Una carta firmada por doce investigadores colombianos, y publicada el 16 de julio en la revista Science, reiteró lo obvio: el uribismo significa un retraso en materia medioambiental y de justicia social para Colombia. La prueba es que la decisión de no ejecutar los Acuerdos de Paz ha empujado a cientos de campesinos y excombatientes, que se quedaron esperando apoyo para comercializar sus productos, hacia el cultivo ilícito y la deforestación.

Gonzalo Cardona (derecha de la foto) fue un férreo defensor del loro orejiamarillo y coordinador de la reserva Proaves en el municipio de Roncesvalles, Tolima. Fue asesinado el pasado 11 de enero. Foto Proaves

La carta, titulada Undermining Colombia peace and enviroment, también señala que la administración Duque se ha concentrado en perseguir más a estos pequeños productores que a las industrias que realmente están arrasando con grandes extensiones de selva. Y que esto, sumado a que cualquier intento de implementar políticas a favor del desarrollo sostenible se cae en el Congreso, retrocede al país a mucho antes del 2016, cuando las posibilidades de proteger su biodiversidad ni estaban sobre la mesa.

Es cierto que no es solo Colombia, sino que el resto del mundo todavía no parece haber escogido entre vivir constantemente amenazado por el cambio climático o las pandemias, y vivir. Pero, avergüenza que un territorio extremadamente rico en especies de aves, de anfibios y reptiles; con la mayor concentración de páramos productores de agua dulce en el planeta, también sea donde más asesinan ambientalistas.

Y no es solo la violencia. Falta un año para las elecciones y el reflector político todavía no apunta o indaga en lo fundamental: propuestas para construir una Colombia sostenible. En cambio, la explotación indiscriminada, así resulte en la aniquilación de un río como el Cauca, se ha confundido con crecimiento económico, y cambiar esa mentalidad, curiosamente, no le llama la atención al presidente más joven e ‘innovador’ de la historia nacional.

Ambientalistas y turismo

Son poco alentadoras las cifras sobre el riesgo que corren los ambientalistas colombianos. No hay un registro oficial, y solo hasta el 2020, Global Witness alertó que 64 defensores habían sido asesinados en el 2019, convirtiendo a Colombia, ese año, en el país más peligroso para cuidar la naturaleza. Sin embargo, en el 2021 a la lista se sumaron dos homicidios más: el de Gonzalo Cardona, el guardián del loro orejiamarillo, y el de Fernando Vela, que se dedicaba a la conservación del águila harpía en Caquetá.

Ambos, a pesar de ser figuras visibles, fueron baleados, lo que envía un claro mensaje de represión. Y de impunidad, porque es evidente que para la Fiscalía General de la Nación que dirige Francisco Barbosa, que está más preocupada en perseguir a los miembros de la Primera Línea, no hay afán de encontrar culpables. También esta violencia, como lo advierte la carta en Science, se ha recrudecido por la falta de implementación del Proceso de Paz.

Básicamente, en los territorios que los ambientalistas reclaman para la protección de especies, entraron nuevos actores armados, desde el 2018, a disputarse rutas de narcotráfico o tierras para monocultivo y ganadería extensiva. De hecho, Vela (que fue encontrado muerto el pasado 3 de julio) ya había comprado, con aportes a su fundación Romi Kumu, 700 hectáreas para una reserva natural que estaban destinadas a la ganadería. Sin embargo, esta iniciativa, así como la siembra de 13 mil árboles para restaurar corredores ecológicos en el Amazonas y la publicación de un proyecto ilustrado sobre fauna de Colombia quedó en suspenso.

El caso es que las amenazas contra los ambientalistas, y también contra líderes y lideresas sociales que reclaman los derechos del territorio, profundiza más el retraso, porque las comunidades pierden oportunidades de desarrollo. En 2016, la observación de aves fue uno de los planes más promocionados por Procolombia porque la paz transmitía seguridad a los extranjeros que buscaban empaparse de la naturaleza que había aislado el conflicto. Hoy, esa promesa es difícil de cumplir cuando hasta Estados Unidos les da 17 razones a los turistas para no viajar a Colombia.

Dos mamíferos acuáticos

La fauna es el otro damnificado. El tráfico de especies exóticas tiene cifras realmente alarmantes; en mayo del año pasado la Policía reportó que había incautado más de trece mil animales salvajes con los que se había comercializado. Y este año, deja un sinsabor el caso de Julieta, una manatí que a mediados de este mes fue rescatada de ahogarse en una red de pesca en Santa Marta, para que, a los pocos días de ser liberada fuera cazada en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.

El manatí, Trichechus manatus, es una especie de mamífero herbívoro y acuático vulnerable. Su caza en Colombia lo ha llevado casi a desaparecer del río Magdalena, ya que, su población cada día se hace más pequeña y las enfermedades hereditarias no demoran en matar a las crías. Además, la ganadería extensiva de esta región le ha restado ecosistemas importantes, por lo que el manatí, un animal que puede alcanzar una tonelada, llega a morir ahogado por su peso cuando queda atrapado en una laguna que empieza a secarse, y ya no puede flotar.

Este final tan lamentable sucede porque el valle del Magdalena no está acondicionado para soportar el pastoreo de miles de vacas, cuyo peso va compactando la tierra y cambiando su calidad hídrica. Lo paradójico es que mientras el número de estos animales disminuye, el de los hipopótamos que introdujo Pablo Escobar y que hace años escaparon al Magdalena medio está en aumento.

En vista de que es imposible regresarlos a África porque morirían al no estar adaptados, los campesinos de Doradal han propuesto que se los deje criar con la finalidad de vender su carne. Pero ni para esa propuesta (la menos cruel), el mismo Gobierno que no ha perdido la oportunidad de nombrar el carriel como patrimonio cultural, se ha pronunciado. Probablemente, está esperando a que el número de los hipopótamos crezca lo suficiente como para entregarle su erradicación y comercialización a un privado.

Interminable lista

También hace falta hablar sobre el riesgo que corren los humedales en Bogotá, como el Capellanía, en la localidad de Fontibón, que cada año va desapareciendo por cuenta de los proyectos inmobiliarios y la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO. Y del fracking que subrepticiamente va tramitándose en el Congreso y que promete contaminar fuentes hídricas del páramo de Santurbán. O de cómo los esquemas de las basuras no han podido implementar un modelo de reciclaje eficiente. Y cómo el glifosato que se le rocía a la coca o el fipronil con el que se espantan a las plagas están matando insectos polinizadores de los que depende la comida que llega a la mesa.

La lista, en la que no puede sobrar el gol que Iván Duque le marcó a las movilizaciones del 2019 al no implementar el Acuerdo de Escazú, podría ser más extensa, interminable, pero estas preocupaciones las han registrado mejor las 230 organizaciones que desde hace más de un mes se declararon en Paro Ambiental. Por lo que vale la pena pensar el papel del medioambiente y de la protección de la naturaleza en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Propuestas como el cambio de una matriz energética, construir una seguridad alimentaria, frenar el calentamiento global y la contaminación del agua, y despenalizar el cultivo de la marihuana y la coca para aprovechamiento de los campesinos que han sido víctimas de la violencia, deben estar en el radar durante los próximos debates, así las candidaturas que lucen de alternativas o que son maestros del entretenimiento, pueden aclarar si están pensando realmente en el futuro, o si su objetivo es condenar a una de las zonas más biodiversas del planeta al retraso.

Pablo Arciniegas

Fuente: Semanario Voz, 25 de julio de 2021

Editado por María Piedad Ossaba