{"id":67430,"date":"2024-06-14T10:36:49","date_gmt":"2024-06-14T10:36:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lapluma.net\/?p=67430"},"modified":"2024-06-15T16:21:33","modified_gmt":"2024-06-15T16:21:33","slug":"67430","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/2024\/06\/14\/67430\/","title":{"rendered":"Tribunal gringo condena\u00a0 la bananera Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia"},"content":{"rendered":"

El resultado del juicio civil realizado en la Florida, que fall\u00f3 a favor de ocho demandantes, marca la pauta para m\u00e1s v\u00edctimas que buscan justicia por el asesinato de seres queridos a manos del narcoparamilitarismo, que fue financiado por la multinacional bananera. El fallo acelerar\u00e1 reparaci\u00f3n de miles de v\u00edctimas<\/span><\/p>\n

Ocho familias de personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) encontraron algo de justicia el pasado 10 de junio con el veredicto que determin\u00f3 la responsabilidad civil de Chiquita Brands International por haber financiado al grupo paramilitar en Colombia. Se abre una ventana para muchas m\u00e1s v\u00edctimas del Urab\u00e1 antioque\u00f1o y la zona bananera de Magdalena.<\/span><\/p>\n

En la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, el jurado les otorg\u00f3 a ocho demandantes un total de 38,5 millones de d\u00f3lares luego de determinar que se prob\u00f3, irrefutablemente, que Chiquita le dio \u201casistencia sustancial\u201d a las AUC en la forma de pagos en efectivo u otras formas de apoyo, y que esa asistencia \u201ccre\u00f3 un riesgo previsible de da\u00f1o a otras personas, incluyendo los familiares de (los) demandantes\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

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El jurado tambi\u00e9n determin\u00f3 que Chiquita no pudo probar que su apoyo a las AUC fue el resultado de un da\u00f1o inminente a la empresa o sus empleados. Es decir, que no se trat\u00f3 del pago de extorsiones a \u2018vacunas\u2019.<\/span><\/p>\n

\u201cNuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir que se haga justicia en contra de Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos\u201d<\/em>, dijo la abogada Agnieszka Fryszman, de la firma de Cohen Milstein, que represent\u00f3 a varios de los demandantes.<\/span><\/p>\n

Marco Simons, director jur\u00eddico de la oeneg\u00e9 EarthRights International, que represent\u00f3 a otro de los demandantes, celebr\u00f3 las decisiones del jurado. \u201cEste veredicto env\u00eda un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedar\u00e1n impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial\u201d.<\/span><\/p>\n

En un comunicado Chiquita dijo que apelar\u00e1 el veredicto. \u201cLa situaci\u00f3n en Colombia fue tr\u00e1gica para tantos, incluyendo los que fueron afectados directamente por la violencia all\u00e1. Sin embargo, eso no cambia nuestra convicci\u00f3n de que no hay ninguna base legal para estas demandas\u201d<\/em>, dijo la empresa un d\u00eda despu\u00e9s de que se conociera la decisi\u00f3n del jurado.<\/span><\/p>\n

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Entre los demandantes representados en el juicio estaba una mujer que, cuando ten\u00eda apenas 10 a\u00f1os, presenci\u00f3 el asesinato de su madre y padrastro a manos de los paramilitares quienes estaban presionando para que la familia vendiera su finca. Tambi\u00e9n estaban familiares del trabajador bananero David Gonz\u00e1lez que en 1997 fue bajado de un bus por hombres de las AUC y asesinado; su cu\u00f1ada e hija luego fueron v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada.<\/span><\/p>\n

Simons dijo que el veredicto podr\u00e1 marcar la pauta para las 4.500 v\u00edctimas adicionales que han demandado a Chiquita. \u201cEs posible que las decisiones del jurado en este caso ayudar\u00e1n a agilizar juicios futuros\u201d<\/em>, dice Simons. \u201cTambi\u00e9n es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

Simons recalca que ese tipo de acuerdo es la forma m\u00e1s com\u00fan en que se resuelven casos civiles con miles de demandantes. \u201cPuede haber uno, dos o varios juicios representativos y, basado en los resultados de esos juicios, las partes se juntan para un acuerdo general para resolver el resto de las demandas\u201d, dice, aunque anota que esa soluci\u00f3n podr\u00eda tomar bastante tiempo.<\/span><\/p>\n

El pr\u00f3ximo juicio representativo contra Chiquita est\u00e1 por comenzar el 15 de julio con 10 demandantes.<\/span><\/p>\n

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Gran alcance en materia de derechos humanos<\/span><\/h5>\n

La abogada colombiana y consultora jur\u00eddica, Tatiana Devia, quien acompa\u00f1\u00f3 el proceso, dijo que el fallo hist\u00f3rico tiene implicaciones de gran alcance para los derechos humanos en el mundo. \u201cFortalece el marco internacional de derechos humanos al mostrar que las victimas s\u00ed pueden buscar justicia y reparaci\u00f3n a trav\u00e9s de los sistemas legales, incluso contra entidades empresariales poderosas\u201d<\/em>, dijo en una rueda de prensa un d\u00eda despu\u00e9s de finalizar el juico.<\/span><\/p>\n

\u201cEste veredicto env\u00eda un mensaje claro a las empresas a nivel global de que el lucro no puede justificar la complicidad en abusos de los derechos humanos, la financiaci\u00f3n de grupos armados, y la colaboraci\u00f3n con los actores que cometen las atrocidades tan graves\u201d<\/em>, dijo Devia, agregando que establece un precedente importante.<\/span><\/p>\n

En el juicio, que comenz\u00f3 a finales de abril, hubo nueve demandantes en total, pero el jurado s\u00f3lo encontr\u00f3 responsabilidad de Chiquita en ocho de ellos. En el noveno caso el jurado determin\u00f3 que no se prob\u00f3 con evidencia suficiente la relaci\u00f3n entre el asesinato de la v\u00edctima y las AUC.<\/span><\/p>\n

Durante el juicio, testificaron ante el jurado familiares de las personas asesinadas y varios exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso; \u00c9ver Veloza, alias \u2018HH\u2019; y Ra\u00fal Hasb\u00fan, conocido como \u2018Pedro Bonito\u2019. Tambi\u00e9n declararon varios exejecutivos de Chiquita.<\/span><\/p>\n

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Espera de 17 a\u00f1os<\/span><\/h5>\n

Este proceso se remonta a 2007, cuando un grupo de v\u00edctimas present\u00f3 una serie de demandas en tribunales estadounidenses porque la multinacional financi\u00f3 a grupos paramilitares en la regi\u00f3n del Urab\u00e1 antioque\u00f1o. EarthRights International en coordinaci\u00f3n con varios bufetes de abogados, lidera ese proceso que agrupa a 3.000 v\u00edctimas del paramilitarismo.<\/span><\/p>\n

Al a\u00f1o siguiente, un \u201cpanel judicial\u201d<\/em>, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, orden\u00f3 que varios casos se consolidaran en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.<\/span><\/p>\n

En los a\u00f1os siguientes se dieron varios ires y venires en la demanda, pues Chiquita Brands pidi\u00f3 que se desestimara porque deb\u00eda ser juzgado en Colombia y porque esa corte se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00edan pruebas suficientes para establecer que las AUC hubieran asesinado a las v\u00edctimas cuyos casos hac\u00edan parte del expediente.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el proceso se desatasc\u00f3 en 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Und\u00e9cimo Circuito, revoc\u00f3 el fallo que exclu\u00eda documentaci\u00f3n de Justicia y Paz \u2013el sistema de justicia transicional en el que paramilitares desmovilizados confesaron sus cr\u00edmenes\u2013, determinando que hab\u00eda pruebas suficientes sobre la participaci\u00f3n de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.<\/span><\/p>\n

As\u00ed se dio apertura al juicio que acaba de concluir, que seleccion\u00f3 a nueve casos representativos del total del universo de v\u00edctimas que reclamaron justicia en esa corte.<\/span><\/p>\n

La historia de los aportes a las AUC<\/span><\/h5>\n

Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la regi\u00f3n del Urab\u00e1 antioque\u00f1o no es ning\u00fan secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington aval\u00f3 un acuerdo al que la compa\u00f1\u00eda lleg\u00f3 con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de d\u00f3lares, tras reconocer que hab\u00eda hecho m\u00e1s de 100 pagos a la AUC por un total de 1,7 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Ni un centavo de d\u00f3lar de esa millonaria sanci\u00f3n fue destinado para reparar a las v\u00edctimas que dej\u00f3 el paramilitarismo en esa regi\u00f3n agroindustrial. En ese momento, la empresa se\u00f1al\u00f3 que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigaci\u00f3n no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las AUC.<\/span><\/p>\n

El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisi\u00f3n de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s), que conoc\u00eda directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaraci\u00f3n fue desclasificada por el NSA y en ella confes\u00f3 que \u201cno pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. \u00bfCierto?\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que ten\u00edan presencia en Urab\u00e1 y Magdalena. La situaci\u00f3n cambi\u00f3 con la expansi\u00f3n paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Casta\u00f1o, jefe y vocero de las AUC.<\/span><\/p>\n

Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a trav\u00e9s de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir<\/a>, creadas bajo el gobierno del entonces presidente C\u00e9sar Gaviria (1990-1994)<\/a> y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998)<\/a>, hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declar\u00f3 inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.<\/span><\/p>\n

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No obstante, una de ellas continu\u00f3 activa, la Convivir Papagayo,<\/a> como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigaci\u00f3n \u201cLos nuevos papeles de Chiquita Brands\u201d<\/em>, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organizaci\u00f3n, se estableci\u00f3 un sofisticado mecanismo de pagos.<\/span><\/p>\n

La estrategia fue creada y liderada por Ra\u00fal Hasb\u00fan,<\/a> empresario bananero que se incorpor\u00f3 a las AUC como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que oper\u00f3 en los municipios de Apartad\u00f3, Carepa y Chigorod\u00f3, ubicados en el Urab\u00e1 antioque\u00f1o, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acord\u00f3 aportar tres centavos de d\u00f3lar por cada caja exportada a trav\u00e9s de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Seg\u00fan c\u00e1lculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n