Colombia bajo las garras de los «criminales de paz »

Después de todo, su decisión de huir puede basarse en buenas razones. El futuro lo dirá. Infinitamente más inquietantes que él son para Colombia las amenazas que se ciernen, tanto sobre los opositores como sobre el proceso de paz.

Redes Sociales:
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En una visita oficial a Francia, el jefe de Estado colombiano Iván Duque fue recibido el 19 de junio en el Elíseo. En esta ocasión, el presidente Emmanuel Macron recordó el compromiso de París al éxito completo de los Acuerdos de Paz firmados el 24 de noviembre de 2016 por el Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), «acuerdos apoyados financieramente tanto a nivel bilateral como a través de la Unión Europea», subrayó. Por su parte, Duque se refirió principalmente a «su preocupación por las consecuencias en Colombia de la crisis migratoria venezolana». En consonancia con su interlocutor -París como Bogotá después de haber reconocido al «presidente imaginario» venezolano Juan Guaidó e invocado a la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar al legítimo jefe de Estado Nicolás Maduro, que se niega obstinadamente a ser derrocado-, Macron anunció que este año Francia duplicará su contribución al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al poner sobre la mesa 1 millón de euros para ayudar a los migrantes y desplazados venezolanos.

« Jesús Santrich », ex-commandante des FARC-EP

Ocupados  por una agenda obviamente muy apretada, los dos hombres desafortunadamente no tuvieron tiempo para evocar a los 7 millones de desplazados internos colombianos [1], ni a los 462 líderes sociales, comunitarios, indígenas, campesinos y de derechos humanos asesinados en el país entre enero de 2016 y febrero de 2019 (incluyendo 172 en 2018), según el Defensor del Pueblo Carlos Negret, ni a los 133 ex-guerrilleros ejecutados (así como 34 miembros de sus familias) desde que depusieron las armas, confiando en la palabra del Estado [2].

Para no dejar el campo libre a una posible y ligero sentimiento de malestar, el ministro de la Transición Ecológica François Henri Goullet de Rugy («macronista» de origen reciente, tendencia «el verde está en el fruto» [3]) firmó un acuerdo bilateral de cooperación para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales con su homólogo Ricardo Lozano, quien hacía parte de la delegación colombiana. Nuevamente, en aras del equilibrio y de la no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, se optó por no mencionar la autorización dada  por Bogotá a la explotación no convencional, por fracturación hidráulica («fracking»), del petróleo y del gas de esquisto presentes en el subsuelo colombiano; las primeras exploraciones se iniciarán próximamente, a lo largo de 33.915 kilómetros cuadrados, en los departamentos de Santander, Cesar, Bolívar y Antioquia [4]. Eso facilitará sin duda considerablemente  la aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, tan apreciada por el  presidente francés -como éste recordó con ocasión de la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur)…

Un soldado colombiano vigila la frontera con Ecuador en Nariño en 2018 Foto: Fredy Builes/Reuters

Paradójicamente fue desde los USA que, para el presidente de extrema derecha, Iván Duque, llegaron las contrariedades. El 18 de mayo, como título principal de una portada muy destacada, el New York Times declaró: « Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales [5]». Sobre la base de documentos oficiales y testimonios anónimos de altos oficiales, la investigación reveló las instrucciones del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas nombrado por Duque en diciembre de 2018, el General Nicacio Martínez, exigiendo que sus tropas duplicaran el número de «capturas» y de «supresiones criminales». La orden recuerda la sombría práctica de los «falsos positivos» que condujo a la ejecución de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate – 2.248 víctimas entre 1988 y 2014 (oficialmente), más del 90% de ellos durante los dos mandatos del mentor de Duque, Álvaro Uribe (2002-2010).

El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército colombiano, examinaba un conjunto de armas incautadas a los rebeldes caídos en combate. Credit Felipe Caicedo/Agence France-Presse — Getty Images .

Bajo el fuego de la justicia para 283 de estas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos del Cesar y la Guajira entre octubre de 2004 y enero de 2006, la X  Brigada Blindada tenía entonces como segundo comandante y jefe de estado mayor…. Nicacio Martínez (nombrado luego por Duque a los cargos más altos, bis repetita).

Ante la posible desaprobación internacional, el Ejército suspendió esta directiva dos días después de la revelación del New York Times (NYT). Sin embargo, el «incidente» no terminó allí. Después de que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, denunciara un artículo « lleno de incoherencias », se lanzó una feroz cacería de brujas en el seno de las unidades militares para encontrar, amenazar y castigar a los oficiales que estaban detrás de las revelaciones. En cuanto a los dos colaboradores del NYT, el periodista Nicholas Casey y el fotógrafo Federico Ríos, recibieron de frente ráfagas de declaraciones agresivas -incluidas las del senador y ex presidente Uribe o de la senadora María Fernanda Cabal (esposa de José Félix Lafaurie), Presidente de Fedegan, la poderosa federación de los terratenientes, los principales beneficiarios de las tierras arrancadas por los paramilitares a los campesinos) – e, insultos, acusaciones, incluso amenazas de muerte en las redes sociales, tuvieron que abandonar el país por razones de seguridad.

Tras convertir a Duque en uno de sus principales cómplices dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) para desestabilizar a Venezuela, Donald Trump nombró el 6 de mayo de 2019  a Philip Goldberg, embajador en Bogotá, diplomático expulsado de Bolivia en 2008 por su papel en un violento intento de derrocar al presidente Evo Morales. Todo un símbolo. Para no decir un programa. Sin embargo, a veces sucede que los USA frenan con una mano lo que promueven con la otra. ¡Especialmente en  período de electoral! Los opositores a un segundo mandato de Trump emplean todos los medios a su alcance contra los aspectos más absurdos de su política, con el consiguiente efecto en América Latina en general y en Colombia en particular.

Es así como el 29 de mayo, preocupados por el giro que toman los acontecimientos con el apoyo de la Casa Blanca, setenta y tres miembros demócratas del Congreso usamericano  hicieron llegar una carta abierta muy crítica al Secretario de Estado Mike Pompeo, pidiéndole que presionara a Duque para que dejara de cuestionar los Acuerdos de Paz. Por lo tanto apoyando esta acusación, otro editorial del New York Times – « Colombia’s peace is too precious to abandon » («La paz colombiana es demasiado valiosa como para abandonarla») -, los medios y el personal político (en este caso demócratas), bajo el disfraz de información independiente, a menudo caminando de la mano

La paz colombiana es demasiado valiosa como para abandonarla

Para quien lo dude…. También fue el NYT, a pesar de no estar muy en sintonía con Caracas, el que tiró una piedra al fango al confirmar con un tiempo de retraso lo que un puñado de periodistas independientes clamaban en el desierto: durante el show que pretendía hacer pasar  « ayuda humanitaria » a Venezuela desde Cúcuta (Colombia), el 23 de febrero, fueron los partidarios del « títere »  Guaidó y no las fuerzas policiales « de Maduro » quienes incendiaron un camión de la caravana « Benefactores de la Humanidad »; un sitio web libertario-conservador, el PanAm Post, reveló la corrupción de los « representantes » de Guaidó que del lado colombiano de la frontera, malversaron decenas de miles de « dólares humanitarios » teóricamente destinados a esta generosa operación; CNN en español, por su parte, confirmó el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, con la ayuda de dos drones cargados de explosivos, el 4 de agosto de 2018, al entrevistar en Colombia donde vive con toda tranquilidad  a uno de los participantes en este (por poco) fallido magnicidio. Todas estas acciones escabrosas y fracasos demoledores imputables a las políticas de Trump y sus halcones Mike Pompeo, John Bolton (asesor de seguridad nacional) y Eliott Abrams (« enviado especial » para Venezuela), quienes, al igual que sus cómplices venezolanos, salen ridiculizados. De ahí algunas revelaciones sin consecuencia (la ofensiva contra Caracas se prolonga en otros terrenos).

Porque cabe señalar incidentalmente – ¡perdón por este inciso! – que estas escapadas de medios libres rara vez exceden una longitud razonable de cuerda. Lo demuestra un edificante episodio referido (28 de junio de 2019) por Daniel Espinosa en el semanario peruano Hildebrandt, en sus trece. El 15 de junio, el NYT publicó un revelador artículo sobre la escalada de los «ataques cibernéticos» llevados a cabo por USA contra… la red eléctrica rusa (lo que, entre paréntesis, refuerza las sospechas causadas por el enorme apagón que recientemente paralizó a Venezuela). Como de costumbre, y en un santiamén, Trump ataca tuiteando al  New York Times: la difusión de esta información constituye « un acto virtual de traición ». A lo que, con mucho candor, el departamento de comunicación del « medio (muy) independiente » responde y revela: «Hemos sometido este artículo al gobierno antes de su publicación. Como se menciona en la nota, los oficiales de seguridad nacional de Trump nos dijeron que no había ningún problema.»

En este caso, y se piense lo que se piense de estas relaciones, adversas o incestuosas según el momento, la actual colusión « anti-Trump» no sólo tiene aspectos negativos. Porque hay muchos motivos para preocuparse por una alianza aún más mortal: la de la extrema derecha colombiana y el Partido Republicano usamericano.

En febrero de 2019, Duque presentó su nueva política de defensa y seguridad: esta prohíbe las treguas bilaterales en el marco del conflicto armado interno que enfrenta siempre el Estado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), histórica guerrilla aún en actividad. Una medida peligrosamente contraproducente para la reactivación  de una posible « negociación », actualmente congelada, sobre todo cuando se constata que, desde su llegada al poder, Duque ha hecho todo lo posible por romper los compromisos asumidos en nombre del Estado por su predecesor Juan Manuel Santos cuando declaró el fin del conflicto con las FARC-EP. Un terrible precedente.

El quinto punto del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá preveía un « sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición », incluyendo una jurisdicción especial para la paz, cuya aplicación fue aprobada por el Congreso colombiano el 27 de noviembre de 2017.

«¡Ni trizas ni rizas! ». Reforzado por la consulta popular durante la cual, el 2 de octubre de 2016, tras una intensa campaña orquestada por el ex presidente Uribe, el 50,2% de los votantes se pronunciaron en contra del texto original de los Acuerdos, Duque, incluso antes de su elección, y siguiendo al pie de la letra las imprecaciones de su mentor, nunca ocultó su intención de volver a ocuparse de la columna vertebral del mecanismo: la Justicia Especial por la Paz (JEP). Su aplicación hubiera hecho sudar a más de un miembro del « establishment ».  Inicialmente, deberían  comparecer ante un cuerpo  de treinta y ocho magistrados, los 13.000 ex guerrilleros (que respeten este compromiso y estén dispuestos a asumir sus responsabilidades), los policías y militares, así como los actores comprometidos de la llamada sociedad «civil» -empresarios vinculados al financiamiento del paramilitarismo y agentes (no miembros de la fuerza pública) del Estado. Con, como posible castigo, penas restrictivas de libertad (pero sin encarcelamiento) de cinco a ocho años -o incluso de veinte años de prisión efectiva para aquellos que, como autores de los abusos más graves, intenten eludir la revelación de la verdad.

Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad… Por muy seguros que parezcan, Álvaro Uribe y los suyos se estremecen. Ya en septiembre de 2017, el muy uribista Fiscal General de la República, Néstor Humberto Martínez, se negó a cooperar con la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda y a entregarle los informes y documentos que solicitaba. Ella se mostró muy irritada (pero sin grandes consecuencias). Las mismas personas han estado luchando desde entonces como el Diablo en una pila de agua bendita para bloquear el otro canal de acceso a las atrocidades escondidas del terrorismo de estado abierto por la JEP.

Deseando realmente beneficiarse de sus beneficios  de pena a cambio de la verdad debida a las víctimas, más de 300 paramilitares están pidiendo comparecer ante la JEP para revelar su papel y el de los sectores políticos que han financiado y promovido su movimiento. Por las mismas razones, 1.914 militares, entre ellos cinco generales y veinte coroneles, algunos de los cuales fueron fuertemente condenados (por «falsos positivos» o vínculos con el paramilitarismo), comparecieron ante la JEP y pretenden beneficiarse de sus mecanismos, sus confesiones y sus revelaciones dando lugar a sentencias muy inferiores a las de la justicia ordinaria (sabiendo que sólo pueden acceder a la JEP después de haber pasado al menos cinco años en prisión).

Un gran paso para el establecimiento de la verdad, pero una pesadilla para sus superiores y sus patrocinadores, los « asesinos de cuello blanco ». Razón por la que  el Presidente Duque ha declarado su intención de reformar ciertos artículos de la ley clave.

El intento de desmembramiento de  la institución supuesta juzgar y contarle al país la realidad de un sangriento conflicto que se ha extendido a lo largo de cincuenta años no es nuevo. Desde el 13 de julio de 2018, tras un largo paso por el Congreso, el Tribunal Constitucional eliminó la posibilidad de que la JEP convocara a los civiles, ahora sólo una comparecencia «voluntaria» de éstos está autorizada. Según la sentencia (570 páginas), obligar a un no combatiente a comparecer ante esta jurisdicción  sería «inconstitucional» ya que excluiría al juez civil natural, que es la jurisdicción ordinaria. Además, este último, en la persona del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, ha expresado constantemente su hostilidad a lo que considera una instancia ilegítima. El choque de poderes continuará hasta la acusación en septiembre de 2018 de la Directora de Asuntos Jurídicos de la JEP, Martha Lucía Zamora, y dos abogados consultores, July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, acusados de « asesorar y proteger a los excombatientes de las FARC. La alta funcionaria se verá obligada a dimitir.

Finalmente, transmitida en diciembre de 2018 por la Corte Constitucional al Congreso para que fuera firmada por los Presidentes de la Cámara y del Senado, encargados de entregarla al Jefe de Estado, la ley estatutaria de la JEP no obstante ha terminado con su recorrido del combatiente. Mientras que Duque señala que tomará « todo el tiempo que sea necesario» para ratificarla », su asesor para la paz Miguel Antonio Ceballos dice que el gobierno está considerando « oponerse a la ley »  por « inconveniencia » (literalmente: «inconveniente»). La única posibilidad que queda cuando la Corte Constitucional ha dictaminado una ley conforme a la Constitución, la « objeción por inconveniente » permite al Jefe de Estado de modificarla incluso, parcial o totalmente, pues el Congreso debe decidir si acepta o rechaza la « objeción ». En otras palabras, Duque intenta utilizar su mayoría parlamentaria para pisotear tanto los Acuerdos como la decisión de la Corte Constitucional, la instancia suprema que le pone trabas.

Por lo tanto, fue el 10 de marzo de 2019, durante un discurso televisivo, que  Duque anunció su intención de modificar seis de los ciento cincuenta y nueve artículos que regulan la JEP, uno de los cuales, eminentemente sensible, se refiere a la extradición de ex guerrilleros. Un tema más delicado que, en el marco  de un asunto particularmente « retorcido » y altamente significativo, los USA piden la extradición de uno de los más prestigiosos ex comandantes de las FARC-EP, Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido con el nombre de guerra que él utilizaba al frente del Bloque Caribe: «Jesús Santrich». Intelectual, ciego, dirigía esencialmente acciones de agitación y propaganda más que las operaciones propiamente militares de la oposición armada.

En La Habana, entre octubre de 2012 y agosto de 2016, Santrich fue uno de los negociadores más duros de las FARC-EP frente a los emisarios de Juan Manuel Santos. Excelente orador y brillante analista, debe ocupar uno de los diez escaños en el Congreso (cinco diputados, cinco senadores) reservados para dos legislaturas para los dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común (FARC, el nuevo nombre de la guerrilla reconvertida en partido político), según lo acordado al final de las conversaciones. Sin embargo, el 9 de abril de 2018 fue detenido en virtud de una circular roja de Interpol emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de « conspiración » por el envió de diez toneladas de cocaína a los USA.

La prueba (que no demuestra gran cosa): una fotografía  supuestamente tomada el 8 de febrero de 2018 mientras Santrich se supone que « negociará » la expedición al Norte del cargamento de unos 15 millones de dólares con un agente « infiltrado » de la Drug Enforcement Administration (DEA, la policía antidrogas usamericana) y algunos cómplices – incluido un tal Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez (el negociador número uno de las FARC-EP en La Habana).

Una manera curiosa de conspirar discretamente con los peligrosos narcotraficantes: el encuentro sulfuroso tuvo lugar en la casa de Santrich, bajo vigilancia y protección constante de la policía ¡debido a la personalidad sensible de su residente!. En un video producido posteriormente, se ven los mismos « verdaderos-falsos narcos » discutiendo y entregando un documento al ex guerrillero. Detalle que mata: como hemos precisado, Santrich es ciego. Podríamos ofrecerle la Biblia haciéndole creer que es el Corán. Ninguna banda sonora permite escuchar las palabras «cocaína», «blanca», «droga», «perico», «falopa», «cargamento» o cualquier expresión mafiosa que se aproxime.

Sin embargo, el contenido de la acusación es muy grave. Santrich protesta de su buena fe. Presentándose como sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín inspiró su confianza. Él y los demás, incluido el provocador de la DEA, evocaban ese día los fondos proporcionados para «un proyecto productivo, específicamente en una granja agrícola, en las zonas donde debían ponerse en práctica los  acuerdos de reforma rural» destinados entre otros a la reinserción de ex combatientes. « Esto se hacía  con los funcionarios del Ministerio de Posconflicto, incluso con el doctor [Rafael] Pardo [6].»

La acusación sigue en pie, asestada por agente de la DEA y Marlon Marín (extraditado de inmediato a los USA, donde vive como «testigo protegido» sin haber testificado en ningún momento ante la justicia colombiana): en connivencia con Venezuela (¡forzosamente!) y el cártel de Sinaloa en México, Santrich no es nada más que un vulgar  narcotraficante.

Que se la tome por cualquier extremo, y con toda la prudencia necesaria, esta historia « apesta » la provocación. Y la voluntad manifiesta, desde el Centro Democrático (partido de Uribe y Duque), la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y los trastornos oficiales de Washington, de eliminar a un temible opositor, torpedear moralmente a las FARC y romper la capacidad de iniciativa de los partidarios de la paz.

Incluso desde el punto de vista legal, el proceso utilizado para entrampar a Santrich está prohibido en Colombia. En el mundo del espionaje, existen dos tipos de operaciones: el agente encubierto (« undercover agent »)  se infiltra en una organización para recoger información; el agente provocador  engaña a su presa («entrampamiento») y lo incita a cometer un delito. Ampliamente utilizada en (y por los) USA, esta última técnica ha sido prohibida en Colombia por el artículo 243 del Código de procedimiento penal y por al menos dos sentencias de la Corte Constitucional (C-176 de 1994 y C-156 de 2016) [7].

Esta flagrante violación de la ley no impidió Juan Manuel Santos, entonces presidente, de justificar la detención, « necesaria para hacer creíble un Acuerdo de Paz que los colombianos creen que ha sido excesivamente generoso con los rebeldes» y que señalara: «Mi mano no temblará para autorizar la extradición. »  «Prefiero morir que pudrirme en el fondo de una prisión en los USA», dice Santrich. Inicia una huelga de hambre que durará 43 días en abril-mayo de 2018.

A partir de este momento, comienza una batalla legal  para saber quién debe decidir su suerte. Si el delito, el crimen o la «conspiración» destinada a cometerlos se produjo antes de la entrada en vigor de los acuerdos de paz (1° de diciembre de 2016), la JEP es competente y, como lo señala la ley, toda extradición queda excluida. Si se han producido con posterioridad, la justicia ordinaria atrapa al delincuente, con todas sus posibles consecuencias (incluyendo un viaje gratuito e interminable al infierno carcelario usamericano). Consciente de que las dudosas pruebas presentadas (foto y vídeo) no permiten determinar la fecha exacta de la «conspiración».  Incluso en este punto, Santrich nunca ha mantenido ninguna ambigüedad: la sospechosa reunión tuvo lugar «después» de la fecha clave, el verdadero problema reside en el hecho de que se trata de una manipulación destinada a difamarlo para aplastarlo.

El 20 de junio de 2018, la JEP se considera competente para juzgar su caso. Hay linchamiento en el aire: negro de ira, Néstor Humberto Martínez acusa a la jurisdicción « concurrente » de «amenazar el orden constitucional». Tenaz como la viruela, rechaza dos veces la petición de hábeas corpus de Santrich. La toma de posesión  oficial de Duque el 7 de agosto, le infla la energía. A la JEP que le solicita el expediente de extradición del ex guerrillero, le envía en septiembre pruebas presuntamente diferentes de las que pretende disponer la justicia usamericana (sin haberlas comunicado nunca a los colombianos). Esto lleva a una comisión rogatoria de la JEP a reclamar, a quien corresponda, a través del Ministerio de Justicia (colombiano) y al Departamento de Estado (de los USA). Sin resultado. A principios de febrero de 2019, el embajador de los USA, Kevin Whitaker, se limita a afirmar: «Hasta ahora, no hemos recibido nada del gobierno [colombiano] sobre este tema. ».

La lamentable telenovela se convierte en ridículo (u obsceno): mientras que el plazo de cuarenta días concedido por la JEP al Ministerio de Justicia para comunicarle las pruebas de que disponen los USA contra Santrich, la ministra Gloria María Borrero anuncia descubrir con « sorpresa »  que la solicitud oficial, una « carta ordinaria » enviada a Washington a través del servicio postal público 4-72, se ha perdido…. en Panamá [8].

Al mismo tiempo, y con la esperanza de deslegitimar esta perturbadora JEP, los dudosos métodos de la DEA encuentran imitadores. En marzo, en el bar del lujoso Hotel JW Mariott, ubicado en la « zona rosa », barrio financiero y de entretenimiento del norte de Bogotá, la policía arrestó en flagrante delito un juez de la JEP, Carlos Julio Bermeo. Acababa de recibir un primer anticipo de 40.000 dólares de los 500.000 que se le prometieron para « alterar » el expediente de Santrich con el fin de evitar la extradición. Corrompido en potencia y una « diana » perfecta, Bermeo nunca sospechó que estaba tratando con un agente provocador de…. la Fiscalia de Colombia [9].

Cuando se descubren los bastidores del « show » el fiscal que lo musicalizó justifica los métodos utilizados y afirma que debe considerarse perfectamente  « normal » que el fiscal general Néstor Humberto Martínez haya autorizado el uso de los 500.000 dólares mediante la firma de una resolución para retirarlos de los « fondos especiales » de la Fiscalía.  

Las pruebas solicitadas a los USA no llegarán nunca. Y como su homólogo Trump, Duque está « exagerando ». Claramente preocupada, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia pide que sea respetada « la totalidad  del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP ». El 8 de abril, a pesar de la presencia omnipresente en el hemiciclo de un Néstor Humberto Martínez desatado y de la presión del nuevo embajador usamericano Kevin Whitaker, la Cámara de Diputados rechazó las « objeciones » del jefe de Estado por una clara mayoría de 110 votos en contra y 44 a favor. Su derrota se acentuó cuando el Senado votó en la misma dirección a principios de mayo.

La espalda contra la pared, el Centro Democrático y sus aliados impugnan erróneamente el resultado de este último voto – faltaría « un voto »- y piden al Tribunal Constitucional decidir. Esta última sólo pone de relieve lo obvio, el 29 de mayo: un quórum de 93 senadores fueron convocados a votar y 47 que rechazaron las « objeciones », estas fueron aplazadas. El brazo de hierro gira cada vez más en detrimento del gobierno.

El 15 de mayo, La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que había rechazado la solicitud de extradición de Santrich: « Las pruebas aportadas por la fiscalía de los USA no permiten afirmar que [éste] traficó de drogas después de la entrada en vigor del Acuerdo de Paz». Por otra parte, estimó la sentencia, « los miembros de la DEA [que se dedicaron a la provocación] no estaban autorizados legalmente por la Fiscalía de Colombia que hubiera podido (¡y debido!) hacerlo a través de los mecanismos existentes en materia de cooperación judicial ». En otras palabras: los « servicios » yanquis creen que pueden actuar en Colombia como si fueran un país conquistado.

La Corte Constitucional ahora va en la misma dirección. Después de trece largos meses de prisión, decide: ¡Santrich debe ser liberado! Acusando a la JEP de « desafiar el orden jurídico » y « amenazar la democracia », el Fiscal General Néstor Humberto Martínez anunció espectacularmente su demisión y llamó a los ciudadanos « a movilizarse con determinación para restablecer la legalidad y la defensa de la paz ». La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, lo sigue. En su misión de poner en línea a los desviados, Washington cancela su visa a un parlamentario (John Jairo Cárdenas), quien denunció públicamente la injerencia del embajador Kevin Whitaker, y anuncian sanciones contra tres magistrados – dos de la Corte Constitucional (Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo) y uno de la Corte Suprema de Justicia (Eyder Patiño).

Decidida el 13 de mayo, la liberación de Santrich se alarga inexplicablemente, obligando a la defensa a presentar un nuevo hábeas corpus. Sin embargo, no fue hasta el 17 que el ex-guerrillero sale de la cárcel de alta seguridad de La Picota, en muy mal estado, en una silla de ruedas. Y, golpe de efecto, es recapturado diez minutos más tarde, por orden de la Fiscalía. Todo ello sin explicaciones. Dependiendo de sus opiniones, este dramático efecto teatral de los acontecimientos entusiasma, tetaniza o escandaliza los colombianos. Pero es sólo más tarde que se podrá reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

La orden de liberar el ex guerrillero remitida por la JEP a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegó el 17 de mayo a las 9 de la mañana. No pasa nada, ninguna autoridad aparece. En todas partes se susurran las conversaciones, los «rumores». Desde el 13, el ex presidente Uribe ha utilizado todos los recursos. Según lo que difunde a los cuatro vientos, Santrich será transferido a la base del Comando aéreo de transporte militar (Catam) cercano al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, entregado a la DEA y enviado manu militari a los USA. Hipótesis confirmada cuando, procedente de las altas esferas, corre un rumor: Duque va a decretar el estado de conmoción interna y efectivamente entregará el prisionero [10].

Santrich se enteró de estos rumores. Y constata que, a pesar de las órdenes de la JEP, se le mantiene en prisión. Siempre ha anunciado el color. En ningún caso sufrirá la suerte de su camarada Ricardo Palmera Pineda (alias « Simón Trinidad »), detenido el 2 de enero de 2003 en Ecuador, entregado por Uribe un año más tarde a los USA y enterrado vivo durante 60 años en una cárcel de alta seguridad en medio del desierto, en Colorado. Absuelto por la justicia usamericana después de tres primeros juicios (dos por narcotráfico y uno por toma de rehenes), Simón Trinidad fue finalmente condenado por pertenecer al Secretariado (el estado mayor) de las FARC-EP, ¡del que no era miembro! – responsable de la « toma de rehenes » de tres mercenarios usamericanos en misiones de espionaje que fueron capturados por la guerrilla después de que ésta derribara su avión en febrero de 2003. En un mundo normal, esto se llama « prisioneros de guerra »…

Impregnado de este precedente, y como posteriormente lo  confirmara el senador de izquierda Iván Cepeda, Santrich intentó suicidarse cortándose  las venas. Cuando, en la tarde del día 17, se produjo el simulacro de su liberación, las decenas de cámaras que lo esperaban en la puerta de la prisión filmaron a un hombre medio comatoso y, sobre todo, tras la llegada sorpresa de la policía, su detención inmediata.

La Fiscalía afirma entonces que tiene nuevas pruebas en su contra. Elementos que nunca comunicó a la JEP y que proceden del «testigo protegido» Marlon Marín y de la « cooperación internacional » de los USA. Este intento de « juicio exprés » no durará mucho. El 29 de mayo, de una vez por todas, la Corte Suprema ordena la liberación inmediata de Santrich y pone fin a cualquier intento de extraditarlo.

A partir de aquí, se podría considerar que « todo fuera de lo mejor en el mejor de los mundos ». La primera decisión que permitió este enfoque fue la del Consejo de Estado. Este último consideró que Santrich conservaba su nombramiento como diputado en la medida en que, si no había prestado juramento y ocupado su escaño cuando la nueva Asamblea asumió sus funciones el 20 de julio de 2018, se debía a un caso de fuerza mayor – ¡había sido encarcelado! La Corte Suprema de Justicia confirmó al afirmar que Santrich era un parlamentario y agregó que, por lo tanto, su procesamiento  por « narcotráfico » sólo podía juzgarse por sí misma. De este modo, el 10 de junio, Santrich pudo finalmente prestar juramento en el cargo de Vicepresidente de la Asamblea y, el 11 de junio, participar por primera vez como diputado.

Sin embargo, la nauseabunda bazofia que la precedió provocó una profunda triple dislocación con consecuencias aún  impredecibles: un cisma dentro de las FARC; una crisis institucional en el seno del poder; un inquietante debilitamiento de las esperanzas de paz.

Desafiando la palabra del Estado cuando él los firmó, los Acuerdos de Paz no han dejado de ser modificados unilateralmente, a través de los más altas jurisdicciones (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia) y la mayoría derechista del Congreso. En detrimento de la reinserción social y económica de los insurgentes y de las reformas necesarias para superar la injusticia estructural que causó el conflicto. Además de la campaña de terror librada a través del asesinato selectivo y cotidiano de los líderes sociales, la ofensiva de los USA (a través de la DEA) y de « Duque-Uribe » (por el intermedio de Néstor Humberto Martínez) contra Santrich ha puesto de manifiesto que las facciones más arcaicas de la derecha colombiana (y « yanqui ») estaban apostando por la política de lo peor.

Causalidad, finalidad, consecuencias… A partir de la arrestación de su « camarada » Santrich en abril de 2018, el emblemático Iván Márquez (cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango), número « uno » de las negociadores de las FARC-EP en La Habana, denunció un « montaje » y anunció que, por falta de garantías suficientes, no tomaría posesión de su escaño como senador en julio: la Fiscalía y la DEA, tendrían según su opinión, y con métodos similares, la intención de acusarlo  por el mismo tipo de delito. Márquez instó a los ex guerrilleros concentrados  en los veinticuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a « exigir la liberación inmediata de Santrich » y « defender la aplicación de los acuerdos ». Mucho más moderado, el ex comandante en jefe de los rebeldes y actual líder del nuevo partido de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (más conocido por sus nombres de guerra de Timoleón Jiménez o Timochenko), llamó a la calma y jugó la ponderación.

Una primera verdadera grieta aparece cuando Márquez abandona Bogotá, se une a los ex guerrilleros de base del ECTR en Miravalle (Caquetá), antes de pasar a la clandestinidad. Encuentra a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (alias « El Paisa ») y a Henry Castellanos Garzón (« Romaña »), otros ex comandantes de primer rango disidentes. Sin pertenecer en modo alguno a la minoría de ex-insurgentes que se negaron a deponer las armas, ya sea por razones políticas o para dedicarse a actividades mafiosas, se manifiestan regularmente a través de mensajes, como el del 25 de diciembre de 2018 – «Realmente actuamos como ciegos cuando no quisimos ver los innumerables antecedentes de traición de esta oligarquía, tras la firma de episodios de paz» – o el que, a finales de enero de 2019, denunció la agresión de los USA, con la complicidad de Duque, contra Venezuela Bolivariana.

En el mes de septiembre del año pasado, en un correo dirigido a la Fiscalía, « Romaña » había confirmado su voluntad de respetar los Acuerdos, reclamaba los fondos prometidos a los ex guerrilleros para el financiamiento de proyectos productivos y solicitó una « seguridad jurídica » en apoyo de su intención de « no volver a la ilegalidad ». Al mismo tiempo, otro « histórico », Fabián Ramírez, ratificó en un comunicado a la Comisión de Paz del Congreso que se mantenía en el marco del « pacto firmado con el gobierno de Santos », al tiempo que explicaba las razones de su desaparición en la naturaleza: « Por esta razón [la pérdida de confianza debido al montaje contra Santrich] y para nuestra seguridad personal, hemos optado por no ser una víctima más de la sucia maniobra orquestada a través del escenario dado a Marlon Marín para que manche el nombre de algunos de nuestros camaradas con acusaciones totalmente falsas [11]. »

El partido se tambalea. También él reafirma su voluntad de continuar el proceso de paz, pero, temiendo su influencia sobre la base, pide a sus líderes insumisos de respetar sus obligaciones y, en particular, de permanecer en los ECTR. Sin lograr unanimidad en sus filas. Mientras que algunos directivos se muestran muy críticos con los « disidentes », otros entienden y aprueban sus motivaciones.

El debate se torna más agudo aun cuando a finales de abril de 2019, el gobierno ofrece un millón de dólares de recompensa por cualquier información que permitiera la detención de El Paisa. Convocado tres veces por la JEP, no se presentó. Esta última revocó la « libertad condicional » de la que beneficiaba y, el 15 de mayo, confirmó la orden de detención dictada contra él. La medida llega en el momento en que, a pesar de una orden de liberación, Santrich es mantenido en prisión. Es demasiado para Iván Márquez. En una carta incendiaria dirigida a miles de ex rebeldes, «mete el dedo en la llaga»: «Compañeros de los ETCR: en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las Farc, comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos [12].»

Esta vez se puede hablar de una verdadera fractura. Cuando Santrich, saliendo en silla de ruedas  de la cárcel de la Picota, fue espectacularmente arrestado de nuevo, « Timochenko », el número « uno » del partido, hizo el mínimo servicio en materia de solidaridad con uno de los suyos: que Santrich sea o no extraditado, « estamos con la paz, pase lo que pase ». Reaccionó con  mucha más dureza a la carta de Márquez, acusándolo de «buscar los aplausos de un puñado de cabezas calientes»: «Desafortunadamente, Iván no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue, sin ningún tipo de explicación, y se negó a ocupar su curul en el senado, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento que más requería su presencia ». Va hasta reprocharle el papel de su sobrino Marlon Marín en la tenebrosa serie llamada «Narcos».

En el seno de las FARC, muchos se quedan sin palabras. Los primeros murmullos se oyen. Las críticas están zumbando, más o menos apagadas: para el diputado del partido Benedicto González, la opinión de «Timochenko» es «respetable», pero, « no se puede dar a entender que es avalada por el Consejo Nacional de los Comunes, ni por las bases». En medio de lo cual se percibe una pérdida de confianza en la dirección, esta vez amenazando realmente la cohesión de los ex-guerrilleros cada día más airados frente a las execrables condiciones en las que se desenvuelve su supuesta reinserción.

En la trinchera opuesta, el Estado como tal sale debilitado de la secuencia, sacudido por la guerra abierta entre sus diversas instituciones. Del lado del gobierno, el tiempo del triunfalismo ha terminado. Los acontecimientos no giraron a su favor. Incluso las élites económicas se dividen entre «arcaicas» y «modernas», repitiendo (o continuando) las discrepancias entre los ex presidentes Uribe y Santos después de que este último fuera elegido a la presidencia en 2010. Al rechazar las «objeciones» del actual jefe de Estado, la Cámara de Diputados y el Senado le han claramente infligido un duro golpe. Ya no dispone de una mayoría automática para gobernar. Los partidarios de Santos, los antiguos aliados (Cambio radical), los Verdes, el centro-izquierda han unido sus fuerzas para evitar, en la medida de lo posible, un hundimiento definitivo de los Acuerdos de Paz.

La secuencia de eventos ha causado tal conmoción que no ha sido posible para Duque decretar el estado de conmoción interior (por el momento). La dimisión de su gran aliado Néstor Humberto Martínez también ha añadido una piedra a su zapato. Porque no se le escapó a nadie que el Fiscal General aprovechó la oportunidad para salir por la « gran puerta » – esa de la « convicción burlada »-  mientras se le acercaba a gran velocidad una acusación por su papel en el escándalo de « Odebrecht » -denominada así por el gigante brasileño de la construcción, que está salpicando todo el continente [13]. Abogado de la empresa de servicios financieros Corficolombiana, también socia de Odebrecht en Colombia, Martínez tenía conocimiento de irregularidades del grupo de construcción por un valor de 6,5 millones de dólares y no las denunció. Este caso es tanto más grave cuanto que tres testigos clave han muerto en condiciones más que sospechosas en los últimos meses. Y que otro gran caso de corrupción también está sacudiendo a las altas esferas del ejército.

Finalmente, el otro gran «socio», Donald Trump, se muestra tan imprevisible y versátil con Duque como con cualquier otro. A las caricias y las zanahorias (para acosar a Venezuela) le suceden las  palizas con palos cuando se queja del aumento del 50% de los cultivos de coca y de la producción de cocaína correspondiente, el inquilino de la Casa Blanca dice secamente: « Duque es un buen tipo, pero no hizo nada por nosotros ». Se han conocido amigos más calurosos.

En cuanto al futuro, bien ingenioso quien podría predecirlo. El último drama (antes del próximo): cuando se suponía que debía comparecer ante la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio para ser oído por el cargo de « narcotráfico », Jesús Santrich se volatizó el 30 de junio. Comentarios acerbos y especulaciones arriesgadas se multiplican. Las mismas palabras, los mismos razonamientos que en el pasado. Olvidando una verdad fundamental: el presente se explica siempre por el pasado. Se abordará aquí algunas hipótesis, teniendo cuidado de eliminar la palabra «certeza » (« toda palabra que un hombre que ha vivido poco suprime de su diccionario », según Voltaire, precisamente en su Diccionario, en el artículo « Cierto»).

Cuando, el 11 de junio, Santrich finalmente obtuvo su escaño en la Cámara de Representantes, el Presidente Duque, desde Argentina, donde estaba conspirando con su homólogo Mauricio Macri para saber cómo acabar con Maduro, acababa de pedir a la Fiscalía que «impidiera esta toma de posesión»», aunque el Consejo de Estado la había aprobado claramente. Lo que el Jefe de Estado tuvo que aceptar, no sin comentarlo acerbamente: « No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que el país conoce son la de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. » Desde Washington, llueven las críticas contra la Corte Suprema de Justicia de Colombia por haberle dado libertad al ex guerrillero. « Consideramos que esta decisión es lamentable y que un recurso  es esencial y urgente », dijo el portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortegas (antes de calentar el ambiente al discutir sobre la alianza entre ambos países en un intento de introducir la ayuda humanitaria y de soldados a Venezuela con el fin de  «enfrentar» a Maduro).

Cuando al fin el nuevo congresista, impasible detrás de sus gafas oscuras, con los hombros cubiertos con su eterna kufiya* palestina ocupa su escaño en el seno de la Asamblea, activa una bronca. Los representantes del Centro Democrático agitan carteles que dicen « ¡fuera Santrich! » Incluso los llamados « Verdes » exhiben pancartas que dicen: «Defendemos la paz, no a Santrich».

Santrich durante una de sus apariciones en el Congreso de la República, donde algunos de sus colegas rechazaron su presencia. Foto de archivo

No se necesita un meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento. En un contexto así, con tanta presión procedente de todos lados, ¿qué posibilidades tiene Santrich de escapar de las sombrías nubes que se ciernen sobre su cabeza? ¿A una sentencia y veredicto muy aleatorios de la Corte Suprema de Justicia? Al iniciar el proceso en su contra, el Tribunal consideró que no era « necesario, proporcionado ni razonable » tenerlo encarcelado durante esta etapa, ya que su posible privación de libertad podría decidirse después de haberle escuchado en el contexto de la indagatoria del 9 de julio. El riesgo, en caso de encarcelamiento y luego de condena, de verlo extraditar, ¡ya que la JEP fue destituida! No es seguro que el rebelde quería jugar a la ruleta rusa…

A su salida de La Picota, había dejado muy en claro su alineamiento con algunos de sus compañeros: « [Iván] Márquez asumió una postura autocrítica, pero reiteró su voluntad de paz; le envío un mensaje de amor y fraternidad. (…) Lo que Márquez y El Paisa están haciendo es insistir en la necesidad de respetar el acuerdo, y es también lo que yo haré [14].  »

Ya que hablamos de Márquez, cabe señalar de paso que, el 14 de junio, el Consejo de Estado decretó la pérdida de su escaño en el Senado, por no haber tomado posesión del mismo en el tiempo requerido y « sin presentar ninguna prueba » de lo que considera una « ausencia de garantías ».

La enumeración de los posibles escondites de Santrich varía hasta el infinito: algunos lo ven en medio de la nada, protegido por el ELN; otros en Venezuela, con (o sin) su compañero de armas Márquez, ayudado por « su cómplice » Maduro; otros con uno de los grupos armados residuales de las FARC; o bien, buscando asilo político, en un país garante de los Acuerdos de paz (Noruega y Cuba). Seusis José Hernández, su hijo, está muy preocupado: « Dudo que la desaparición de mi padre tenga que ver con un acto de rebelión o algo que vaya en contra de la paz », afirma, sin descartar la posibilidad que el  ex-guerrillero haya sido secuestrado y se una a la larga cohorte de los « desaparecidos » [15].

Dondequiera que se encuentre, la situación no huele bien, y a nadie. Salvo quizás para los adversarios de la paz y de la JEP, comenzando por Duque, que se jactan, expresan su completa satisfacción, disfrutan. En cuanto se conoció la noticia, el movimiento ciudadano « Defendamos la paz », consternado por las consecuencias previsibles, instó a Santrich a informar a las autoridades del punto donde se encontraba y a comparecer ante el CSJ el 9 de julio, como estaba previsto.

El día señalado, sólo sus abogados hicieron acto de presencia y Santrich no reapareció, la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de detención y ordenó que fuera capturado. Ha vuelto marcado con el estatuto de « forajido ». Sin sorpresa el centro, la derecha y la extrema derecha reaccionaron mecánicamente y con rencor, como tantos robots. Desde la izquierda moderada de Gustavo Petro – candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA) en las últimas elecciones presidenciales (41,8% de los votos) – hasta la del muy comprometido senador Iván Cepeda, se expresó una desaprobación unánime. Algunos claramente despotricaron, insultaron, culparon y condenaron al rebelde. « Lo que sucedió es triste », dijo sobriamente Cepeda, quien acompañó a Santrich a su salida de la cárcel, preocupado con razón por los daños causados al proceso de construcción de la paz.

En una declaración pública, el Consejo Político Nacional de las FARC aclaró que la conducta de Santrich « es de su exclusiva responsabilidad » y que « al igual que en otras decisiones personales, no consultó al partido ni a sus dirigentes ». Mirando al movimiento en su conjunto, el comunicado concluyó expresando su confianza en que « la comunidad internacional y la justicia podrán marcar la diferencia entre las determinaciones de individuos o grupos que rechazan lo que se ha firmado en los Acuerdos de La Habana, y la gran mayoría de nuestro partido de las FARC, que sigue siendo leal y firme en su proyecto de paz con justicia social ».

A través de estas líneas, se capta fácilmente la lógica de los líderes de un partido, ya poco popular en la opinión, directamente afectado por la desaprobación general que, a su vez, recae sobre ellos. Los dirigentes también preocupados por la señal negativa que el retorno a la clandestinidad enviará a los miles de guerrilleros de base que, por mucho que respeten a Iván Márquez o « El Paisa », aprecian y admiran a Santrich. Sin embargo, la dureza del tono respecto a este último ha consternado a muchos « camaradas ». En particular la del senador de  las FARC Carlos Antonio Lozada, ex negociador en La Habana, especialmente virulento en sus comentarios: « ¡No hay ninguna justificación para que Santrich se haya Ido así [16]! »

Curioso, a pesar de todo….porque es este mismo Lozada quien, el 10 de julio, informará en Twitter y a través de diversos medios, que presentará una denuncia en nombre del partido y aportará « pruebas o, al menos, indicios » de que hay « un plan en marcha para asesinar a los [altos] dirigentes de las FARC ». La víspera, dos nuevos ex-guerrilleros fueron ejecutados en el departamento del Cauca, elevando a 137 el número de « camaradas » asesinados.

Pocos días antes (6 de julio), en una carta enviada al Presidente Duque, son tres civiles que nunca habían llevado un fusil (¡pero de oposición  y estaban muy involucrados en la implementación de los Acuerdos de Paz!), los Senadores Iván Cepeda, Roy Barreras y Antonio Sanguino, denunciaron ser víctimas de escuchas ilegales por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con el fin de neutralizarlos a través de « montajes judiciales ». ¿Cómo Santrich? En todo caso, se trata de un buen viejo regreso a las « chuzadas », escuchas y encuestas clandestinas de activistas, sindicalistas, políticos, partidos tradicionales, periodistas y miembros de la Corte Suprema efectuadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), directamente bajo una presidencia de la República ocupada por Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010. El mismo DAS– ¿ pero quién lo recuerda? – pasaba sus informaciones a los paramilitares para que asesinen a los opositores políticos [17].

En estas condiciones, esperaremos saber más para pronunciarnos definitivamente sobre el « caso Santrich ». Después de todo, su decisión de huir puede basarse en buenas razones. El futuro lo dirá. Infinitamente más inquietantes que él son para Colombia las amenazas que se ciernen, tanto sobre los opositores como sobre el proceso de paz.

Notas

[1] Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 7,4 millones en marzo de 2017 –

https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2017/3/58c2d740a/hausse-deplacements-forces-colombie-malgre-signature-laccord-paix.html

[2] A un ritmo de (al menos) dos o tres víctimas por semana, estas cifras han aumentado considerablemente desde este conteo.

[3https://www.lepoint.fr/politique/francois-de-rugy-epingle-pour-des-diners-luxueux-a-l-hotel-de-lassay-10-07-2019-2323748_20.php?M_BT=638344349633#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20190710

[4] Una de las principales consecuencias de la fracturación hidráulica es la contaminación de aguas y suelos generada. Algunos investigadores estiman que podría estar vinculada a los terremotos, deslizamientos de tierra y otras actividades sísmicas. Otros evocan las secuelas sanitarias a veces importantes para las poblaciones locales.

[5https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/?

[6] Ministro de Defensa durante el mandato del Presidente César Gaviria (1990-1994), Pardo se convirtió en Alto Consejero de Posconflicto, los derechos Humanos y la seguridad en noviembre de 2015.

[7]  Semana, Bogotá, 3 juin 2019.

[8] En 2006, pretextando sus « problemas financieros », la Administración postal nacional (Adpostal) fue liquidada por el gobierno colombiano. En su lugar fue creada 4-72, la actual red pública.

[9] El abogado, Berneo se presentó en 2015 a las elecciones regionales, en el departamento del Cauca, apoyado por el partido Opción ciudadana del ex-senador Luis Alberto Gil, condenado en 2011 (y puesto en libertad en 2013) por sus vínculos con el paramilitarismo. Gil también estuvo involucrado en la provocación relacionada con el «expediente Santrich», y fue detenido al mismo tiempo que Berneo, a quien acompañaba.

[10] En Colombia, sin disolver el Congreso ni suspender (teóricamente) las libertades fundamentales, el «Estado de Conmoción Interna» (Estado de Sitio) permite al gobierno legislar por decreto y suspender la aplicación de ciertas leyes.

[11]  El Tiempo, Bogotá, 10 de septiembre de 2018.

[12] Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda, alias «Tirofijo», fue el fundador y líder de las FARC –EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) desde 1964, año de su nacimiento, hasta su muerte el 26 de marzo de 2008, por causas naturales. Se había ido al monte en 1948, en el seno de las milicias de autodefensa campesina, durante el período llamado de «La Violencia».

[13] Abogado de la empresa de servicios financieros Corficolombiana, asociada a Odebrecht en Colombia, Martínez tenía conocimiento de irregularidades en el grupo de construcción por $6,5 millones y no las denunció.

[14https://www.elheraldo.co/politica/los-tres-escenarios-para-santrich-tras-su-fuga-647828

[15]  Digital BLU Radio, 2 juillet 2019.

[16] Semana, Bogota, 7 juillet 2019.

17] Hernando Calvo Ospina, «Cuando el Estado colombiano espía sus opositores», Le Monde diplomatique, de abril de 2010.

Maurice Lemoine para La Pluma, 21 de julio de 2019

N de la T:               

*Kufiya: El pañuelo palestino tradicional, también conocido como keffieh o kéfié

Original: La Colombie sous la coupe des « criminels de paix »

Traducido por María Piedad Ossaba para La Pluma y Tlaxcala

Editado por:  Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي