{"id":48484,"date":"2023-02-05T17:55:49","date_gmt":"2023-02-05T17:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lapluma.net\/?p=48484"},"modified":"2023-02-05T19:02:15","modified_gmt":"2023-02-05T19:02:15","slug":"la-apuesta-por-la-paz-total-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lapluma.net\/fr\/2023\/02\/05\/la-apuesta-por-la-paz-total-en-colombia\/","title":{"rendered":"La apuesta por la \u00abPaz Total\u00bb en Colombia"},"content":{"rendered":"

La prolongaci\u00f3n del conflicto armado colombiano por m\u00e1s de medio siglo ha sobrevivido a la ca\u00edda del Muro de Berl\u00edn, los procesos de descolonizaci\u00f3n del siglo XX, la revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica del internet e incluso la\u00a0llegada de un gobierno progresista<\/a>\u00a0a la Presidencia de la Rep\u00fablica de la mano de un l\u00edder pol\u00edtico probado, exinsurgente, con amplio respaldo popular y con gran eco internacional como Gustavo Petro Urrego, quien le ha apostado decididamente a la paz, y de la lideresa afro Francia M\u00e1rquez Mina. Al ser esta la primera vez que los colombianos eligen un gobierno con amplia base social y popular,\u00a0plenamente comprometido con la b\u00fasqueda de una paz integral<\/a>, se presenta una oportunidad real de lograr una salida negociada y definitiva al conflicto armado, as\u00ed como de adelantar la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas que permitan abordar las causas estructurales de la violencia armada y la desigualdad en Colombia.<\/span><\/p>\n

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Sin embargo, avanzar hacia la paz en esta naci\u00f3n sudamericana es un reto may\u00fasculo, especialmente si se considera que este ser\u00e1 un gobierno de cuatro a\u00f1os, sin posibilidad de reelecci\u00f3n, y que la coyuntura actual en el pa\u00eds no es la m\u00e1s favorable. Colombia apenas est\u00e1 comenzando a superar los estragos de la pandemia del Covid-19, del desgobierno de un ultraconservador impresentable como Iv\u00e1n Duque, cuya desastrosa gesti\u00f3n dej\u00f3 unas finanzas p\u00fablicas que tienen un d\u00e9ficit de 5.6% del PIB, el m\u00e1s alto registrado en los \u00faltimos 30 a\u00f1os. Por otro lado, la b\u00fasqueda de la paz se complica por la existencia de m\u00faltiples actores armados de distinto tipo, unos niveles de narcotr\u00e1fico sin precedentes, y una oposici\u00f3n extraparlamentaria malintencionada que busca la desestabilizaci\u00f3n del pa\u00eds y que adem\u00e1s representa a un sector de extrema derecha hist\u00f3ricamente contrario a negociar con grupos armados.<\/span><\/p>\n

A pesar de estas y muchas otras dificultades, el gobierno de Petro le est\u00e1 apostando a construir una \u2018Paz Total\u2019<\/em> en Colombia, una apuesta que, de salir a favor,\u00a0cambiar\u00eda la realidad del pa\u00eds<\/a>\u00a0y de la regi\u00f3n como nunca antes. El concepto de la \u2018Paz Total\u2019<\/em>, que es el resultado de a\u00f1os de negociaciones, resistencias y liderazgos locales y nacionales, consiste en dialogar con todos los actores armados para conseguir su desarme, al tiempo que convierte la b\u00fasqueda de la paz en una pol\u00edtica de Estado. Por concepto y metodolog\u00eda, esta apuesta es novedosa, pues reconoce la multiplicidad de actores del conflicto armado colombiano y los distintos mecanismos que se requieren para desarmarlos, al tiempo que se distancia de la manera como otros gobiernos han entendido la b\u00fasqueda y construcci\u00f3n de la paz<\/span>.<\/p>\n

En este an\u00e1lisis se exploran cinco elementos \u00fatiles para comprender el panorama actual de la b\u00fasqueda de la paz del gobierno colombiano. Por un lado, se consideran diferencias del proceso de b\u00fasqueda de la \u2018Paz Total\u2019<\/em> con los acuerdos logrados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y con las FARC-EP en 2016. Seguidamente se explica el marco jur\u00eddico de la \u2018Paz Total\u2019 <\/em>y abordamos la posibilidad de acogimiento de grupos paramilitares (herederos de las fascistas Autodefensas Unidas de Colombia \u2013AUC-), bandas criminales y estructuras de segundo nivel, en clave de los retos a los que se enfrenta el gobierno. Finalmente se analiza el reinicio de las negociaciones con el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) a partir de la agenda pactada en 2016 y su suspensi\u00f3n en 2019. A manera de conclusi\u00f3n se reflexiona sobre la posibilidad de avanzar hacia la construcci\u00f3n de la paz definitiva en Colombia.<\/span><\/p>\n

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El probado liderazgo del presidente Gustavo Petro y su decidida voluntad pol\u00edtica son factores positivos que cuentan para lograr la \u201cPaz Total\u201d a la que le apuesta su gobierno.<\/figcaption><\/figure>\n
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De las AUC y las FARC-EP a la \u2018Paz Total\u2019<\/em><\/strong><\/span><\/h2>\n

La disposici\u00f3n a una salida negociada ha sido una constante a lo largo de casi 60 a\u00f1os de conflicto armado en Colombia. Los gobiernos liberales en la d\u00e9cada de los 1980 tuvieron los primeros acercamientos con grupos insurgentes, tal y como\u00a0 las FARC-EP, el M-19, el Ej\u00e9rcito Popular de Liberaci\u00f3n (EPL), el Movimiento Armado Quint\u00edn Lame (MAQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En ese momento, se logr\u00f3 construir una agenda de negociaciones con las FARC-EP y la posibilidad de constituir un partido pol\u00edtico legal (Uni\u00f3n Patri\u00f3tica), para que el grupo pudiera participar en las elecciones mientras se adelantaban las negociaciones.<\/span><\/p>\n

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1990 permiti\u00f3 desmovilizar a varios grupos armados insurgentes y renovar la institucionalidad colombiana. Sin embargo, y a pesar del nuevo texto constitucional, la situaci\u00f3n humanitaria en el pa\u00eds se fue deteriorando hasta alcanzar su punto m\u00e1s \u00e1lgido entre 1998 y 2002, cuando se buscaron nuevas f\u00f3rmulas de negociaci\u00f3n con la insurgencia por medio de la desmilitarizaci\u00f3n de ciertas zonas para el desarrollo de conversaciones de paz. A partir de 2002, la correlaci\u00f3n de fuerza cambi\u00f3 a favor de las Fuerzas Militares colombianas, lo que permiti\u00f3 al Estado iniciar la recuperaci\u00f3n de gran parte del territorio nacional y aislar a estos grupos armados en sus zonas de retaguardia dentro de regiones perif\u00e9ricas.<\/span><\/p>\n

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En ese contexto, y ante la presi\u00f3n internacional, el entonces gobierno del cuestionado e impresentable presidente de\u00a0 ultraderecha \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez<\/a> desarroll\u00f3 un proceso de negociaci\u00f3n entre 2003 y 2006 con la mayor estructura paramilitar aglutinada bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este proceso, que culmin\u00f3 con el\u00a0Acuerdo de Santa Fe de Ralito<\/a>, gui\u00f3 el proceso de cese de hostilidades, concentraci\u00f3n, desmovilizaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n a la vida civil de las AUC. Sin embargo, estas negociaciones nunca abordaron reformas pol\u00edticas o las causas del proyecto \u2018antisubversivo\u2019 de los paramilitares.<\/span><\/p>\n

Para adelantar dicho proceso, se hicieron ajustes al marco normativo y se expidi\u00f3 la Ley 975\/2005, denominada\u00a0Ley de Justicia y Paz<\/a>. La ley buscaba ajustarse a los est\u00e1ndares internacionales para la garant\u00eda de derechos de las v\u00edctimas y el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, cr\u00edmenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Esto permiti\u00f3 la desmovilizaci\u00f3n de m\u00e1s de 30.000 integrantes de las AUC y la configuraci\u00f3n de salas especiales para el juzgamiento de altos mandos por medio de un proceso de justicia transicional.<\/span><\/p>\n

El balance del proceso ha sido deficitario en tres puntos: Los avances en tema de\u00a0justicia y reparaci\u00f3n<\/a>\u00a0a las v\u00edctimas de las AUC han sido limitados y muchos de los grandes responsables fueron asesinados o extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotr\u00e1fico. En 2020, solo\u00a0se hab\u00edan emitido<\/a>\u00a070 condenas contra menos de 600 integrantes de las AUC. Por otra parte, el proceso de reinserci\u00f3n fue insuficiente, lo cual facilit\u00f3 la formaci\u00f3n de nuevas estructuras armadas centradas en el control de diferentes rentas il\u00edcitas, hasta el punto de constituir\u00a0nuevas estructuras armadas<\/a>\u00a0ilegales, luego denominadas Bandas Criminales (bacrim) y Grupos Sucesores del Paramilitarismo. El \u00faltimo punto fue el \u2018esc\u00e1ndalo\u2019 de la \u2018Parapol\u00edtica<\/a>\u2019<\/em>, que revel\u00f3 la compleja relaci\u00f3n de cooperaci\u00f3n y simbiosis que sosten\u00edan numerosos pol\u00edticos a nivel nacional y local con diferentes estructuras paramilitares para beneficio mutuo.<\/span><\/p>\n

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Por otro lado, la negociaci\u00f3n entre el cuestionado gobierno del ultraconservador Andr\u00e9s Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP se desarroll\u00f3 en la Zona de Despeje del Cagu\u00e1n, al suroriente colombiano, en un territorio que cubr\u00eda\u00a0m\u00e1s de 42.000 kil\u00f3metros<\/a>. No obstante, la agenda del proceso que comenz\u00f3 en 1999 ten\u00eda posiciones muy distantes entre las partes, ya que el gobierno buscaba la desmovilizaci\u00f3n de las FARC-EP, mientras que la insurgencia aspiraba a iniciar un proceso constituyente. Por esta raz\u00f3n, el proceso fracas\u00f3 y el ej\u00e9rcito colombiano\u00a0retom\u00f3 la zona de despeje<\/a>\u00a0en febrero de 2002. Durante los \u00faltimos a\u00f1os de su historia insurgente, las FARC-EP sufrieron importantes golpes militares y pol\u00edticos, lo cual contribuy\u00f3 a que bajo el gobierno del sinuoso neoliberal Juan Manuel Santos (2010-2018) se lograra establecer una mesa de negociaci\u00f3n con ese grupo en 2012 y firmar un Acuerdo de Paz en 2016, desarticulando la que fue la guerrilla m\u00e1s antigua del hemisferio. Con este acuerdo, las FARC-EP se sometieron a un sistema de justicia transicional para la reparaci\u00f3n de v\u00edctimas.<\/span><\/p>\n

El Acuerdo de 2016 se bas\u00f3 en seis puntos que, m\u00e1s all\u00e1 de procurar la desmovilizaci\u00f3n de las diferentes estructuras guerrilleras o su posible participaci\u00f3n en pol\u00edtica, apuntaba a superar las causas estructurales del conflicto armado. A pesar de que el Acuerdo fue rechazado por voto popular en el Plebiscito de 2016, el gobierno Santos logr\u00f3 incorporar una versi\u00f3n revisada del Acuerdo Final con las FARC-EP al texto constitucional, con lo que inici\u00f3 el proceso de implementaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (segundo por la izq.), y el l\u00edder de las FARC-EP, Timole\u00f3n Jim\u00e9nez (Timochenko), se dan la mano tras la firma del acuerdo sobre cese al fuego bilateral y definitivo, en presencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon (primero por la izq.) La Habana, 23 junio de 2016.<\/figcaption><\/figure>\n

El balance de la implementaci\u00f3n del\u00a0Acuerdo Final con las FARC-EP<\/a>\u00a0ha sido agridulce, y se puede resumir en tres aspectos: Durante los dos primeros a\u00f1os de implementaci\u00f3n, se logr\u00f3 la reintegraci\u00f3n de cerca de 14.000 miembros de las FARC-EP y la formaci\u00f3n de un\u00a0partido\u00a0<\/a>pol\u00edtico<\/a>\u00a0(Partido Comunes), as\u00ed como el avance paulatino de reformas en t\u00e9rminos de tierras (reforma rural), narcotr\u00e1fico (sustituci\u00f3n de cultivos), desarrollo rural (planes de desarrollo con enfoque territorial \u2013 PDET), y un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y no Repetici\u00f3n \u2013SIVJRNR\u2013. Sin embargo, su implementaci\u00f3n no fue una prioridad para el gobierno de extrema derecha del uribista Iv\u00e1n Duque (2018-2022) que en todo momento lo sabote\u00f3, lo que desaceler\u00f3 el proceso a pesar de su obligatoriedad constitucional y el apoyo internacional al Acuerdo. Finalmente, dado que al proceso no se acogieron la totalidad de las estructuras guerrilleras, y sobre la justificaci\u00f3n del incumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno, algunos altos mandos formaron nuevas estructuras insurgentes (llamadas disidencias de las FARC) que buscaban ocupar los territorios hist\u00f3ricos de las FARC-EP.<\/span><\/p>\n

Una ley para negociar con todos<\/strong><\/span><\/h2>\n

A pesar de los esfuerzos recientes por alcanzar una salida al conflicto, los grupos armados\u00a0no han dejado de fortalecerse<\/a>. Este fen\u00f3meno ha sido especialmente notorio en zonas rurales, donde los\u00a0distintos actores armados<\/a>contin\u00faan aprovechando los\u00a0vac\u00edos de poder estatal\u00a0<\/a>para financiarse<\/a>\u00a0del narcotr\u00e1fico, la miner\u00eda ilegal, la extorsi\u00f3n y el secuestro, entre otras actividades ilegales. Tras una\u00a0importante disminuci\u00f3n<\/a>\u00a0en diferentes indicadores de violencia armada como consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, esta situaci\u00f3n ha generado el\u00a0reciclaje de diferentes expresiones de violencia<\/a>\u00a0en ciertas zonas del pa\u00eds, como los homicidios, las masacres, el confinamiento, el desplazamiento forzado y los asesinatos de l\u00edderes sociales y excombatientes.<\/span><\/p>\n

En agosto de 2022, el dirigente progresista Gustavo Petro asumi\u00f3 la Presidencia de un pa\u00eds inmerso en una situaci\u00f3n compleja, caracterizada por ciclos interminables de violencia, un aumento de la pobreza (monetaria y multidimensional) y una econom\u00eda dependiente de la exportaci\u00f3n de materias primas. No sorprend\u00eda, entonces, que\u00a0varias de sus promesas de campa\u00f1a<\/a>\u00a0se centraran en la b\u00fasqueda de una \u2018Paz Total\u2019<\/em>, un concepto acu\u00f1ado inicialmente por el senador Iv\u00e1n Cepeda. Entre estas promesas se destacaban la\u00a0 implementaci\u00f3n integral del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, priorizando una ambiciosa reforma rural para la redistribuci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, el dise\u00f1o de una\u00a0nueva pol\u00edtica contra las drogas<\/a>, y la apertura de espacios de negociaci\u00f3n pol\u00edtica y judicial para el desmonte de todos los grupos armados ilegales que operan en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

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A un mes de haberse posesionado Petro, la coalici\u00f3n de gobierno ya hab\u00eda\u00a0presentado<\/a>\u00a0un proyecto de ley ante el Congreso para materializar esta \u00faltima promesa. Tras un paso fugaz y pol\u00e9mico por el Congreso, la\u00a0Ley 2272 de 2022<\/a>, tambi\u00e9n conocida como la Ley de \u2018Paz Total\u2019, se convirti\u00f3 en la primera legislaci\u00f3n sancionada por el presidente Petro el\u00a04 de noviembre de 2022<\/a>. El objetivo de esta ley era prorrogar y modificar la\u00a0Ley 418 de 1997<\/a>\u00a0de Orden P\u00fablico, que ya cumple m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, habilitando al ejecutivo para realizar acercamientos con grupos armados ilegales. Vale mencionar que esta norma ha sido modificada y prorrogada en cinco oportunidades seg\u00fan el enfoque particular de cada gobierno y ajust\u00e1ndose a la realidad de cada momento. La mayor\u00eda de las modificaciones que se ven plasmadas en el texto actual datan de 2002 (Ley 758\/2002<\/a>) y de 2010 (Ley 1421\/2010<\/a>).<\/span><\/p>\n

El proyecto del nuevo gobierno tiene varias piezas clave. Primero, la centralidad del enfoque de Seguridad Humana, que consiste en garantizar la seguridad, el bienestar y la prosperidad de todas las personas y comunidades en Colombia por medio de pol\u00edticas sociales, medioambientales, econ\u00f3micas y culturales. Segundo, la integralidad de las pol\u00edticas de negociaci\u00f3n y construcci\u00f3n de una paz total bajo una institucionalidad enfocada espec\u00edfica y una priorizaci\u00f3n territorial. Tercero, la definici\u00f3n de dos tipos de procesos de negociaci\u00f3n y acercamiento con grupos armados. Cuarto, la participaci\u00f3n ciudadana amplia y vinculante a nivel regional en la construcci\u00f3n de paz.<\/span><\/p>\n

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Si bien hay una experiencia acumulada de m\u00e1s de 20 a\u00f1os, el enfoque dado a los acercamientos con grupos armados ilegales, el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, y la aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares internacionales sobre v\u00edctimas, reinserci\u00f3n y reincorporaci\u00f3n es tan novedoso como arriesgado, y supone un\u00a0cambio de paradigma<\/a>\u00a0en la b\u00fasqueda de la paz en Colombia.<\/span><\/p>\n

La ley rompe con la forma como los distintos gobiernos han tradicionalmente entendido la paz. En lugar de concebir la b\u00fasqueda de la paz como el proceso de negociar con grupos armados de car\u00e1cter pol\u00edtico, la ley de \u2018Paz Total\u2019 fortalece la construcci\u00f3n de paz como pol\u00edtica de Estado. Esto vincula a la totalidad de las instituciones del Estado en la b\u00fasqueda de la paz a partir de reformas pol\u00edticas en temas sociales, ambientales, econ\u00f3micos y culturales, que en su conjunto realcen la seguridad y dignidad de todos los colombianos. Para esto, la ley crea la figura del \u2018Gabinete de Paz\u2019<\/em>, que busca asegurar que cada ministerio tenga objetivos y programas concretos en materia de paz, con articulaci\u00f3n inter-institucional verificable, la participaci\u00f3n permanente del Alto Comisionado para la Paz y un proceso de rendici\u00f3n de cuentas.<\/span><\/p>\n

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La ley define dos tipos de estructuras armadas en Colombia. Por un lado, define a un grupo armado organizado al margen de la ley como:<\/span><\/p>\n

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\u00abaquel que, bajo la direcci\u00f3n de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

La ley estipula que, a estos grupos, se les otorgar\u00e1 reconocimiento pol\u00edtico, y que con ellos se adelantar\u00e1n di\u00e1logos de car\u00e1cter pol\u00edtico que permitan llegar a acuerdos de paz. Por el otro, define a las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto como:<\/span><\/p>\n

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\u00abaquellas organizaciones criminales conformadas por un n\u00famero plural de personas, organizadas en una estructura jer\u00e1rquica y\/o en red, que se dediquen a la ejecuci\u00f3n permanente o continua de conductas punibles, entre las que podr\u00e1n encontrarse las tipificadas en la Convenci\u00f3n de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la poblaci\u00f3n civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o m\u00e1s econom\u00edas il\u00edcitas\u00bb<\/em>.<\/span><\/p>\n

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Con estos grupos, el gobierno podr\u00e1 realizar acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento, a cambio de beneficios legales.<\/span><\/p>\n

Para caracterizar a las distintas estructuras y determinar el tipo de proceso que se llevar\u00e1 a cabo con cada uno, la ley crea una \u2018Comisi\u00f3n de Alto Nivel\u2019 compuesta por el Presidente, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Defensa y el director de los servicios de inteligencia.<\/span><\/p>\n

La ley tambi\u00e9n permite al ejecutivo priorizar recursos para los territorios m\u00e1s golpeados por la violencia y para constituirlos como \u2018regiones de paz\u2019 (en paralelo con la\u00a0zonas declaradas<\/a>\u00a0en el 2017 para Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial \u2013 PDET), con el fin de que los actores locales puedan dialogar y buscar soluciones a los problemas humanitarios bajo un enfoque regional. Adem\u00e1s, se crea la figura de \u2018zonas de ubicaci\u00f3n temporal\u2019 para el desarme de grupos en un estado avanzado de negociaciones, donde las \u00f3rdenes de captura contra sus miembros puedan ser suspendidas. La ley aclara que ni las \u2018regiones de paz\u2019 ni las \u2018zonas de ubicaci\u00f3n temporal\u2019 ser\u00e1n zonas de despeje militar.<\/span><\/p>\n

Asimismo, cabe mencionar que la ley estipula una alternativa al servicio militar obligatorio por el \u2018Servicio Social para la Paz\u2019, el cual contempla el reclutamiento en alguna de las Fuerzas Militares o la Polic\u00eda, junto a 11 tipos de servicio social como alternativa. Entre estas alternativas est\u00e1n promover la alfabetizaci\u00f3n digital de comunidades rurales y urbanas, defender los derechos de las v\u00edctimas del conflicto, aportar para la conservaci\u00f3n de la biodiversidad, y apoyar la implementaci\u00f3n de acuerdos de paz.<\/span><\/p>\n

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Sin embargo, la Ley de \u2018Paz Total\u2019<\/em> deja algunos interrogantes, como por ejemplo, no est\u00e1 claro cu\u00e1l ser\u00e1 el criterio que aplicar\u00e1 la \u2018Comisi\u00f3n de Alto Nivel\u2019<\/em> para determinar el car\u00e1cter pol\u00edtico \u2013o criminal\u2013 de los grupos armados. Este proceso de definici\u00f3n no ser\u00e1 sencillo y sin pol\u00e9micas, pues reabre los debates sobre el narcotr\u00e1fico como delito pol\u00edtico conexo, en un pa\u00eds en el que todas las estructuras armadas est\u00e1n envueltas en actividades criminales y tienen alg\u00fan grado de influencia sobre la organizaci\u00f3n pol\u00edtica y administrativa dentro de las regiones donde operan.<\/span><\/p>\n

A lo anterior se suma que, en algunas zonas rurales, muchas bandas criminales han adquirido un nivel importante de control sobre territorios y poblaciones, lo cual implica la existencia de un proyecto pol\u00edtico definido. Los grupos sucesores del paramilitarismo\u00a0 como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tambi\u00e9n llamadas \u2018Los Urabe\u00f1os\u2019<\/em> y\/o \u2018Clan del Golfo\u2019<\/em>, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), se\u00a0autodefinen<\/a>\u00a0como grupos pol\u00edticos y militares, destacando un componente social detr\u00e1s de su lucha armada. Este \u00faltimo grupo recientemente\u00a0revel\u00f3<\/a>\u00a0que buscar\u00e1 ser reconocido como actor pol\u00edtico. Todo esto complica el proceso de caracterizaci\u00f3n, negociaci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, pues si bien es posible que grupos delincuenciales utilicen una fachada pol\u00edtica para buscar una negociaci\u00f3n en lugar de un sometimiento, tampoco ser\u00eda correcto se\u00f1alar a un actor como \u2018solamente pol\u00edtico\u2019<\/em> o \u2018solamente criminal\u2019<\/em>. Tambi\u00e9n existe el riesgo de que, al no reconocer el car\u00e1cter pol\u00edtico de un grupo que se autodefine como tal, dicho grupo pueda recurrir a la violencia en contra de la fuerza p\u00fablica o la poblaci\u00f3n civil como medida de retaliaci\u00f3n, o abandonar el proceso de acercamiento.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, la ley \u2013que a\u00fan debe ser reglamentada\u2013 no prev\u00e9 las dificultades de llevar a cabo di\u00e1logos en zonas donde m\u00faltiples grupos armados se disputan el control territorial. No es claro si se abrir\u00e1n distintas mesas al mismo tiempo, o si los diferentes actores armados se podr\u00e1n incorporar a una misma mesa y por ende a un mismo acuerdo. Resolver este interrogante es clave a medida que dichos procesos avanzan, pues seguramente no todos los grupos buscar\u00e1n dialogar con el gobierno al mismo tiempo. Esto implica que los distintos procesos no pueden ocurrir de manera aislada, ya que hacerlo podr\u00eda dar paso a su fortalecimiento y el recrudecimiento de la violencia armada si los actores residuales intentan copar vac\u00edos de poder territorial, o si surgen disputas internas por el mando de dichas organizaciones.<\/span><\/p>\n

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Finalmente, la ley no indica qu\u00e9 tratamiento se le podr\u00eda dar a las\u00a0estructuras criminales extranjeras con presencia en Colombia<\/a>, como las bandas mexicanas, venezolanas, albanesas, italianas, chinas o rusas. Dado que frecuentemente hay pedidos de extradici\u00f3n de por medio, Colombia no puede determinar el estatus jur\u00eddico de estas bandas y de sus miembros unilateralmente, lo cual genera dudas sobre su posible desmantelamiento y sobre las medidas que pueda tomar el gobierno para prevenir su fortalecimiento.<\/span><\/p>\n

Prospectos para el futuro de la paz en Colombia<\/strong><\/span><\/h2>\n

La Ley de Paz Total es solo un primer paso para definir la arquitectura de la pol\u00edtica de paz del gobierno de Petro. Otros elementos de esta pol\u00edtica, como las normas para regular los procesos de sometimiento, tendr\u00e1n que ser desarrollados en futuros proyectos de ley. Pese a las limitaciones de la Ley 2272 y las dudas que deja su dise\u00f1o, es mucho lo que se puede aprender de su puesta en marcha, al ser esta la primera vez que se aborda la construcci\u00f3n de paz desde un enfoque tan comprensivo en los actores llamados a dialogar y ambicioso en sus fines.<\/span><\/p>\n

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Los rigores del conflicto colombiano en la c\u00e1mara del fot\u00f3grafo colombiano Jes\u00fas Abad Colorado.<\/figcaption><\/figure>\n

Por ahora, el gobierno\u00a0ya ha reanudado<\/a>\u00a0las negociaciones de paz con el ELN (de lo cual ya hay un par de art\u00edculos sobre\u00a0historia<\/a>\u00a0y\u00a0trayectoria<\/a>\u00a0de esta guerrilla). El primer ciclo de conversaciones con esta guerrilla\u00a0culmin\u00f3 a mediados de diciembre<\/a>, con acuerdos respecto a un posible cese de hostilidades bilateral y garant\u00edas de retorno a comunidades ind\u00edgenas en el nororiente del pa\u00eds. Vale destacar que la mesa se reanud\u00f3 en Caracas con el visto bueno del gobierno del presidente Nicol\u00e1s Maduro y de la comunidad internacional; adem\u00e1s que se retom\u00f3 la agenda pactada en 2016.<\/span><\/p>\n

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Por otro lado, se han confirmado\u00a0di\u00e1logos preliminares<\/a>\u00a0con algunos grupos armados, como las AGC, diferentes estructuras de las disidencias de las FARC-EP, y los Shotas y Espartanos, las dos principales bandas criminales de Buenaventura. Con estas \u00faltimas, el Alto Comisionado para la Paz\u00a0report\u00f3<\/a>\u00a0a principios de diciembre que el gobierno alcanz\u00f3 un pacto de cese de hostilidades, y que se espera un encuentro en los pr\u00f3ximos d\u00edas. Seg\u00fan un\u00a0informe<\/a>\u00a0de Indepaz, al menos 22 grupos armados han demostrado voluntad real de acogerse al marco de la Paz Total. Pero, aunque el gobierno tenga \u00e9xito en la tarea de desarticular algunos grupos armados, y as\u00ed se alcance un acuerdo de paz con el ELN, los retos para consolidar la paz en Colombia siguen siendo may\u00fasculos.<\/span><\/p>\n

Por un lado, es dif\u00edcil imaginar que las bandas criminales acepten abandonar negocios millonarios a cambio de penas carcelarias, as\u00ed sea con algunos beneficios judiciales. Por el otro, las negociaciones con el ELN han sido\u00a0hist\u00f3ricamente muy complejas<\/a>.<\/span><\/p>\n

Construir la \u201cPaz Total\u201d<\/em>, entonces, es una tarea colosal. Colombia sigue siendo uno de los pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo, con una\u00a0tasa<\/a>\u00a0de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en donde persisten seis conflictos armados diferentes,\u00a0de acuerdo con la Cruz Roja<\/a>. Mientras que los esfuerzos del gobierno actual por desmantelar a los actores armados son valiosos y pueden ser productivos, el avance de la paz en Colombia depende en gran parte de los pasos que se den para replantear la pol\u00edtica de drogas y buscar una distribuci\u00f3n m\u00e1s equitativa de la tierra.<\/span><\/p>\n

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Bandera colombiana. Fuente: Federico R\u00edos \/ The New York Times<\/figcaption><\/figure>\n

Por eso es importante destacar la\u00a0b\u00fasqueda de Petro<\/a>\u00a0por un cambio al enfoque prohibicionista para enfrentar el problema de las drogas, a pesar de que dicho cambio no dependa \u00fanicamente de Colombia y que deba ser parte de un esfuerzo internacional colectivo. De igual manera, el gobierno ha\u00a0priorizado<\/a>\u00a0la implementaci\u00f3n del Punto 1 del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que subraya la necesidad de una Reforma Rural Integral para redistribuir tierras entre poblaciones vulnerables y legalizar la propiedad de otras, puesto que el 65% de la tierra en Colombia no cuenta con t\u00edtulos de propiedad. Vale mencionar que en octubre, el gobierno\u00a0firm\u00f3 un acuerdo<\/a>\u00a0con la Federaci\u00f3n Nacional de Ganaderos (Fedeg\u00e1n) para la compra de tres millones de hect\u00e1reas, que\u00a0ser\u00e1n entregadas<\/a>\u00a0fundamentalmente a mujeres campesinas, ind\u00edgenas y de negritudes.<\/span><\/p>\n

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Analizadas\u00a0 las distintas variables que se han mencionado se puede hacer un balance optimista pero cauteloso de la apuesta de \u2018Paz Total\u2019<\/em> del Gobierno Petro. Por un lado, se observan se\u00f1ales favorables de los distintos actores del conflicto armado para negociar, avances en las reformas que requiere el pa\u00eds en la coyuntura actual, y una posible responsabilidad de los actores armados frente a las v\u00edctimas y la sociedad civil. Tambi\u00e9n es preciso destacar la madurez de ciertas instituciones del Estado, que podr\u00edan agilizar la implementaci\u00f3n de futuros acuerdos de paz, y es esperanzador la oportunidad que se presenta con un gobierno progresista resultado de a\u00f1os de lucha y resistencia social, as\u00ed como la decidida voluntad pol\u00edtica de un l\u00edder experimentado como Gustavo Petro, con amplio apoyo popular.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, es importante tener en cuenta los distintos factores de riesgo que implica un proceso como este, como la amplitud y ambici\u00f3n de los objetivos del gobierno, los diversos intereses econ\u00f3micos que ser\u00e1n dif\u00edciles de resolver, y la acogida que puedan tener la negociaciones de paz por parte de la sociedad civil. Una serie de retos que confiamos se podr\u00e1n ir superando como se han superado d\u00e9cadas de violencia, porque la posibilidad de construir una paz integral es urgente e imprescindible.<\/span><\/p>\n

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Daniel Albarracin DalbarracinUN<\/strong><\/span><\/h2>\n

Editado por Mar\u00eda Piedad Ossaba<\/a><\/span><\/h2>\n

Publicado por Cronic\u00d3n<\/a>, 30 de enero de 2023 \/ <\/span>Descifrando la guerra<\/span><\/a><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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