Hasta inicios de la década de 1960 el empresariado ecuatoriano estaba reducido a unos cuantos manufactureros e “industriales” y algunos núcleos de comerciantes y grandes banqueros. La hegemonía económica todavía estaba en manos de la clase terrateniente, heredera de un pasado que venía desde la colonia, y cuyo eje rentista fueron las haciendas tanto en la sierra como en la costa. No existían claras diferenciaciones de clase, debido a que todas las “fracciones” estaban ligadas por lazos sociales o familiares. Ser propietario de haciendas era un motivo de dominio político y prestigio.
El desarrollismo de la misma década alteró ese cuadro social del país. La reforma agraria (1964), la industrialización sustitutiva de importaciones, así como el intervencionismo estatal (planificación, inversiones, extensión de servicios públicos, regulaciones económicas) y hasta los primeros esquemas de integración (Alalc y Pacto Andino) fueron los elementos centrales para la promoción del empresariado ecuatoriano que literalmente creció bajo las “alas protectoras del Estado”.
Sin embargo, las elites tradicionales se resistieron y acusaron a esos caminos modernizantes de “comunistas”, a pesar de que los postulados de los procesos económicos para los famosos “cambios de estructuras” de la época provenían del programa norteamericano Alianza para el Progreso (parcialmente coincidentes con los que proponía la Cepal) y fueron concretados, en Ecuador, por la Junta Militar (1963/1966), profundamente anticomunista, y que surgió de un golpe de Estado articulado por la CIA contra el presidente Carlos Julio Arosemena (1961-1963). Uno de los miembros de esa Junta consta en la lista de agentes de la CIA en el famoso libro sobre el tema de Philip Agee.
La mentalidad atrasada y conservadora de las elites empresariales viejas y nuevas volvió a ponerse de manifiesto en la década de 1970, ante las dos dictaduras militares que se sucedieron entre 1972 y 1979. La que presidió el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) igualmente fue combatida por “comunista”, debido a que ejecutó un programa reformista sujeto a la “Filosofía del Gobierno Revolucionario y Nacionalista de las Fuerzas Armadas”. Gracias a los recursos petroleros en manos del Estado, el empresariado creció como nunca antes y el capitalismo ecuatoriano se consolidó.
Con el inicio de la época de gobiernos constitucionales en 1979, las elites empresariales que creó el desarrollismo en dos décadas, y con las cuales quedó atrás el sistema hacienda y, sin duda, el régimen oligárquico tradicional, no demostraron posiciones ni intereses modernizantes para el país. Siempre buscaron que prevalezca su visión particular en el Estado, así como en el triunfo y adelanto de sus negocios. Durante las décadas de 1980, 1990 e inicios del siglo XX, las elites empresariales adoptaron como suyo el ideario neoliberal, los dogmas del Consenso de Washington y las geoestrategias del capital transnacional en un mundo globalizado. A su presión, influencia y hasta control del Estado se debe que en casi tres décadas se articulara en el país un “modelo neoliberal-empresarial” considerado moderno, actual y un adelanto para el país, por quienes lo promovieron. Pero los nefastos resultados tanto económicos, pero sobre todo sociales, de semejante modelo, han sido ampliamente estudiados en Ecuador y hay suficientes análisis internacionales que igualmente comprueban esas experiencias, compartidas con otros países de América Latina que también se inclinaron a creer en los supuestos principios del mercado libre y la empresa privada desregulada.
Desde luego, el progresismo entre 2007-2017 (que, desde cierto ángulo, daba continuidad al desarrollismo) fue permanentemente cuestionado por las elites empresariales, aunque hubo sectores que hicieron excelentes negocios. Hoy ni siquiera se admiten las referencias sobre ese período que las instituciones internacionales (Cepal, Pnud, FMI, BM) resaltan por sus logros tanto económicos como sociales.
A partir de 2017 en Ecuador revivió el segundo modelo neoliberal-empresarial. Pero en apenas tres años la economía se ha derrumbado. Lo mismo ha ocurrido con los índices sociales. Todo ello está perfectamente demostrado por datos empíricos oficiales e internacionales. Además, la institucionalidad de todas las funciones del Estado igualmente está en deterioro. No es cierto que todo ello se debe a las herencias del “correísmo”. Esa es una simple justificación para no ver la realidad histórica.
Pero es necesario comprender que el modelo económico que se ha seguido es el que han postulado las elites empresariales más conservadoras y atrasadas del país, que siguen creyendo en dogmas y fórmulas que en toda Latinoamérica están plenamente demostrados como inviables para la felicidad de los pueblos, aunque si para beneficio de los grandes propietarios del capital. Es indudable que esas elites son corresponsables del desastre económico actual del país.
Frente a los criterios del empresariado neoliberal, Ecuador debe aspirar a que, en algún momento, surjan dirigentes empresariales con ideas modernas y de avanzada, que sean capaces de encarar al país en sus necesidades sociales y no exclusivamente en los buenos negocios particulares. Ese empresariado no es el que ha caracterizado a América Latina; pero ante las experiencias históricas que ha vivido la región, es de confiar que aparezca en Ecuador otro tipo de empresario capaz de hacer inversiones para el desarrollo nacional, y que aprenda a respetar tanto sus obligaciones tributarias con el Estado, como la que deriva de considerar a las leyes sociales, comunitarias y laborales no como obstáculos a sus negocios, sino como componentes de la promoción de seres humanos, para una vida digna y una sociedad con mejores condiciones estructurales.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda para La Pluma, Ecuador 9 de marzo de 2020
Editado por María Piedad Ossaba
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