Colombia: el caso Andino es un montaje
Entrevista a Lina Jiménez Numpaque

Para Lina, su caso y demás procesos contra otros estudiantes son estrategias del Estado para derrotar al movimiento social, dar condenas ejemplarizantes como advertencia a todos aquellos que piensan distinto y quieren cambiar el país.

En junio 2017 una bomba estalló en el Centro Comercial Andino del norte de Bogotá, segando la vida de tres personas. A los pocos días, la Policía detuvo a diez personas por su supuesta participación en el atentado, entre ellas Lina Jiménez, una estudiante de artes plásticas cuya foto se hizo viral. Estos jóvenes tenían algo en común, y no era su participación en el atentado, sino que todos eran amigos.

Lina Jiménez durante la entrevista. Foto Gearóid Ó Loingsigh

Lina asegura que:

“Todos nos conocimos en la universidad porque estudiamos juntos. Unos estudiaban derecho, ciencias políticas o sociología. Conocí a varios de ellos en clases de materias electivas donde coincidimos. Todos tuvimos una postura de defensa de los derechos humanos y la defensa del movimiento estudiantil. Nos conocimos en alguna cafetería, en alguna asamblea, en distintos espacios que se daban dentro de la universidad.”

Tan amigos eran que seis de ellos fueron detenidos juntos unos días después del atentado, mientras disfrutaban de un paseo por la zona de El Espinal (Tolima). Lina señala que solo hasta el momento de su detención pudo saber que la Fiscalía había emitido una orden de captura en su contra.

“Yo estaba de paseo en El Espinal y nos íbamos a encontrar en un balneario, en una piscina […] Iba en taxi y nos pararon varios carros, nos rodearon. En ese momento me bajaron del carro oficiales del GOES y la SIJIN, y me leyeron la orden de captura. Nunca me la mostraron ni me leyeron los derechos del capturado […] Nos llevaron al distrito de la Policía de El Espinal. Había muchos [uniformados], todos los que participaron en el operativo. Luego, uno de los policías que nos estaba custodiando nos contaba que más o menos ocuparon a 1.200 efectivos para nuestra captura en El Espinal. Básicamente estaba lleno de efectivos de la Policía.’

No sabemos si la cifra de 1.200 efectivos es cierta o no, pero no cabe duda de que fue un operativo enorme. Le pregunté en broma si se sentía importante con un despliegue tan desproporcionado e innecesario, y me respondió riendo que no:

“Eso no me hizo sentir importante, lo que me hizo sentir importante fue el vuelo, porque nos trajeron en avión desde El Espinal hasta Bogotá. Nos llevaron al distrito nos hicieron lo de la requisa, las huellas y no sé qué. No nos dijeron que era por terrorismo. A mí me dijeron que era por concierto para delinquir [y luego] nos dijeron que era por terrorismo en Bogotá. Nos sacaron del distrito en camionetas superescoltadas con motocicletas, carros, muchos efectivos, y nos llevaron del aeropuerto de Flandes al aeropuerto de CATAM [Comando Aéreo de Transporte Militar ubicado en Bogotá].”

Como Lina misma reconoció, semejante operación era un mal augurio para cualquier detenido, aun siendo inocente. Cuando la llevaron al aeropuerto sabía que nada bueno podía resultar y que el Estado iba lanza en ristre en su contra y haría todo lo posible para demostrar resultados en el caso: le imputaron terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio, con una posible condena de 60 años.

Según recuerda Lina:

“En el mismo momento que nos llevaron al aeropuerto en Flandes dije esta vaina no es para que nos vayan a declarar la captura ilegal. Si están montando semejante operativo para coger unas personas que están de vacaciones, definitivamente es que no nos van a dejar salir. Así no lo haya hecho esta gente nos va a condenar. Ver como ellos organizan la verdad [le] deja a uno como con una sensación de impotencia.”

De hecho, cuando pudo leer la prensa, supo que ya la habían condenado por anticipado sin haber pasado por un tribunal y que tanto los funcionarios del Estado como la prensa declararon que habían capturado a los culpables. Publicaron retratos hablados de algunos detenidos que coincidían tanto con ellos que parecían fotos, pero no concordaban con lo que los mismos testigos habían descrito. Los retratos estaban preparados previos al atentado.

Poco sabía Lina en el momento de su detención de las maniobras de dudosa legalidad a las que recurriría el Estado, recapturándola tres veces en contravención de las órdenes judiciales que le otorgaban la libertad. El Estado buscó jueces de bolsillo para legalizar lo ilegal, justificar su recaptura e incluso abrirle un nuevo proceso levemente distinto. Además, según cuenta, sus familiares y los de sus compañeros ha sido acosados en un intento por obligarles a dar información o testificar en contra de los otros detenidos.

Dicha estrategia no funcionó, pero una de las detenidas, Natalia Trujillo, no aguantó el cautiverio y la presión y se entregó al Estado y llegó a un acuerdo con la Fiscalía que consiste en no pagar pena a cambio de declarar y dar testimonio en contra de sus amigos y compañeros de estudio, como ocurrió en agosto de 2019. Según Lina, este fue un duro golpe en el proceso jurídico, pero también lo fue en términos personales y, aunque se podría entender enfado de su parte, cuando habla de su otrora compañera de celda no se nota rencor en su voz sino dolor y entendimiento de cómo una persona puede quebrarse de esta forma:

“Se siente un dolor muy grande. Uno no espera que pase eso, sobre todo, porque juntas vivimos todo este proceso, juntas sentimos todo lo que está pasando, juntas percibimos la misma presión por parte del Estado y lo que pasa con ella es un poco eso. Todos tenemos formas distintas de asumir psicológicamente este tipo de presiones tan fuertes. Para nadie es un secreto que el Estado busca de alguna forma narrar su propia verdad y […] acude a este tipo de situaciones, a forzar tanto físicamente como psicológicamente a las personas que terminan asumiendo y diciendo cosas que no son ciertas. Fue bastante doloroso […] Yo creo mucho en la fuerza del amor y creo mucho en que la solidaridad también hala y salva muchas cosas: cuando uno está mal, el otro lo hala y uno hala al otro. Hay una serie de lazos que se van fortaleciendo y eso lo impulsa a uno, pero no todos tenemos esa misma capacidad de decir ‘bueno, yo todavía aguanto un poquito más’.”

Lina quizás era más fuerte y así se demostró en una foto que se hizo viral: se la ve maniatada e inclinándose hacía un periodista, toda brava y gritando. Le pregunté sobre la foto, pues en persona no se ve así, pero una detención no es una situación normal para nadie. Lina me dijo:

“Nosotros estamos en la URI de Puente Aranda y hay que decir que ese espacio es horroroso, una cosa bien complicada, no teníamos dónde dormir. No tenía ni idea de la audiencia de legalización de la captura, eso me lo explicaron al otro día y nos tenían muy custodiados. Salimos de Puente Aranda en una tanqueta con carros de la Policía alrededor. Llegamos allá y la tanqueta se demoró un poquito en hacernos bajar. Cuando llegué, vi a unos familiares y unos amigos llorando. Les percibía un dolor muy fuerte, en medio de toda la impotencia y toda la rabia […] Uno siente rabia por la vida de uno, pero también al ver a la familia sometida a situaciones tan complejas, a que la Policía los empuje. Íbamos caminando y había muchos medios de prensa y estábamos custodiados por la Policía y ellos no querían que nosotros habláramos. Entonces, apenas yo me bajé de la tanqueta, empecé a gritar que eso era un falso positivo judicial, que todo correspondía a intereses electorales del momento, [que] era parte de la estrategia uribista. Empecé a gritar eso y esa foto me la tomaron cuando iba subiendo por las escaleras: se me acercó un periodista de Citytv y yo estaba bastante molesta porque mientras yo gritaba un policía intentaba empujar a los periodistas y me gritaba ‘¡cállese, cállese, ud. no tiene por qué decir nada!’. Obviamente, eso era como si me estuviera dando cuerda. Viéndolo de lejos, habría sido muy distinto donde nosotros nos hubiésemos quedado callados.”

Es un falso positivo judicial

Y la verdad es que sí. En todo el proceso ninguno de los detenidos bajaba la cabeza, hasta han aparecido en videos desde la cárcel, algunos escribieron artículos y otros asumieron la vocería de presos en medio de las protestas carcelarias. Detenidos injustamente, pero en ningún caso derrotados.

Todas las cárceles intentan romper al individuo, quebrarlo, quitarle su dignidad y su sentido de estar vivo. Las cárceles colombianas no son distintas en ese sentido y, de hecho, varios problemas como el hacinamiento y el pésimo servicio de salud y educación agravan la situación más todavía. Ser una detenida política puede ser muy peligroso, pero, cuando los números lo permiten, formar parte de un colectivo de presos o presas tiene sus ventajas. Cuenta Lina que la llevaron al Buen Pastor en Bogotá y, luego de su procesamiento, la ubicaron en el patio de las presas políticas:

“Es bien interesante porque, cuando llegamos, estaban terminando de salir las últimas prisioneras políticas de las FARC-EP. Estuvimos ocho días en una URI y nos metieron todo el terror de la vida: que ‘uds, son unas gomelas y en el Buen Pastor las van a robar, a atracar’ […] Pero cuando llegamos al Patio 6 de las presas políticas nos sorprendió mucho: nos tenían las celdas limpias, cobijas limpias, todo organizado, nos tenían sopa caliente, café, papel higiénico y algunos elementos. Había más o menos 34 presas de las FARC-EP y el ELN. Pasado un tiempo salieron las de las FARC. Empezaron a llegar prisioneras sociales y fue bien distinto. Como era un patio de alta seguridad empezaron a llegar personas vinculadas con el narcotráfico. Hubo un cambio de ambiente total porque se veía más el dinero de ellas, pues pagaban para entrar whisky […] Fue un cambio bastante fuerte.”

Aunque los Estados suelen tratar a los presos políticos como delincuentes comunes, no lo son. Esto se nota en la forma de organizarse en la cárcel, en las relaciones con las autoridades carcelarias. Formar parte de un colectivo como este conllevaba, como Lina vio cuando llegó, ciertas ventajas para su bienestar y seguridad:

“Las presas tenían acompañamiento, y se hacían denuncias. Las guardias llamaban al Patio 6 como ‘el patio de las ías‘ porque siempre denunciaban a la Procuraduría, la Defensoría, etc. La directora consultaba a las presas como se iban a hacer ciertas cosas, se hacían reuniones con la directora. Eso no pasaba en los otros patios, [donde] no tenían en cuenta la opinión de las otras prisioneras. Es que las presas políticas ganaron su espacio, no fueron concesiones del INPEC sino que lo sacaron a punta de protestas y hasta huelgas de hambre a lo largo de los años.”

Pero no sólo personas como Lina sufren los montajes judiciales sino sus familiares, sobre todo cuando le endilgan un crimen como el atentado del Centro Andino. El Estado también hostiga a los familiares y los intenta presionar como parte de su estrategia jurídica. Al respecto, Lina señala que:

“Hay una presión muy fuerte sobre nuestras familias, además del señalamiento social. En mi caso, cuando me capturaron, al mismo momento estaban haciendo el allanamiento en la casa y fue una cosa muy fuerte porque yo vivo sobre una avenida: cerraron toda la avenida, había tanquetas, por lo menos unos diez carros antiexplosivos y una cantidad impresionante de policías. Todo el mundo [estaba] preguntando qué habrá pasado. Desde que salí de la cárcel no han dejado de seguirme y tomar fotos, y hay una presencia permanente de policías vestidos de civil.”

Para Lina, su caso y demás procesos contra otros estudiantes son estrategias del Estado para derrotar al movimiento social, dar condenas ejemplarizantes como advertencia a todos aquellos que piensan distinto y quieren cambiar el país. Los procesos judiciales intentan quebrar los procesos populares y también a los mismos detenidos. En su caso no funcionó mucho, según relata:

“Ver la miseria de este sistema en carne propia hace que uno entienda y tenga este espacio como otro espacio de lucha política. En el proceso mismo y la cárcel uno ve el sistema desenmascarado tan cruelmente porque esto sólo lo hacen personas que no tienen respecto por la vida, por la humanidad ni por nada. Uno siente que tiene que seguir luchando por lo que uno cree, por la vida. Este sistema está en una crisis desde hace un buen tiempo. Salgo de la cárcel y estamos en una pandemia, estamos en una situación bastante compleja que no está separada de las lógicas de este sistema. En este sistema hay humanos de primera categoría y humanos de ninguna categoría. Y mi postura y la de mis compañeros del caso es la que tiene que ser oculta y para eso sirve la cárcel […] Esa es de una de las herramientas [que sirven para] generar una idea de que hay una sanción ejemplarizante que se tiene que dar […] y busca despojar a las personas de su humanidad.”

Aunque Lina y los demás detenidos injustamente por el Caso Andino se encuentran en libertad, el proceso en su contra sigue. Es de esperar que los jueces fallan en derecho, como ya lo hicieron en el caso de Mateo Gutiérrez, a quién también se le acusó de pertenecer a misma organización que supuestamente hizo el atentado y quien logró demostrar su inocencia. Pero, en Colombia la justicia es coja y muchas veces no llega.

Mateo Gutiérrez, otra víctima de un falso positivo judicial, inocentado

Gearóid Ó Loingsigh

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: El Turbion Número 278 –12 de marzo de 2021

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