La heroica resistencia del pueblo caleño

El 2 de abril, me desplace por varios lugares de Cali, la capital del Valle del Cauca, y el escenario es un reflejo de lo que sucede en estos momentos en el país con la protesta y la movilización popular colombiana, enfrentada a la más grave suma de atropellos y ultrajes a una sociedad y sus derechos fundamentales.

Cali está completamente bloqueada por todos sus puntos principales y una red de Comités populares integrados por jóvenes, trabajadores, precarios, estudiantes, mujeres, obreros y profesionales ejerce un control del territorio para respaldar el pliego de peticiones de la ciudadanía que demanda una respuesta efectiva y una solución a los problemas sociales, de salud, empleo, movilidad, hambre, libertades y respeto por la vida. 

Los caleños han mostrado una formidable capacidad para resistir la crisis que los afecta y el yugo político que los oprime mediante unas instituciones atrapadas por la criminalidad y la corrupción.

El repudio a la reforma tributaria de Carrasquilla ha sido la oportunidad escogida para adelantar un descomunal levantamiento popular que hace recordar las jornadas del 9 de abril de 1948, las del paro cívico de 1977 y las más recientes de 2013 y 2019.

En la actual coyuntura, Cali cobro la forma de un paradigma de la rebeldía popular nacional contra el sistema de poder hegemónico establecido por los núcleos ultraderechistas y fascistas del campo político colombiano. 

Cali, con más de dos millones de habitantes, suma de diversas etnias, punto receptor de miles de desplazados por los grupos violentos del paramilitarismo en el Pacifico, Buenaventura, Cauca, Nariño y el Choco, es un universo cargado de todas las exclusiones sociales, con una violencia crónica que manipulan las elites locales y regionales, como el Clan que encabeza la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la reconocida Gamonal valluna que articula la más extensa red mafiosa (de narcos y contratistas) con tentáculos en todos los ámbitos gubernamentales en los que ha impuesto la ley del despojo y saqueo de los presupuestos públicos afectando las obligaciones sociales del gobierno. Cometido que ejecuta la actual gobernadora Clara Luz Roldan, quien ha destapado el más aberrante militarismo ultra católico para dar cobertura a su sistema de robo y asalto de los dineros públicos y a su continuada arremetida contra las libertades civiles y el derecho a la vida como bien lo pueden atestiguar los estudiantes de la Universidad del Valle y los trabajadores de la administración departamental.

Escenario del que no se debe excluir al actual Alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, un reconocido charlatán de labia seudo progresista, a quien le cabe una enorme carga por la tragedia que vive hoy la ciudad, toda vez que durante su actual gestión el resultado más notable ha sido la promoción de un clan integrado por sus hermanos (Mauricio y Diego), quienes en alianza con Dilian Toro y la mafia Abadía de Cerrito, orquestaron severa máquina de contratación a dedo para apropiarse de multimillonarias partidas presupuestales en el Programa de Alimentación Escolar y en las obras de infraestructura previstas en varias avenidas de la ciudad.

Ospina es artífice de la más deplorable degradación de las instituciones públicas de Cali, tal como sucedió en Bogotá con los Moreno Rojas.

Estos problemas, sin lugar a dudas, han sumado a la actual inconformidad de la ciudadanía y el pueblo caleño.

Lo más grave de todo esto consiste en que los clanes del fascismo uribista y de las elites oligárquicas del azúcar del Valle han direccionado la actual situación, para mediante la manipulación grotesca del Ejército y la Policía, golpear sin contemplación a toda una ciudad que siempre se ha manifestado contraria a las ideas y los nombres de la ultraderecha reaccionaria. En Cali siempre ha sucumbido el uribismo con sus planes de dominio absoluto de los territorios, allí el repudio al Centro Democrático es de antología, aunque se las ha arreglado para dotarse de instrumentos y aliados con el fin de incidir a como dé lugar, como ocurre en estos momentos con la intervención directa del Comandante del Ejército, el Gr. Zapateiro, instalado en la Tercera Brigada con un enorme dispositivo de guerra para aplastar el alzamiento y la insurrección popular y democrática en curso.

Desde que se inició el 28 de abril una huelga general contra el gobierno de Iván Duque, en Cali han sido asesinados por los pelotones policiales y militares 23 jóvenes y trabajadores que han participado en la revuelta.

Seguramente tales hechos de sangre no van a doblegar al pueblo de esta ciudad y lo previsible es que la huelga se prolongue hasta que se alcancen los puntos del pliego del Comité del Paro, que incluye también la suspensión de las aspersiones con glifosato con graves daños en los ríos del Pacifico.

La poderosa movilización caleña, por su enorme carga política, es probable que también se proponga cambios en el gobierno local, dando paso a formas democráticas y horizontales de administración que tracen una ruta al resto de la sociedad. 

Cali necesita formas de gobierno comunal democráticas que permitan erradicar la corrupción y la demagogia del ospinismo, también la red oscura de doña Dilian con su grosera y abusiva mafia.

Apoyamos el Paro cívico de los caleños. 

Fotografía: pluralidadz

Horacio Duque

Publicado por El Salmon, 6 de mayo de 2021

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La rebelión se generaliza

Lo que está sucediendo en Colombia, desde el 28 de abril, es algo más que un paro nacional, con cese de actividades y protesta ciudadana. Lo que vivimos es una huelga de masas en la ciudad y el campo, en los resguardos y selvas, en sus ríos y montañas, en capitales y municipios. En la vasta geografía del país, las gentes del común rompieron la militarización, las prohibiciones, las amenazas, los chantajes. Superaron la censura, las falsas noticias, la confusión, los vaticinios apocalípticos del uribato sobre la violencia y el caos. Aunque se está pagando un costo alto. Los muertos pasan el número de treinta, siendo Cali la ciudad más martirizada, en cuanto epicentro de esta rebelión, que tiene la solidaridad internacional.

El estimativo de la movilización se calcula entre siete a diez millones de personas, y crece la audiencia, porque continua la digna rabia, como denominan jóvenes de la Universidad del Valle a esa postura vital. La reforma tributaria fue solo el florero de Llorente, el detonador de una inconformidad enriquecida por la rebelión que tuvo su pico más alto en el 2019, y que lo interrumpió la pandemia y el despliegue autoritario del biopoder, con su expresión de Estado policía. En el 2020, fue el Gobierno de la Policía y el ESMAD, como agentes del bonapartismo presidencial, en las ciudades, en sus calles y en la vida cotidiana. La rebeldía en curso se plegó como resistencia profunda, con eventuales irrupciones de protesta, pero continuó como el viejo topo, taladrando el subsuelo de la cárcel global de la pseudocuarentena, hasta reaparecer con ímpetu y paso erguido en estos días de lluvia e inundaciones, de hambre y desolación, que demuelen nuestras vidas.

La gente salió porque está desesperada, porque entiende que la pandemia, además de ser mortífera en grado sumo, tiene unas causas sociales y de biopoder que la expanden, y que, solo ejerciendo los derechos, podrá encontrar lo urgente: vacuna universal gratuita ya, salud pública preventiva y curativa como primera estrategia, abolición del hambre y del abandono… Los que creen que, por ignorancia e insensatez, se están realizando las protestas, soslayan que, el día 28 de abril, se superaron los quinientos muertos por la COVID-19, sin que la movilización tuviera que ver nada con ello. Todos a una, la mayoría jóvenes, afirmaron su dignidad y tienen la solidaridad de los adultos en sus familias, que también acuden a las marchas. 

“Solo la lucha os hará libres y felices” está como convicción en una juventud que carece de futuro: sin oportunidades, sin educación de calidad y gratuita para todos, sin salud garantizada. Atrapados, sin salida, en la debacle de la civilización capitalista. Lo que está ocurriendo aquí, en América Latina y en el mundo tiene que ver con el desencanto neoliberal y sus promesas de exitismo, incluyendo la religión del dinero. Los jóvenes tienen conciencia de salvar la natura de la creciente grieta metabólica con la sociedad, abolir las guerras y, de manera principal, detener la matanza de indígenas, negros, campesinos, líderes sociales y de derechos humanos. Abolir el feminicidio, que campea por doquier.

En un artículo para Un Pasquín, “La renuncia de Duque y Marta Lucía” (19 de febrero del 2020), a propósito de la rebelión del 2019, propuse la renuncia de Duque y Marta Lucía, con elecciones anticipadas. Porque el Gobierno es parte principal del problema, y no de las soluciones. Hoy reitero esta propuesta como una alternativa constitucional que encause la inconformidad democrática y evite lo que quiere el uribato: militarización, hacer invivible la república, como en los tiempos de Laureano Gómez, porque esta es la política que impulsa el gran Burundú Burundá. Esta ambición del uribato, de triunfar, daría lugar al pleno bonapartismo presidencial, conculcando las libertades y los derechos, un golpe de Estado con maquillaje, con el Congreso como comparsa, para continuar el modelo neoliberal y profundizar las políticas antisociales. Creo no equivocarme, pero de esa gravedad es la situación que estamos encarando. Por ello, es necesario reafirmar la calle y la plaza como escenarios de la democracia, donde las mujeres, tal como lo confirman las movilizaciones, encabezan las luchas. Antígona está en las calles.

Álvaro Uribe, como presidente en cuerpo ajeno de Duque, no ha retirado la reforma tributaria. Ha sido la huelga general de masas la que tumbó el esperpento de marras, al igual que al ministro Carrasquilla. La situación exige una política unificada en torno al reemplazo del Gobierno, mediante elecciones generales anticipadas para gestionar las salidas democráticas y constitucionales a la crisis.

Ricardo Sanchez Angel

Editado por María Piedad Ossaba

Publicado por  El Salmon, 6 de mayo de 2021

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