La barbarie oficial en Colombia

Conocer la barbarie oficial es un paso indispensable en la búsqueda de la verdad. Las investigaciones del tribunal han revelado toda una estructura de estímulos a los militares que derivaron en la pavorosa ejecución de civiles

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No fueron uno, ni dos, ni tres… fue una multitud. Juntados después de su asesinato a sangre fría por “agentes del Estado”, son una conjunción de horror, de huesos pulverizados, de infinita infamia, de deshumanización y crueldad. Aquí y allá, en la Costa y en Antioquia, en el Meta y Caquetá, en casi todo el país (en 29 de los 32 departamentos), las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, o los mal bautizados “falsos positivos”, son un baldón para Colombia.

Aunque estas “ejecuciones extrajudiciales” son de vieja data, es durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando se aumentan a una proporción de espanto los asesinatos de millares de personas para hacerlas pasar como miembros de la guerrilla, con el falso marbete de “dados de baja en combate”. El reciente auto (033 de 2021) de la Jurisdición Especial para la Paz (JEP) da cuenta de una suerte de matadero oficial, que deja al lector sin aliento, por lo macabro de los acontecimientos criminales.

Y esa matazón de muchachos (también hubo uno que otro adulto mayor), que tuvo su apogeo terrorífico entre 2002 y 2008, recuerda tiempos de dictaduras en otros suelos, y de las atrocidades registradas durante las calendas funestas del fascismo y el nazismo, guardadas las proporciones. “Durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008 aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional”, dice el informe.

No solo es un descomunal irrespeto a la vida, sino el premeditado montaje de una estructura infernal para hacer creer a la opinión pública que se trataba de una “legítima” acción contra la subversión. Y no era así. Se apeló al más ruin de los métodos, en el marco de la política de “seguridad democrática”, para asesinar a sangre fría a gente inocente, a la que se engatusó con distintos señuelos. O como lo advirtieron las Madres Víctimas de los Falsos Positivos, citadas en el auto en mención: “no eran uno o dos sino miles de muchachos que se llevaron de Soacha y de otras zonas del país para dar resultados en una guerra de mentiras”.

Este “fenómeno macrocriminal”, como lo califica la Corte, durante el lapso de 2002 al 2008, tuvo la máxima victimización histórica en Antioquia, en especial en regiones del oriente, como Granada. Y aunque este género de crímenes estatales se presenta desde la década del 80, fue durante el período que coincide con el ejercicio de la “seguridad democrática” cuando se disparó de modo exponencial. El 78% de las víctimas de los “falsos positivos” se registraron durante ese período.

El abogado José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, señaló en un “hilo” de Twitter (20-02-2021) que “Uribe dice que los falsos positivos no nacieron durante su gobierno. Engañoso. Nadie afirma que nacieron durante su gobierno. Sabemos que existen desde los 80. Pero durante su gobierno hubo los picos más altos, como lo ha dicho la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

La investigación de la JEP contrasta con la de la Fiscalía, que al respecto da datos muy pálidos, y que, con esa actitud, parece encubrir situaciones de profunda gravedad como la de los crímenes de Estado o, con sus síntomas de ineficiencia, confirma que es un condescendiente aparato de bolsillo. Las reciente revelaciones, en las que militares comprometidos han aportado al necesario proceso de verdad, van aclarando el tenebroso panorama que, con los “falsos positivos”, ha invadido de dolores a muchas familias colombianas.

Cementeiro Las Mercedes en Dabeiba, otro “cementerio del horror” en Colombia donde la normalidad es un abismo y es la muerte.

“Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados”, declaró el tribunal.

Este informe, que ya ha motivado que en otras partes del mundo se denuncie y conozca lo sucedido en Colombia durante esa temporalidad, abre un camino de esperanza al conocimiento de la verdad y a la consolidación del proceso de paz, que tantos enemigos tiene. Y ratifica la importancia de la JEP, que ha sufrido los embates enconados de los enemigos de la paz y la reparación.

Conocer la barbarie oficial es un paso indispensable en la búsqueda de la verdad. Las investigaciones del tribunal han revelado toda una estructura de estímulos a los militares que derivaron en la pavorosa ejecución de civiles. Miembros del Ejército que reportaban bajas recibían permisos de vacaciones, ascensos, comisiones en el extranjero, premios y otras prebendas.

Entre el 2002 y el 2008, cuando alcanzó las más altas cumbres esa pandemia asesina de los “falsos positivos”, muchas familias colombianas lloraron la pérdida de sus hijos y padres, y padecieron la burla de un presidente que se ensañó con ellas al responderles que “esos muchachos no estaban recogiendo café”.

Un manifestante quema una imagen del expresidente de Colombia Álvaro Uribe. Credit Carlos Ortega/EPA vía Shutterstock

Reinaldo Spitaletta para La Pluma, 23 de febrero de 2021

Editado por María Piedad Ossaba