En un proyecto de cambio las instituciones deben servir para algo más que pelear con las élites. Es parte importante mostrarles los dientes no cada cierto tiempo si no siempre, mantenérselos pelaos al aire como los pitbull o los rottweiler ante los forasteros. Pero no es suficiente.
Las élites colombianas, históricamente las más reaccionarias y violentas de toda Latinoamérica, no toleran el más mínimo movimiento que ponga en riesgo su histórica posición privilegiada. Son por definición conservadoras. Quisquillosas y nerviosas. Cualquier movimiento o cambio que intente descolocarlas, por muy tibio o reformista que sea, lo responden reactivamente, con nerviosismo y con miedo. Por eso quizás son tan violentas. La única fórmula de cambio que les es útil y que consienten es la del viejo y célebre dicho de Lampedusa: “que todo cambie para que todo siga igual”. Y eso que sólo lo consienten cuando están en aprietos, del resto ni se mosquean. Ya está más que probado por la historia su carácter reaccionario y violento. La revolución de Melo de 1854, la huelga de las bananeras de 1928, la Revolución en Marcha de López Pumarejo, el grito popular “A la Carga” de Gaitán, la reformeta agraria de Carlos Lleras, el Paro cívico Nacional de 1977, el estallido social de 2021, para sólo mencionar algunos casos, fueron respondidos con reacción y en muchos casos con furia violenta. Son élites en las que cada lujo o privilegio esta ensangrentado. No es sino medio exprimirlo y brota sangre por todos sus poros. La reciente operación de despojo de tierras efectuada por los paramilitares y militares a finales del siglo XX fue encabezada por ellas, manchada de sangre y dolor. Y lo curioso de todo ello es que lo han podido hacer muchas veces con la legalidad en las manos, por lo general no violentan las reglas sino que las aplican. No han tenido que dar golpes de estado o implantar dictaduras militares como las del cono sur en los años sesenta y setenta. Hasta bien entrado el siglo XX fuimos gobernados por el régimen de estado de sitio, que prácticamente consagró un estado contrainsurgente y de dictadura civil. En ese marco, Turbay Ayala (1978-1982) pudo torturar y desaparecer mucha gente, a diestra y siniestra, a líderes sociales y de izquierda. En los ochenta y noventa mataron a más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica, el primer partidicidio cometido por “una democracia incólume”. Ya sin necesidad de regímenes de excepción y sin disimulos el gobierno de Uribe Vélez pudo matar a más de 6.400 jóvenes inocentes bajo la sola sospecha de no estar recogiendo café.
Si la naturaleza y profundidad de un cambio dependieran del carácter violento, reactivo y reaccionario de quienes detentan el poder, hace rato que las élites colombianas se merecen un cambio drástico, una revolución social. Pero no, aquí no se ha podido. En la segunda mitad del siglo XX se intentó hacer revoluciones populares por la vía de la guerra y ninguna triunfó. El narcotráfico ayudó a echar a perder todo. Toda la izquierda armada en sus incontables siglas fue y siguen siendo un fracaso, hasta el punto de la degradación de sus actores y de la guerra misma. Que son experiencias para aprender de ellas y no incurrir en sus desatinos, no cabe la menor duda. Pero fracasó. Por su parte, la izquierda no armada sólo hasta hace cuatro años pudo triunfar, gracias sobre todo al extremo desprestigio del régimen uribista y la movilización popular. Pero se trató sólo de un triunfo en el Gobierno y no en el Estado, ni hegemónicamente en la sociedad. Y desde la experiencia de Allende se sabe que una cosa es ganar el gobierno y otra el poder. Todavía la élite tiene muchas casamatas para disuadir y limitar el poder del presidente.
Tras la promulgación de la Constitución de 1991, con mucho de ingenuidad y poco de suspicacia, mucha gente de izquierda se engatusó con el slogan de la llegada de un “nuevo país”, y hasta César Gaviria (1990-1994) nos vaticinó un “bienvenidos al futuro”. Ni unos ni otro tenían certeza de nada. Los primeros no imaginaban que el viejo país seguía incólume, vivito y coleando, y el segundo, menos cándido, sabía que lo que se venía como futuro era la peor ofensiva neoliberal y antisocial de la cual aún no nos reponemos. La constitución se quedó en letra muerta, o en el mejor de los casos hecha girones. Casi casi, lo que seguía imperando era la constitución de 1886. Las Cortes, todas ellas, desde la mistificada Corte constitucional, la Corte Suprema de justicia, el Consejo de Estado y hasta el Banco de la república se han especializado en paralizar, sabotear o romper la punta de lanza de las iniciativas reformistas de cambio, todo ello, sin incluir al Congreso y actores muy poderosos de la “sociedad civil” burguesa, como los poderosos gremios económicos, los medios corporativos y los partidos de derecha y hasta de centro. Este es el bloque de poder hegemónico, contra el que se sigue estrellando el reformismo presidencial, sus arengas, sus lobbies institucionales, sus convocatorias a marchas y sus frecuentes amenazas de Consulta Popular, de Asamblea Constituyente y demás. Mostrar los dientes, pelarlos y ladrar duro. Pero no más, ni una sola mordida dura, fuerte, que rompa vértebras, cambie la relación de fuerzas y nos coloque en un nuevo umbral.
A lo que más aspira esta izquierda institucional gobernante, que se ha reducido prácticamente a una izquierda electoral, es apostar por un nuevo triunfo electoral en la presidencia y convertirse en fuerza mayoritaria en el Congreso. A lo Lula en Brasil o a lo Evo Morales en Bolivia. Y no es que no sea importante pelar los dientes y obtener triunfos electorales importantes, claro que lo es. Pero no es suficiente si estamos pensando en el tipo de cambio que se merece esta oligarquía corrupta, reaccionaria y decadente. Hay que trascender las casamatas del bloque hegemónico. Y eso requiere empezar, entre otras cosas, por un cambio de mística y de sentido de la acción de los agentes de cambio, no quedarse satisfecha, autocomplaciente, con los triunfos electorales. No pensar sólo en la próxima coyuntura electoral. Pensar que hacia adelante la tarea es inmensa e histórica. Lo que le espera a la izquierda si quiere dar su merecido a la élite dominante es desencadenar un proceso de movilización, de agitación, de organización y de revolución permanente de lo popular. Ir a la sociedad, ir a lo popular, ir a sus luchas y organizaciones y contribuir a que se convierta en sujeto de transformación revolucionaria, en un proceso de movilización permanente. En vez de habitar tantos palacios y palacetes esta izquierda y toda la demás debe volcarse en una acción misionera a las calles de las grandes ciudades, a las barriadas populares, a las veredas y territorios rurales, a las fábricas, a las redes sociales, a los colegios y universidades, a las mujeres y jóvenes, al mundo indígena y afro, a los múltiples sectores de la economía popular y de resistencia, a construir poder popular. No importa si el triunfo no está a la mano, pero esa premisa sí que lo facilita enormemente. ¿Voluntarismo de la acción? Sin duda. Hasta ahora ningún cambio relevante en la historia se ha realizado sin la decidida voluntad de los concernidos. Es la garantía para que una Asamblea Constituyente, por ejemplo, vaya mucho más allá de introducir ajustes y reformas a la constitución de 1991 e instituya formas novedosas y revolucionarias de poder popular más allá de las consagradas por la democracia liberal y el Estado burgués. Construir poder popular desde ya y no esperar hacerlo tras triunfos electorales o victorias épicas de la revolución, ese sería el mejor homenaje que podríamos hacer al sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo a los 60 años de su muerte.