En todo sistema presidencialista, ya sea por la concentración de decisiones en una sola persona o por la centralidad de exposición que adquieren los presidentes, el carácter de la autoridad es sustantivamente mayor que en otros tipos de sistemas políticos, donde hay transferencia de legitimidad y mandatos derivados. Después, claro está, viene el juego efectivo de cuánto margen de maniobra real tienen frente a los factores de poder, en qué medida influyen las correlaciones de fuerzas y el estado general de la lucha de clases.

En el caso del presidencialismo brasileño hay, además, una mecánica que fue organizando las pautas del comportamiento político: al ser simultánea la renovación completa de los diputados junto con la elección presidencial, las coaliciones se terminaban diseñando observando ambos paneles al mismo tiempo, en un intercambio de ministros y secretarías por apoyos en el Congreso. El denominado “presidencialismo de coalición”. Eso explica, entre otras razones, la supervivencia durante estas últimas décadas de varios partidos idiosincráticamente predispuestos para “ofertarse” en ambas dimensiones –entre ellos, principalmente, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), uno de los principales derrotados en las últimas elecciones– cuyos ciclos de chantajes culminarían en la degradación terminal que significó el ilegal y fraudulento impeachment a Dilma Rousseff, además de empujar al país a una de sus peores crisis económicas.

La llegada de Jair Bolsonaro requería de esa descaracterización general de los elementos del sistema. Sin ese contexto (política y económicamente) crítico, su postulación difícilmente hubiera podido prosperar. Al mismo tiempo, hay que entender el ascenso de Bolsonaro como un segundo momento de aquello que se puso en marcha durante el interinato de Michel Temer, esto es, una nueva gramática para el Estado brasileño y un rediseño de sus variables culturales, políticas, jurídicas y económicas. En la continuidad del mismo drama, se trata ahora de un programa de Gobierno llevado adelante y coordinado a partir de actores de naturaleza “facciosa”, es decir, sin ningún reparo por contravenir, las veces que sea necesario, las reglas democráticas y establecidas, bajo el influjo de un pretorianismo moral que no se sabe muy bien dónde puede terminar.

Son actores –los que componen el Gobierno Bolsonaro^[1]– que vienen comunicándose entre sí desde hace un tiempo (destacándose unos a otros, poniendo en evidencia lo que tienen en común, tejiendo una misma mirada para las decisiones públicas, consolidando un programa). Durante un primer momento -el golpe parlamentario a Dilma y el Gobierno de Temer- estuvieron subsumidos por la lógica partidista del “presidencialismo de coalición” (hay que recordar que buena parte de los ministros de Temer provenían del Congreso), pero ahora ya han establecido un bloque histórico de otro tipo, donde el rol de los militares asume protagonismo notorio.

Es en este contexto que aquí se presentan los 22 ministros y ministras^[2] designados por Jair Bolsonaro para comenzar el futuro mandato el 1 de enero del año próximo. Estos ministros, secretarios y demás funcionarios confirman una cuestión central: la orientación ideológica que llevará adelante el Gobierno: un regresivo programa neoliberal en lo económico, de desinterés inclusivo por las minorías, de reestructuración de los sistemas de protección social, de enajenación de la soberanía sobre los recursos naturales y la consolidación de un alineamiento geopolítico con EE. UU., entre otras líneas de acción. Asimismo, al margen de la función o actividad particular que les toque realizar a cada uno de los nombrados, en el gabinete de Bolsonaro pueden identificarse sectores o grupos con sus propias lógicas para cumplir la agenda: la “Corporación Militar”; las “articulaciones parlamentarias”; la “agenda sectorial e ideológica”; la “continuidad del golpismo”; el “programa neoliberal”; y “el Partido Judicial”. Son esas partes  -de naturaleza “facciosa”, es decir, que tienden a desbordar los límites de lo definido normativamente, y lo tolerable desde un punto de vista democrático– cuyo equilibrio está, en principio, organizado por la sobrerrepresentación militar.

La Corporación Militar

Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional)

El General Augusto Heleno Ribeiro será, seguramente, una de las principales “voces militares” en el Gobierno. Superior en su momento del propio Bolsonaro, su figura se popularizó cuando fue nominado como primer comandante de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), cargo que ocupó del 2004 al 2005. Aquella tarea, que involucró cientos de militares brasileños, debe ser considerada un punto de inflexión respecto de los ulteriores protagonismos públicos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. En septiembre del 2007 asumió el Comando Militar de la Amazonia (CMA), uno de los puestos más prestigiosos del Ejército brasileño; puesto del que fue removido luego de denominar la política indigenista del Gobierno de Lula de “caótica” y “una amenaza a la soberanía nacional”. En su discurso de despedida del Ejército, en el 2011, elogió el golpe militar de 1964, abriendo un espacio retórico para ulteriores posicionamientos públicos de otros militares. Se convirtió en consultor en temas de seguridad y asuntos militares para diversas instituciones –por ejemplo, para TV Bandeirantes- y es defensor de que los policías puedan ejecutar a los delincuentes armados: “tendré muertos, sí, pero del lado correcto”, afirmó este mismo año a BandNews.

Marcos Pontes (Ministerio de Ciencia y Tecnología)

Nacido en San Pablo, Marcos Pontes es astronauta, ingeniero aeronáutico y Magíster en Ingeniería en Sistemas. Teniente coronel de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) fue el primer astronauta brasileño y sudamericano en ir al espacio en el 2006. También ha cumplido funciones administrativas en la Agencia Espacial Brasileña (AEB). En el 2014 se postuló como candidato a diputado federal por San Pablo, pero no ingresó; este año también se presentó, ya afiliado al PSL. Si bien Bolsonaro lo ha elogiado en diversas oportunidades en su condición de “patriota, por tener conocimiento, voluntad de cambiar las cosas y una iniciativa muy grande” no hay una unanimidad respecto de la actuación de Marcos Pontes como supuesta figura ética dedicada al interés nacional. La misión en la Estación Espacial Internacional en la que Pontes participó en el 2006 le costó en su momento 10 millones de dólares a Brasil, y nunca quedó muy en claro el valor científico de semejante experiencia. Sobre todo cuando el astronauta pasó a reserva militar unos meses después y se dedicó a dar consultorías y seminarios por diversos lugares del mundo, convirtiéndose en un divulgador de las informaciones provistas por la NASA.

Fernando Azevedo e Silva (Ministerio de Defensa)

El futuro ministro de Defensa es general de reserva del Ejército, donde llegó a ser jefe del Estado Mayor. Se trata de una figura con bastantes vínculos con los poderes públicos del Estado, en tanto fue jefe de la Asesoría Parlamentaria del Comando del Ejército del 2003 al 2004, y actualmente es asesor directo del presidente del Supremo Tribunal Federal, Jose Antonio Dias Toffoli. Estuvo al frente, también, de la Autoridad Pública Olímpica durante el Gobierno de Dilma Rousseff, ocupándose de las cuestiones de seguridad. En declaraciones públicas, Azevedo e Silva no deja de reafirmar la “vocación política” de los militares, dejando a veces ciertas dudas respecto de los límites de ese accionar: en declaraciones a Folha de Sao Paulo admitió que “Estamos vocacionados (para cumplir) con nuestra actividad-fin, que es cumplir con el Artículo 142” –la defensa de la Patria, garantía de los poderes constitucionales y de la ley y del orden-. Es uno de los últimos generales a pasar a reserva y constructor de la idea del carácter cívico-militar del próximo Gobierno.

Wagner Rosário (Contraloría General de la Unión)

Wagner Rosario fue nombrado en junio de este año como ministro de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión, como parte del ingreso de militares al Gobierno de Michel Temer –un fenómeno que resultaría anticipatorio respecto del protagonismo por venir-. De formación militar y actuación como oficial, llegó a ser capitán del Ejército como Bolsonaro, realizando su formación en la misma Academia de Agulhas Negras. Luego realizó una maestría en Combate a la Corrupción y Estado de Derecho, en la Universidad de Salamanca (España). Esta formación es la que le permitió llegar a ser auditor federal de Finanzas y Control desde el 2009, un organismo responsable de las investigaciones conjuntas para el combate a la corrupción, en articulación con la Policía Federal, los ministerios Públicos (federales y estatales) y otros organismos estatales similares. Precisamente es este vínculo, proveniente de la esfera militar y con conexiones con la Policía Federal, el que lo colocará en diálogo permanente con las reestructuraciones que, en materia de investigación judicial, supone el nuevo Ministerio que dirigirá Sergio Moro, y el tipo de redes internacionales de colaboración judicial que se vienen diseñando desde hace varios años.

Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaría de Gobierno)

Oriundo del sur del país, Carlos Alberto dos Santos Cruz es ingeniero civil de formación y general de División de Reserva del Ejército. Estuvo en el Comando de la Minustah del 2007 al 2009, en lo que fue una experiencia organizadora de un nuevo protagonismo militar para buena parte de aquellos que cumplieron tareas allí (una misión que, según varias denuncias internacionales, distó bastante de ser ejemplar respecto del tratamiento hacia la población civil). Sirvió también en funciones en el Congo. Ingresó por unos meses al Gobierno de Michel Temer para ser el secretario nacional de Seguridad Pública (SENASP), una experiencia institucional que le permitió encauzar su propio perfil: en el Gobierno de Bolsonaro tendrá a su cargo la articulación política.

Tarcísio Gomes de Freitas (Ministerio de Infraestructura)

Tarcísio Gomes de Freitas es ingeniero civil, formado por el Instituto Militar de Ingeniería (IME) con posgrados en gerenciamiento de proyectos e ingeniería en transportes. Inició su carrera en el Ejército y también tuvo su actuación en la Minustah como parte de la delegación de la Compañía de Ingeniería Brasileña. En las últimas dos décadas ha logrado desarrollar no sólo una capacidad profesional demandada en el ámbito privado sino que se convirtió en consultor legislativo de la Cámara de Diputados y director ejecutivo del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), durante el Gobierno de Dilma Rousseff. Logró por concurso formar parte del cuadro de auditores de la Contraloría General de la Unión (CGU). Su capacidad técnica será esencial para la redefinición institucional que supone el nuevo Ministerio –anteriormente Transportes, Puertos y Aeropuertos y Aviación Civil- y listar prioridades para lo que son algunas metas ya declaradas por el próximo Gobierno: modificar el esquema de licitaciones, concesiones y privatizaciones.

Bento Costa de Albuquerque (Ministerio de Minas y Energía)

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque es militar de la Marina, ocupando el puesto de almirante de Escuadra. Tiene un posgrado en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia (UnB) y también realizó un MBA en Gestión Pública en la Fundación Getúlio Vargas (FGV). Fue observador de Brasil en las Fuerzas de Paz de la ONU en Sarajevo y dirigió la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa, entre otros cargos. Fue director de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina, y en el último tiempo estaba al frente del Programa de Desarrollo de Submarinos (ProSub) y del Programa Nuclear de la Marina (PNM), ambas áreas claves desde un punto de vista geopolítico.

Las articulaciones parlamentarias

Ricardo de Aquino Salles (Ministerio de Medio Ambiente)

Ricardo de Aquino Salles fue el último de los ministros en ser nombrado. No sólo fue secretario de Medio Ambiente del Gobierno de San Pablo de Geraldo Alckmin (PSDB), sino que además fue secretario particular del propio Alckmin. Es el líder del Movimiento Endireita Brasil, y en la última elección se postuló al cargo de diputado por el Partido NOVO, no siendo electo. Su trayectoria política es, precisamente, lo que lo convierte en un puente con otros partidos y espacios políticos, una cuestión que en las últimas semanas ha comenzado a ser mayormente considerada en el círculo del nuevo presidente –sobre todo a partir de las denuncias vinculadas con transferencias bancarias injustificadas de su hijo Flavio Bolsonaro-. En ese sentido, Aquino Salles es una comunicación y un resguardo para potenciales y futuras composiciones. Su plan para el Ministerio no queda demasiado claro, salvo algunas definiciones genéricas como “el medio ambiente es una pauta que fue secuestrada por la izquierda en Brasil” o bien “vamos a preservar el medio ambiente sin ideología y con mucha razonabilidad”.

Onyx Lorenzoni (Jefatura de Gabinete)

Onyx Lorenzoni está actualmente en su cuarto mandato como diputado federal por el DEM (uno de los partidos más conservadores y desprestigiados de la Cámara). Médico veterinario y dirigente de las entidades de la categoría en Río Grande do Sul, se fue convirtiendo en uno de los opositores más enérgicos del Partido dos Trabalhadores (PT), cuestión que lo fue acercando a Bolsonaro desde hace más de una década. En este trayecto, durante estos últimos años, Lorenzoni ha sido más fiel a Bolsonaro que a su propio partido: este año, por ejemplo, pese a que DEM definió acompañar la candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) a la Presidencia, Lorenzoni fue el articulador de campaña de Bolsonaro. Hace más de un año que sus tareas en el Congreso tienen que ver con acercar “apoyos parlamentarios” al nuevo presidente y coordinar un frente suprapartidario de respaldo. No es el único, pero sí el más destacado de los diputados que ha recepcionado como propio el ascenso de Bolsonaro y su programa, al margen de los incentivos personales que estuvieran en el medio. Como diputado, Lorenzoni ganó cierta notoriedad pública cuando fue el informante del proyecto de ley elaborado por el Ministerio Público conocido como las “10 Medidas Contra la Corrupción”, al margen de que luego el proyecto se trabara en el Senado. Sin embargo, pese al discurso moralista contra la corrupción, Lorenzoni tuvo que admitir en su momento haber recibido en el 2014 recursos sin declarar del holding cárnico JBS para sus campañas políticas. Su función será, también, la de mantener al Congreso bajo una modalidad “receptiva” a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Luiz Henrique Mandetta (Ministerio de Salud)

El actual diputado del DEM por Mato Grosso do Sul, médico de formación, fue secretario de Salud de Campo Grande entre el 2005 y el 2010. Miembro del Frente Parlamentario de la Salud -corporación que al interior del Congreso defiende los intereses de las entidades médicas- proviene de una familia de políticos de Mato Grosso do Sul y se ha convertido en los últimos meses en una de las figuras públicas más críticas con lo que fue el Programa Mais Médicos –programa que facilitaba la radicación de médicos cubanos en distritos y localidades donde la presencia de médicos era prácticamente nula- llegando a decir que el Programa era un “navío negrero del siglo XXI”. Representante de uno de los principales sistemas privados de salud (Unimed), conforma junto con los (futuros) ministros Onyx Lorenzoni y Tereza Cristina, ambos también del DEM, una de las asociaciones más explícitas del Gobierno Bolsonaro con sectores de la “clase política”. Actualmente es investigado por fraude en licitaciones, tráfico de influencias y coimas –en una causa vinculada a la implementación de un sistema de registros informáticos de salud (cuando fue secretario de Salud de Campo Grande) por el que recibió el dinero, pero que nunca fue instalado-.

Gustavo Bebianno (Secretaría General de la Presidencia)

Gustavo Bebianno será uno de los hombres más cercanos al presidente. Abogado de formación y presidente del Partido Social Liberal (PSL) –el partido por el cual se eligió Jair Bolsonaro- Bebianno fue el encargado de construir la plataforma a partir de la cual fue posible la candidatura presidencial (desde el diseño de las estrategias de campaña, los aliados en cada uno de los Estados, así como la articulación –no en todos los casos sujeta a la norma- de los financiamientos y las modalidades de difusión política). Si bien las aproximaciones personales entre ambos comenzaron recién a partir del 2015 –con declaraciones públicas de Bebianno a favor de las posiciones de Bolsonaro- hoy en día es, junto a Onyx Lorenzoni, el dirigente político más próximo al presidente. Además de ser una consulta política, Bebianno será auxiliar en las “relaciones con la sociedad civil”. Al respecto, y como futuro titular de la Secretaría General, Bebianno ha declarado que su área será responsable por observar el Programa de Convenios de Inversión creado por Michel Temer, con el objetivo de acelerar las privatizaciones y concesiones de servicios públicos (carreteras, aeropuertos, etc.), para “modernizar y desburocratizar el Gobierno”.

Marcelo Álvaro Antonio (Ministerio de Turismo)

Marcelo Álvaro Antonio es actualmente diputado del Partido Social Liberal (PSL). Sin demasiada trayectoria en la política, comenzó su carrera en 2012 como concejal de la ciudad de Belo Horizonte. Con una carrera de Ingeniería incompleto, ha pasado por varios partidos –PRP, PMB y PR- y fue un articulador clave en la última campaña electoral en el segundo distrito electoral del país, Minas Gerais; gracias a su intervención, las complejidades de la elección en Minas pudieron ser sorteadas a favor del PSL. Pese a no tener demasiadas referencias en el ámbito del turismo, es parte activa del Frente Parlamentario Evangélico, lo que también lo coloca en sintonía con el sesgo ideológico del próximo Gobierno.

La agenda sectorial e ideológica

Tereza Cristina (Ministerio de Agricultura)

Ingeniera agrónoma y diputada federal de Mato Grosso do Sul por el DEM, la futura ministra de Agricultura, Tereza Cristina, es una de las principales voces del Frente Parlamentario Agropecuario (la denominada “bancada ruralista”) dentro del Congreso. Sin tanta experiencia legislativa, aunque ya había ocupado cargos ejecutivos en el Gobierno del estado de Mato Grosso do Sul, sus posiciones públicas de amplia defensa de los intereses agropecuarios desde el 2015 la convirtieron en una referencia de diálogo con el grupo de diputados que se disponía a construir la candidatura presidencial de Jair Bolsonaro. Partidaria de otorgarle más competencias al Congreso en lo que respecta a la demarcación de tierras indígenas, presidió recientemente la comisión donde fue aprobado el proyecto de ley que dispone de forma menos reglamentada el registro y uso de agrotóxicos y quita fiscalización a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama). Sus propuestas para el campo brasileño, a contramano del fomento a la agricultura familiar que en determinados períodos de los gobiernos del PT se incentivó, giran en torno a una inmediata expansión territorial de las áreas productivas, al margen de los impactos socioambientales y humanos que pueda traer, y de las disposiciones jurídicas que así lo restringen.

Damares Alves (Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos)

La abogada y pastora evangélica Damares Alves actualmente se desempeñaba como asesora del senador Magno Malta (una figura política conservadora que, en principio, tendría más espacio político propio –incluso se lo mencionaba para algún ministerio- pero que en el período de transición fue perdiendo reconocimiento). Sus posiciones públicas, congruentes con el Frente Parlamentario Evangélico, son tan controversiales como, por momentos, contrarias a derecho y espíritu democrático: ha declarado, por ejemplo, que llevar adelante las posiciones de reconocimiento LGBT es una cuestión “muy delicada” y que no habrá “ni un centímetro más” de tierras para los indios brasileños (paradójicamente, su ministerio incorporará el FUNAI, la Fundación Nacional del Indio). Una ONG fundada por Damares está siendo investigada por infanticidio y explotación sexual. Por el tenor de sus ideas, seguramente que Damares se convertirá en un puntal para la “batalla cultural” propuesta por Bolsonaro.

Ricardo Vélez Rodríguez (Ministerio de Educación)

Ricardo Vélez Rodríguez, el “extranjero” del Gobierno, nació en Colombia y se instaló en Brasil en 1979. Filósofo y teólogo de formación, fue consagrado profesor emérito de la Escuela de Comando del Estado Mayor del Ejército brasileño. Su nominación para Educación fue indicada por el ideólogo Olavo de Carvalho, quien ha delineado algunas definiciones del próximo presidente, sobre todo en la insistencia de autoafirmarse como un “hombre de derecha”. Con un claro discurso antipolítico, Vélez ha manifestado en varias oportunidades estar en sintonía con los principios de “Escola Sem Partido” (una corriente de ideas conservadora que incluso ha propiciado propuestas legislativas para “desideologizar” el aula), donde la educación no puede ser “opción burocrática para perpetuar a una casta que se enquistó en el poder”. Los principales objetivos a ser removidos con su plan educativo son la “ideología marxista” y la “ideología de género”, cuyos efectos “desmontan los valores tradicionales de nuestra sociedad”. Con estudios de maestría, doctorado y post-doctorado (en París), nada indica que Vélez esté medianamente informado de los problemas y asimetrías educativas del país. Se trata, más bien, de una figura simbólica.

La continuidad golpista 

André Luiz de Almeida Mendonça (Abogacía General de la Unión, AGU)

Abogado con posgrado en la Universidad de Salamanca (España) -sobre Corrupción y Estado de Derecho- y en Derecho Público por la Universidad de Brasilia, Almeida será uno de los funcionarios más técnicos en el gabinete, cuya carrera política se ha asentado en su propia trayectoria profesional. Actualmente es consultor jurídico de la Contraloría General de la Unión, ministerio a cargo de Wagner Rosário, ha coordinado áreas disciplinarias de Contraloría de la AGU y ha sido fiscal seccional en Londrina, el mismo estado donde radicó su actuación el juez Moro. Tiene Almeida un perfil compatible con las perspectivas investigativas de Sergio Moro, cuestión no menor respecto de un organismo jurídico como la AGU.

Osmar Terra (Ministerio de la Ciudadanía y la Acción Social)

Diputado federal por el MDB, Osmar Terra es médico y fue secretario de Salud de Rio Grande do Sul y alcalde de Santa Rosa en ese mismo estado. Además de ser diputado federal por 5 mandatos, se convirtió en su momento en ministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Michel Temer. Más allá de su pertenencia actual al MDB, Terra será uno de los ministros de Bolsonaro con más experiencia política, con diversos grupos de vínculos y un panorama amplio sobre las estructuras estatales. Quizás por ello haya sido nominado para ejercer un cargo que tendrá, en principio, una tarea organizativa de envergadura: lograr fusionar tres ministerios amplios como lo eran el propio de Desarrollo Social, el de Cultura y el de Deporte, además de incorporar en su esfera parte de la Secretaría Nacional de Política sobre Drogas (Senad). Tal tarea demandará un equilibrio de cargos y nominaciones, de allí también que debe ser contemplado como una aproximación al MDB. En términos programáticos para el área, seguramente reforzará su visión expuesta en varias oportunidades, que no deja de generar dudas dado el deterioro social por el que atraviesa el país en los últimos años, de que la “mayor victoria de un programa (social) es la reducción de las personas que precisan del mismo”.

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Ministerio de Desarrollo Regional)

Funcionario de carrera de la administración pública, especializado en Gestión Gubernamental, Gustavo Canuto asumirá un ministerio que fusiona dos carteras anteriores: Integración Nacional (en el cual él mismo se desempeñaba como secretario ejecutivo) y Ciudades. Este nuevo Ministerio de Desarrollo Regional tendrá el objetivo desarmar las líneas de intervención que se instalaron durante los gobiernos del PT. Uno de los cambios substantivos durante aquellos gobiernos fue la planificación de la inversiones públicas (en infraestructura, obras publicas, etc.) de forma coordinada con los diferentes estados de Brasil, lo que permitió avanzar sobre las profundas asimetrías entre las regiones. La descentralización de la inversión que, como principio, promueve Canuto (formado en Ingeniería Informática en la Universidad Estadual de Campinas –Unicamp- y abogado por el Centro Universitario de Brasilia –UniCEUB-), y cuyo presupuesto ministerial será mucho menor que la sumatoria de los anteriores, posiblemente vuelva a consolidar las diferencias entre los estados de la Federación.

El programa neoliberal

Paulo Guedes (Ministerio de Economía)

El economista Paulo Guedes deberá asumir un rol preferencial en el nuevo Gobierno brasileño. No sólo porque en su ministerio de Hacienda se fusionarán los Ministerios de Planeamiento, de Industria y Comercio, además de incorporar la secretaría que se ocupa de las privatizaciones, sino también porque, tal como lo ha admitido Bolsonaro varias veces, es quien va marcar las directrices económicas del país con amplia disponibilidad. Formado en Economía, realizó su doctorado en Política Fiscal en la Universidad de Chicago (EE. UU.) de donde surgieron los contactos con varios economistas que fueron a trabajar a la dictadura de Pinochet en Chile (también fue el propio Guedes). A su vuelta al país se tornó profesor universitario y comenzó una trayectoria empresarial-financiera prolífica, en la que se destaca el Banco Pactual –hoy BTG Pactual, del que se ha desprendido- y Bozano Inversiones, cuya Presidencia dejará al comenzar el nuevo Gobierno.

Esta será su primera experiencia directa en la gestión pública, poniendo a prueba las profusas perspectivas neoliberales que ha desarrollado durante las últimas décadas. Una de sus directrices claves -y en eso retomará el avance realizado en la materia por Henrique Meirelles, ministro en el área durante el Gobierno de Temer- será la de disminuir drásticamente el déficit público con ayuda de un amplio programa de privatizaciones. Este es el único aspecto sobre el cual Guedes ha sido puntual y concreto. En el resto, sus posiciones han sido más genéricas: llevar a los sectores económicos definitivamente al “libre mercado”, “un tipo de cambio competitivo” o “disminuir la carga fiscal”. Habrá que ver qué restricciones encuentra. Por lo pronto ya comenzó, aunque limitada, la reducción que se proponía para la propia máquina estatal: el interés inicial de llevar el número de 29 ministerios a 15, tuvo que adaptarse a 22. Más allá de la estructura del propio Ministerio, Guedes ha colocado nombres afines en otros espacios institucionales del Gobierno, lo que señala un peso político importante. Completan su círculo de afinidad Roberto Castello Branco (Petrobrás), Rubem Novaes (Banco do Brasil), Pedro Guimaraes (Caixa Económica Federal), Joaquim Levy (BNDES), Mansueto Almeida (Secretaría del Tesoro Nacional) y Carlos Von Doellinger (IPEA).

Roberto Campos Neto (Banco Central)

Nieto del reconocido ministro de Economía de la última dictadura militar y uno de los principales referentes del liberalismo brasileño, Roberto Campos Neto es actualmente director del Banco Santander, uno de los más lucrativos en el país. Si bien su nombre debe ser aprobado por el Senado, nada indica que no resulte elegido para el cargo. Sin experiencia en la gestión pública, Campos Neto es especialista en Finanzas por la Universidad de California. Trabajó en el Banco Bozano Simonsen de Paulo Guedes para luego asumir la Jefatura del área de Ganancias Internacionales en la filial brasileña del Banco Santander. Tras un breve tránsito como gerente en Claritas volvió al Santander en el 2005 para, desde entonces, administrar diversas áreas del Banco. De linaje familiar y parte de las élites financieras, es una figura muy aceptada por el establishment económico para manejar la política monetaria, cambiaria y la supervisión general del Sistema Financiero Nacional; cuestión ésta última que, según algunos especialistas en la materia, debería ser auditada con mayor rigurosidad –algo que, con Campos Neto, no es probable que suceda-.

Ernesto Araújo (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El diplomático de carrera Ernesto Araújo, que ya fue asesor en la División del Mercosur y responsable por la negociación de la Tarifa Externa Común y regímenes comerciales, estaba como director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos. Logró notoriedad interna dentro de la Cancillería a partir de sus posiciones entusiastas con la política externa de Donald Trump en 2016, y con una serie de afirmaciones declaradamente afines a tal orientación geopolítica, como su rechazo a la “ideología globalista” piloteada por el “marxismo cultural”, las advertencias con el rol global de China o bien el “dogma científico del climatismo” (en relación con los protocolos internacionales del cambio climático). No siendo el único, su alineamiento con Estados Unidos confirmará el giro diplomático establecido durante el Gobierno de Michel Temer a través de sus dos Cancilleres –José Serra y Aloysio Nunes-.

El Partido Judicial

Sergio Moro (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública)

Juez desde hace 22 años, Sergio Moro se ha convertido en una de las principales figuras públicas brasileñas de los últimos años. Ganó notoriedad y visibilidad cuando se hizo responsable en el 13º Juzgado Federal Penal de Curitiba de los procesos relativos a la Operación Lava-Jato. Si bien en un principio Bolsonaro había pensado que su nombre sería más gravitante en el Supremo Tribunal Federal (STF), y como recién en el 2020 se daría una vacante, fue decidida su incorporación al Poder Ejecutivo pese a que el propio Moro había declarado varias veces que “jamás entraría a la política”.

Con la reunificación de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, áreas que fueron divididas por Michel Temer, la Policía Federal quedará subordinada a la estructura operativa de Moro. Una agenda amplia y para nada ideológicamente neutra, será la que tenga por delante en sus funciones a partir del 1 de enero. La crisis de la seguridad pública en varios estados, pasando por las nuevas directrices que quieren ser impuestas para la demarcación de tierras indígenas o bien el tratamiento de inmigrantes y refugiados –con la situación de los venezolanos en Roraima en primera instancia-, serán cuestiones que van a requerir de una sintonía interpretativa para su resolución política, algo que tanto Moro y Bolsonaro, evidentemente, comparten.

Moro ha señalado que una de sus prioridades será la “lucha contra la corrupción” y que, para tal fin, va a requerir de una retaguardia jurídica que reglamente cuestiones tanto del procedimiento penal como de la operatividad policial. Estas son modificaciones que se vienen realizando pero, según el próximo ministro, deberán ser extendidas. Los amplios poderes que le han sido otorgados –para nombrar directores y funcionarios, y para avanzar en los decretos y leyes que crea necesarios- colocan a Sergio Moro en paridad con la figura de Paulo Guedes, circunstancias que caracterizan de por sí al gabinete en su conjunto. Otras dos designaciones directas de Sergio Moro acompañarán su propia gestión: Erika Marena (Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional –DCI-) y Mauricio Valeixo (Policía Federal) son dos cargos que refuerzan los intereses del “faccionalismo judicial” que ha empujado Moro durante todos estos años.

Notas:

[1] https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7750633/o-time-de-bolsonaro-conheca-os-ministros-confirmados-para-o-novo-governo

[2] https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46229653

Amílcar Salas Oroño

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: CELAG, 19 de diciembre de 2018