Colombia: Son más que chuzadas

Hay que convencer a la gente que es imposible la construcción de la democracia, la paz y la convivencia con estos niveles de persecución e ilegalidad en el operar de las Fuerzas Militares”.

Redes Sociales:
9
20
fb-share-icon20

A principios de enero renunció a la comandancia de las Fuerzas Militares de Colombia el general Nicacio Martínez, quien a principios del año pasado ya había sido cuestionado duramente por una directiva que parecía revivir las prácticas de los falsos positivos. Posteriormente la revista Semana publicó una información que parecía explicar la salida del general: según esta investigación, el Ejército estaba utilizando equipos de inteligencia militar donados por Estados Unidos para interceptar ilegalmente las comunicaciones de líderes de la oposición, periodistas y hasta magistrados de las altas Cortes. La pregunta que surge inmediatamente es si el general Martínez, a título personal, estaba implementando estrategias de inteligencia indebidas o seguía los lineamientos de la política de seguridad del presidente Duque, su jefe inmediato.

En una entrevista realizada por Blue Radio el 13 de enero a Iván Cepeda y a Antonio Sanguino, estos dos dejaron claro que tales sucesos no pudieron haber pasado a espaldas del presidente. De hecho, Antonio Sanguino advirtió que no se sabía realmente qué podría ser más grave: que el presidente supiera de ello desde hace tiempo o que no: “Porque si lo sabía, pues estaba en una actitud de complicidad, o de connivencia y complicidad con estos hechos irregulares. Y si no lo sabía pues deja mucho qué pensar de la capacidad de conocimiento del Estado de quien ejerce como jefe del gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas”. No obstante, el propio Sanguino parece no darle crédito a esta segunda posibilidad y enfatiza más bien en la indiferencia del presidente frente a tales ilegalidades. “El propio sábado, ya conociéndose la publicación de la revista Semana, el presidente insistió en llenar de alabanzas y de reconocimientos al general Nicacio Martínez. Cuando todo indicaría que la salida del general Martínez se precipitó por este tipo de informaciones (Sobre las chuzadas ilegales)”.

El senador Iván Cepeda, por su parte, enfatiza en que era imposible que el presidente Duque no conociera lo que estaban haciendo los efectivos de inteligencia militar bajo el mando del general Martínez. Advierte Cepeda, además, que no era la primera vez que la revista Semana publicaba algo sobre estas irregularidades en el Ejército. “Yo recuerdo muy bien que hubo una publicación sobre el hecho que elementos que se estaban entregando para la inteligencia a las Fuerzas Militares estaban siendo utilizados de una manera absolutamente indebida. Incluso esa información que aparece en este artículo acerca de que se le estaba respondiendo por el uso de estos equipos a los Estados Unidos con información que se bajaba de Google, es una denuncia que había sido hecha por Semana muchísimo tiempo atrás”.

Cepeda, además, señala en esta entrevista, que las chuzadas ilegales realizadas por personal de inteligencia están en la cadena de escándalos que se han disparado en el último año tanto en el Ejército como en la Policía y que han terminado por provocar la salida de un ministro de Defensa, del comandante de las Fuerzas Militares y una recomposición de la cúpula militar. “Estamos ante una crisis estructural -concluye el senador- de la política de seguridad y de las instituciones militares y de policía. Y eso el gobierno evidentemente lo sabe”.

Más allá de las chuzadas

Para Astrid Torres, de la Corporación Jurídica Libertad y representante de esta organización ante la Plataforma de Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, las interceptaciones ilegales que realizan tanto el Ejército como la Policía no son más que una forma de operativizar la doctrina militar que ha imperado en la Fuerza Pública desde mediados del siglo pasado. Se trata de la doctrina promulgada por los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas donde se ha formado la mayoría de altos oficiales de los ejércitos latinoamericanos y que enfoca la lucha de estos no en la defensa de la soberanía nacional sino en defender el régimen de sus enemigos internos, es decir, de la oposición política.

“Y ya no hablamos solo de la oposición política -explica Astrid-, como algunos congresistas u organizaciones de derechos humanos, etc., sino también de periodistas y magistrados de las altas Cortes. Difícilmente se puede catalogar a un magistrado como un opositor al régimen. Pero se vuelven víctimas de las chuzadas cuando tienen que investigar o tomar decisiones en contra de altos funcionarios del gobierno”.

Hay que aclarar que en Colombia el Estado sí puede interceptar, pero con un proceso determinado por un juez ante el que debe hacer la solicitud. Las instituciones militares recurren a la ilegalidad precisamente porque pretenden interceptar, con intereses predeterminados, a personas de la oposición o magistrados que difícilmente pueden señalar de delincuentes para lograr una orden del juez.

La persecución, además, según Astrid, no se limita a las interceptaciones ilegales. “Ahí tenemos el caso reciente de Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al que se le metieron a la casa. Ni siquiera tenían que forzar la chapa porque tenían llaves. Entraban al apartamento cuando él salía, se sentaban en su computador y podían revisar toda la información y descargar la que necesitaban, hasta esculcar su basura. Y cuando él llegaba todo estaba tal como la había dejado ocho horas atrás cuando salió”.

Hace pocos días la Comisión Colombiana de Juristas denunció que mientras realizaba en su sede una reunión con unos 20 defensores de derechos humanos un dron se apostó a la altura de la ventana del salón. “Lo que dice el presidente de la Comisión, Gustavo Gallón -explica Astrid- es que, por supuesto, en Colombia hay miles de drones de vigilancia, pero que se te ubiquen en una ventana de una organización social cuando hay una reunión con defensores de derechos humanos es porque tiene una misión específica”.

Lo que buscan los efectivos de inteligencia militar es información que les permita deslegitimar a los defensores de derechos humanos, líderes sociales o periodistas y establecer qué tipo de información tienen y qué tipo de trabajo realizan. La idea es adelantarse a los hechos de denuncia y, en el caso de algunos grandes empresarios o políticos que son receptores de esta información, poder organizar anticipadamente las estrategias de defensa judiciales.

De las chuzadas a los montajes

Como lo indica la historia en Colombia y, sobre todo, la experiencia de muchos líderes sociales, es que la inteligencia militar no solo se preocupa por saber lo que el otro está haciendo sino en por diseñar estrategias para sacarlo del camino cuando es incómodos para el establecimiento. Según Astrid, los agentes de inteligencia estudian muy bien los perfiles de la gente a la que le hacen seguimiento y, en caso de ser necesario, seleccionan muy bien a qué tipo de perfiles pueden endilgarles qué tipos de delitos. “Aquí en Ituango -explica Astrid- tuvimos en 2011 una redada donde apresaron a 22 campesinos con montajes judiciales. Entre ellos a una persona que se arrastraba con las manos porque los pies eran tan cortos como si no tuviera. Y esa persona aparece en un archivo de inteligencia que lo señala como quien ponía las minas y que se sabía camuflar muy bien en el pastizal, cuando la verdad es que el señor se arrastraba porque no podía caminar”.

Otro caso del que nos da razón Astrid fue el ocurrido en Medellín alrededor de 2005, durante el gobierno de Uribe Vélez. Se realizaron una gran cantidad de montajes contra líderes sindicales, profesores, estudiantes y demás personas comprometidas con el movimiento social de Medellín. De pronto muchos empezaron a figurar en investigaciones con perfiles adulterados precisamente por los agentes de inteligencia. Aunque los montajes en su mayoría se cayeron por lo artificiosos que eran, fue muy arduo para los individuos y las organizaciones tener que diseñar una estrategia de defensa ante tal situación irregular.

Montajes judiciales e insurgencia

Hubo un tiempo en que los montajes judiciales apuntaban a relacionar a los líderes sociales con la insurgencia. Pero hoy que las Farc no existe más, que las disidencias están dispersas, igual que el ELN, y que, además, sus vínculos con la sociedad civil se han debilitado tanto precisamente por el acoso de la Fuerza Pública, resulta difícil entender la continuidad de esta estrategia de falsos positivos judiciales. Sin embargo, Astrid señala que ya el Estado no necesita a la guerrilla como disculpa, pues ahora la Ley de Convivencia Ciudadana y el Código de Policía se convirtieron en armas estratégicas para la persecución del ciudadano que se mueve en la calle y protesta. “Ya simplemente eres terrorista porque rayas una pared, porque agredes verbalmente a un funcionario, porque obstruyes la movilidad. Y se judicializan acciones que son propias de la protesta y que no se repiten en otro escenario”.

Y es que este gobierno, según Astrid, mantiene la idea de negar la existencia del movimiento social y negar con ello la posibilidad de darle trámite político a las exigencias de éste: “Incluso se catalogan como terroristas a organizaciones que en el campo están trabajando por transformar las condiciones de vida de la población cocalera”. Y esto porque ha decidido abordar el tema de los cultivos de coca como un asunto de seguridad nacional y por tanto cataloga a las organizaciones que apoyan a la población cocalera como enemigas de la seguridad nacional.

“Este gobierno por lo demás -comenta Astrid- tiene todo un sistema de tecnología avanzada para chuzar y perseguir a la oposición, pero nunca ha puesto ese sistema en función de investigar a los asesinos de los defensores de derechos humanos y líderes sociales o para evitar que las amenazas contra ellos se cumplan ni para desarticular las estructuras que los están asesinando. Es claro que esa no es la apuesta. La eliminación de la oposición le es funcional”. En ese sentido, las chuzadas y todo el tema de inteligencia militar hacen parte de la política estructural de seguridad de este gobierno, que se basa en la persecución a la oposición. “Si usted considera a la oposición como enemigo, el tratamiento que le va a dar es de guerra. Y en la guerra usted combina todas las formas de lucha. Eso es lo que hace el gobierno”.

¿Qué hacer?

Parece claro, entonces, que la discusión sobre las chuzadas se complejiza si las entendemos como un accionar de la Fuerza Pública acorde con la doctrina militar y la idea de seguridad que este gobierno maneja. No se pueden eliminar esas prácticas ilegales contra la oposición si no se transforma de raíz la doctrina militar y se deja de ver a la oposición como enemiga. Sin embargo, esa es la doctrina que el gobierno de Santos se negó a negociar en los acuerdos de paz con las FARC. Y es la doctrina que el gobierno actual aplica a rajatabla y que está menos dispuesto aún que Santos para negociar. ¿Qué se puede hacer entonces?

Una de las dificultades para poner en discusión en el país la doctrina militar es que a la gente del común este asunto le dice muy poco. Según comenta Astrid, cuando uno le habla a la gente de doctrina militar piensa en bombardeos y no alcanza a vislumbrar que se juega en otros detalles más finos asociados con toda la inteligencia militar enfocada en la persecución de la oposición como si fuera algo natural. Lo más concreto que entiende la población común de la doctrina militar son las chuzadas, y no siempre la relaciona con persecución política.

Por eso, la discusión sobre las interceptaciones militares se ha restringido a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, porque son quienes de verdad la sufren. “Nosotros -explica Astrid- decimos que estamos chuzados y sabemos que es verdad, que ser integrante de una organización social te expone ya a ese riesgo. Y hemos llegado a naturalizarlo, a restringir nuestras comunicaciones a lo mínimo necesario. Hemos terminado por cambiar nosotros en vez de exigirle al Estado que cambie esas prácticas ominosas”.

Una transformación de la doctrina militar, sin embargo, no se va a dar sin la presión de la sociedad civil en su conjunto y esta no la va a hacer si la gente no entiende cómo afecta esta doctrina su vida cotidiana. “Por eso, con la gente hay que conversar más estos temas -comenta Astrid-. Una forma sería hablarle a la gente de las implicaciones que tienen las chuzadas en la dinámica de vida de cada persona y su entorno. No solo como una violación de la intimidad. No es tan individual, cuando usted mira que siempre chuzan a la misma gente, a los luchadores sociales.

Rubén Darío Zapata para La Pluma, 7 de febrero de 2020

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: El Colectivo