Oscar Javier Forero: Claro, pero Venezuela es el Narco Estado…

En la última década instituciones financieras como Bank of America, City Group, HSBC y hasta el Instituto para las Obras Religiosas han estado salpicados por investigaciones sobre narcotrafico.

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Venezuela el narco Estado

Tanto dentro como fuera del país es cada día más común escuchar el término “narco Estado“, como una forma de acusar no solo al gobierno venezolano sino a toda la institucionalidad de la república de estar inmersa en delitos de tráfico de drogas. El atrevimiento es tal, y vaya que es un atrevimiento, que Colombia, principal productor de cocaína, y Estados Unidos, cuarto consumidor de opiáceos y primer consumidor de cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, fármacos estimulantes y éxtasis en el mundo, usan generalmente este calificativo como una forma de facilitar el abierto proceso de intervencionismo que la administración Trump manifiesta sin tapujos.

Este tipo de acusaciones, junto con adjetivos como terroristas y antidemócratas, por solo mencionar dos, son una especie de herramienta usada para linchar gobiernos que no son de la apetencia de la Casa Blanca. Contradictoriamente los países que realmente practican el terrorismo de Estado o aquellos que mantienen sanguinarias dictaduras que violan cualquier principio de derechos humanos gozan del beneplácito de Washington, siempre y cuando cumpla los mandatos de éste.

La mediática internacional, en su papel rastrero y servil, replica con amplitud estas informaciones, aun cuando no presentan un sustento medianamente serio que por lo menos aborde el tema desde una óptica documentada.

Qué desde Estados Unidos, Colombia, México o España se acuse a Venezuela de narco Estado es una soberana barbaridad, que tiene como principal objetivo no dejarle espacio a la racionalidad de la población, el aniquilamiento moral es un paso previo al aniquilamiento físico, escenarios como los que se montaron en Yugoslavia, Libia e Irak dan cuenta de ello.

Los gobiernos aliados a la Casa Blanca y la mediática internacional, la misma que nos decía que si moría Pablo Escobar se acababa el envío de droga, tratan de hacernos llegar a la conclusión que el negocio del narcotráfico existe porque las autoridades venezolanas, en un papel de victimarios, se encargan de comprar y producir ingentes cantidades de cocaína que van a parar, quién sabe bajo que artimaña a las calles de los países del norte, las víctimas, enriqueciendo a la totalidad del generalato, jueces, ministros, diputados, gobernadores, alcaldes y un largo etcétera. Se trata insistentemente de generar una sinonimia entre chavismo y narcotráfico.

¿La ruta narcovenezolana?

Venezuela se encuentra en una zona geográficamente privilegiada, con amplias costas y que comparte 2150 kilómetros de linea fronteriza con Colombia, esto la lleva a representar una fenomenal ruta para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa que previamente y haciendo escala, han pasado también por República Dominicana, Aruba y Trinidad Tobago principalmente.

No obstante ésta ruta, aun cuando es tan atractiva, no es la más usada. El grueso de los cargamentos con cocaína y heroína que produce el vecino país salen por el pacifico colombiano, llegan a Panamá, Honduras y México, países en los que Estados Unidos tiene por lo menos 18 bases militares; otra ruta, la segunda más usada sale de Cartagena en el Caribe colombiano, llega a Bahamas, pequeña isla de 13 mil kilómetros cuadrados en la que la potencia del norte cuenta también con una base militar en Nassau. En esto concuerdan las autoridades colombianas y hasta los propio Estados Unidos.

El transito de drogas por territorio venezolano con destino a Estados Unidos y Europa no es nada nuevo, tampoco la movilización de narcotraficantes a ciudades del occidente como Mérida o San Cristóbal. En 1997 fue capturado en pleno centro de San Cristóbal el “último gran capo”, después de la muerte de Pablo Escobar, su nombre: Justo Pastor Perafán, este exmilitar colombiano tenia por lo menos un año viviendo en suelo tachirense donde se podía mover libremente.

Es histórico el envío de importantes cargamentos que hacen escala en Venezuela, cosa que en ningún momento se quiere ocultar. En 1999 un Boeing 727 perteneciente al príncipe saudí Nayef Bin Fawwaz al-Shaalan partió de Caracas, luego de culminar una reunión de la OPEP, dicho avión fue detenido en París con dos toneladas de cocaína de alta pureza. Este príncipe saudí, desde ese momento se encuentra protegido por Arabia Saudita, aun cuando está solicitado por narcotráfico.

Para que todo esto haya ocurrido, indudablemente, hubo cooperación por parte de funcionarios militares, policiales y civiles, así como también la hay en todos los países considerados en la ruta de la coca. No se pretende en ningún momento negar la existencia de redes permeadas por los onerosos ingresos que deja esta industria, esto es un hecho histórico y real. Lo que no se puede aceptar es que se diga que la institucionalidad del Estado venezolano está diseñada para tal fin, allí hay una enorme brecha que si se analiza con información de organismos internacionales deja muy mal parado a los que casualmente más urgen en acusarnos.

El Eje Colombia-Estados Unidos del narcocapitalismo

De acuerdo al más reciente reporte publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga (UNODC), para 2017, los ingresos por el negocio del narcotráfico se calculan en por lo menos 320.000 millones de dólares. Se estima que del total de ingresos de esta industria por lo menos el 95% se queda en los países receptores, es decir Norteamérica y Europa, mientras el restante 5% lo reciben los países productores.

Estos números no difieren para nada de los porcentajes de ganancia que reciben los países industrializados (consumidores) y los países en desarrollo (productores-extractivistas) por la comercialización de cualquier materia prima, dígase hierro, cobre, oro, diamantes o coltán. La relación de explotación y la división internacional del trabajo es idéntica también para la ilegalidad, los actores son los mismos, por un lado están los triunfadores: la gran banca internacional, las corpocracias y el aparato industrial militar; por el otro los perdedores, los que colocan la sangre y el sudor de la guerra: desempleados, campesinos sin oportunidades y miles de niños que ofrecen sus brazos como raspadores de hojas o “raspachines”.

La producción de la hoja de coca en las zonas rurales colombianas está directamente influenciada por la pobreza. Las zonas donde mayor concentración de este cultivo hay coinciden en abandono gubernamental y dominio de grupos al margen de la ley. La firma, por parte del gobierno colombiano, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, ha disparado las tierras destinadas a estos cultivos, zonas donde anteriormente había siembra de rubros alimenticios, bosques vírgenes o hasta parques nacionales son ahora grandes extensiones dedicadas al cultivo de la hoja de coca.

Mientras el área cultivada con café, principal dinamizador formal de la economía colombiana, se ha mantenido prácticamente estable entre 2002 y 2018, la siembra de hoja de coca ocupa espacios cada vez más importantes. A la fecha, y de acuerdo a las proyecciones, el rubro “hoja de coca” es el tercer producto más sembrado en este país, solo por detrás del rubro plátano (al que ya le pisa los talones) y el café.

La sociedad, altamente influenciada por lo que expresan los medios, ve en la población rural el problema y hacia allí exige soluciones que incluso atenten hasta con la vida de éstos últimos. Es verdaderamente difícil, para un campesino de Antioquia, Nariño o Norte de Santander, lanzado al ruedo neoliberal del “libre comercio”, competir contra un productor, subsidiado y con una amplia política proteccionista, de Nebraska o Dakota del Norte. A este hecho es importante añadir otro pequeño detalle: la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos convirtió en un delito almacenar y preservar semillas, mientras que volvió ley el tener que únicamente usar semillas “certificadas” comercializadas por grandes transnacionales como Monsanto (ahora Bayer) y Dupont.

Al igual que con el mercado internacional del café, del cual se estima que los caficultores perciben solo 2 de cada 1.000 dólares que se generan, el ingreso para el campesino colombiano que siembra y transforma la hoja en base de coca es ínfimo al lado de lo que perciben los grandes capos de la droga, que valga la pena decir no son colombianos, ni mexicanos, mucho menos venezolanos, sino que son estadounidenses, españoles, portugueses, franceses y holandeses. Mientras que en el campo colombiano un kilo de clorhidrato de coca (producto final, listo para el consumo) cuesta en promedio 1.500 dólares, en las calles de Nueva York, Los Angeles, Chicago o Detroit alcanza los 120.000 dólares. En Europa, el ingreso de gigantescos cargamentos de cocaína principalmente por España y Portugal eleva su costo hasta los 140.000 dólares o incluso más, dependiendo siempre de la pureza y calidad de la misma.

Muy contrariamente a lo que intentan hacer ver los anuncios que hacen en conjunto gobiernos como los de Colombia y Estados Unidos, hay un crecimiento constante en la siembra de la hoja de coca y su posterior producción, situación semejante ocurre con la demanda en los países desarrollados. Para 2009 se estimaba que 210 millones de personas en el mundo consumían narcóticos, para 2017 el número aumentó a 271 millones, por lo menos 76,2 millones son de América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá), lo que refleja el enorme entramado público (incluido militar-policial) y por supuesto privado que funciona alrededor de este lucrativo negocio.

El alucinógeno que más compradores suma año a año es el cannabis, se cree que son 188 millones el número de consumidores, de ellos 36% se encuentran en Estados Unidos y Europa Occidental y Central donde solo habita el 10% de la población mundial. Este crecimiento exponencial sumado a la tendencia de legalizar el consumo de la marihuana ha sido aprovechado por  grandes corporaciones que han venido desplazando a los dos productores tradicionales: México y Marruecos. En estos momentos la batuta de la producción en todo el orbe la tiene curiosamente el autodenominado policía antinarcóticos del mundo: los Estados Unidos.

A nivel regional la siembra de hoja de coca y producción tanto de clorhidrato, como de base de coca  ha venido teniendo un significativo repunte. Después de más de 11 mil millones de dólares invertidos en el Plan Colombia, luego de instalar 9 bases militares estadounidenses y un conjunto indeterminado de “cuasibases” que se alojan en por lo menos 51 edificios y 24 instalaciones en arriendo (que pudiesen ser más) dedicadas por completo a “combatir” este flagelo, de cientos de contratistas que gozan de total inmunidad como si fueran diplomáticos acreditados, de miles de kilómetros cuadrados de selva virgen bañada con glifosato (que dispensa Monsanto), de perdidas cuantiosas para el campesinado, de afectaciones en el agua que consumen y el aire que respiran éstos, de desplazamientos, de años de seguridad democrática del uribismo y de lograr la desmovilización de la guerrilla de las FARC, señalados históricamente como los grandes productores del alcaloide, se puede afirmar que Colombia, en vez de erradicar, ha venido monopolizando el mercado de la cocaína, casi cuadruplicando su producción en tan sólo 4 años.

Los datos más recientes publicados por UNODC destacan que para 2013 en Colombia se sembraban 48.000 hectáreas (ha) de coca, representando el 40% del total cultivado en el planeta, para 2017 la superficie en uso ascendía a 171.000 ha, es decir el 70% de la producción mundial se siembra y procesa en territorio neogranadino. Para antes de 2020 la cifra pudiese llegar a las 250.000 hectáreas, una zona semejante a la superficie de la Isla de Margarita y el estado La Guaira juntos.

Colombia: narco burguesías y poder político.

En ciudades como Bogotá, Medellín, o Calí poco se conoce sobre las dolorosas secuelas que deja en el entramado social y familiar la siembra de la hoja de coca, allí, en los centros de poder solo se disfruta de los millones de dólares que ingresan al sistema económico colombiano. El hombre más rico de dicho país, Luís Carlos Sarmiento Ángulo amasa en la actualidad una fortuna superior a los 11 mil millones de dólares, este magnate dueño del principal banco de ese país ha lavado miles de millones de dólares producto de actividades delictivas que dinamizan el aparato productivo, cosa que para nada molesta a políticos, empresarios  e inversionistas. De allí el “éxito” de las políticas uribistas.

Mientras esto ocurre en los empobrecidos poblados de la periferia, la economía al margen de la ley es la que sostiene a la propia ley; el valor de los sembradíos con hoja de coca en los diez municipios con mayores cultivos de Colombia, supera casi por dos el valor de los presupuestos públicos destinados por el gobierno nacional para esos mismos diez municipios.

Lo mismo ocurre con los tres departamentos que concentran mayor producción de coca: Putumayo, Nariño y Norte de Santander, que valga la pena decir, son fronterizos, los dos primeros con Ecuador y el último con Venezuela. El Estado colombiano al formar parte de la industria de la droga busca reducir costos, para ello es también cómplice de muchos otros delitos que circulan en torno a ella, uno de esos es el contrabando de combustibles que se da desde Ecuador y Venezuela y que desangra de manera significativa a ambas naciones. El dominio de los grupos paramilitares falsamente desmovilizados, la instalación de cultivos y de laboratorios muy cerca de la linea fronteriza internacional permite el abastecimiento permanente de combustibles y otros insumos a precios muchas veces irrisorios, como es el caso de la gasolina, el cemento y los productos que fabrica la petroquimica venezolana. Para producir un kilogramo de base de coca se requieren 282 litros de gasolina, además de miles de litros más para colocar a funcionar los laboratorios que generalmente se instalan en intrincadas zonas donde no llega la energía eléctrica.

El hecho de que la gasolina venezolana y ecuatoriana es de mayor calidad que la colombiana, ha contribuido a mejorar el rendimiento en la obtención de la base de coca, el apoyo técnico por parte de especialistas que trabajan para los grupos al margen de la ley ha también incrementado la producción por hectárea sembrada. Para 2013 se producían 205.000 toneladas de hoja de coca, para 2017 la producción llegó a las 930.900 toneladas, mejorando el rendimiento en 453%. Este último dato no es casual, la ciencia y la investigación están desde hace años al servicio de la producción de narcóticos, no solo en Colombia sino a nivel mundial.

El Primer Mundo: farmacodependencia y acumulación del narco botín

Precisamente por esto hay una verdadera epidemia de salud pública en buena parte de los países desarrollados por los llamados opiodes, que son derivados naturales de la morfina y adormidera o fabricados de forma sintética, estos últimos son los más dañinos. Los dos opioides más conocidos son el fentanilo y la oxicodona, ambos analgésicos y anestésicos sintéticos, creados en laboratorios son hasta 50 veces más poderosos que la heroína. Los opioides han sido culpables de que las muertes por sobredosis en territorio estadounidense pasen de poco más de 2.000 en 2007 a 47.000 en 2017, esto de acuerdo a datos conservadores de la ONU, informes oficiales más crudos de autoridades sanitarias de los Estados Unidos ubican las muertes por sobredosis para el mismo año en 63.000, superando el número total de bajas que sufrió este país en 20 años de guerra con Vietnam.

La corpocracia mundial ha sabido sacarle provecho a esta fármaco dependencia que amenaza con arrasar a millones de personas en pocos años, se trata de una estrategia de alienación que le genera jugosas ganancias a grandes laboratorios, que cuentan con la complicidad y el beneplácito de los gobiernos y que más grave aun cuentan con el apoyo jurídico y político de la institucionalidad.

Laboratorios de China, Estados Unidos, Colombia, México y Asia Meridional se pelean por el inmenso botín que deja además de miles de millones de dólares, 600.000 defunciones anuales, cosa que al capital transnacional poco le importa. Johnson & Johnson es mundialmente conocida por el talco para bebes, sin embargo esta empresa es una de las principales fabricantes de opioides, no contenta con ello, se enfrenta a un sin fin de demandas por empujar, de manera solapada, a millones de personas hacia el consumo y la dependencia, la transnacional está a punto de lograr un acuerdo con el gobierno federal, para lo cual tendrá que pagar una especie de multa, como si se hubiese pasado un semáforo en rojo, librándose por completo de responsabilidades. Nuevamente todo esto ocurre con la complicidad del sistema.

El sistema también regula su metabolismo para garantizar de manera eficiente el suministro de narcóticos desde sus fuentes primarias de producción, la economía del narcotráfico desde hace mucho tiempo es uno de los principales motores que empuja a las economías del mundo, con especial énfasis en consumidores y productores. Si juntamos en un solo rango a las actividades delictivas (narcotráfico, piratería, venta ilegal de armas, contrabando de crudo, delitos informáticos, entre otros), el aporte al PIB mundial alcanza hasta el 5%. No solo la banca colombiana se robustece con los dineros provenientes de la economía delictiva, la banca mundial lava cifras astronómicas, de acuerdo a la ONU, 1,6 billones de dólares (US$ 1.600.000.000.000) ingresan “limpios” al año; en la última década instituciones financieras como Bank of America, City Group, HSBC y hasta el Instituto para las Obras Religiosas (popularmente conocido como el banco de dios o el banco del Vaticano) han estado salpicados por investigaciones.

Pero, aun con todos estos datos y cifras oficiales, el narco Estado, es Venezuela.

Oscar Javier Forero

Economista social, Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM), articulista, creador del Observatorio de Precios de San Cristóbal (estado Táchira).

Fuente: 15 y último, 2 de julio de 2019