Uribe

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Ha sorprendido la detención en Colombia del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez aunque al parecer no le ha quedado otra solución a la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo del poder judicial del país. En efecto, como lo ha manifestado la misma Corte son abundantes los elementos de juicio que comprometen a Uribe en delitos de manipulación de testigos y obstrucción a la justicia de manera que ha sido necesario encarcelarlo para que no pudiese destruir pruebas. Pero más allá de sólidos e incontestables motivos jurídicos alegados por los magistrados todo indica que la decisión corresponde a un proceso político que explicaría no solo esta detención sino el deterioro creciente de la figura del líder de la extrema derecha colombiana promovido o tolerado por los poderes reales del país. Parece que al menos un sector mayoritario de la clase dominante, que por un período bastante largo ha permitido a la extrema derecha impulsar la estrategia de exterminio de la oposición política y social, habría decidido el cese o al menos la disminución de esa estrategia de violencia militar y paramilitar, algo que Uribe y los suyos no han asumido negándose a aceptar cualquier reforma así sea dentro de las reglas de juego del sistema. El caso es muy llamativo porque contra Uribe pesan acusaciones de vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, espionaje a la oposición y prácticas mafiosas para ganar elecciones, entre otros delitos. Detenerlo ahora por manipulación de testigos, un asunto menor comparado con las otras acusaciones, recuerda el caso de Al Capone, quien terminó en la cárcel por evadir impuestos y no por sus miles de crímenes.

Los tiempos han cambiado en el país y las muchas crisis que afectan casi a todas las instituciones no se resolverían manteniendo el actual régimen fundamentalmente violento que desconoce de forma sistemática la propia legalidad del país. No sería entonces prudente (para los intereses generales de la burguesía) mantener el modelo sin algunas reformas que neutralicen el creciente descontento social; menos inteligente sería regresar sin más a las prácticas abiertamente violentas de la extrema derecha de Uribe. Las perspectivas de grandes levantamientos urbanos con exigencias mayores, que vienen de lejos y que la pandemia solo ha disminuido parcialmente, podrían llevar al colapso del sistema tal como está sucediendo en Chile. En tales circunstancias sería muy posible un triunfo electoral de la izquierda, tal como parece que se produjo en las elecciones anteriores pero que el sistema electoral corrupto y primitivo del país impidió.

En este escenario la fórmula de Uribe –la extrema derecha- resultaría pues altamente inconveniente y en su lugar parece más inteligente buscar un amplio frente de centro que impulse algunas reformas y evite los riesgos de intensificar los conflictos.

Uribe encarna como nadie a la llamada clase emergente, a los nuevos ricos muchos de los cuales aparecen vinculados a actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando, el robo de tierras, la muy amplia corrupción administrativa y otras prácticas similares que en tantas ocasiones van acompañadas de violencia extrema con el resultado de millones de desplazados, cientos de miles de muertos y desaparecidos y una población sometida al miedo y al terror pero que a pesar de todo resiste y se moviliza. Por supuesto que la clase dominante en su conjunto ha participado en estas prácticas pero ahora mayoritariamente habría comprendido que es necesario civilizar un poco la política, terminar los conflictos armados y aceptar ciertas reformas que modernicen y hasta introduzcan aceptables grados de democracia en el tejido social del país sin que el sistema sea puesto en peligro. Un ejemplo muy significativo sería precisamente cumplir el Acuerdo de Paz suscrito con una parte de la insurgencia armada que el actual gobierno de Duque está “volviendo trizas”, siguiendo la consigna de la derecha extrema de la que Uribe Vélez resulta ser el principal representante.

El acontecimiento debería interpretarse entonces como un mensaje claro a los políticos de la extrema derecha, y por extensión a sus bases sociales que son de alguna significación en ciertas regiones y que parecen confiar como último recurso en el respaldo de los cuarteles, o al menos de una parte de ellos. Las mayorías sociales, por su parte, parecen respaldar abrumadoramente la detención de Uribe, a juzgar por las encuestas de opinión realizadas. De ser acertadas estas hipótesis, dos serían entonces los escenarios más probables en el proceso político de Colombia en los próximos meses.

El primero sería la continuación del proceso de debilitamiento de la extrema derecha y el impulso de soluciones de “centro”, de derecha civilizada que consigan el respaldo de las fuerzas de la izquierda para obtener la victoria electoral en 2022 con un programa de reformas que en las condiciones de este país resultarían casi revolucionarias. Ya se busca el candidato idóneo. El programa de esta frente electoral recogería, por ejemplo, el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la guerrilla, que serviría de base para llegar a un arreglo con los insurgentes que aún persisten en la lucha armada; se aceptarían así mismo muchas de las reivindicaciones del movimiento popular (campesinos, asalariados, indígenas y negritudes, derechos a las minorías, políticas ecológicas, etc.) pues todas son exigencias asumibles en un sistema burgués moderno y democrático. El segundo escenario –que hasta ahora parece poco probable pero no debe descartarse en absoluto- sería alguna fórmula de golpe de Estado, de eliminación de los pocos espacios democráticos que aún tiene el país, volviendo a las prácticas clásicas de la primacía de la violencia oficial y privada que se asocian a la figura de Uribe; cambiar inclusive el orden constitucional para sacar a Uribe de prisión.

Juan Diego García para La Pluma, 10 de agosto de 2020

Editado por María Piedad Ossaba