La escandalosa concentración de la riqueza y la ausencia de una mínima conciencia social entre las clases empresariales, sigue alimentando la conflictividad social.
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Lo que queda en claro es que la apuesta de Colombia, Chile y Ecuador es destruir a cualquier organismo de cooperación, de coordinación política...
La culpa de ese giro no está en el FMI, sino en el camino que decidió tomar el gobierno desde 2017.