Colombia a las puertas del caos

Por el momento en el gobierno de Duque parece preponderar la voz dura de la extrema derecha que exige más “mano dura”, más represión.

Las autoridades colombianas están gestionando la dura crisis del país con los mismos procedimientos de siempre: prolongadas y estériles negociaciones que solo buscan debilitar al movimiento opositor y dura represión a los manifestantes, con el mismo propósito. Ambas fórmulas parecen no funcionar en esta ocasión; no al menos por lo que se registra hasta el momento, cuando el Paro Nacional dura ya más de un mes. No se percibe el agotamiento de la protesta en que el gobierno confía ni la extrema represión de policías, militares y paramilitares parece hacer mella en el movimiento. Desde una perspectiva política, en términos de legitimidad, el gobierno de Duque va perdiendo terreno y el rechazo ciudadano a su gestión de la crisis no podría ser más amplia mientras crece el repudio nacional e internacional por la violencia oficial y paramilitar. Por el momento en el gobierno de Duque parece preponderar la voz dura de la extrema derecha que exige más “mano dura”, más represión. Desde diversos sectores se considera que la militarización de buena parte del territorio nacional decidida por Duque es, de hecho, un golpe militar encubierto y se exige no solo que se respeten las normas legales vigentes sino que se ofrezca una salida negociada al movimiento de protesta.

Duque parece confiar aún en su estrategia dilatoria y represiva pero nada permite pensar con suficiente certeza que esa política vaya a dar resultados. La extrema derecha que llevó a Duque al gobierno y que tiene a Uribe Vélez como cabeza principal confía en que la represión sea exitosa y piensan que su intensificación y una atmósfera de violencia generalizada es el factor más favorable para ganar las próximas elecciones en las que espera conservar el gobierno y el control de las instituciones centrales del Estado. Un país en caos resulta muy conveniente al discurso de la “mano dura” que la extrema derecha ha utilizado tradicionalmente para obtener ventajas considerables en las urnas. Y tal escenario no es complicado de generar en un país como Colombia con instituciones desprestigiadas y un gobierno inane en tantos sentidos.

La derecha “moderada”, probablemente más sensata desde el punto de vista de los intereses del sistema, confía en que se disminuya la represión y se apueste por un proceso de negociación con el Comité del Paro para satisfacer al menos parcialmente las mil demandas del movimiento de protesta y al mismo tiempo encontrar a algún candidato de “centro” que impida que la izquierda se alce con el gobierno en las próximas elecciones. Los sondeos dan al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, tal ventaja sobre el resto de los rivales que no se descarta que gane ya en la primera vuelta.

Colombia con P de rePresión

Pero la extrema derecha confía en su fórmula tradicional que combina violencia desmedida, aprovechamiento fraudulento de un sistema electoral primitivo y tramposo y el apoyo de la gran prensa y de los poderes fácticos ante los riesgos que supone para sus intereses un nuevo gobierno progresista. Por el momento no parece imponerse la derecha civilizada que consideraría más inteligente hacer algunas concesiones al movimiento popular con un gobierno moderado de “centro” que incrementar con la violencia oficial las ya muy altas tensiones sociales existentes. La gran burguesía, que tiene en los partidos políticos de derecha y “centro” tan solo instrumentos de usar y tirar según convenga estaría esperando que esos partidos tradicionales demuestren la efectividad de su estrategia para mantenerles su apoyo. En caso contrario, como se percibe hasta el momento, no sería descartable que los poderes reales opten entonces por buscar candidatos del llamado “centro” (cosa nada complicada) y así intentar impedir un triunfo popular en las urnas el año entrante. El panorama actual resulta el más complejo que Colombia ha vivido desde hace muchas décadas y si las fórmulas tradicionales del sistema no funcionaran no debería descartarse que la militarización decretada por Duque para una parte del territorio nacional (allí en donde el movimiento opositor es más fuerte) se extendiese a todo el país y se aseguren las condiciones ideales para manipular las próximas elecciones; no sería la primera vez que ocurre.

Existe un factor de gran importancia que no debe descuidarse: Washington. Hasta el momento solo ha habido apoyos formales a Duque pero no son pocas las voces oficiales que allí muestran su desacuerdo con la forma como Bogotá está gestionando la crisis. Altos funcionarios de la administración Biden expresan su deseo de que predomine el diálogo; más de cincuenta parlamentarios piden a su gobierno exigir a Bogotá que ponga fin a las formas más brutales de la represión y busque acuerdos con la oposición; la federación nacional de los Union (sindicatos) ha enviado al gobierno federal una exigencia en el mismo sentido y hasta grandes medios de comunicación nada sospechosos de tendencias izquierdistas han registrado en sus editoriales la situación de Colombia como algo que pone en entredicho la tradicional calificación de este país como una democracia. Este factor es de gran relevancia dado el rol de Colombia en la estrategia regional de los Estados Unidos con sus bases militares, sus centenares (si no miles) de oficiales y soldados que actúan prácticamente sin ningún control por parte de las autoridades locales, el número indefinido de mercenarios extranjeros al servicio del Pentágono, y naturalmente la DEA que juega un papel clave en la llamada “guerra contra la droga” y que tampoco está controlada por las autoridades locales. Es igualmente significativo el elevado porcentaje de oficiales colombianos que reciben instrucción militar en Estados Unidos si se le compara con el resto del continente; de hecho, no parece incomodarles que les hayan convertido en una especie de prolongación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la región.

En el caso de Colombia Washington no trata de asegurar algún recurso natural de especial interés como sucede con el petróleo de Venezuela, pero sí de utilizar el país como una base militar de intervención en una posible agresión a Caracas. Lo anunció en su día el señor Trump y que Biden aún no la ha descartado. Tampoco sería la primera vez; ya ocurrió en la guerra de Corea; Colombia fue el único país de la región que acompañó a los gringos en aquella aventura bélica. Sería la ocasión para recordar a los militares colombianos que tanto confían en sus aliados gringos que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, tal como se comprobó en la guerra de Las Malvinas cuando Washington dio su apoyo total a Londres y abandonó a Buenos Aires incumpliendo el solemne tratado interamericano de ayuda recíproca -TIAR- que le obligaba a apoyar a Argentina.

Juan Diego García para la Pluma, 6 de junio de 2021

Editado por María Piedad Ossaba