Libertad para el río Cauca Movilización Nacional, jueves 14 de Febrero

Exigimos investigación disciplinaria y penal a Hidroituango EPM por violación de derechos

EXIGIMOS INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y PENAL A HIDROITUANGO EPM POR VIOLACIÓN DDHH Y AMBIENTALES

#HidroituangoUnDesastre – Declaración de Estado de Emergencia

Exigimos a la Procuraduría General de la Nación que Restituya los Derechos Colectivos y Ambientales de las Comunidades Afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango.
Exigimos el Reconocimiento Del Río Cauca como Sujeto de Derechos y se determine inmediatamente la liberación de su afluente para que restaure el caudal mínimo vital del ecosistema regional.
Exigimos se dé prevalencia al curso natural del Agua como líquido vital para el Derecho a la Vida de las Comunidades del NorOccidente Colombiano.
Las organizaciones socio-ambientales de Colombia articuladas a través de la Red Nacional del Agua de Colombia hacemos público este comunicado en solidaridad con las comunidades rurales, el territorio afectado y el Movimiento Ríos Vivos Antioquia por la crisis ambiental y social ocasionada por el REPRESAMIENTO del Río Cauca, el cual fue represado por la Hidroeléctrica HidroItuango de las Empresas Públicas de Medellín EPM, megaproyecto realizado en contra de todas las peticiones realizadas por la comunidad para que no se represara, desviara ni transformará la vocación ancestral social y ambiental agrónoma, pesquera y barequera de la región, siendo así mismo víctimas de vulneración de derechos humanos, individuales, colectivos y ambientales.

Por esta razón manifestamos que:

Sobre la situación de vulneración de derechos:

Exigimos a la Procuraduría General de la Nación que Declare Estado de Emergencia Ambiental en los municipios de Valdivia, Caucasia, Sabanalarga e Ituango debido al inminente riesgo de un Colapso Ambiental y Desastre Ecológico por la coptación del Agua Del Río Cauca para el resguardo de la Seguridad del Proyecto Hidroituango el día 5 de Febrero de 2019 desabasteciendo el agua en más de un 70% afectando la Segurida Hídrica Nacional y atentando contra el equilibrio del ecosistema.
Exigimos a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria y efectiva sanción a la Empresas Públicas de Medellín por la violación de derechos humanos ambientales en el desarrollo de Hidroituango entre 2010 y 2019.
Se esclarezca (el asesinato de los líderes comunitarios Héctor Alberto George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya (QEPD) del movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes alertaron sobre la inminencia del desbordamiento y fueron asesinados cruelmente frente al silencio de la sociedad y el estado los días 2 y 8 de mayo respectivamente
Exigimos se esclarezca la aparente relación entre la construcción de este megaproyecto y el ocultamiento de fosas comunes de crímenes ejercidos por paramilitares, de estas investigaciones se han exhumado 159 cuerpos encontrados hallados en la zona.
Responsabilizamos, solidariamente, a quienes estigmatizaron y atacaron a las comunidades rurales y al movimiento Rios Vivos Antioquia, los ex-gobernadores:

Álvaro Uribe Velez (2000-2019) .
Luis Alfredo Ramos (2008-2011) como principal responsable de emergencia quien actuó como empresario y accionista mayoritario de Hidroituango, quien amedrentó y amenazó con encarcelamiento a los defensores ambientales y propició la vulneración de derechos humanos y ambientales a través de acciones vinculadas con paramilitares.
Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015) quien omitió todos los reclamos y denuncias de las comunidades, dándole prioridad a los intereses económicos sobre el bien público y privado de las comunidades rurales.
Luis Perez (2016-2018) quien a través de sus recientes declaraciones públicas tildó de “telenovela” la catástrofe ambiental a la que se enfrentan las comunidades y la región, estigmatizando a los defensores y minimizando la grave problemática frente a la opinión pública.

Exigimos la garantía de cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de los líderes y comunidades rurales de Valdivia, Caucasia, Ituango y Sabanalarga quienes se oponen al megaproyecto Hidroituango y exigen garantías para que se continúen la s investigaciónes respectivas de tipo penal, disciplinario y administrativo, respetando el debido proceso.
Exigimos esclarecimiento público de las causas técnicas, políticas y ambientales que incidieron en esta tragedia no-natural para que se identifiquen públicamente y judicialicen a los responsables.
Determinar de manera expedita el detrimento económico y patrimonial a las finanzas publicas, que según algunas fuentes hoy se cree asciende a 400.000 millones de pesos.
Determinar de manera expedita la afectación de más de 1000 familias de los municipios Valdivia, Caucasia, Sabanalarga e Ituango.

Sobre la emergencia ambiental exigimos:

Se cancele inmediatamente el megaproyecto Hidroituango el cuál es un peligro permanente por su inviabilidad demostrada en los estudios ambientales que demostraban el inminente riesgo que representa Hidroituango debido a que se ubica en zona de fallas geológicas y de lluvias.
Se evacúe de manera controlada y segura el agua represada.
Se realice un plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del megaproyecto y se suspenda el llenado hasta tanto no se garantice que no queda más cuerpos en la zona de afectación.
Se caracterice a todas las comunidades en riesgo del Bajo Cauca Antioqueño.
Se atienda la emergencia humanitaria con sitios de albergue, alimentación y abrigo para las familias cuyos medios de vida dependen del Río Cauca.
Se brinde tierras y proyectos productivos para las familias que perdieron sus modos de vida.
Se brinde información veraz y oportuna sobre lo que realmente está sucediendo con este megaproyecto.
Se sancione a los responsables de esta tragedia social y ambiental.
Exigimos que ANLA se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de las medidas anunciadas públicamente por EPM para atender la inundación y en especial la del vertedero.
Exigimos se reconozca el proceso de lucha de las comunidades rurales por la garantía de los derechos humanos y ambientales.