El 29 de julio se radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020 con grandes cambios con relación al anteproyecto presentado a los medios por el Ministro de Hacienda hace algunos meses. Este proyecto final radicado en el Senado y la Cámara de Representantes para su discusión contiene un sin número de proyectos anclados a la distribución de recursos como los diversos proyectos de privatización, el aumento de la demanda de deuda por parte del Estado y los planes de austeridad en el gasto social, entre otras políticas totalmente onerosas para el pueblo colombiano.
1. INTRODUCCIÓN:
El 29 de julio se radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020 con grandes cambios con relación al anteproyecto presentado a los medios por el Ministro de Hacienda hace algunos meses. [1] Este proyecto final radicado en el Senado y la Cámara de Representantes para su discusión contiene un sin número de proyectos anclados a la distribución de recursos como los diversos proyectos de privatización, el aumento de la demanda de deuda por parte del Estado y los planes de austeridad en el gasto social, entre otras políticas totalmente onerosas para el pueblo colombiano.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020 -de aquí en adelante PGN 2020- está marcado por un contexto de alta convulsión económica en el país, derivado de la puja internacional entre Estados Unidos y China, como es el caso del aumento de la devaluación del peso con relación al dólar, llegando a la mayor devaluación en la historia del país en las últimas décadas.
“La tasa de cambio inició la jornada del día de hoy [5 de agosto] con una fuerte devaluación ante el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y cerró cerca de $3.461 (…) Durante los primeros minutos el peso colombiano se ha devaluado un 2,2% y alcanzó niveles de $3.774, su nivel más alto en la historia” (Dinero, 2019)
Ante este contexto de deterioro marcado de las economías periféricas y en particular de Colombia, las políticas de por sí ya problemáticas para el bienestar socioeconómico del pueblo colombiano se convierten en un total despropósito y manifiestan las políticas de saqueo por parte del Gobierno de Iván Duque y son encabezadas por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, conocido este último por el desfalco de los bonos de agua y sus claras posiciones a favor del capital y en contra del bienestar social.
2. RETÓRICA Y ESTRATEGIA DE DESFALCO A LA NACIÓN PGN 2020
En el PGN 2020 se evidencia una alta retórica a favor de la eficiencia y eficacia del crecimiento económico y por el mantenimiento del marco fiscal de mediano plazo, honrando así la regla fiscal, que impone mayores recortes al gasto social como base para el sostenimiento del pago de la deuda pública en el país. Políticas emanadas e inspiradas en las Instituciones Financieras Internacionales en particular del Fondo Monetario Internacional, el cual hace gala de su propósito a favor del mantenimiento de las estructuras del imperialismo financiero internacional y del despojo sostenido y sistemático por medio de la deuda pública.
“Este ajuste está soportado en una mayor eficiencia en la asignación del gasto, gracias a mejores herramientas para la focalización de subsidios, como la implementación del SISBEN IV, una reducción del tamaño del Estado, menores costos financieros para la Nación por cuenta de la sustitución de pasivos costosos, entre otros” (Ministerio de Hacienda, 2019, pág. 13)
Como se observa en el anterior extracto, en el compendio del proyecto del PGN 2020 la reducción de la asignación del gasto social es primordial para la actual administración, demostrando la sumisión a las reglas fiscales cuantitativas, las cuales son tan problemáticas para los derechos del pueblo colombiano. De otro lado, observamos las nuevas formas de adjudicación y reducción de subsidios con el fin de aminorar el presupuesto para esta dinámica de asistencialismo, en este sentido, se rencaucha la política de reducción del Estado como fuente de enajenación de recursos y de la privatización de la administración pública.
El PGN 2020 contiene 271,7 billones de los cuales 254,4 billones son derivados de los ingresos de la nación y otros 17,3 billones son obtenidos a partir de recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional. (Portafolio , 2019) Es así como el presupuesto para el año 2020 aumenta con relación al anteproyecto emanado en el mes de mayo, pero en contraparte contiene un sin número de proyectos como el de la enajenación de empresas públicas como fuente de cumplimiento de los recursos del PGN, entre otros proyectos odiosos con respecto al gasto social y al fisco estatal, como se evidencia en el anterior y siguiente extracto.
“Hoy el Gobierno debe resolver las cuentas de este año. Para ello, había planteado obtener $6 billones producto de privatizaciones, que sumaría a la gestión de la Dian para aumentar el recaudo y al recorte de gastos que planteará en su proyecto de Presupuesto General de la Nación, que el Congreso discutirá en las próximas semanas” (Dinero, 2019)
En los últimos meses el gobierno ha manifestado la intensión de privatizar alrededor de 100 empresas públicas con partes accionarias menores al 50% de estas, gracias a las nuevas facultades del gobierno derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. [2] Pero, en el proyecto del PGN y la presentación por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se avanza en el propósito de privatizar la totalidad o parte accionaria de las dos empresas más grandes del país como son Ecopetrol -Empresa pública de hidrocarburos- y de la empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-.
“Colombia inició un proceso gradual para vender la participación que tiene en 105 empresas al menos 6 billones de pesos (1.861 millones de dólares) cada año” (Portafolio, 2019)
Según las cuentas del Gobierno se plantea la venta de la mayor parte de las empresas estatales para el año 2022 con el fin de recolectar aproximadamente 30 billones de pesos, cifra equivalente al pago de intereses del servicio de la deuda pública en el PGN del año 2020, un total despropósito si observamos que la venta de estas empresas, ocasionarán una reducción dramática en los ingresos de la nación, que claramente serán recuperados bajo el aumento de los impuestos de carácter regresivo e indirectos que castigan a las clases subalternas y no así al gran capital, aumentando aun mas la desigualdad en el país.
Estas privatizaciones de los activos de la nación se dan bajo un velo de incertidumbre y de control corporativo del Estado, que hace de esto un regalo para los posibles postores y un total detrimento del patrimonio público. Y si esto no fuera poco, los dineros devenidos de la venta de estas empresas serán invertidos bajo la máxima de ampliar la inversión social como fuente de mayor acumulación de capital, que de ninguna manera implica mejores condiciones socioeconómicas, como es el caso del aumento de la infraestructura en el país y/o los sistemas de transportes públicos que benefician en última instancia a los grandes oligopolios.
El Gobierno manifiesta en la exposición de motivos del PGN 2020, que el déficit fiscal ha pasado de 3,3% en el año 2013, aproximadamente 23,1 billones de pesos, a 4% en el año 2018, aproximadamente 40 billones de pesos, un aumento aproximado de 17 billones de pesos, demostrando el deterioro de la economía colombiana y anclando el cumplimiento del presupuesto para el siguiente año al sostenimiento y/o aumento de los precios del petróleo, la estabilidad de la tasa de cambio, mayor inversión extranjera, una baja tasa de inflación, entre otros tópicos económicos que no serán cumplidos debido a la volatilidad del mercado internacional y a la debilidad endémica de la economía colombiana.
La reducción del gasto social según la exposición de motivos es alrededor de los 22 billones de pesos entre los años 2019 y 2030 un claro despojo de las conquistas sociales cristalizadas en los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales del pueblo colombiano. Esta reducción implica un recorte de mas del 12% del presupuesto social, privilegiando así la mercantilización de las necesidades básicas y en este momento de obligación estatal.
Como se estableció en el PND 2018-2022 y remarcado en la exposición de motivos del PGN 2020 la emisión de TES de la deuda pública aumentará derivado de la estrategia de negociar las demandas contra el Estado y los grandes pasivos pensionales y de salud que representarían entre 30 a 50 billones de pesos.
Estas demandas son consecuencia directa de la adopción de las políticas neoliberales en la década de los 90 del siglo XX y particularmente en la primera década del siglo XXI, como es el caso del sistema pensional donde se observa un grave pasivo causado por la implementación de un sistema pensional mixto entre público y privado. Este sistema ha beneficiado a los oligopolios financieros y en particular a Sarmiento Angulo que gracias a la captura de los dineros de los trabajadores ha endeudado al Estado en mas de 90 billones de pesos, apropiándose del diferencial entre el pago de interés al cotizante y la tasa de interés de la deuda, lo que puede representarle unos 3 a 5 billones de pesos anuales.
“Los fondos locales de pensiones y cesantías (…) Las AFP son el jugador mas relevante, pues tienen el 28,4% por ciento del total de la deuda del gobierno central es decir 89,3 billones de pesos. en el último año, su portafolio en deuda aumento en 16,27 billones de pesos” (Portafolio, 2019)
El anterior extracto nos manifiesta la estrategia de los fondos de pensiones liderados por Sarmiento Angulo y el grupo AVAL, que no conforme con la apropiación de las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores ocasiona grandes procesos de despojo de recursos públicos por medio de compra de TES de deuda pública. Es decir que con los dineros de los y las trabajadoras del país convertidos en títulos de deuda pública por parte de los fondos de pensiones, se despojan los derechos del pueblo colombiano debido a la reducción del presupuesto de gasto social transferido este a la continuidad del pago de la deuda pública configurando unas acreencias ilegitimas y totalmente odiosas.
Esta estructura de despojo se conforma de dos escalas donde en primer lugar, se despoja al trabajador del rendimiento de sus cesantías y prestaciones y en segundo lugar, se despoja estructuralmente el presupuesto dirigido hacia la prestación de los derechos sociales, que afectan directamente al pueblo colombiano y ocasiona un aumento de la mercantilización de los derechos sociales ampliando el campo de acumulación de capital.
Así mismo, en el caso de la salud encontramos las prestadoras de salud privadas con su estructura de EPS -Entidades Prestadoras de Salud- e IPS -Instituciones Prestadoras de Salud- que han desfalcado a la nación y han deteriorado el derecho a la salud convirtiéndolo en un servicio enfocado en la ganancia y no en la salud del pueblo colombiano. Estas deudas entre las EPS e IPS son apropiadas por el Estado, que terminan pagando la apropiación de dineros públicos por parte de las EPS e IPS y que concluyen costeando la mala prestación del derecho a la salud. Esta nueva deuda es de carácter odioso y representa la estrategia de socialización de las pérdidas y de la individualizacion de las ganancias propiciado por un Estado totalmente corrupto y corporativo.
Como último ejemplo, encontramos los casos de las demandas al Estado, como es el caso de la Ruta del Sol, donde este proyecto de infraestructura se adjudicó bajo abusos y prebendas de la concesionaria, conformado entre otros por Odebrecht y el grupo AVAL, y donde entidades financieras entre estas el grupo AVAL demandó al Estado por 2,7 billones de pesos, siendo esto un total despropósito debido a la directa relación en la corrupción de la adjudicación del proyecto Ruta del Sol.
Ante esta dinámica odiosa, el Gobierno por medio de la Ministra de Transporte Angela María Orosco, pretendió llegar a un acuerdo previo a la decisión del Tribunal de Arbitramento con los bancos, realizando un pago de 1,9 billones de pesos, el cual fue denegado por estas entidades financieras. Ante la negativa de estas últimas el pasado 6 de agosto el Tribunal de Arbitramento fijo que el monto de pago máximo a las entidades financieras, no involucradas en la corrupción tipificada en el proyecto de Ruta del Sol, es de 211.000 millones de pesos y no de 2,7 ni de los 1,9 billones de pesos que quería negociar la ministra. La ministra Angela María Orosco que tiene en su hoja de vida relación directa con el grupo AVAL y que manifiesta su claro interés en la entrega de recursos públicos, pasando por encima de la evidente corrupción en el proyecto de la Ruta del Sol y de su antigua empresa y jefe Sarmiento Angulo.
Otra política anclada al PGN 2020 es la revisión de la inflexibilidad del gasto público, que pretende flexibilizar el presupuesto destinado a los derechos sociales de los colombianos con el fin de cumplir con las metas fiscales y el pago del servicio de la deuda pública, que como hemos evidenciado carece de transparencia y sostenibilidad.
Como se evidencia en el pequeño recorrido por algunas de las políticas ancladas al PGN 2020 se atestigua el papel de un Estado a favor del desfalco de la nación, por la privatización de los entes públicos, la privatización de la administración estatal, el mantenimiento de la deuda pública y de sus acreedores odiosos y la reducción del gasto social transfiriendo estas cargas a las clases subalternas en el país.
3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PGN 2020 EN COLOMBIA
Aunque existe un aumento en el actual proyecto del PGN 2020 con referencia al anteproyecto emitido hace algunos meses, pasando de 247,154 billones de pesos a 271,7 billones, este incremento con referencia al anteproyecto está atado a un sin numero de clausulas totalmente odiosas como la privatización de empresas y partes accionarias de la nación, el aumento de la emisión de TES de deuda pública y la reforma al gasto social, entre otros proyectos que golpearán profundamente los ingresos de la nación y los derechos de las y los colombianos. (Gomez & Galindo , 2019)
“El presupuesto de ingresos no especifica cuánto se espera recibir por venta de empresas del Estado. Sin embargo, la institución advierte que si el Congreso aprueba este proyecto de ley como lo ha presentado el ministro Carrasquilla, automáticamente estará aprobando la venta de empresas como ISA y Ecopetrol sin saber en cuánto las está valorando el Ministerio, y sin que se dé la debida discusión pública. Una vez aprobado el presupuesto, esto no tiene reversa” (Bolivar , 2019)
Como se evidencia en el anterior extracto, la aprobación del PGN 2020 implica el consentimiento de la rama legislativa a la enajenación de empresas como ISA y una parte accionaria de Ecopetrol. Esta dinámica es cada vez mas compleja si se observa que no existe una especificación de los ingresos de la nación por tipo de recaudo, incumpliendo los estándares de la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Y así mismo, cuanto se va a emitir en títulos de deuda pública y cuanto se recaudará por las pretendidas privatizaciones para cumplir las metas gubernamentales en el PGN 2020.
Como se observa en la anterior tabla, el presupuesto total pasó de 249,234 a 271,174 billones en los años 2019 y 2020 con un incremento de 22,480 billones, donde solo el servicio de la deuda absorbe aproximadamente un 30% de este incremento neto.
Así mismo, el presupuesto de funcionamiento para el año 2019 y 2020 respectivamente pasan de 156,558 a 172, 063 billones, una variación de 15,505 billones de pesos evidenciando un aumento porcentual de 9,9%. Mientras que el presupuesto del servicio de la deuda pública pasó de 51,935 a 59,296 billones respectivamente, con un aumento de 7,361 billones un 14,2% de variación porcentual para los dos años de estudio. Así mismo el presupuesto de inversión pasa de 40,741 a 40,354 billones de pesos con una reducción de 386 mil millones de pesos y una variación porcentual negativa de 0,9%.
Como se constata en la anterior gráfica, el servicio de la deuda pública en la composición presupuestal es el concepto con mayor crecimientopor encima del funcionamiento, con una diferencia con respecto al servicio de la deuda pública en la variación porcentual de 4,3%, y con respecto a la inversión una diferencia en la variación porcentual de 5,1%.
Esto manifiesta concretamente el papel preponderante del servicio de la deuda pública en el próximo presupuesto y su crecimiento exponencial en los presupuestos del año 2019 y 2020, que se vera recrudecida en los próximos años por la estrategia del gobierno de aumentar la emisión de deuda pública concatenada con el deterioro de las condiciones internacionales de intercambio y claro está por la devaluación del peso colombiano.
“Colombia plantea aumentar la meta de emisión de títulos de deuda pública interna TES para el próximo año en $7 billones (cerca de US$2.123 millones), para atender el pago de sentencias y deudas del sector de salud, reveló un documento anexo al presupuesto de gastos, conocido el miércoles (…) Según el informe, la colocación de títulos TES pasará a $37,1 billones (US$11.253 millones), desde una meta de $30,1 billones establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, publicado a mediados de junio” (Vanegas , 2019)
Así mismo, en el total del presupuesto destinado para el servicio de la deuda pública, alrededor de 30 billones de pesos, más del 50% del presupuesto se destinan para el pago de intereses del servicio de la deuda pública, corroborando la insostenibilidad y la característica perpetua y onerosa de la deuda colombiana donde menos del 50% es destinado para la amortización y la mayor parte la absorbe el pago de intereses.
Esta dinámica de la deuda pública ha generado críticas desde el propio establecimiento y desde los tanques de pensamientos del capital colombiano, los que reprochan la insostenibilidad de la deuda como es el caso de Sergio Clavijo el cual manifestó que: “Por último, se tiene el efecto sobre la deuda. Nótese que el pago de intereses continúa bordeando casi 3% del PIB. Si bien se ha tenido un favorable rally en los TES-locales, el servicio de la deuda externa se ha vuelto mucho más oneroso con una devaluación promediando el 12% anual y representando esa deuda externa pública un 23% del PIB de un total de 50% del PIB” (Clavijo, 2019)
Estas criticas atestiguan el papel fundamental de la deuda en la próxima crisis socioeconómica en cierne en el país, donde para estos tecnócratas la salida seria la profundización de las políticas a favor de la acumulación de capital y no así la garantía de los derechos del pueblo colombiano y el derecho y deber al no pago de la deuda pública ilegitima, ilegal, insostenible y odiosa.
Como se puede observar en la anterior tabla no. 1 y teniendo en cuenta la tabla numero 2, el sector con mayor destinación presupuestal en el PGN 2020 es el Servicio de la Deuda Pública con 59,296 billones de pesos, un crecimiento de 7,361 billones con referencia al año 2019; seguido por el sector de la educación con 43,136 billones, un crecimiento de 1,664 billones de pesos y, el tercer sector con mayor destinación es el sector de Defensa, comprendido por defensa nacional y policía nacional, con 34,871 billones, un incremento de 1,932 billones de pesos. Constatando así el crecimiento exponencial del servicio de la deuda pública en el PGN 2020 absorbiendo recursos que podrían ser destinados a la prestación de los derechos del pueblo colombiano.
Así mismo, los crecimientos de los sectores de educación deben ser estudiados a profundidad y desglosados por sectores, derivado de las estrategias de financiarización de la educación como es el caso del ICETEX, que recibe una gran partida de este presupuesto con el fin de crear créditos a la demanda de la educación y que de ninguna manera debería ser incluida como garantía al derecho de la educación. [3]
Como se puede evidenciar en la anterior gráfica, el servicio de la deuda pública tiene una variación de 7,361 billones de pesos en el PGN 2020 con relación al presupuesto del año 2019, aproximadamente el crecimiento de los cinco sectores con mayor destinación presupuestal, salud y protección social, educación, trabajo y defensa y policía nacional en sumatoria, constatando gráficamente la absorción de recursos que podrían ser destinados hacia los sectores de la salud, protección social, educación y trabajo.
Así mismo, se observa como el segundo mayor incremento en el PGN 2020 es el sector de Defensa y Policía Nacional, sector que debería decaer derivado de los Acuerdos de Paz y se tendría que transferir estos recursos a blindar sectores como Inclusión Social y Reconciliación que en este PGN 2020 ve una reducción de 3,5 % con referencia al PGN 2019 constatando el papel del gobierno por el mantenimiento de la violencia y el interés por aniquilar los acuerdos y sumir al país en la violencia como fuente de dominación y estatus quo.
Otro aspecto que llama la atención es la reducción presupuestal en el sector de Deportes y Cultura que se ven aminorados en un 6,6% pasando de 1,986 a 1,856 billones entre el año 2019 y 2020. Pero esto no es llamativo por la reducción presupuestal, puesto que esta dinámica es repetitiva en los Presupuestos del país, sino por la manifestación desde el Gobierno en la construcción e implementación de un Ministerio del Deporte como respuesta ante las gestas de nuestras y nuestros deportistas, lo que se avizora como un recurso burocrático más que un apoyo real al deporte y la cultura en el país, como se evidencia en la designación presupuestal.
Es altamente preocupante el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2020 donde la designación presupuestal evidencia una reducción en sectores neurálgicos para el bienestar social como son los sectores de deportes y cultura, agricultura, inclusión social y reconciliación, entre otros sectores que se ven golpeados derivados de la alta absorción de recursos por parte del servicio de la deuda pública donde el Gobierno privilegia el pago de esta última y sus acreedores por encima del cumplimiento de progresividad de los derechos del pueblo colombiano plasmado en la constitución misma.
4. CONCLUSIÓN
Como se puede observar en el recorrido de este artículo de opinión, es preocupante el proyecto del PGN tanto por su designación presupuestal, como por las diferentes políticas ancladas a la aprobación del mismo. Por otro lado, se debe tener en cuenta el contexto de deterioro de las condiciones internacionales de intercambio donde el país ha venido sufriendo grandes devaluaciones que afectan directamente el peso y valoración de la deuda publica puesta en dólares.
Este proyectó no solo continua con el deterioro de los presupuestos del gasto social y preferencia del pago del servicio de la deuda pública. sino que trae consigo proyectos de privatización, reforma del gasto estatal, nueva emisión de deuda que complejizaran aun mas los procesos fiscales en el país y que ocasionaran un mayor detrimento de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales del pueblo colombiano.
Es menester denunciar estas políticas, sus perfiladores y sus beneficiarios con el fin de impedir la socialización de las perdidas e individualización de las ganancias que pretende crear este gobierno que se caracteriza por el autoritarismo, la violencia, los casos de corrupción y colusión y la extrema austeridad en el gasto social.
Ante este panorama la lucha por la auditoria de la deuda como una reivindicación desde la movilización social adquiere mayor importancia, pues el sistema deuda cobra protagonismo en Colombia como una forma del despojo de los derechos fundamentales de la población colombiana.
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Notas:
[1] Para mayor información remítase a (Gomez & Galindo , 2019)
[2] Para mayor información remítase a (Gómez & Galindo, El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia, 2019)
[3] Para mayor información remítase a (Gómez & Galindo , El sistema de Educación Superior en Colombia: ¿La educación como derecho o mercancía?, 2019)
John Freddy Gómez , Camila Andrea Galindo para La Pluma, 14 de agosto de 2019
Editado por María Piedad Ossaba
Publicado en CADTM
