Colombia 2018: los límites de la legalidad

2019 se iniciará con el emblema de que todo está por hacerse. A estas horas nada está terminado ni ninguna clase ha ganado nada. La crisis irreversible del sistema económico y político capitalista debe ser amplificada por la lucha sin cuartel de todos los pueblos del orbe que tenemos todo por ganar y solo las cadenas por perder.

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Preliminares

2018 se inició como un año en donde podrían ocurrir cosas muy favorables para la convivencia nacional, o cosas terribles para que esta no saliera a flote. El suspenso era inevitable: Santos con su nobel inmerecido saldría de la presidencia, vendrían las elecciones de Congreso en donde el Acuerdo de Paz era uno de los pilares del debate electoral –o por lo menos eso suponíamos–; Colombia Humana empezaba a sonar en el panorama político; las fuerzas oscuras de la extrema derecha –eso creíamos– tenían hastiadas a gran parte de la población y ello favorecería la correlación de fuerzas en las elecciones. Las FARC-EP habían entregado todo su arsenal a cambio de un sueño, que en la Colombia real no es nada, pero sin embargo había un Tratado Internacional y una ONU que respaldaba el Acuerdo que se había firmado en el teatro Colón en noviembre de 2016, como anticipando que todo iba a ser una opereta de mal gusto.  

Résultat de recherche d'images pour Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y Rodrigo Londoño «Timochenko», jefe de las FARC. (Foto: Reuters/AFP)

A lo anterior se le sumaba las elecciones para presidencia y nada hacía pensar en que a finales del año íbamos a tener al peor de los peores en la Casa de Nariño: al monigote de Álvaro Uribe, el insoportable Iván Duque, personaje insignificante pero profundamente fascista que fue impulsado al universo de las vedetes de la política por millones de seguidores de las iglesias y por otros tantos que aún venden la conciencia por un plato de lentejas u obedecen ciegamente las orientaciones de Uribe. Este impresentable que llegó al gobierno porque su jefe así lo determinó, es un guitarrista mediocre, un pelele egresado de una insignificante universidad bogotana, la Sergio Arboleda, que solo sabe obedecer las órdenes del gran cabecilla mafioso –a quien califica como “presidente eterno”– que mantiene a Colombia aturdida con sus mentiras y crímenes atroces.

Cotidianidad política y habas recocidas

Pero se vino, en el entretanto, un hecho significativo: Jesús Santrich, antiguo comandante de las FARC-EP, y representante de la línea marxista que aun sobrevive en el partido FARC, fue detenido en el mes de abril con base en la acusación más común a que recurre el Estado colombiano cada que monta un falso positivo judicial: el narcotráfico. Lo acusaron de hacer una conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, a sabiendas que es casi un hombre ciego y vivía en una casa completamente vigilada por la policía. Toda una farsa consentida por el gobierno de Santos y aupada por el gobierno norteamericano y su inefable DEA, aparato que le montó una pantomima con un arsenal de actores norteamericanos todos pertenecientes a la agencia. En definitiva, la acusación habla de que Santrich tuvo la intención de exportar el polvo que tiñe a todas horas de blanco la nariz de más de 100 millones de gringos y que eso lo manifestó telefónicamente, como si este fuera un ingenuo que rayara en la estupidez a sabiendas de las orejas de la policía en la interceptación total de las llamadas que éste hacía. Hasta el presente sigue detenido sin que nadie de la Fiscalía hubiera mostrado prueba alguna del tal intento y sin que la justicia acepte el recurso universal del Habeas Corpus.

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El fiscal Néstor Humberto Martínez, adalid de las políticas de Juan Manuel Santos, gran escudero del grupo Aval ahora señalado de haber hecho negocios sucios con Odebrecht, es el “personaje del año” tanto por haber apresado injustamente a Santrich como por sus vínculos non sanctos con los grupos de poder colombianos: acusaciones van y vienen condenándolo no solo por haber resguardado los intereses de Sarmiento Angulo, cabeza del grupo financiero más corrupto del país, sino por estar detrás del asesinato del ingeniero Pinzón, el auditor de obras que acusó al grupo de prácticas corruptas, de coimas de Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol y que ahora, él y su hijo, yacen en el mundo de los muertos como el padre de Hamlet, asesinados con un toque de cianuro.

Todos los dedos acusadores apuntan, ahí sí, a una conspiración dirigida desde las cumbres oligárquicas para esconder su insoportable corrupción y llevada a cabo por el pillo que se encuentra al frente de la Fiscalía.

La cara del gobierno Duque o Uribe III

En el escenario político de 2018 también se mostró la negociación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el gobierno Santos como casi un hecho ad portas de salir adelante en términos de otro Acuerdo, la misma que ahora duerme el sueño de los justos ante la embestida autoritaria del nuevo gobierno, que para mal de la nación se conformó con los peores y más reaccionarios miembros de la clase oligárquica, cuyas imágenes desteñidas brillan allende las fronteras: el representante ante la OEA, el corrupto, homofóbico y extremista religioso, el exprocurador Alejandro Ordóñez; el embajador en Washington, Francisco Santos, el gran lumpen de la burguesía, acusado de conformar el Bloque Capital de las AUC en la década de los 90, grupo paramilitar señalado de grandes crímenes contra la humanidad. A esa lista se suma la figura del canciller, un renegado liberal ultrarreaccionario, Holmes Trujillo, que no tiene nada que valga la pena en su hoja de vida salvo su lagartera en el partido Centro Democrático, pero que sí tiene en su mente la destrucción del gobierno bolivariano como la gran tarea encomendada por Washington.

Alejandro Ordóñez, Francisco Santos y Holmes Trujillo

En las Fuerzas Armadas, día a día, se arma la batahola con cada nuevo mando que asciende, y tras ellos las acusaciones por el encabezamiento de la implementación de los llamados Falsos Positivos –ejecuciones extrajudiciales– impulsados desde el gobierno de Álvaro Uribe, y en donde, de acuerdo a investigaciones nacionales e internacionales, el ejército y la policía asesinaron más de 10.000 jóvenes pobres del campo y la ciudad, encubiertos con la propaganda en la gran prensa de “haber sido dados de baja en combates”, cuando la verdad era que los secuestraban y fusilaban y los militares cobraban una recompensa por la labor “patriótica” de diezmar las fuerzas guerrilleras. Esa farsa no tiene en la justicia colombiana un incriminado, la impunidad ha sido total y ello lo está mirando con lupa la Corte Penal Internacional.  

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El gobierno del títere, como se le conoce en el país a Iván Duque, tiene en su gabinete a personajes acusados de paramilitarismo y de robos al erario público, tal como acontece con el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, quien esquilmó a 115 municipios del país con el cuento de unos bonos de agua. El robo asciende a más de 23.000 millones de pesos, cerca de US$8 millones, y todo indica que después del intento de censura que hizo la oposición, este asalto quedará en la impunidad y la historia oficial lo absolverá. La cara de este inocuo gobierno es todo un galimatías de corrupción y sangre que tendremos que soportar cuatro años sin que en el horizonte se vislumbre un camino de unidad del pueblo que dé cuenta de semejante espectáculo patibulario.

El paisaje regional

Agregándole una pizca de geopolítica a esta proyección del caos nacional, no podemos olvidar que el vecino Brasil ascendió al olimpo del fascismo con un nuevo presidente, excapitán nacido, crecido y educado en el seno de la sociedad más violenta del continente que antecede a Colombia. Jair Messias Bolsonaro –otro mesías– se trepó sin proponérselo al gobierno impulsado por la alta burguesía, los agronegocios y las iglesias, y de soslayo por esa actuación política mediocre del Partido de los Trabajadores que lo único que hizo perfectamente bien cuando estuvo en el gobierno fue convertir capas del pueblo y medias de la población no tanto en sujetos políticos anticapitalistas como en consumidores impenitentes.

A Bolsonaro se le recuerda por no haber hecho casi nada en los más de 25 años que estuvo en el poder legislativo brasileño después de haber sido un militar autoritario y haber sido investigado y casi expulsado del ejército por presuntamente preparar atentados en procura de mejoras salariales, pero sobre todo por el voto positivo para la defenestración de Dilma Roussef el cual lo dio entonando loas a quien la torturó en sus tiempos de luchadora popular. De todos es sabido que siempre se manifestó a favor del golpe de estado de la década de los años 60. Todo un prontuario. Para mal de todos, se prevé que su gobierno comerá en el mismo plato del títere, en tanto el sonsonete manifestado desde antes de ganar las elecciones presidenciales iba dirigido contra Venezuela. De lejos serán vistos como dos cochinos con sus hocicos enterrados en los mismos desechos fascistoides. Mal presagio para América Latina.

A ese panorama se le sumó casi toda Suramérica con gobiernos malhadados de derecha casi extrema –que incluye al Ecuador de Lenín Moreno, el aborto del gobierno de Rafael Correa– que tienen en su haber masacres interminables de los pueblos originarios del sur de Chile y de la Argentina y de movimientos campesinos como es el caso de Paraguay. Todos a una y liderados por Estados Unidos, se aliaron contra Venezuela y ahora, en los comienzos de 2019, romperán relaciones diplomáticas e intentarán, conjuntamente con Europa y Estados Unidos, aislar aún más al gobierno bolivariano que ganó en el presente año y en franca lid el derecho a gobernar otros seis años en el hermano país.

Este año les sirvió a las clases dominantes en Colombia para preparar el derrocamiento y el atentado contra Nicolás Maduro, liderando el barullo el nobel de paz. No lograron derrocarlo ni asesinarlo con el moderno dron que le despacharon con explosivos a bordo, pero siguen y seguirán haciendo maniobras para la concreción del golpe de estado.

Colombia presente y futura

Colombia, la Israel de América, según palabras de Juan Manuel Santos, se convirtió en el epicentro de la traición a todos los idearios de libertad esgrimidos centenariamente por los grandes hombres nuestro-americanos. Colombia se cierra en la seguidilla proimperialista sin miramiento alguno: hombres de este país combaten en Yemen como mercenarios contra un pueblo digno que no permite que la criminal y troglodita Arabia Saudita le imponga un régimen títere. Antiguos militares colombianos son mandos de la muerte en muchos países de África y Asia. Este país exporta no solo cocaína sino también crimen y corrupción que es lo mejor que produce.

Pero nuestras castas fueron más allá: el país ingresó a la OTAN como observador y a la OCDE, con todo lo que ello significa para la convivencia geopolítica regional, la paz mundial y la economía del pueblo colombiano, sin contar lo que ello sumaría al genocidio gota a gota contra las comunidades rurales y contra los líderes sociales. Nunca se han detenido las masacres en el campo, las desapariciones y el terrorismo de Estado. La oligarquía colombiana ha demostrado su gran habilidad para tirar la piedra y esconder la mano y pasar en los escenarios internacionales como lo más granado de la democracia: perseveran los grandes crímenes del paramilitarismo y a la vez su legalidad la vuelve trizas tanto como el Acuerdo de Paz cada que le viene en gana. Colombia Humana y su dirigente más visible, Gustavo Petro, es el más reciente blanco de los adefesios políticos oligárquicos.

La Registraduría y el Consejo Electoral colombianos son dos organismos intocables e inabordables, sin ningún tipo de control. Son cuerpos herméticos que tienen en su haber el secretismo de sus operaciones: a la Registraduría no hay quien ingrese para fiscalizar el algoritmo que le permite dar resultados tempranos en todos los escrutinios electorales, a sabiendas que es un organismo público que debe no sólo ser transparente sino también aparentar serlo. Ninguna organización puede solicitar revisión de su ínterin y ello ya es lo suficientemente sospechoso, pues para todos es claro que, en el mundo de las estadísticas y las programaciones, la inteligencia artificial puede participar con todo su esplendor en estos eventos para obtener uno u otro resultado. De allí que el escrutinio se convierte en una espada de Damocles en la cabeza de todos aquellos que han querido reformar legalmente las instituciones; por ello, cualquier conteo de votos en Colombia es ilegítimo y lo será hasta que se haga una reforma política legal y cabal que cumpla los mínimos estándares de la democracia burguesa, así esta no sea la meta final esperada.

La torcida legalidad colombiana

Con todo, después del último escrutinio del mes de junio, brillaron 8 millones de votos a favor de la Colombia Humana de Gustavo Petro, que quizás esos antros no pudieron esconder ante la magnitud de las evidencias. A sabiendas de lo anterior, la segunda semana de diciembre el Consejo Electoral negó la personería jurídica a dicho movimiento con un argumento infantil totalmente rebuscado: que no había participado en las elecciones de Congreso como un cuerpo político único, lo cual significa que para las próximas elecciones municipales y presidenciales tendrá que recoger firmas y no podrá ser financiado previamente por el Estado para lo cual tendrá que recurrir a la banca, la misma que ya mostró el pelambre de su boicot en las pasadas elecciones. Y a Gustavo Petro, que es un socialdemócrata cabal, la Corte Constitucional acaba de determinar que no podrá presentarse a nuevas elecciones presidenciales, con amenazas de perder su actual curul en el Senado, en tanto tiene una sanción superior a US$60 millones –sentenciada por la contraloría de Bogotá, cuya cabeza visible está siendo procesada por nexos con Odebrecht– por haber rebajado las tarifas de transporte cuando ejerció como alcalde de dicha ciudad. Esta condena administrativa marcó todo un récord en las sanciones que se le han aplicado a los empleados públicos de este país: la gran diferencia la hace el tipo de político al cual se le destina: Gustavo Petro, el exguerrillero del M19 que amenaza electoralmente a los mediocres candidatos de la oligarquía en los próximos cuatrienios. Todo un espectáculo circense que pasa de agache en el concierto de las naciones.

Miremos este caso detenidamente para que se entienda cuál es el esqueleto de la legalidad colombiana: En el marco de los grandes debates que estaba liderando recientemente Petro contra el personaje central de la corrupción en Colombia, el fiscal Néstor Humberto Martínez, apareció de la mano de Paloma Valencia, el buitre del Centro Democrático –organización política dirigida por Álvaro Uribe–, un extraño video donde se veía a éste recibiendo fajos de billetes, como si se tratara de un pillo más de este país. Un video sin contexto que mostraba un hecho que se ve grotesco por fuera de las ventanillas bancarias, pero que era simplemente la recepción de un dinero prestado por un arquitecto que le prendía velas a Dios y al Diablo, es decir, es un prestamista sin ideología alguna que no sea el oportunismo político, dicho por él mismo. El resultado final después de este escándalo fue el silenciamiento del debate al bandido Martínez –el cual estaba acorralado como una rata en casa de gatos– y el inicio de acciones y amenazas contra Petro de parte de este mismo personaje. El hecho político esperado para el año entrante es la defenestración política vitalicia de la peor amenaza electoral a la extrema derecha nacional.

La legalidad colombiana es ilegalidad racional, ilegalidad hecha ley. La trampa, el crimen, el bandidaje, el terrorismo, están instalados en las altas cumbres como un dictamen justo para sus necesidades de apropiación, saqueo y acumulación y ante ello solo resta acciones políticas de envergadura que aún no se vislumbran en la mesa de las posibilidades. Las elecciones en este país siempre estarán sujetas al dicho del cura Camilo Torres, que como maldición se cumple y se cumplirá al pie de la letra – “el que escruta, elige”– si es que no logramos transformaciones estratégicas en el aparato estatal. Pero la lucha electoral, tercamente, sigue estando en el inventario de lo posible y lo real político en partidos de izquierda y movimientos sociales, como si la política solo convocara a ágoras de debate y no a las calles a pesar del olor a lacrimógenos y pólvora, pues es allí donde sólo se pueden dar respuestas organizadas y contundentes.

No necesitamos más pruebas

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP es la muestra palpable del fraude y la trasgresión. A pesar de ser un Tratado escrito en letras de oro, avalado por Europa y por muchos países de La Tierra; a pesar de haber comprometido al Estado para que este lo copiara y pegara casi que inmaculadamente a la Constitución, ha sido vulnerado en los ejes centrales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las mínimas bases han sido convertidas prematuramente en chatarra que se mira con desprecio por su poco valor, las mismas que tienen que ver con la tierra –entre otros la restitución de tierras robadas por el paramilitarismo y entregadas a consorcios económicos–, con el apoyo a los proyectos productivos de la guerrillerada, con la libertad para todos los combatientes que habían sido encarcelados por motivos de la lucha político-militar de la guerrilla; con la salida al escenario público de los actores legales e ilegales que participaron en la guerra, en el marco de la justicia transicional para contarle la verdad a la sociedad colombiana, desde aquellos implicados directamente hasta los que apoyaron desde los escritorios, la cátedra, la industria, la banca, la iglesia y el ejército, a esa camada de asesinos paramilitares que anduvieron y andan a lo largo y ancho del país sin control alguno. Esas bases yacen heridas de muerte y naufragan en el deseo de lo que pudo ser y en el recuerdo de todo lo que se perdió o se dejó de hacer para mal de los pueblos de la periferia que ahora soportan, nuevamente, el caballo desbocado de la guerra de nuevo cuño aupada por la derecha nacional en todos los puntos cardinales del país.

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Esa verdad tan necesaria para todo el país y en especial para las comunidades que sufrieron y siguen sufriendo la embestida de los asesinos, quedó desmantelada al aprobarse desde el Congreso y la Corte Constitucional que esas personas que ejecutaron el mandato de las clases en el poder no tenían obligación de acercarse a los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz para contar cómo fue que se planeó el genocidio y desaparición de miles de colombianos y el destierro de sus regiones de más de 6 millones de campesinos, afrodescendientes e indígenas. Una puñalada matrera que dejó sin perspectivas y sin optimismo el proceso.

El Congreso, con el aval de la Corte, dejó el Acuerdo en pañales, le quitaron dientes y garras, lo despellejaron y el resultado final fue garabato que a todos hace reír. Ha sido tal el desgreño de la credibilidad y la legalidad que hasta el corrupto fiscal ha ordenado el allanamiento de la sede de la Jurisdicción Especial de Paz para “buscar elementos que puedan mostrar el favorecimiento que se le está haciendo al preso político Jesús Santrich” pedido en extradición por un Tribunal de New York, como si pudiera hacer lo que le venga en gana con una instancia actual de la justicia que fue creada en el marco del Acuerdo de Paz y es independiente de la Fiscalía.

Iván Duque, personaje ordinario e inculto que cada que abre la boca se despacha no solo contra Venezuela sino también y con fuerza contra el Acuerdo y a favor del apoyo a los personajes que deberían estar en la picota pública, dará cuenta de la nueva guerra que se viene contra las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, no solo con el saboteo a la aplicación de la Justicia Transicional sino con la mascarada de la guerra contra las drogas que será la excusa que ayudará a darle un entierro de segunda a los mínimos del Tratado Estratégico de Paz.

El remate destripador y la memoria del conflicto

El Congreso colombiano, conformado mayoritariamente por partidos de derecha y extrema derecha aliados de la corrupción, también mandaron al carajo a un símbolo que era otro eje: las curules para las víctimas. No aprobaron asientos legislativos para representantes de las víctimas de la guerra, otro supuesto logro del Acuerdo. Ese hecho sumado a que aún en las cárceles hay más de 400 antiguos presos de las FARC-EP, muestra que el objetivo del gobierno del laureado Santos lo único que quería era desarmar a esa combativa guerrilla y generar el caos en su interior para efectos de neutralizarlos y dejarlos sin peso político. No fue la paz publicitada en los organismos internacionales un hecho político urgido para la construcción de un país más democrático, sino que todo fue una comedia, un complot al cual se le sumaron algunos sectores cansados de la guerra al interior de la insurgencia. El resultado final aún está por verse pues es un proceso dialéctico, pero es claro que en este período está mostrando claramente su rostro sanguinolento y famélico.

El campo colombiano sigue tapizado por fosas comunes que no se encuentran, por innumerables cadáveres que están atentos a que se cuenten sus historias de vida en la historia oficial. La guerra continúa como un símbolo de opresión y sostenimiento de un régimen al que la legalidad no le dice nada y que cada vez recurre más a la combinación de todas las formas políticas y militares para sostenerse en el poder. El extractivismo de minerales en las regiones agrícolas y de páramos, y el impulso del fracking que envenenaría nuestros suelos y aguas, se va a llevar a efecto a sangre y fuego sin permitir más recursos legales como las consultas populares municipales que mayoritariamente han votado en contra de ese tipo de actividades en sus territorios.

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La memoria histórica, peor contada por los escribas del régimen en el pasado recuento histórico salido de las entrañas del Acuerdo, debe ser recuperada por los amanuenses del pueblo en tanto el Centro Nacional de Memoria Histórica también será tomado por el gobierno del pelele y para ello ya lleva dos intentos fallidos, pero con toda seguridad se saldrá con la suya. Necesita este gobierno exculpar a las Fuerzas Armadas y a todos aquellos que han patrocinado los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades y que todavía dirigen el Estado y laboran en multinacionales, grandes empresas e iglesias y tienen hasta bonitas familias.

No todo está perdido

El sonajero de las buenas noticias funciona mal en este diciembre, pero no podemos dejar que el pesimismo o el escepticismo nos embosque, nos derrote. Las comunidades locales en este país llevan muchos años ejerciendo la resistencia activa: la toma de carreteras de parte de los indígenas, los paros cívicos locales de Buenaventura y otros municipios; las consultas contra la minería ganadas ampliamente en el país por comunidades campesinas y obreras y que ahora este gobierno se prepara para impedirlas, y el reciente paro nacional universitario que alcanzó una gran victoria en sus demandas fundamentales de presupuesto público, muestran que ese torrente autoritario y neofascista puede ser detenido local y nacionalmente si existe la voluntad de combatirlo sin descanso.

A lo anterior, para bien de todos, se suma el arribo de los ecos lejanos de grandes luchas, algunas victoriosas y otras en pleno desarrollo: del pueblo palestino contra el terrorismo del ocupante israelí, del pueblo yemení contra el medioevo saudí y la complicidad del Consejo de Seguridad de la ONU; del pueblo francés con su novísima protesta de los chalecos amarillos que claman, como todos los pueblos, por justicia y dignidad y allí, en particular, por la expulsión del Palacio del Elíseo de ese impresentable y antipopular Emmanuel Macron.

Las luchas de los pueblos son una sola. La Internacional de nuevo cuño en 2019 será convocada en las calles de todos los países del mundo y, con toda seguridad, se saldrá del marco de la legalidad, del bien pensar político ahora que parece que la recesión mundial se acentuará y un nuevo descalabro financiero va a poner a tambalear este sistema de oprobio.

Ahora que suenan los tambores de la guerra no solo comercial sino nuclear, ahora que las grandes potencias tanto las añejas como las emergentes amenazan con freír el Planeta si no con sus armas atómicas sí con la contaminación ad infinitum de nuestra biosfera que nos llevaría al cambio climático irreversible, es nuestra hora, la hora de la unión de los pueblos, la hora de los hornos.

2019 se iniciará con el emblema de que todo está por hacerse. A estas horas nada está terminado ni ninguna clase ha ganado nada. La crisis irreversible del sistema económico y político capitalista debe ser amplificada por la lucha sin cuartel de todos los pueblos del orbe que tenemos todo por ganar y solo las cadenas por perder.  

Álvaro Lopera especial para La Pluma, 26 de diciembre de 2018

Editado por María Piedad Ossaba