Ha sido una excelente noticia que la Corte Penal Internacional (CPI) haya cursado finalmente órdenes de detención contra los dirigentes israelíes Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el exterminio. Excelente, porque desde su fundación en 1998 la CPI ha sido un recurso de los poderosos del mundo que practican la justicia de los vencedores y el doble rasero. Financiada en un 75% por países europeos y Canadá, la CPI ignoró la guerra de Irak, no existió en Libia, no hizo nada contra Israel tras las mortíferas masacres de 2008 en Gaza y puso siempre el foco en las fechorías del Sur Global, con la mitad de sus investigaciones centradas en países africanos.
Su primer fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, dio garantías de que nunca emprendería causas contra ciudadanos estadounidenses. En 2019, el tribunal de La Haya tiró para atrás una investigación sobre crímenes de guerra y contra la humanidad en Afganistán después de que el consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, amenazara a los jueces y fiscales de la CPI con “impedir su entrada en Estados Unidos”, “incautar sus fondos y perseguirlos judicialmente desde el sistema penal de Estados Unidos”. La orden de detención contra Netanyahu rompe esa línea, pero ha pagado su precio.
El tribunal ha demorado las órdenes seis meses –cuando solo necesitaron tres semanas para cursarse contra Vladimir Putin– y han pasado ya casi diez años desde que se abriera la primera investigación preliminar sobre los crímenes de Israel en Palestina. Diez años de amenazas, injerencias, presiones y acoso a jueces y funcionarios de la Corte por parte de agentes de los servicios de inteligencia israelíes y funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos paralizaron dicha investigación. El propio jefe del Mossad amenazó a la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a su familia. El actual fiscal de la CPI, Karim Khan, fue objeto, en octubre, de una campaña de difamación al vincularlo sin pruebas a un caso de acoso que ni siquiera fue objeto de investigación contra una empleada del tribunal que no presentó denuncia. Khan dijo que eso formaba parte de las amenazas, presiones y campañas contra la CPI. Esa es la historia de esa orden. La realidad de una justicia internacional torcida no hace sino doblar su valor.
EDITORIALES
Fuente: CTxT Contexto y acción, 24 de noviembre de 2024
Editado por María Piedad Ossaba