadillos, y otros detenidos se enfermaban con síntomas parecidos a los de la gripe y privación de sueño. Describieron el malestar ocasionado por la falta de información, actividades recreativas y acceso a medicinas.
“Es un polvorín”, dijo Rick Herrera, uno de los detenidos, que llamó en varias ocasiones a un periodista durante cinco días, y ofreció una inusual visión de las caóticas primeras semanas de lo que, según los expertos, es el único centro del país administrado por un estado para migrantes federales detenidos.
Florida se apresuró a abrir el centro —bautizado oficialmente como “Alcatraz de los caimanes” para resaltar su ubicación remota y pantanosa— el 3 de julio, deseosa de contribuir a la ofensiva del presidente Donald Trump contra la migración, proporcionando más capacidad de detención. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo el domingo que otros estados quieren seguir el ejemplo de Florida.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha presentado a su estado como particularmente agresivo en la aplicación de las leyes migratorias, y ha encargado a las fuerzas del orden locales y estatales que actúen como “multiplicadores de fuerza“ de las autoridades federales.
Pero la apertura del centro de detención en los Everglades fue una medida con pocos precedentes que se basó en poderes estatales de emergencia. Hasta hace poco, el gobierno federal era responsable de alojar a los detenidos por motivos migratorios, y en su mayor parte detenía a personas que habían entrado recientemente en el país de forma ilegal, o que tenían condenas penales u órdenes de deportación pendientes. Pero la aplicación de las leyes migratorias ha cambiado sustancialmente bajo el mandato de Trump, deteniendo a quien antes no era el centro de atención.