Global Witness, la organización inglesa que hace un reporte anual de homicidios de activistas ecologistas en el mundo, ubicó a México en el cuarto lugar en 2017. La organización consignó 15 acaecidos en el país. El primer lugar lo obtuvo Brasil, con 57; el segundo fue Filipinas, con 48, y el tercero, Colombia, con 24.
El mural retrata a Antonio Esteban, un ambientalista asesinado en Puebla en 2014. Delante su hija Violeta Rodríguez. Foto Luis Peagui
Billy Kyte, de Global Witness, asegura que son cuatro los factores globales que posibilitaron los asesinatos en México: la exclusión de las comunidades por parte del gobierno en la toma de decisiones sobre megaproyectos en sus territorios, la ausencia de protección efectiva a defensores en riesgo, la impunidad, y la expansión del crimen organizado.
“Pero subyacente de todo esto es una ausencia completa de voluntad política”, indica Billy Kyte en entrevista vía correo electrónico.
Ayer, mexico.com publicó un reportaje que revela que en la última década se han cometido 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer. La datos surgidos a partir de una base procesada por este medio indican que 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos.
La base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.
El abogado mixteco López Bárcenas puntualiza que, en México, los pueblos originarios son los más vulnerables pues sus territorios poseen la mayor riqueza natural del país y ésta es codiciada por las empresas e instituciones oficiales con proyectos extractivos.
“Lo que le interesa al capital es cosificar bienes comunes y meterlos al mercado: agua, minerales, biodiversidad, por lo que la mayoría de afectaciones ambientales del país están en territorios indígenas”, expone.
El gobierno ha otorgado 25 mil concesiones mineras en el país por 50 años renovables a medio siglo más, según datos oficiales. No hay estudios que especifiquen su impacto en los pueblos indígenas, pero la organización GeoComunes apunta que para que la megaminería metálica obtenga un gramo de oro —equivalente en tamaño a una moneda de 10 centavos— esta industria tendría que despedazar cuatro toneladas de roca.
En cambio, sí hay proyecciones del daño que provocará la extracción de gas y petróleo como parte de la Reforma Energética. El informe Las actividades extractivas en México: Anuario 2016, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que 14.3 por ciento de la superficie terrestre que el gobierno planea adjudicar para la explotación y extracción de hidrocarburos está en territorios de pueblos indígenas.
El reporte precisa: “Los pueblos tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente la mitad de su territorio”.
Isidro Baldenegro sabía que su vida estaba en riesgo.
Defendió los bosques de la cordillera de la Sierra Tarahumara de una poderosa alianza de matones, narcotraficantes y madereros locales, trabajo que lo llevó a ganar el Premio Goldman del Medio Ambiente en el año 2005, un premio global para el activismo. Abandonó su comunidad en el norte de México después de recibir amenazas. Pero cuando Isidro regresó el 15 de enero de 2017, un presunto sicario lo mató de un disparo. La historia se repitió trágicamente: el padre de Isidro también fue brutalmente asesinado 30 años antes por oponerse a la tala. (Del informe de Global Witness) |
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Laura Castellanos
Fuente: Tlaxcala, 3 de marzo de 2019
Traducciones disponibles: Français
Publicado por Mexico.com