En Colombia la política es la guerra por otros medios

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Résultat de recherche d'images pour Cuando el presidente J M Santos aquel fatídico 11 de noviembre del 2011, asesorado por el advertido “advaisor“ Héctor Riveros, tomó la decisión más difícil de su vida (según su propia confesión, ver revista Semana N° 1.925, marzo. 2.019 y que reproduce parte de su reciente libro) de ordenar la muerte del máximo Comandante de las FARC-EP Alfonso Cano, también sabía por los informes de la inteligencia militar conjunta colombo-estadounidense, que no solo se quitaba de encima el mayor obstáculo para llevar a feliz término la negociación (sic) dada la solidez política, moral y mental del “antropólogo de la nacional”(sic) sino que además   conocía que por las estrictas reglas guerrilleras “quien” lo iría a remplazar. Pero por sobre todo, tenía completa información sobre la educación, la moral, el compromiso político ideológico y especialmente el estado de salud del “reemplazante” de aquel a quien iba a ordenar neutralizar. Y esa fue la apuesta sangrienta del frio “ludópata”, que hoy tiene a Colombia ad portas de un nuevo ciclo de violencia política y social, y, en la pendiente irreversible de la reactivación paulatina del llamado conflicto colombiano.

Portada revista Semana Edición impresa 1925, 24 al 31 de marzo de 2019

¿Por qué?

Porque el Comandante Cano, desde el complejo proceso de paz con el presidente Betancur (1982-1986), siempre, ojo, siempre sostuvo firmemente la opinión del “secretariado” de la organización de la cual formaba parte junto con Jacobo Arenas y Marulanda Vélez, de concluir mediante una Constituyente, amplia, democrática y autónoma, cualquier proceso de paz con el régimen dominante, instalado como revolución pasiva de larga duración, a partir del pacto anticomunista del bipartidismo de 1.957 firmado en Sitges, por los dos capitostes del tradicional anticomunismo colombiano: el religioso de Laureano Gómez y el tecnocrático estadounidense de la guerra fría de Alberto Lleras que ya comenzaba a instalarse en el país.

Alberto Lleras y Laureano Gómez firman el Paco de Benidom

Esta firmeza por legitimar y legaliza adecuadamente mediante una Constituyente un proceso constituyente de paz en Colombia, fue el obstáculo insalvable que el “advaisor” Riveros, junto con Chucho Bejarano y Humberto de la Calle (a quien Santos no menciona en sus confesiones) encontraron en Caracas en el proceso de paz frustrado de 1.990 durante el gobierno de Cesar Gaviria. Y esta fue la “razón de Estado” para ordenar quitar de en medio “el obstáculo”. Su punto de mira estratégico.

¿Por qué?

Porque dentro del Bloque de Poder dominante (cuya supraestructura hegemónica es la Contrainsurgencia) es de amplio conocimiento que un proceso popular constituyente así concebido; implica una serie de trasformaciones profundas en el Estado (tanto en la Hegemonía como en la Coerción, al decir de Gramsci) es decir, conlleva cambios en la correlación de fuerzas políticas y sociales que se expresan o están representadas en la Constitución que rige en ese momento.

Esta fue la famosa “línea roja” defendida inflexiblemente por el Todo institucional, con el argumento peregrino y leve de que “en una constituyente cualquier cosa pude pasar”, y ante la cual el endeble “reemplazante de Cano”, inexplicablemente cedió tan fácil, pasando autoritariamente por sobre las observaciones que un sector crítico de la organización guerrillera hiciera oportunamente al respecto y, aceptando sumisamente substituir la Constituyente final como mecanismo de refrendación del Acuerdo de Paz, por un referendo (al mejor estilo del plebiscito de Laureano y Lleras Camargo en diciembre de 1957), el cual se sabía de antemano iría a ser derrotado como en efecto sucedió aquel recordado y “enverracado” 02 de octubre 2016.

Derrotado el plebiscito, perdón, “el referendo por la paz de Colombia”, como se llamó, y perdida la legitimidad del Acuerdo de Paz de la Habana, comenzó una enredada y agobiante carrera “legalista” para darle cierta legalidad, que finalmente la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-630/17 agregó a la Constitución vigente en Colombia, el acto legislativo 02 del 11 de mayo de 2017, con lo cual se pretendió dar estabilidad y seguridad JURIDICA al Acuerdo de la paz de la Habana.

Obtenida así una cierta “legalidad pero sin la legitimidad de las urnas ”, se inició la manipulación política de esta contradicción por los adversarios de la fracción oligárquica rival de la dirigida por JM Santos, para “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo de Paz”, como lo sentenció el orate contrainsurgente Londoño Hoyos; a la par que se le dio vía libre a la ofensiva militar contrainsurgente que a la fecha lleva más de 500 líderes sociales fusilados y más de 130 ex guerrilleros reinsertados “neutralizados”, con el fin de allanar o limpiar el camino, mediante el Terror del Estado, el triunfo electoral en las elecciones del próximo octubre. Confirmándose una vez más que en Colombia las cosas son, no al revés, sino al contrario: La política es la guerra por otros medios, que invierte la famosa y tan citada sentencia del general prusiano von Clausewitz de la guerra como política por otros medios.

Nadie con sentido común o mejor en sano juicio, puede estar en contra de un Acuerdo de paz como el alcanzado con tantas dificultades en la Habana en 2016. Lo que la ciencia política y ese mismo sentido común están indicando a las personas que hacen política racional en y para Colombia; es que algunos textos adulterados de ese Acuerdo de paz del 2016, que como un chicle masticado se le ha pegado a la mesa de la Constitución colombiana por mandato de unos seres humanos (parlamentarios unos, magistrados de la Corte Constitucional otros) puede y debe ser corregido también por hombres de carne y hueso, antes de llegar al borde de la pendiente que deslizará a Colombia irremediablemente hacia un nuevo ciclo de violencia y conflicto interno de duración impredecible.

Así las cosas, la coyuntura actual necesariamente va a continuar dándole la razón a los viejos luchadores de la resistencia popular, imponiendo la necesidad de legitimar ese Acuerdo de paz mediante una Constituyente amplia, democrática y popular que lo incorpore legítimamente a la Constitución vigente, para que las nuevas fuerzas que están pujando, desde abajo y desde hace tanto tiempo, por ser representadas en esa Constitución tengan expresión legal. Y esa Constituyente debe incluir a todas, ojo, a todas las fuerzas de la movilización social y popular que con reivindicaciones políticas existentes actualmente en Colombia, y, eso se llama Solución Política al conflicto interno de Colombia. Con el convencimiento claro, de que no hay solución militar posible y menos contrainsurgente para tal conflicto en Colombia.

Alberto Pinzón Sánchez, 16 de julio de 2019

Editado por María Piedad Ossaba

Publicado por Rebelión