Colombia: 6 meses de gestión Duque y 30 años de neoliberalismo

De este modelo, el pueblo colombiano conoce y padece los resultados que están lejos de la equidad prometida en el Plan de Desarrollo de Duque.

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Julie Paola Tibocha AvellanedaEn su discurso de posesión, Iván Duque se proclamó como el representante de la renovación política y se comprometió a gobernar libre de odios, revanchas y mezquindades[1], a lo que denominó “Pacto por Colombia”. Seis meses después, contrariamente a estos postulados, su Gobierno ha estado marcado por la continuidad del neoliberalismo y una vuelta al discurso guerrerista de su mentor, Álvaro Uribe Vélez.

Colombia: 6 meses de gestión Duque y 30 años de neoliberalismo

Aunque las reformas neoliberales en Colombia se pueden rastrear desde los años ochenta, es después de la reforma constitucional de 1991 que los gobiernos tomaron las medidas más significativas. La nueva Constitución, al tiempo que significó la protección de derechos sociales y un mayor protagonismo de la sociedad civil, también garantizaba una ampliación del sector privado en áreas que antes eran de exclusividad del sector público y la enajenación/privatización de empresas estatales. Detrás de esta reforma subsiste un soporte ideológico que sostiene que el Estado debe dedicarse a “lo que mejor hace”, es decir, al proceso político democrático, y debe dejarle al mercado la organización y producción de bienes y servicios.

Este enfoque caracterizó el Gobierno de César Gaviria (1990-1994), quien inició el proceso de apertura económica y desligó el Estado de las funciones redistributivas y productivas, concentrando su acción en ofrecer marcos propicios para el despliegue del mercado (liberalización, privatización y desregulación) y en apagar el incendio social a través de la focalización del gasto hacia los sectores de menores ingresos.

Los gobiernos que le sucedieron, incluyendo el actual Gobierno del presidente Iván Duque, continuaron esta fórmula y la presentaron como nueva. De este modo, Duque subraya en las bases de su Plan de Desarrollo, llamado “Un pacto por la legalidad, el emprendimiento y la equidad”, que el crecimiento económico y la equidad serán el resultado de una mayor participación del sector privado (medidas que agrupa en el emprendimiento) y un Estado eficiente y eficaz producto de la legalidad (para generar confianza inversionista).

Las viejas cartas de Duque: privatizaciones, impuestos regresivos y reducción del gasto público

La privatización en Colombia tradicionalmente se ha concentrado en tres sectores estratégicos: sector minero energético, comunicaciones y servicios financieros. Este proceso se puede rastrear desde el Gobierno de Ernesto Samper, con la privatización de la generación de energía en 1995. Pero es  a partir de  1999, con la firma de un acuerdo entre el Estado colombiano y el Fondo Monetario Internacional (FMI)[2], que el Gobierno colombiano se compromete a impulsar el programa de privatizaciones, para “vender varias empresas grandes”. En el 2001, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se efectuó la venta de Carbones de Colombia (CARBOCOL); en el primer Gobierno de Álvaro Uribe se vendieron la mitad de las acciones de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM), Ecogas y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB); en el segundo Gobierno de Uribe se dio inicio al proceso de privatización de Ecopetrol, vendiendo el 11% de la participación estatal. Durante la Presidencia de Juan Manuel Santos terminó el proceso de privatización del sector energético con la privatización de ISAGEN (empresa estatal de transmisión de energía), en el 2016. Estas privatizaciones reforzaron la tendencia de extranjerización de la estructura de propiedad de las grandes empresas en el país lo cual, sumado a otras políticas de desregulación y liberalización, ha complejizado la tributación y propiciado la fuga de capitales.

Iván Duque continua la tarea de sus antecesores con la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla[3], de vender una parte de las acciones del Estado en Ecopetrol[4] y su insistencia en seguir llevando esa propiedad al mercado. No se discute la importancia de la soberanía energética, la investigación sobre nuevas fuentes de energía renovable o el peso histórico que esta empresa ha tenido en términos fiscales y sociales[5]. En concreto, se evade la discusión política sobre el rol del Estado frente a nuestros recursos estratégicos, justo en un contexto internacional de precios moderados del petróleo y de economías poderosas dependientes del recurso fósil que buscan apropiarse de éste por mecanismos económicos y extraeconómicos (al tiempo que defienden la diversificación de la matriz energética y la necesidad de virar hacia economías verdes).

La modernización del Estado desde la óptica de la Nueva Gerencia Pública (NGP), propia y útil al ascenso del neoliberalismo, pugna por reestructuraciones en términos técnicos y administrativos, y desde una visión eficientista defiende la reducción de plantas de personal y la supresión o fusión de entidades públicas. Un buen ejemplo de ello fue la reforma administrativa del 2003 impulsada por el presidente Uribe, que fusionó 6 ministerios y suprimió 714 cargos.

En este marco se encuentra la Directiva Presidencial #09, de 2018, que busca la reducción del gasto público (fundamentalmente en el Poder Ejecutivo) -como lo señalan el informe de la Comisión del gasto y la inversión pública[6] y el artículo de Jorge Iván Gonzalez[7]– lo que tendría repercusiones en el crecimiento económico y en las condiciones de la población más vulnerable. Es importante considerar que el tamaño del gasto público del Gobierno nacional central en Colombia se encuentra por debajo del promedio regional y que el empleo público se estima entre un 4 y 5,3% del total de empleos en la economía. Esto último sugiere una burocracia raquítica y un Estado que depende más de trabajadores vinculados por contratos de prestación de servicios y contratación directa que de administradores públicos de carrera. Ante esto, la Directiva Presidencial impone el recorte en vez de asumir la tarea de mejorar el sistema de carrera administrativa y revisar las reformas de flexibilización que han golpeado al empleo público en Colombia.

Esta reducción del gasto del personal administrativo y técnico de las entidades públicas sucede en paralelo a prácticas clientelares como: contratos de períodos cortos por altos montos con personas cercanas al Gobierno, nombramiento de cónsules y embajadores cuyo mérito es hacer parte de la élite política tradicional, adjudicación de contratos directos sin licitación pública a empresarios que son aliados del partido político del presidente (el Centro Democrático)[8].

Por otra parte, acudir a impuestos regresivos es un bastión de las 14 reformas tributarias que desde 1994 se han hecho en el país. En el Gobierno de César Gaviria el IVA amplió su base hacia otros servicios y se aumentó la tarifa dos veces (primero a 12% y luego a 14%); posteriormente, en el gobierno de Samper, la tarifa de este impuesto quedó en 16%, Pastrana la amplió hacia otros bienes de consumo, camino que siguieron Santos y Uribe al ensanchar aún más la base gravable que incluyó algunos productos de la canasta familiar. Adicionalmente, estos dos últimos mandatarios apostaron por conceder beneficios tributarios a las grandes empresas (la mayoría de capital extranjero), como exenciones, deducciones y exoneración del pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)[9] y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)[10] .

El actual Gobierno, como buen alumno, presentó una ley de financiamiento al Congreso basada en el impuesto indirecto y en los beneficios fiscales a los grandes capitales. Por un lado, pretendía la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar (los pocos que quedaban exentos) y, por otro, la reducción de la carga tributaria a las empresas (acciones enmarcadas en el pilar del emprendimiento).

La primera medida fue modificada por un IVA plurifásico[11] para gaseosas y cervezas. La segunda medida -a la que el ministro de Hacienda denominó la “columna vertebral de la ley de financiamiento”- no se modificó. Ésta contempla la reducción de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta para las personas jurídicas, no así a las personas naturales en las que termina recayendo la tributación. Según el Gobierno, la carga tributaria para las empresas en Colombia es muy alta y ello desincentiva la inversión; sin embargo, desde 2005 se vienen aplicando reformas tributarias que crearon exenciones, deducciones y beneficios tributarios que reducen significativamente la recaudación real. Esta reforma hace uso del gastado argumento de que el empresario, al tener menos impuestos, invertirá más y generará más empleo.

Sobre este punto vale la pena mencionar que, de acuerdo con el economista Luis Hernando Barrieto[12], producto de estos beneficios tributarios el Estado colombiano ha renunciado, en el período comprendido entre 2005-2016, a recaudar 18 mil millones de pesos diarios (5’745.017 dólares diarios). Un caso que ejemplifica esta situación es el de la minería, que a pesar de tener tasas nominales impositivas del 33% por encima del promedio regional, logra tasas efectivas apenas del 10 al 15 por ciento, a lo que se suma la baja intensidad de mano de obra que utiliza.

Efectivamente, esto sí hace parte de la columna vertebral de un modelo de acumulación que se basa en la oferta generada por el libre flujo de la inversión extranjera. De esta situación se percataron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) al considerar desproporcionados los beneficios tributarios dados a los empresarios frente al aumento del 6% del salario mínimo decretado por Duque[13], quién negoció este aumento con los gremios por fuera de la Comisión Nacional de Concertación.

Como puede verse, las medidas económicas tomadas por el Gobierno no son innovadoras, sino que continúan la línea de sus antecesores, profundizando el modelo neoliberal impuesto desde la década de los noventa que concibe al Estado sólo desde una dimensión instrumental y aumenta la dependencia y vulnerabilidad de la economía colombiana. De este modelo, el pueblo colombiano  conoce y padece los resultados que están lejos de la equidad prometida en el Plan de Desarrollo de Duque. Algunos de estos han sido: la progresiva desaparición de la industria nacional, la desaceleración del sector agropecuario (con excepción de algunos productos como la palma africana, el azúcar, el banano y las flores), una canasta exportadora dependiente del petróleo y el carbón, lento crecimiento del empleo acompañado de altas tasas de informalidad, y el deterioro en la distribución del ingreso.

Notas

[1]  https://noticias.caracoltv.com/politica/escuche-aqui-completo-el-discurso-de-posesion-de-ivan-duque-como-presidente-de-colombia-ie128

[2]  http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/acuerdo_Colombia_FMI.pdf

[3]  Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se puede ver más sobre su perfil en la siguiente nota: https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/alberto-carrasquilla-barrera

[4] Ecopetrol es la Empresa Colombiana de Petróleos, organizada como sociedad pública por acciones, vinculada al Ministerio de Minas y Energía.

[5] Ecopetrol en el 2011, según  la DIAN, pagaba 3 billones de pesos en impuestos, siendo la empresa que más le tributa a la nación, por encima de Drummond, Carbones del Cerrejón, EPM, entre otras. Además genera más de 23 mil empleos en el país.

[6] https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3516

[7] https://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11581-la-austeridad-de-duque-es-posible-reducir-la-burocracia.html

[8] Para ampliar esta información recomiendo ver el video “Tipos de mermelada de Iván Duque” realizado por el colectivo Actuemos y el representante a la Cámara, David Racero: https://www.youtube.com/watch?v=_Qw2mdSMEWQ

[9] El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un establecimiento público colombiano que ofrece formación gratuita para el trabajo técnico y operativo.

[10] El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) es el ente encargado del desarrollo y la protección de los menores de edad y de las familias.

[11] Un impuesto plurifásico se aplica en todas o varias fases del proceso productivo desde la producción hasta el consumo.

[12] https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11684-impuestos-por-que-tantas-reformas-y-tantos-subterfugios.html

[13] https://cut.org.co/la-cut-y-la-cpc-no-firmamos-acuerdo-del-salario-minimo/

Julie Paola Tibocha Avellaneda

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: CELAG, 19 de febrero de 2019