Varias dificultades ha encontrado el gobierno uribista de Iván Duque para consolidar sus últimas apuestas contra los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2017 entre el Estado colombiano y las FARC.
La no extradición de alias Jesús Santrich, su liberación y posesión como congresista; la falta de consenso en el Congreso que le ha impedido, hasta ahora, hacer reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y el fracaso de su intención de convocar un pacto nacional para realizar reformas a esos acuerdos, con el supuesto argumento de impedir que favorezcan al narcotráfico y acabar con lo que él califica de impunidad, son los más importantes reveses que ha sufrido Duque en estos últimos días.
Bajo el paraguas de un análisis superficial, parecen producirse dos conclusiones:
1. La primera es que el Estado colombiano funciona como un reloj y la separación de poderes ha logrado limitar las acciones del presidente.
2. La segunda es que el acuerdo de paz favorece al narcotráfico y está causando una grave crisis institucional que puede llevar a justificar acciones extraordinarias.
Este último argumento es levantado por Álvaro Uribe desde antes de la firma de los acuerdos, quien obviamente sabe mucho del tema, no de la paz, sino del narcotráfico, ya que es el “ex” presidente colombiano más vinculado a este negocio.
Sin embargo, la única preocupación que el partido de gobierno expresa sobre el asunto es en torno a la acusación de las FARC para no mencionar a los verdaderos carteles de la droga que operan en Colombia, es decir, los grandes carteles del norte (México y Estados Unidos) y los colombianos, estos últimos cada vez de menor tamaño, carteles brasileños, etc.
En todas las acciones que Duque ha emprendido contra la paz en Colombia, ha contado, por supuesto, con el respaldo de los Estados Unidos, cuyas instituciones han llegado al extremo de acusar a los acuerdos logrados por el gobierno anterior con las FARC del aumento del consumo de droga en su país.
El actual embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, también puso su granito de arena, intentando manipular a congresistas para que aprobaran las objeciones del gobierno a la JEP, y luego el gobierno norteamericano retiró la visa estadounidense a varios magistrados y magistradas que se oponían a esta reforma como medida de presión.
¿Un nuevo “fujimorazo”?
Otras cosas han resultado muy positivas al uribismo. La tormenta desatada por la liberación de Santrich, su recaptura y su posterior liberación ha servido para librarse elegantemente de cargas que ya se hacían pesadas, como el fiscal Néstor Humberto Martínez vinculado al caso Odebrecht y acusado por la opinión pública de estar involucrado en tres muertes de testigos claves envenenados con cianuro.
Este señor aprovechó la liberación de Santrich para renunciar a su cargo alegando una “cuestión de principios” por la oposición a la decisión de la JEP y de inmediato se apresuró a salir del país.
En medio de este escándalo también se continúa sin mayor ruido con el asesinato de líderes y lideresas sociales, cuyo número es cada vez más difícil de contabilizar pero que se estima en un asesinato cada 36 horas y que, por supuesto, no se detuvo en mayo.
También logró bajar el impacto de un escándalo generado por las denuncias en torno al relanzamiento de los falsos positivos como política, con un ejército dirigido por un General ya antes involucrado en estos mismos casos durante los primeros gobiernos de Uribe y que, lejos de ser destituido por ello, logró esta semana un nuevo ascenso.
Los contratiempos que ha sufrido el gobierno colombiano no son la señal de una separación de poderes que pretende mostrar el Estado colombiano, sino más bien la evidencia de un conflicto de intereses que se expresa en primera instancia entre el santismo y el uribismo, que es espejo también de diferencias internas en los Estados Unidos entre el gobierno y sus opositores.
Pero sobre todo es muestra de que diversos sectores del establecimiento colombiano se niegan a cerrar filas en torno al uribismo, mas no por las razones esgrimidas desde la izquierda, sino porque sus intereses económicos y sus orígenes no se los permiten. Tal es el caso del partido liberal de Colombia liderado por el ex presidente César Gaviria.
Por su parte, la crisis colombiana es real, pero la crisis institucional que hoy se está planteando supuestamente a causa de la falta de consenso en torno a los acuerdos de paz puede ser simplemente la excusa para una medida de fuerza que el gobierno uribista continúa teniendo bajo la manga para “solucionar” a su conveniencia el tema de los acuerdos de paz, y que puede estar acercándolo a un «fujimorazo».