Los problemas del Acuerdo de Paz

Desarmar a la derecha más dura es igualmente requisito indispensable para lograr la reforma del sistema político, otro de los acuerdos claves.

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El primer problema que tiene el acuerdo de paz en Colombia es la debilidad del Estado y la falta de voluntad de la clase dominante. El acuerdo debería ser un compromiso de Estado pero dada su enorme debilidad casi todo depende de la voluntad política del gobierno de turno. Santos apenas hizo nada por avanzar en su cumplimiento, y el actual mandatario, representante de la derecha más extrema hace diarios esfuerzos por materializar una de las consignas de su campaña electoral: hacer trizas ese acuerdo.

Quienes hoy apuestan por la paz esperan salvar este escollo ganando las próximas elecciones en 2022 con una mayoría suficiente para imponer las reformas que necesita el país, y en primer lugar cumplir con el acuerdo de paz. Las derechas buscan igualmente asegurar su control del gobierno y mantener la política actual de acatamiento formal de lo pactado e incumplimiento efectivo del mismo, y en el mejor de los casos desconocer por completo lo pactado en La Habana y llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias; pero la solución militar está lejos de garantizar la estabilidad del sistema habida cuenta del enorme descontento popular, del creciente protagonismo de los escenarios urbanos (el país tiene ya más del 70% de su población en las ciudades) y de las tendencias del panorama internacional que no favorecen precisamente a la derecha. La derecha puede, no obstante, apostar por algunas reformas menores y conseguir con ello disminuir la presión social y política. El actual modelo neoliberal admite esos cambios sin que se pongan en riesgo los fundamentos centrales del modelo, pero los problemas son de tal magnitud que es muy difícil satisfacer unas exigencias populares que no son nimiedades.

Para los partidarios de la paz y las reformas ganar las elecciones en 2022 constituye sin duda un gran avance pues sería la primera vez que lo consigue en este país una fuerza de izquierda y centro. Sus retos no son pequeños, no solo para hacer cumplir el acuerdo de paz sino para avanzar en el resto de las reformas que el país necesita con urgencia para entrar de lleno en la modernidad y en una democracia económica, política y social, aunque sea limitada. Para empezar, basta revisar así sea de pasada los puntos centrales del acuerdo de La Habana para entender la dura reacción de las mayorías en el seno de la clase dominante y para sopesar las no menos grandes dificultades que tendría que solventar un nuevo gobierno de izquierda y de centro.

Emprender la reforma agraria supondría encontrar una fórmula que armonice la gran propiedad moderna de la agroindustria, la minería y las obras de infraestructura, la ganadería extensiva de los terratenientes y la economía propiamente campesina de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos; una fórmula que incluya por supuesto al nuevo estrato de campesinos fruto de la reforma agraria. Limitar entonces la acción de la gran propiedad moderna y de terratenientes tradicionales para hacer posible su convivencia con el campesinado (incluyendo a las minorías étnicas enfrentadas a muerte con los acaparados de tierras, el latifundio y sobre todo con las empresas transnacionales). Si la correlación de fuerzas no da para más, solo sería realista esa fórmula de posible (y seguramente muy complicada) coexistencia entre sectores del moderno capitalismo, y el latifundio con las formas tradicionales con la mediana y pequeña propiedad. Y aquí surge un segundo problema, muy ligado al anterior: es necesario neutralizar el paramilitarismo y contar para ello con el firme compromiso de las fuerzas armadas y de policía, sin el cual sería vana ilusión pretender desarmar a los sectores económicos del campo que lo han creado, fomentado y se han beneficiado del mismo. No sobra agregar que el fin del paramilitarismo y un compromiso real de los cuarteles con la paz es seguramente la única garantía para detener la masacre diaria, el exterminio actual de activistas sociales, opositores, defensores de derechos humanos, ecologistas y sobre todo de exguerrilleros que han abandonado las armas.

Desarmar a la derecha más dura es igualmente requisito indispensable para lograr la reforma del sistema político, otro de los acuerdos claves. El sistema político-electoral es aquí bastante primitivo y ajeno a cualquier modelo democrático moderno. Se sabe con certeza como la corrupción, la compra de votos, la intimidación y otros métodos similares aseguran a los políticos tradicionales el control del Estado. Además, es muy poca la legitimidad de un sistema que en el mejor de los casos solo recibe el apoyo de la mitad del censo electoral desde hace al menos medio siglo. Superar la abstención sistemática y permanente del electorado es un reto definitivo para alcanzar un sistema político moderno y sobre todo democrático. Una abstención coyuntural se lee siempre como una llamada de atención al sistema; una abstención permanente y masiva le quita al mismo toda su legitimidad.

Terminar la llamada “guerra contra las drogas”, dar fin a la intervención extranjera, promover una catarsis masiva para que se conozca toda la verdad del conflicto, se impulsen los procesos de reparación de las víctimas y se fomente una nueva cultura de convivencia y solución civilizada de los conflictos será sin duda parte importante del programa de esa iniciativa de izquierda y centro que comience por dar cabal cumplimiento al solemne compromiso que Santos firmo a nombre del Estado. Si este paso es posible se podría pensar en el inicio de un proceso de cambios profundos en el orden social que le permitan a Colombia superar la pobreza, la violencia y el atraso. No sería pues nada menor empezar por cumplir con lo pactado en La Habana, entre otras cosas porque facilitaría mucho hacer lo mismo con el resto de la guerrilla que aún existe.

Juan Diego García para La Pluma, 9 de diciembre de 2020

Editado por María Piedad Ossaba

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