Colombia: Paz hueca, diálogos vacíos

Se trata de meros eslóganes, de pura retórica para no hablar de lo realmente importante: los fundamentos materiales de una sociedad en paz, y las condiciones concretas que dan soporte al dialogo entre iguales para darnos un “buen gobierno”.

Todas las instituciones piden al unísono diálogo y paz. Desde el presidente Duque hasta el último alcalde del país está invitando (a veces el tono cambia, y se convierte en exigencia) a dialogar y a la protesta pacífica. Los medios de comunicación repiten el mismo estribillo. La repetición de estos “valores democráticos” se ha multiplicado tanto que ya perdimos de vista por qué hemos llegado, por enésima vez, a lo mismo: a la violencia estatal y al desprecio de las demandas de la gente. Lo que escucho en la radio, en la prensa, o en intelectuales de todas las corrientes, es más o menos esto: queremos paz porque queremos la paz, y queremos dialogar porque debemos dialogar. Incluso, las directivas de la Universidad del Tolima ya hablan de “territorio de paz” y de “escenarios de diálogo” para construir la paz. En fin, las tautologías son cada vez más aturdidoras.

Se trata de meros eslóganes, de pura retórica para no hablar de lo realmente importante: los fundamentos materiales de una sociedad en paz, y las condiciones concretas que dan soporte al dialogo entre iguales para darnos un “buen gobierno”. Y, más allá de esto, qué tanto van a poner “ellos” (los privilegiados) y qué tanto vamos a poner “nosotros” (los asalariados y los que no tienen nada, o sea, las mayorías).

A juzgar por los comunicados revisados a hoy, lo que los gremios y las élites quieren, en realidad, es un dialogo vacío sobre una paz hueca. La idea, que es de antiguo, consiste en reducir todo el debate social a judicializar a este o a aquel, a resarcir un daño aquí o acullá, y hacer comisiones para redefinir una política pública sobre derechos humanos, paz y democracia. En últimas, hacer aquello mismo que termina conduciendo a lo mismo: una agonística social ya imparable.

El Gini de concentración de la tierra en Colombia sigue en 0.89, la del Tolima sobrepasa el 0,75. La cobertura universitaria del país es del 50%, y del Tolima apenas del 37%. El Gini de riqueza de Colombia asciende a 0,807 (Credit Suisse, 2018), y todo el crédito del Tolima, además de ser costoso para el pueblo llano, se concentra en pocas firmas (los invito a revisar los informes de Asobancaria). El sistema fiscal de la nación es regresivo en todos los frentes. La impunidad en Colombia supera el 95%. La salud preventiva no existe. La clientelización del Estado es infame, lo que da soporte a todas las operaciones corruptas y destructivas de políticas sociales eficientes. La pobreza campea en las ciudades y en las veredas. La deforestación es el pan de cada día en las selvas.

Deberíamos empezar por estos temas, o similares. En esto deberíamos concentrar nuestras energías para lograr algún tipo de “contrato social”, que siempre es temporal y necesita de nuestra máxima vigilancia. Por ejemplo, en el Tolima, ¿qué proponen el gobernador y los alcaldes al respecto? ¿Qué proponen las directivas universidades de la región? ¿Qué dicen los partidos políticos y los sindicatos patronalistas? Mencionaré algunas propuestas que, ciertamente, nunca serán discutidas seriamente por los anteriores actores. Y que, desde luego, deberían ser debatidas en las asambleas populares que hoy se desarrollan en el Tolima.

La tierra privada productiva debe ser redistribuida, especialmente donde tenemos alta concentración: valle del Magdalena y montaña del piso templado a frío y frío, especialmente. Pero, esto debe estar acompañado de infraestructura vial, crédito subsidiado, asociatividad, cooperativización, capacitación y precios de cosecha sustentables. Los impuestos a la tierra deben ser realmente progresivos: los latifundistas deben pagar más que los microfundistas por unidad de área, en las mismas “zonas homogéneas físicas”. La educación superior debe ser gratuita desde el pregrado hasta el doctorado, y debe estar soportada por docentes de calidad y con estabilidad laboral. La salud preventiva debe alcanzar una cobertura del 100%, y estar atendida directamente por las instituciones prestadoras de salud. Es necesario implementar la carrera profesional en todas las entidades del estado, lo que exige la aplicación de concursos públicos en todos sus cargos (lo que cortaría de tajo toda fuente de clientelización del Estado y mejoraría sus indicadores de desempeño).

El IVA y los peajes deberían desaparecer, y los impuestos a la renta deberían aplicar a todo tipo de dividendos, y las exenciones o “cruces creativos de cuentas” no deberían existir. Pues, introducen un sistema velado de impuestos regresivos. ¿Cómo financiar esto? Toda la banca privada debería tener impuestos del 90% (o más) a sus utilidades, misma tasa que se aplicaría a todo capital que salga del país. Pues, como se sabe en algunos círculos, la “expansión crediticia” y la “migración de la riqueza” es otra forma de hacer dinero efectivo de la nada, o mejor, es otra forma de robo del trabajo no pagado o plusvalía. Aquí ya contaríamos con casi 20 billones de pesos constantes y sonantes para financiar las políticas sociales anuales del Tolima y del país. Este es el verdadero debate a realizarse para empezar a estabilizar el orden social. Soslayarlo sería aplazar un mayor “estallido popular”.

Hoy se contabilizan 18 desaparecidos en el Tolima (#SOSColombia y Comisión de Derechos Humanos del Tolima). Un gesto de apertura a cualquier dialogo debería empezar por aquí: el gobernador y el alcalde de Ibagué deben dar cuenta ya de estas acciones criminales del Estado.

Finalmente, un dato. Las protestas de 1977 fueron más violentas y supuestamente más “paralizadoras de la economía”, si se comparan con las actuales. Sin embargo, un juicioso trabajo econométrico de la Universidad de los Andes muestra que, la pobreza urbana no se vio afectada en ningún trimestre de ese año, ni en los dos años posteriores. De hecho, la pobreza empezó a disminuir a partir de ese año (1977: marzo: 47%, junio: 52%, septiembre: 46%, diciembre: 41%. 1978: marzo: 41%, junio: 41%, septiembre: 35%, diciembre: 37%. Y 1979: marzo: 39%, junio: 40%, septiembre: 38%, diciembre: 37%) (Pobreza, Desigualdad y Progreso Social en Colombia: 1976-1997, Carlos Medina, Jairo Núñez y Fabio Sánchez, CEDE, Bogotá).

Las razones superficiales de lo anterior se relacionan con una disminución de los precios reales de la canasta básica, entre otros factores. Pero, el punto central es este: las protestas no empobrecieron a la población vulnerable, y las reivindicaciones sociales (previas y posteriores) presionaron algunos cambios positivos en los indicadores socioeconómicos. Y la economía no entró en recesión por una sencilla razón: no salieron millones a protestar durante un tiempo sostenido. Lo que no sucedió en 1977 y no ha sucedido hoy.

 

Alexander Martínez Riviñas

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: El Salmon, 9 de mayo de 2021