Ecuador se encamina a la segunda vuelta electoral, el 13 de abril, en el marco de una deriva militarista por parte del gobierno nacional. El asesinato de cuatro adolescentes afrodescendientes de Guayaquil a manos de militares revela un trasfondo m\u00e1s amplio, marcado por el estado de excepci\u00f3n y la impunidad.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan el cap\u00edtulo Ecuador de la encuesta regional \u00abParticipaci\u00f3n pol\u00edtica de las juventudes en Am\u00e9rica Latina\u00bb<\/a> de la Fundaci\u00f3n Friedrich Ebert (FES), en el pa\u00eds siete de cada diez j\u00f3venes de entre 15 y 35 a\u00f1os han dejado de \u00abir a plazas y parques\u00bb (69%) o de \u00abusar transporte p\u00fablico\u00bb (67%) por miedo a la violencia. A su vez, 60% de las personas encuestadas afirmaron haberse abstenido de \u00abasistir a actividades culturales o deportivas\u00bb en los \u00faltimos dos a\u00f1os. Tal defecci\u00f3n del espacio p\u00fablico es mayor entre clases altas y medias que en los estratos populares. El encierro no parece una opci\u00f3n para estos sectores. En Guayaquil, la carencia de espacios recreacionales atraviesa las zonas perif\u00e9ricas de la ciudad<\/a>.<\/span><\/p>\n Precisamente, los cuatro adolescentes afroecuatorianos desaparecidos el 8 de diciembre de 2024 salieron ese d\u00eda de su barrio, Las Malvinas, a jugar un partido en el sur de la urbe y no retornaron m\u00e1s. El f\u00fatbol era su pasi\u00f3n y lo ve\u00edan como una v\u00eda para sortear la precariedad. En una sociedad en la que las oportunidades para los afrodescendientes -aproximadamente 7% del total de la poblaci\u00f3n, aunque la cifra es discutida<\/a>– apenas se han ampliado en 45 a\u00f1os de democracia, el f\u00fatbol aparece en la tensi\u00f3n entre fr\u00e1giles proyectos de movilidad, formas de naturalizaci\u00f3n de las aptitudes deportivas de sus cuerpos y artefacto de legitimaci\u00f3n de las desigualdades<\/a>. Sobre estos espacios de marginaci\u00f3n, la violencia se ha desplegado con la mayor brutalidad en estos a\u00f1os. En particular, apenas el presidente Daniel Noboa declar\u00f3 la existencia de un \u00abconflicto armado no internacional\u00bb el 9 enero de 2024, arreciaron las denuncias de abusos militares<\/a> contra j\u00f3venes empobrecidos y racializados. El decreto encarg\u00f3 al Ej\u00e9rcito el restablecimiento del orden y el combate a las \u00aborganizaciones terroristas\u00bb. <\/span><\/p>\n As\u00ed, como en m\u00faltiples casos, el perfilamiento racial de Steven Medina (11 a\u00f1os), Sa\u00fal Arboleda (15 a\u00f1os) y los hermanos Josu\u00e9 (14 a\u00f1os) e Ismael Arroyo (15 a\u00f1os) por parte de un grupo de militares est\u00e1 en el origen de su detenci\u00f3n arbitraria y posterior desaparici\u00f3n forzada, tortura y asesinato. En un pa\u00eds con m\u00e1s de 23.000 homicidios intencionales desde 2020, que cerr\u00f3 2024 con el mayor n\u00famero de homicidios en la regi\u00f3n (39 por cada 100.000 habitantes), ning\u00fan otro episodio en lo que va del siglo ha generado igual conmoci\u00f3n que el de \u00abLos cuatro de Las Malvinas\u00bb. <\/span><\/p>\n La sociedad a\u00fan procesa no solo el abominable asesinato m\u00faltiple, sino la indiferencia del poder pol\u00edtico ante el caso y los intentos del m\u00e1s alto nivel de encubrir a los responsables. Ante la crueldad oficial, y a pesar de las operaciones de estigmatizaci\u00f3n y acoso en su contra, las familias de los j\u00f3venes asesinados, colectivos afro y organizaciones de derechos humanos ganaron el espacio p\u00fablico para exigir al Estado verdad, justicia y reparaci\u00f3n. Un emergente tejido asociativo rasg\u00f3 as\u00ed la credibilidad de la \u00abguerra interna\u00bb que, a trav\u00e9s de la militarizaci\u00f3n de la seguridad y m\u00e1s all\u00e1 de sus magros resultados, supo apuntalar la imagen del presidente Noboa<\/a> de cara a las elecciones de 2025 y dio incluso cierto barniz de legitimidad al bloque de poder diezmado tras la sombr\u00eda salida anticipada del cargo de de Guillermo Lasso<\/a>\u00a0en mayo de 2023.<\/span><\/p>\n Ante la creciente demanda de un \u00abhombre fuerte\u00bb que gestione la crisis, la escenificaci\u00f3n guerrerista dio entidad pol\u00edtica a un presidente que se encontr\u00f3 con el poder y que hizo de ella el motor de su ejercicio gubernativo. Ni la serie de denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y otros abusos de la fuerza p\u00fablica, ni los evidentes l\u00edmites de esa estrategia de seguridad han fisurado el proyecto belicista de Daniel Noboa, de 37 a\u00f1os e hijo del magnate bananero \u00c1lvaro Noboa. La intervenci\u00f3n de las Fuerzas Armadas para blindar su campa\u00f1a por la reelecci\u00f3n -el actual mandatario fue elegido en 2023 para completar el periodo de Lasso- deja claro que, de triunfar, la pol\u00edtica de guerra continuar\u00e1 traccionando, y a mayor escala, el conjunto de la acci\u00f3n estatal. A modo de actos proselitistas, de hecho, Noboa anunci\u00f3 hace poco la contrataci\u00f3n de Blackwater, empresa de mercenarios con condenas internacionales<\/a>, y la instalaci\u00f3n de una base militar de Estados Unidos en Gal\u00e1pagos, y se reuni\u00f3 en privado en Miami con Donald Trump para reforzar la cooperaci\u00f3n en seguridad. As\u00ed, entre la oferta de una violencia extrema y la indiferencia ante las violaciones de los derechos humanos, el presidente encara el balotaje con la candidata del corre\u00edsmo, Luisa Gonz\u00e1lez<\/a> (Revoluci\u00f3n Ciudadana), sin l\u00edmites a su dominio. El expediente de los adolescentes de Guayaquil ilumina la naturaleza de tal poder\u00edo y sus impactos en los comicios.<\/span><\/p>\n En el \u00faltimo registro con vida<\/a> que queda de los j\u00f3venes, estos estaban siendo sometidos y humillados por una patrulla de 16 hombres de la Fuerza A\u00e9rea Ecuatoriana. La presi\u00f3n para que el gobierno otorgue pistas sobre su desaparici\u00f3n pas\u00f3 de boca de sus familias y organizaciones de derechos humanos a las redes sociales, las calles y los actores pol\u00edticos. En su primera reacci\u00f3n, tras dos semanas de las denuncias, el Bloque de Seguridad del gobierno neg\u00f3 la participaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en los hechos, inculp\u00f3 a los grupos del crimen organizado y dijo que los j\u00f3venes hab\u00edan sido detenidos mientras delinqu\u00edan. <\/span><\/p>\n El Ministro de Defensa e instructor antiterrorista cerr\u00f3 la alocuci\u00f3n<\/a> ce\u00f1ido al gui\u00f3n oficial que coloca a sus cr\u00edticos como enemigos internos: \u00abcalificar desde lo pol\u00edtico este lamentable hecho como una desaparici\u00f3n forzada es hacerle el juego al crimen organizado\u00bb. No era la primera vez que las denuncias por violaciones de derechos humanos se retrataban como acciones politizadas propias del bando criminal. D\u00edas m\u00e1s tarde (el 23 de diciembre), Noboa dijo que declarar\u00eda \u00abh\u00e9roes nacionales\u00bb a los j\u00f3venes. \u00bfIba a honrar a quienes su gobierno acusaba de delincuentes? \u00bfSab\u00eda ya el desenlace de los hechos y por eso compensar\u00eda a las v\u00edctimas con el estipendio establecido en la Ley de H\u00e9roes? \u00bfQuer\u00eda callar las denuncias? Se anticipaba lo peor.<\/span><\/p>\n La Fiscal\u00eda General esper\u00f3, no obstante, hasta el 31 de diciembre para confirmar que, seg\u00fan las pruebas forenses, los cuatro cuerpos calcinados encontrados d\u00edas antes cerca de la Base A\u00e9rea de Taura correspond\u00edan a los menores desaparecidos. El cuadro quedaba m\u00e1s claro: tras su arbitraria aprehensi\u00f3n (la justicia dijo que no delinquieron), los muchachos fueron incomunicados y conducidos fuera de Guayaquil. M\u00e1s tarde, continuaron las torturas y finalmente fueron asesinados, y sus cuerpos fueron incinerados -para desvanecer evidencia- y luego ocultados cerca de predios militares en una zona rural. Dijo uno de los padres tras el reconocimiento de los cad\u00e1veres<\/a>: \u00abPor sus callos, sus juanetes de pie de futbolista [pude] distinguirlo, porque la cabeza tampoco estaba\u00bb. <\/span><\/p>\n La crueldad nombra una violencia desbordada. Seg\u00fan los militares, los adolescentes fueron liberados con vida en una carretera a medianoche y all\u00ed fueron capturados por alguna banda. Un testigo los vio golpeados y semidesnudos. Para el Comit\u00e9 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, \u00abla narrativa sobre la participaci\u00f3n del crimen organizado<\/a> [crea] un chivo expiatorio para desviar la atenci\u00f3n\u00bb. El informe de la autopsia, reci\u00e9n presentado a fines de marzo, afirma la existencia de <\/span>impactos de bala por disparos en la cabeza<\/span>\u00a0mientras estaban de espaldas y de rodillas.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Tras la orden de prisi\u00f3n preventiva (31 de diciembre de 2024) por delito de desaparici\u00f3n forzosa para los 16 implicados, y luego del h\u00e1beas corpus a favor de los padres que se\u00f1al\u00f3 \u00abresponsabilidad estatal\u00bb, se multiplicaron los intentos del bando militar de desvirtuar las investigaciones y perturbar las audiencias. Se ha intimidado a familiares, a testigos y a las magistradas que conducen el proceso. Los militares act\u00faan desde una posici\u00f3n de fuerza e impunidad enraizada en la nula disposici\u00f3n civil a ejercer los controles que le corresponden y en la vigencia de un estado de excepci\u00f3n permanente justificado en la figura del \u00abconflicto interno\u00bb. Tal discrecionalidad se redobl\u00f3 con la consulta popular de abril de 2024<\/a> que reform\u00f3 la Carta Magna para que el apoyo de los militares a la Polic\u00eda en tareas de seguridad interna no requiera una declaratoria de excepcionalidad: 72% del electorado respald\u00f3 la reforma propuesta por el Ejecutivo. As\u00ed, la militarizaci\u00f3n de la seguridad perdi\u00f3 car\u00e1cter extraordinario y entr\u00f3 al cuerpo constitucional. La guerra remodela los \u00f3rdenes estatales.<\/span><\/p>\n Bajo este r\u00e9gimen, el CDH\u00a0ha documentado<\/a> 16 casos de desaparici\u00f3n forzada en 2024. Se trata de 27 personas desaparecidas, 9 menores de edad, tras operaciones militares cuyo patr\u00f3n de intervenci\u00f3n combina ingresos a domicilios particulares sin orden judicial; detenciones aleatorias; uso excesivo de fuerza contra detenidos y familiares; irrespeto a los protocolos para tratamiento de menores de edad y humillaciones, entre otros. A la vez, el entorno de los desaparecidos denuncia la obstrucci\u00f3n sistem\u00e1tica de sus denuncias en el sistema judicial. <\/span><\/p>\n En el caso de \u00ablos cuatro de Guayaquil\u00bb, no solo el escuadr\u00f3n militar guard\u00f3 informaci\u00f3n por semanas luego de las denuncias por la desaparici\u00f3n, sino que, dado el esc\u00e1ndalo en v\u00edsperas de la primera vuelta electoral, se implicaron directamente el ministro de Defensa, el Comando Conjunto y hasta el presidente -con su nula exigencia de cuentas a su gabinete de seguridad-. No ser\u00eda ese el escenario propicio para que, como esperan los abogados de las familias de los j\u00f3venes, la justicia abra un nuevo expediente por \u00abejecuci\u00f3n extrajudicial\u00bb<\/a>, adem\u00e1s de aquel por \u00abdesaparici\u00f3n forzada\u00bb. Otras voces hablan de crimen de Estado<\/a>. <\/span><\/p>\n Con la invasi\u00f3n de la fuerza p\u00fablica a la Embajada de Ecuador en M\u00e9xico, ordenada por Noboa para detener al ex-vicepresidente Jorge Glas, qued\u00f3 claro que el presidente no calibra sus decisiones guardando apariencia de respeto a normas de cualquier \u00edndole. Es improbable entonces que hacia adelante pueda verse persuadido por los diversos organismos internacionales -ver, por ejemplo, el pronunciamiento<\/a> de la\u00a0 <\/span>Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que exigen al Estado claridad sobre la participaci\u00f3n militar en la desaparici\u00f3n y asesinato de los j\u00f3venes de Guayaquil. Es m\u00e1s, cuando en mayo de 2024 Human Rights Watch denunci\u00f3 las violaciones de derechos humanos en Ecuador, el viceministro de gobierno, Esteban Torres, rechaz\u00f3 el reporte<\/a> recurriendo al relato conspiranoico de la extrema derecha global sobre la cercan\u00eda entre George Soros y organizaciones civiles: \u00abAtr\u00e1s de esa ONG est\u00e1 Soros, que promueve en todo el mundo la desorganizaci\u00f3n de las sociedades y la\u00a0 <\/span>penetraci\u00f3n de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos\u00bb. Ya era abierto ah\u00ed el desprecio del gobierno por los derechos humanos y el se\u00f1alamiento de sus defensores como \u00abprotectores de bandidos\u00bb.<\/span> <\/span><\/p>\n En una de sus dos alusiones al crimen de Guayaquil, el presidente dijo en X que \u00abno habr\u00eda impunidad\u00bb. Oficial y oficiosamente, empero, el gobierno no ha cesado de desestabilizar las investigaciones y desprestigiar a los querellantes. Se combinan all\u00ed tres l\u00edneas de acci\u00f3n -negacionismo de los hechos, amenazas a jueces y estigmatizaci\u00f3n racista de las v\u00edctimas y sus entornos-, sostenidas en el t\u00e1cito acuerdo de impunidad del eje c\u00edvico-militar y su capacidad intimidatoria. Como arma pol\u00edtica de primer orden, el miedo compone, en palabras de Rita Segato, una \u00abpedagog\u00eda de la crueldad<\/a>\u00bb que, al normalizar la usual violencia del Estado, ataca las v\u00edas de politizaci\u00f3n del dolor y busca desterrar todo signo de sensibilizaci\u00f3n con el sufrimiento de los otros. Noboa nunca dio condolencias p\u00fablicas, no ofreci\u00f3 apoyo a las familias ni mostr\u00f3 alguna consternaci\u00f3n por el caso.<\/span><\/p>\n Despu\u00e9s de negar la participaci\u00f3n militar en el episodio e inculpar al crimen organizado, las Fuerzas Armadas han insistido en que se trataba de j\u00f3venes que delinqu\u00edan. Ante el se\u00f1alamiento de que la aprehensi\u00f3n fue irregular, aludieron a \u00aberrores de procedimiento\u00bb. A la vez, sin disimular el estereotipo racial que invocaba, la defensa de los militares explic\u00f3 dichos \u00abyerros\u00bb diciendo que \u00abno parec\u00edan ni\u00f1os\u2026 uno era muy alto\u00bb. La adultizaci\u00f3n<\/em> ha sido identificada como raz\u00f3n de la discriminaci\u00f3n, violencia y disciplina excesiva que soportan j\u00f3venes afro en diversos contextos. Hace parte adem\u00e1s de una ideolog\u00eda justificatoria de la explotaci\u00f3n de sus cuerpos percibidos como amenazantes<\/a> pues contradicen la \u00abnormalidad\u00bb en materia de infancia y g\u00e9nero. La desposesi\u00f3n de los ni\u00f1os afro de su condici\u00f3n de tales, sobre la base de atribuciones racistas sobre corporalidades bajo sospecha, les resta toda protecci\u00f3n en contextos de violencia reforzada como el que vive el pa\u00eds. Aquello es m\u00e1s dram\u00e1tico cuando, como lo admiti\u00f3 uno de los oficiales arrestados, los militares desconocen los protocolos<\/a> a seguir en sus patrullajes: \u00abSalimos a la calle por orden de arriba, no porque estamos capacitados\u00bb. \u00abArriba\u00bb, sin embargo, tampoco hay claridad. Distintos marcos y \u00f3rdenes se yuxtaponen en la conducci\u00f3n de la \u00abguerra\u00bb. Si el derecho internacional humanitario rige en un \u00abconflicto armado interno\u00bb -para proteger a quienes no intervienen en las confrontaciones-, el enmarcado antiterrorista del gobierno autoriza una violencia indiscriminada contra difusos enemigos internos. Nadie sabe bien qu\u00e9 distingue a la \u00abdelincuencia com\u00fan\u00bb de las \u00abbandas criminales\u00bb. De hecho, en agosto de 2024 Noboa dispuso actualizar los manuales operativos de la Ley sobre el Uso Leg\u00edtimo de la Fuerza que permite abrir fuego incluso en situaciones de amenaza delictual simple. Parad\u00f3jicamente, esa ley se\u00f1ala que no rige para las Fuerzas Armadas en caso de \u00abconflicto interno\u00bb \u00a0(art\u00edculo 2). Para un ex-comandante del Ej\u00e9rcito, la ambig\u00fcedad del comando pol\u00edtico del conflicto<\/a> hace que los militares no tengan un r\u00e9gimen al que ce\u00f1irse. <\/span><\/p>\n Precisamente, cuando la justicia determin\u00f3 el caso como una desaparici\u00f3n forzada bajo responsabilidad del Estado, alud\u00eda a errores y omisiones en el comando de las operaciones de \u00abguerra\u00bb y no solo a \u00abexcesos\u00bb de la tropa. Tras la sentencia, el gobierno arranc\u00f3 una nueva ofensiva. Con apoyo de trolls<\/em> e influencers<\/em>, instal\u00f3 la tesis de que no cabe indulgencia con menores de edad pues esa condici\u00f3n facilita la impunidad de los il\u00edcitos en que son involucrados. <\/span>El primer debate presidencial reprodujo esta tesis al indagar si cabe juzgar a menores delincuentes como adultos<\/a>. <\/span><\/span><\/p>\n Se justificaba as\u00ed el crimen de los j\u00f3venes de Las Malvinas desde una gram\u00e1tica penal contraria a la protecci\u00f3n especial a ni\u00f1os y adolescentes y que procura mayores sanciones para ellos. La idea, usual en la regi\u00f3n, ha ganado eco en Ecuador con la recurrente pr\u00e1ctica de reclutamiento<\/a>\u00a0de menores por el crimen organizado. Eliminar los beneficios penales de tales categor\u00edas, sostiene el relato punitivista, desincentivar\u00eda a las bandas a engancharlos. El reclutamiento forzado concierne, no obstante, territorios de marginamiento y debacle de los servicios p\u00fablicos. En tal vac\u00edo estatal los grupos del crimen organizado toman control del espacio y afirman t\u00e9cnicas extorsivas sobre las familias mientras proveen recursos y \u00abprotecci\u00f3n\u00bb a los j\u00f3venes<\/a>. Hay ya reportes de desplazamiento forzado interno en barrios dominados por las bandas y donde adolescentes afro cambian de domicilio para evitar su captura por aquellas o por la polic\u00eda. Un caso emblem\u00e1tico es el de Socio Vivienda 2<\/a>, Guayaquil, donde el 6 de marzo de 2025 -en plena campa\u00f1a- se registr\u00f3 una masacre con m\u00e1s de 22 personas muertas. Seg\u00fan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la tasa de homicidios de menores creci\u00f3 604% entre 2019 y 2023<\/a>. Escenarios de juvenicidio<\/em> no solo aluden a la constante eliminaci\u00f3n de j\u00f3venes, sino a una condici\u00f3n l\u00edmite en la que determinados procesos de precarizaci\u00f3n y estigmatizaci\u00f3n identitaria facultan el sacrificio de ciertas vidas. El triple negacionismo oficial del caso\u00a0-\u00abno fuimos nosotros (Fuerzas Armadas)\u00bb, \u00abno es delito apresar delincuentes\u00bb, \u00abno eran ni\u00f1os\u00bb- sit\u00faa a los j\u00f3venes excluidos y racializados en una zona de sacrificio. <\/span><\/p>\n Tras aludir a la condecoraci\u00f3n a los menores, Noboa solo se refiri\u00f3 al caso obligado por el debate presidencial del 19 de enero de 2025. Uno de sus contrincantes le pregunt\u00f3 si sab\u00eda el nombre de los adolescentes asesinados<\/a> y lo conmin\u00f3 a \u00abpedir disculpas\u00bb. No lo hizo. No era la primera vez, sin embargo, que el presidente hab\u00eda mostrado absoluta frialdad y desapego ante los males de la Rep\u00fablica.<\/span><\/p>\n As\u00ed, en medio del clamor por localizar a los adolescentes, Noboa public\u00f3 en sus redes, el 29 de diciembre,\u00a0sus nuevos tatuajes de cuatro aves f\u00e9nix<\/a> realizados por un tatuador de Hollywood. Los representan a \u00e9l en tiempos dif\u00edciles y a sus hijos que siguen el ejemplo de quien \u00abcae, se levanta y contin\u00faa\u00bb, poste\u00f3 en Instagram. Plan F\u00e9nix es como el gobernante denomina a su estrategia de seguridad. Si bien no se han conocido detalles del plan, desde la \u00abdeclaratoria de guerra\u00bb\u00a0qued\u00f3 claro que el asedio a j\u00f3venes habitantes de \u00abzonas rojas\u00bb es una de sus aristas. Las primeras im\u00e1genes virales del despliegue militar mostraban decenas de operativos<\/a> de perfilamiento racial seguidos del sometimiento y agresi\u00f3n a \u00absospechosos\u00bb. Como el presidente, muchos portaban el tatuaje de alg\u00fan animal. Aquello reforzaba el estigma delincuencial (las mayores bandas organizadas tienen como s\u00edmbolo animales salvajes) que, a ojos de militares y polic\u00edas, ya les confer\u00eda su apariencia y color de piel. De inmediato creci\u00f3 la demanda por borrar tales marcas<\/a>. Con su muestra hollywoodense de fin de a\u00f1o, Noboa mostraba su indiferencia con el caso y remarcaba las jerarqu\u00edas de clase, g\u00e9nero y raza que, en tiempos de guerra, autorizan solo a determinados cuerpos a circular p\u00fablicamente. Otra fotograf\u00eda en festejos playeros junto a su esposa circul\u00f3 el 1 de enero mientras en Las Malvinas ten\u00eda lugar el cortejo f\u00fanebre transformado en verdadero acto de resistencia de la comunidad<\/a>. En medio de la herida colectiva, con la exhibici\u00f3n de su cuerpo reluciente entre tatuajes y fiestas, Noboa elevaba el espect\u00e1culo de la crueldad al escal\u00f3n m\u00e1s alto de la desvinculaci\u00f3n<\/a>, la negaci\u00f3n del dolor ajeno y la necesidad de ritualizar la muerte.<\/span><\/p>\n En enero de 2025 se cumpli\u00f3 el plazo que dio la justicia a la cartera de Defensa para que ofrezca disculpas a los familiares de Ismael, Josu\u00e9, Sa\u00fal y Steven. El ministro aprovech\u00f3 la ocasi\u00f3n para intimidar a la jueza que dictamin\u00f3 la sentencia<\/a>. Denunci\u00f3 incluso acoso a los militares: \u00abSe\u00f1ora jueza, he cumplido con lo que dispuso a pesar de que llegaremos hasta las \u00faltimas consecuencias para que se sancione su actuaci\u00f3n<\/em>\u2026 no permitir\u00e9 que esto se utilice para arrodillar a las Fuerzas Armadas\u2026 debe investigarse la narrativa de derechos humanos\u00a0<\/em>como instrumento de persecuci\u00f3n<\/em>\u00bb. A los gritos, el gobierno invert\u00eda las cargas, tomaba el lugar de v\u00edctima y representaba a los adolescentes como puro instrumento de una ofensiva en su contra. En la reiteraci\u00f3n del embate directo contra las organizaciones defensoras de derechos y en el desprecio por las mediaciones dise\u00f1adas para mantener la violencia a distancia, la crueldad toma forma pol\u00edtica<\/a>. El enemigo interno se extiende all\u00ed a todos los planos. En esos d\u00edas las granjas oficiales suger\u00edan que en el cortejo barrial de \u00ablos cuatro de Guayaquil\u00bb se escucharon disparos y se usaron motos como en los funerales narco, lo que fue puesto en cuesti\u00f3n<\/a> por algunos medios cr\u00edticos. El tejido vecinal, comunitario y asociativo que sostuvo la denuncia quedaba bajo sospecha.<\/span> <\/span><\/p>\n D\u00edas antes de la amenazante disculpa del ministro de Defensa, el Comando Conjunto se arrog\u00f3 funciones de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica para dejar sentado su alineamiento<\/a> con el decreto en que Noboa design\u00f3 a una nueva vicepresidenta, tras el desplazamiento ilegal de la vicepresidenta Ver\u00f3nica Abad<\/a>. <\/span><\/p>\n Esto es especialmente relevante en \u00e9poca electoral, pues seg\u00fan la Carta Magna quien ocupe ese cargo de elecci\u00f3n popular reemplaza al presidente en su ausencia. Tal cosa deb\u00eda suceder desde el 5 de enero -inicio del periodo electoral- ya que, para garantizar igualdad entre las candidaturas y evitar usos proselitistas de recursos p\u00fablicos, la ley establece que quienes opten por la reelecci\u00f3n inmediata al mismo cargo deben tomar licencia sin remuneraci\u00f3n desde el inicio de campa\u00f1a. El gobierno, no obstante, puso en duda la prescripci\u00f3n y habl\u00f3 de la no necesidad de acatarla<\/a>, pues sus candidatos no har\u00edan proselitismo. Finalmente, en franco desacato, Noboa entr\u00f3 y sali\u00f3 de campa\u00f1a bajo la figura de licencias por d\u00edas. En su \u00abausencia\u00bb, lo reemplaz\u00f3 la vicepresidenta nombrada por \u00e9l, no la elegida en 2023 como parte del binomio presidencial. As\u00ed, entre el silencio y las tard\u00edas resoluciones de la Corte Constitucional y los \u00f3rganos electorales y el rechazo del arco pol\u00edtico, las Fuerzas Armadas blindaron el arranque de la campa\u00f1a del candidato-presidente. <\/span><\/p>\n Aunque diversos sectores interpretan la entente de Noboa y los militares como un puntual \u00abintercambio de favores\u00bb para navegar la crisis por el caso de los \u00abcuatro de Las Malvinas\u00bb, desde 2018, durante el gobierno de Len\u00edn Moreno (2017-2021), militares y polic\u00edas ganaron centralidad en la gobernabilidad del nuevo ciclo estatal. <\/span><\/p>\n Desde entonces, junto con el control de las operaciones en territorio -relegando a la Polic\u00eda como fuerza auxiliar-, las Fuerzas Armadas han amplificado su voz como actores pol\u00edticos. Deliberantes en diversas coyunturas y proyect\u00e1ndose como \u00e1rbitros del conflicto entre civiles, han intervenido incluso directamente en los recientes comicios emitiendo opiniones sobre las candidaturas inc\u00f3modas para el poder y arrog\u00e1ndose funciones de control. <\/span><\/p>\n Ya en la consulta popular de 2024 se hizo visible un sistema de informaci\u00f3n electoral paralelo<\/a> en manos de las Fuerzas Armadas. El informe de Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA)<\/a> sobre la primera vuelta de 2025 refiere al asunto e insta a que los oficiales no fotograf\u00eden las actas de escrutinio, pues esa pr\u00e1ctica excede sus facultades institucionales. Hacia el segundo turno, no obstante, el Bloque de Seguridad del gobierno consigui\u00f3 que el Consejo Nacional Electoral (CNE) prohibiera que la ciudadan\u00eda sufrague con celular<\/a> en mano para que no haga p\u00fablico su voto. La decisi\u00f3n responde a una denuncia que lanzara Noboa, sin pruebas, sobre supuestas extorsiones de grupos criminales para forzar el voto por Luisa Gonz\u00e1lez. La transparencia del balotaje est\u00e1 en duda. La misi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea ya ha manifestado su preocupaci\u00f3n al respecto<\/a>.<\/span><\/p>\n La inocultable\u00a0repolitizaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas<\/a>\u00a0acompa\u00f1a la crisis de legitimidad de una elite cuya permanencia en el poder es ya indisociable no solo de los usuales pliegues del neoliberalismo autoritario, sino tambi\u00e9n del recurso abierto a la guerra y la violencia como reguladores de lo social, artefactos de disciplinamiento a trav\u00e9s del miedo, y palancas de acumulaci\u00f3n<\/a> y control de territorios.\u00a0<\/span><\/p>\n Hundir la causa de los \u00abcuatro de Las Malvinas\u00bb no es entonces solo un modo de encubrir al bando militar y a los comandos civiles en los tribunales. Concierne la preservaci\u00f3n del \u00abconflicto armado interno\u00bb como terreno de excepci\u00f3n para reproducir los \u00f3rdenes estatales que, mientras se dislocan de las grandes necesidades sociales, sostienen los engarces pol\u00edtico-financieros que conectan econom\u00edas autorizadas y criminales<\/a> supuestamente perseguidas. El contraste entre los miles de operativos<\/a> de seguridad en zonas marginadas y racializadas (65.000 presos hasta noviembre de 2024) y el desinter\u00e9s por consolidar estructuras de seguimiento del blanqueo de capitales<\/a> pone de manifiesto la selectiva permisividad de las intervenciones estatales, que la guerra busca ocultar. <\/span><\/p>\n Aunque a\u00fan es borrosa la cuadratura de poder para desarmar la pol\u00edtica de guerra -incluso si Revoluci\u00f3n Ciudadana vuelve al poder- las demandas de sus principales v\u00edctimas ya alcanzaron al arco partidario y alimentan las opciones del cambio: la Asamblea Popular Plurinacional<\/a> sell\u00f3 el respaldo de la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas del Ecuador (CONAIE), el Movimiento Pachakutik y las izquierdas a Luisa Gonz\u00e1lez y reinvidic\u00f3 la derogatoria del decreto de \u00abguerra interna\u00bb<\/a>. Un primer paso est\u00e1 dado.<\/span><\/p>\n Franklin Ramirez Gallego<\/span><\/p>\n Fuente: Nueva Sociedad<\/a>\/ X Revista Nuso<\/a>, 11 de abril de 2025<\/span><\/p>\nDesaparici\u00f3n forzada, ejecuci\u00f3n extrajudicial<\/strong><\/span><\/h3>\n
Negacionismo y pol\u00edtica de la crueldad<\/strong><\/span><\/h3>\n
Militarizaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h3>\n