Venezuela: la batalla de ideas, madre de todas las batallas
Entrevista a José Luís García

Solo nos resta convocar la sensibilidad y la voluntad solidarias con la Revolución Bolivariana de todos los pueblos del mundo amantes de la justicia, la democracia y la paz.

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José Luís García es un profesor universitario en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en el área de las Ciencias Sociales. Posee una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar y en estos momentos realiza un doctorado en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Lo hemos entrevistado sobre la situación actual de Venezuela desde su visión como venezolano, profesor universitario e investigador.

Háblenos sobre la situación político/económica actual de Venezuela, que últimamente ha sido noticia principal en el mundo entero, desde la autoproclamación como Presidente Encargado del diputado Juan Guaidó, quien se desempeñaba como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Nuestra lectura de la actual coyuntura venezolana parte de una visión de largo plazo, con una concepción de análisis histórico. Para mí, lo que hoy ocurre en Venezuela es imposible de explicar correctamente sin este punto de partida.

En este sentido, hay que destacar que se trata de una situación de conflicto abierto, ahora actualizado en mi país y el continente latinoamericano, entre dos modos opuestos de entender la política, pero sobre todo de asumir teórica, filosófica e ideológicamente la vida, la sociedad, la cultura y la organización de las mismas. Se hallan aquí enfrentadas sin duda posiciones antagónicas, efectivamente irreconciliables, que responden, y hay que volver a señalarlo, a dos matrices político-ideológicas definidas, que atraviesan el proceso de toda la civilización moderna: el capitalismo y el socialismo, tanto en el centro como en la periferia del sistema mundo.

De manera que en este contexto la “argumentación” de la oposición contra el Gobierno de Nicolás Maduro, como antes lo fue contra el Presidente Hugo Chávez, es en realidad una compleja cortina de humo, inescrupulosamente edificada, porque desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder político una poderosa alianza interna y foránea ha actuado sin tregua en su contra, dado que se decidió, de antemano, que este proyecto político soberano, nacionalista, con pretensiones de equidad y justicia social, distanciado del pentagonismo, por parte de nuestro pueblo, harto de ser atávicamente expoliado y explotado, había necesariamente que hacerlo fracasar, a toda costa y a todo costo, independientemente de sus logros, conquistas o fracasos probables.

Desde el principio del proceso bolivariano comenzó la guerra abierta contra éste, recurriendo aquellas fuerzas políticas adversas, como se sabe, a todos los medios a su alcance, desde los legales y no violentos hasta los más violentos, criminales y manipuladores, siempre buscando subvertir el orden constitucional y caotizar la vida social del país, primordialmente ahogando la base económica y financiera del Estado venezolano, contando siempre con los caudalosos recursos políticos, financieros y mediáticos de los grandes centros hegemónicos del poder capitalista globalizado, principalmente de la alianza formada por el imperio norteamericano y la Comunidad Europea.

En este nuevo capítulo de lucha que todos pueden seguir, de este conflicto sin pausas que sufrimos en Venezuela, las fuerzas reaccionarias de la derecha, quienes han logrado capitalizar la oposición en Venezuela, arrinconando y volviendo políticamente débil a los sectores más moderados y democráticos que la integran, han recurrido a una extravagante argucia política, sin precedentes, “construida” sin ningún asidero constitucional, desde una posición de desacato continuado, es decir indisimuladamente subversiva, en contra de todos los poderes del Estado Nacional venezolano, legítimamente constituidos. Aprovechando hábilmente la marea de descontento sociopolítico que ha crecido en los últimos años en nuestro país, producto simultáneo de la guerra total señalada (boicot, amenazas, sanciones unilaterales, confiscación de bienes, bloqueo de cuentas, aislamiento comercial y financiero, entre otras prácticas agresoras), con pleno respaldo del oposicionismo antinacional y pro-imperialista doméstico, en paradójica conjunción antihistórica con un cuadro de graves errores atribuibles a la gestión gubernamental de Maduro. Los que se traducen en una muy deficiente gestión pública, especialmente en la dirección de las políticas en materia económica, que lejos de sortear la agresión y los profundos daños ocasionados por la guerra económica, en todas sus variantes, ha profundizado la vulnerabilidad de nuestro sistema productivo de modo dramático.

En nuestra opinión este déficit oficial ha sido favorecido por dos condiciones presentes en nuestra realidad sociohistórica, que como tendencias inducidas, en el marco de la economía petrolera y el rentismo, colonizaron la gobernabilidad bolivariana: uno, la ineficiencia crónica en la gestión de los recursos y medios del Estado, pese a la avanzada política redistributiva de la riqueza social lograda a favor de las mayorías excluidas durante estas dos décadas, y dos, la profundización de la llamada “subcultura” de la corrupción, heredada del periodo pre-bolivariano, pero ahora lamentablemente profundizada, y débilmente combatida, expandida cual cáncer moral por el tejido social, en cuanto y en tanto se percibe que casi no quedan actores y sectores del país inmunes a esta práctica de perversión social, totalmente contraria a los valores fundamentales de la revolución.   

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se ha podido ver una nueva arremetida mucho más fuerte y directa contra Venezuela. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Esto a qué se debe?

La política de acoso y las agresiones contra Venezuela, su pueblo y su gobierno, es una decisión tomada por el poder imperial, es una política del Estado norteamericano, no de un gobierno en particular de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso debe quedar claro. Se trata de una constante que solo se reactualiza cada cierto tiempo con el cambio de estilo de los republicanos o los demócratas en su juego pseudodemocrático de rotación en la ocupación de la Casa Blanca. Esta política se ha caracterizado por el intervencionismo y el injerencismo directo contra nuestra nación, desde la llegada del Comandante Chávez al poder en 1999, e incluso antes, mostrando sus despropósitos, al margen de la frágil institucionalidad vigente en las relaciones internacionales. En la actualidad dicha política se ha profundizado por efectos del fanatismo supremacista encabezado por el magnate Trump, en el marco geopolítico del ajedrez de poderes globales, donde las riquezas estratégicas que poseemos, y no nuestra crisis sociopolítica, determina el apetito imperial, en un grado tal de desfachatez que han hecho trizas todas las formas jurídicas del derecho internacional, formas antes cuidadas para guardar las apariencias, por las hipócritas élites del poder norteamericano, ante situaciones similares en otras latitudes.

La contradicción esencial de fondo en el marco de la crisis en Venezuela es la que determina la lucha entre una nación soberana e independiente, que resiste y quiere hacer valer su irrenunciable derecho a la autodeterminación, y una nación, la superpotencia agresora, que opera como enemiga de los pueblos, de sus necesidades y sus aspiraciones, invariablemente desplazados por la lógica del mercado, que impone la dictadura industrial-militar-cultural de las transnacionales sobre el orbe. Es decir, la contradicción está definida aquí entre independencia y colonialismo, entre soberanía y dominación.

Pero esta infame posición intervencionista, un empeño sin descanso, ha fracasado de modo también constante, en tanto los operadores políticos internos de la oposición en Venezuela han sido absolutamente incompetentes, durante estos veinte años, cada vez que han intentado ejecutar la orden de derrocar, por cualquier vía o medio, los gobiernos democráticos y progresistas de la era bolivariana. Frente a tal muestra de máxima incompetencia política, sus jefes externos, Donald Trump al frente, han asumido ahora explícitamente la dirección de la conspiración, sin importar las consecuencias de tan inaceptable intervención, que impone en primer término la opción guerrerista, con la intervención militar directa, contando con la colaboración servil de los aliados regionales, principalmente los gobiernos de Colombia y Brasil y del autodenominado Grupo de Lima.

Por eso ahora la táctica imperial ha variado, ordenándoles a la oposición montar un “gobierno” paralelo al legal y legítimamente constituido, que pretende encabezar el diputado Guaidó, de donde resultó su autoproclamación como presidente, realizado en un acto de calle, el 23 de enero último, en la ciudad de Caracas. Este personaje que fuera un modesto dirigente político parroquial de la ultraderecha criolla, absolutamente desconocido en el país, hasta principios de 2019, cuando repentinamente la mediática global lo convirtió en un “líder”, proyectado al mundo, con una imagen totalmente prefabricada (con el auxilio del marketing político y las tecnologías 2.0), sospechosamente parecida a la del ex presidente yanqui Barack Obama. Quizás se trata de un esfuerzo por atenuar sus limitaciones intelectuales ya evidenciadas cada vez que ha intentado comunicar una simple idea. 

Todo ello se promueve aprovechando la plataforma política de la Asamblea Nacional (AN), uno de los poderes del Estado venezolano (que lo conforman cinco poderes públicos). Ésta, fiel a la estrategia golpista descrita, apenas instalada, inició su gestión dedicándose exclusivamente a provocar el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, jamás ha contribuido en la búsqueda de soluciones a la aguda crisis del país, que ellos han abonado desencadenándola y expandiéndola . En su afán, la AN, embriagada de triunfalismo, comenzó a actuar desconociendo a los todos los demás poderes de la república, tal como sucedió cuando incorporó a tres (3) diputados electos, cuyos cargos fueron cuestionados por la existencia de irregularidades cometidas durante el proceso de elecciones parlamentarias celebrado en diciembre de 2015, luego demostradas en la investigación procesada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la nación,

Como se sabe, la AN, controlada por la oposición, hizo caso omiso de la sentencia de enero del 2016 emitida por el TSJ a ese respecto, que ordenaba la desincorporación inmediata de los tres diputados ilegítimos. Acto seguido y consecuencia de aquello, el mismo tribunal, mediante nueva sentencia, declaraba en desacato a la Asamblea Nacional, al desobedecer, en abierta actitud de rebelión y hostilidad contra el propio Estado, la sentencia que ordenaba de manera expedita de restituir inmediatamente la legalidad violentada por la AN. Hasta la fecha de hoy la AN no ha acatado las ordenes y continúa negándose a la aplicación de aquella importante decisión del TSJ de 2016.

En consecuencia, la condición de desacato establecida de la AN se mantiene, por tanto, todos sus actos legislativos y administrativos en el período son nulos e írritos (sin fuerza ni validez). Entre ellos, por supuesto, la designación de la nueva directiva de ésta, que fuera realizada el 6 de enero del 2019, presidida por el señor diputado Juan Guaidó. Es justo aquí destacar que en esto radica la condición de ilegitimidad e ilegalidad de origen de la autoproclamación presidencial cometida constituyendo una flagrante usurpación política. Ante esto lo que resulta más insólito para los analistas más atemperados es que haya sido reconocida por algunos Estados y Gobiernos que no tolerarían nunca situación similar en sus propias jurisdicciones nacionales. Esta situación irregular tiene al mundo dividido y sobre todo muy confundido, abrumado por la ubicua propaganda político-ideológica, típico elemento de control del pensamiento, en el marco de aplicación del paradigma de la Guerra de Cuarta Generación, tendiente a imposibilitar todo discernimiento con la razón, que permita poder separar con solvencia cognitiva la manipulación de la verdad histórica.

El autoproclamado presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, sostiene que su juramentación es legal porque se basa en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la República. ¿Esto es correcto o es parte de una manipulación política por parte de la dirigencia de la oposición venezolana?

De manera contundente hay que decir que se trata de una perversa manipulación política de amplio espectro e implicaciones, orquestada por lo más reaccionario de la derecha opositora venezolana. Tanto para nuestros nacionales como para cualquier ciudadano de otras latitudes sugiero tener a mano un ejemplar de la Constitución de la República de Venezuela (CRBV) [http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf] como fuente de consulta imprescindible, donde se puede constatar lo que aquí afirmamos.

Estos tres artículos constitucionales (233, 333 y 350), aludidos en la pregunta, no pueden sostenerse como los argumentos legales de ese conjunto de pretensiones tergiversadoras a las que está recurriendo la oposición en Venezuela para justificar el Golpe de Estado o la intervención militar extranjera contra nuestro país, utilizando en lo inmediato el disfraz de la “Ayuda Humanitaria”.

En primer lugar, el 233 de la CRBV, está referido a las que se consideran son las faltas absolutas del Presidente de la República. Lo parafraseo en los siguientes términos: cuando ocurra la muerte; la renuncia; su destitución declarada por el TSJ; su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el TSJ y con la aprobación de la AN; y la revocación del mandato. Como es bien sabido por todos, ninguna de estas causas es aplicable al caso del actual Presidente Constitucional de Venezuela Nicolás Maduro.

En realidad, el argumento está anclado en el desconocimiento asumido respecto del proceso eleccionario para las presidenciales, que fuera celebrado en el país en mayo de 2018, señalado así como ilegítimo, por tanto, no reconocido por una parte de la oposición y por sus poderosos patrocinantes extranjeros. Debemos recordar que ese evento electoral fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dotada de autoridad legal para este propósito, y en donde resultó elegido Maduro, con más del 67%, de los votos escrutados (De 9’389.056 electores que participaron, según datos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela), comicios en los que compitieron tres (3) candidatos más, representando opciones políticas-partidistas de la oposición venezolana. (Ver: http://www.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/)

Se intenta asociar así, de modo capcioso, las causas de faltas absolutas del Presidente de la República con el desconocimiento que sostiene esa fracción de la oposición de los resultados de las elecciones nacionales que ganó Nicolás Maduro. Es fácil que esta matriz desinformativa produzca confusión, se trata de una falsificada argumentación, confusión propagada sobre todo entre observadores que desconocen nuestra Carta Magna, así como la evolución compleja del proceso histórico que nos ha llevado a este escenario actual de máxima tensión política. Sospecho que es la condición dominante en la mayoría, aquí y allá.

Por otra parte, debe señalarse que el artículo 333 se refiere a la vigencia de la CRBV, vigencia que se mantiene en cualquier caso, pese a que se cometa en su contra cualquier acto de fuerza o derogación, por medios distintos a los que ella define. Solo diré al respecto que me parece paradójico, sorprendentemente paradójico, que la dirigencia opositora ose invocar justamente este artículo constitucional, cuando es ella la que durante las últimas décadas ha intentado con sorna, deliberadamente, su derogación, mediante la violencia, su desconocimiento continuado, hasta su eliminación arbitraria por “decreto”, mediante un brevísimo gobierno de facto (el de Carmona Estanga en 2002, producto del Golpe de Estado contra Chávez), etcétera.

Finalmente, el 350 de la CRBV, último también del articulado, está referido a una garantía del derecho que tiene la ciudadanía en nuestra nación a desconocer aquellos actos de la autoridad contrarios a los valores democráticos o que menoscaben los derechos humanos de nuestro pueblo. En otras palabras, consagra el derecho a rebelarse contra cualquier poder que incurra en tales desafueros dentro del sistema sociopolítico que esta Constitución define. Al respecto me permito dos consideraciones básicas: (1) Invocar este artículo para justificar la posición de desobediencia contra la autoridad del gobierno actual por supuesta ilegitimidad y violación de los derechos humanos, constituye un acto de cinismo del bloque oposicionista*, que sin descanso ha apelado a las formas más violentas en sus manifestaciones públicas, en un nivel superlativo, con acciones vandálicas, subversivas y terroristas, aplicando tácticas de guerra, como las puestas en marcha durante las mal llamadas “Guarimbas”. Dejando a su paso destrucción de la propiedad pública y privada, secuestro de barrios y urbanizaciones enteros, ataques a instalaciones policiales y militares, escolares y sanitarias, quema viva de personas afines al chavismo, uso de armas de guerra y artesanales en las manifestaciones declaradas “pacíficas”… Lo que ha dejado un trágico y doloroso saldo de muertes y heridos en muchas ciudades del país. Frente a ello, el Estado ha sido impelido a actuar para restituir el orden constitucional, y en ese accionar, en contextos de violencia callejera generalizada, se han cometido excesos, así como mal uso de la fuerza aplicada, por parte de los órganos de seguridad de Estado, reconocidos por las autoridades, y asumiendo las responsabilidades en cada caso, individuales e institucionales. Con esto considero que ha sido también evidente que los gobiernos de la era bolivariana, dando estas respuestas, han buscado despojarse de la atroz política anti derechos humanos y de la práctica de la plena impunidad, la que rigió en el pasado régimen político, dirigido por la derecha. Esta concepción estuvo inspirada en la doctrina de seguridad y defensa nacional y la Escuela de las Américas, de claro talante represivo, que impuso el hegemonismo imperial en toda Latinoamérica durante los años de  la posguerra. (2)

La oposición al Gobierno de Maduro pretende convertirse en la expresión legítima de todo el país, por ello el esfuerzo en invisibilizar a las corrientes populares, revolucionarias y chavistas como realidad e identidad sociopolítica y cultural. Afirman apelar a principios democráticos y de luchar contra un “régimen dictatorial”, pero desconocen con sus posiciones sectarias la voluntad política de por lo menos la mitad de la población nacional, aún partidaria del gobierno, aunque también descontenta y cuestionadora, en diversos grados de crítica política, pero que por encima de todo, continúa expresándose fiel al proyecto histórico bolivariano y socialista, inclusive con, y a pesar de, la existencia de una espantosa crisis nacional en todos los órdenes.

Pero más preocupante resulta observar que el entramado discursivo de la oposición está cargado de signos y conceptos de intolerancia, de racismo, de prejuicios objetivamente clasistas, antivalores estos con lo que se profundiza la división social y política, haciendo crecer como mala hierba formas de pensamiento afines al fascismo y demás prácticas del credo anticomunista, prácticas que penden como amenaza reales sobre las cabezas del movimiento popular y revolucionario venezolano, sobre sus ideales de libertad, justicia y paz, de ese pueblo que ya fue sacado de la marginación política del pasado, al convertirlo la revolución bolivariana en sujeto auténtica y contradictoriamente protagónico en el proceso de refundación republicana.

La última cena, mural en el barrio 23 de Enero, Caracas

¿Cómo cree usted que se puede solucionar este conflicto sin la necesidad de una intervención extranjera? ¿Es el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana una opción para el país?

Aunque no tengo a la vista la fórmula concreta de soluciones si tengo claro que la intervención extranjera no es una opción, bajo ninguna circunstancia. Toda intervención extranjera en nuestro país está de plano descartada. Tenga la apariencia o forma que tenga e independientemente de dónde provenga. Para nosotros esto será siempre inadmisible. Esta situación de crisis la resolveremos los venezolanos.

Por tanto, si como lo pretenden el imperialismo y sus secuaces, se consumara una agresión armada, máxima expresión del intervencionismo guerrerista, esta no podrá ser considerada jamás como una solución. Sería por el contrario, la razón para que el conflicto se acreciente, tomando por otros cauces el estado de violencia ya instaurado contra mi país desde el Norte; sin duda alguna hasta niveles más críticos, dramáticos y devastadores para la sociedad nacional y para toda la región latinoamericana y caribeña; de que no podrá abstraerse ese sector de la población oposicionista sediento de sangre, que cándidamente se imagina poder ser invulnerable a la onda expansiva de una guerra. 

En este sentido, el único camino que debemos seguir, enfatizo, nosotros los venezolanos, de manera soberana, es el que ponga en primer término la vía del diálogo y la paz, basados en las alternativas políticas democráticas y constitucionales.

Esta debe constituir la única opción aceptada por todos. Es un principio fundamental. Sobre este compromiso central vendrán luego las formas y los contenidos particulares, operativamente, para concretar procedimientos que permitan alcanzar un estadio con grandes acuerdos políticos imprescindibles, que giren alrededor de los intereses de las mayorías, buscando un mejor clima de convivencia política y tomando decisiones de verdadero carácter nacional, convocando el mayor consenso posible. Hay que luchar por ello aunque hoy esta proposición parezca un escenario imposible. Esta búsqueda responsable no puede limitarse a las estructuras partidistas del sistema político nacional, debe involucrar activamente la participación de los sectores sociales organizados del poder popular y la sociedad civil en general. Ya no somos un pueblo que se conforma con ser mero espectador.

Rechazamos de plano la posibilidad de que ese urgente proceso de diálogo, invocado por las fuerzas más racionales y anti guerra de la nación, con apoyo de gobiernos amigos de la región, con el apoyo de múltiples movimientos sociales de avanzada de todo el mundo, sea convertido en una negociación exclusiva de élites, donde el gran ausente sea el pueblo trabajador venezolano, en nombre de la precariedad de la situación. Esta es una premisa de honor en esta posibilidad de soluciones, en el corto y el mediano plazo, fundamentada en el carácter protagónico y participativo que consagra nuestro sistema democrático bolivariano. 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado que no aceptará la ayuda humanitaria que está a las puertas de Venezuela en la frontera con Colombia. ¿Por qué Venezuela no debería aceptar esta supuesta ayuda humanitaria?

Sugiero colocar la frase “ayuda humanitaria”, así, entre comillas. Lo que con esa etiqueta propagandística ofrece el gobierno de Trump es cualquier cosa menos ayuda de tipo humanitario. Basta ver sus declaraciones y las de sus voceros más cercanos para descifrar sus verdaderas intenciones. No procuran traer ayuda, ni tienen ningún interés en auxiliar a nadie, dentro del cuadro de precariedad actual soportado por una parte importante de nuestro pueblo, cuya situación como antes afirmamos, ha sido provocada sistemáticamente por ellos mismos, en su desespero por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Como todos deben advertirlo, el objetivo central es la destrucción del proceso revolucionario bolivariano, como derivación lógica de la estrategia geopolítica imperial actual, mediante la aplicación de una táctica infame de asfixia de la población más vulnerable, para socavar el significativo apoyo popular con el que cuenta. Quienes provocan nuestro drama no podrán ser jamás los mismos que nos ayudarán. 

La supuesta ayuda es un inescrupuloso instrumento para arreciar la confrontación y con ello la crisis. Eleva a su máxima expresión los niveles del injerencismo directo en los asuntos internos de Venezuela, con la complicidad antipatriótica de los dirigentes de la oposición tarifada y sus seguidores ganados por el odio. Es una provocación para inducir algún evento irregular en cualquier lugar, con preferencia en las fronteras, para entonces acusar al Gobierno venezolano y justificar un casus belli lo que supone un nivel superior de agresión contra el país. Se trata de un juego macabro que está totalmente descubierto. Si alguien no lo ve es porque no quiere.

Las múltiples medidas de agresión, políticas y económicas, tomadas por el Estado norteamericano contra Venezuela, en particular en los últimos 5 años, han contribuido decididamente a provocar un profundo efecto de deterioro en nuestra economía, que se expresa fundamentalmente en indicadores negativos como los referidos a la producción nacional, empleo, salario, inversiones productivas, poder adquisitivo, exportaciones e importaciones, acceso a los productos y servicios básicos, inflación, deterioro del Bolívar ante la continua devaluación monetaria también inducida, entre otras muchas consecuencias directas, con una profundidad destructiva inusitada.

Tienen gran impacto en la vida de todos, pero particularmente en la parte de la población socioeconómica más frágil: los trabajadores y los sectores más humildes de nuestro país. Su implacable ejecución táctica ha logrado tener “éxito”, devastando las condiciones materiales de existencia del pueblo. Pese a la heroica resistencia conscientemente demostrada por las mayorías, ha ganado terreno político el descontento, y dentro de él una corriente de entreguismo, la desesperación y muy peligrosamente el fanatismo político de derecha ¿Cuántos de mis connacionales están prestos en estos momentos a respaldar “soluciones” extremistas tipo extirpación política, operaciones terroristas de “limpieza”, dirigidas por el poder norteamericano contra el movimiento popular, solo porque éste osó apoyar el sueño de la transformación social?  

En un mundo virtualmente interconectado cualquiera puede saber hoy cómo en el sistema diplomático global existen un conjunto de protocolos y regulaciones, definidos por diversos organismos multilaterales, interestatales o privados, que rigen toda iniciativa de ayuda humanitaria auténtica. Por ejemplo, los que establecen las Naciones Unidas, la Cruz Roja o de la Medialuna Roja. Tales parámetros, concepción y contenidos han sido desconocidos por el poder yanqui. Con el agravante de que pretenden introducir “su ayuda” (para un factor privado) de manera forzosa por nuestras fronteras nacionales, desde Colombia y Brasil, atropellando de plano nuestra soberanía. Se trata de una acción provocadora para avivar escenarios de tensión tendientes a vulnerar la lealtad popular y de las Fuerzas Armadas Bolivarianas hacia la Constitución y el Proyecto Bolivariano, lealtad que hoy pasa sin lugar a duda por mantener la unidad política alrededor de la legitimidad y la legalidad del Gobierno Nacional, inclusive si se sostiene el mayor tono de crítica contra él. Todo lo demás es hacerles el juego a los agresores imperiales.

Por estas razones considero que, por elemental aplicación de las obligaciones constitucionales del Estado venezolano, referidas a la protección de los principios de soberanía y de independencia nacional, el Gobierno de Maduro hace lo necesario y lo correcto en este caso, al no autorizar ninguna intervención extranjera disfrazada de ayuda humanitaria, en el marco de la crítica coyuntura actual. En esto estamos firmes, ofreciendo nuestro modesto apoyo.

Constantemente en los grandes y pequeños medios de comunicación escuchamos y leemos sobre la grave crisis económica que acarrea a la nación venezolana. Unos se inclinan por el discurso del gobierno venezolano, el cual glosa de que ésta ha sido provocada por el gran bloqueo y embargo económico al cual (que) ha sido sometida Venezuela, en primera instancia, por los EEUU, y otros se inclinan hacia el discurso de la oposición venezolana de que la crisis económica es parte de la corrupción y el robo de divisas por el gobierno venezolano. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?

Frente a este dilema he intentado procurarme una respuesta consistente partiendo de una observación múltiple de esta desafiante situación que vivimos. Considero que si utilizamos un sentido más agudo en la lectura del conflicto podríamos señalar que vistas así, como están planteadas en la pregunta, ambas posiciones extremas, en esencia, son parciales e interesadas, por lo tanto, tienen el defecto de sesgar la posibilidad de producir un contenido explicativo más complejo de la crisis actual.

La situación requiere que hagamos un máximo de esfuerzo para evitar juicios restringidos de la realidad históricamente existente. Concurren ante nosotros grandes impedimentos para hacer razonamientos con más agudeza, estando condicionados pero también tan abrumados por la fuerte influencia de una agenda política inmediatista, infinitamente manipulada por el poder mediático hegemónico, priorizada sobremanera por los resortes de las relaciones de poder, por ese tipo particular de racionalidad humana que es desarrollada cuando lo que priva es la disputa por el poder, inducida tanto por parte de sectores de la dirección del gobierno como por parte de las fuerzas extremistas de la oposición.

Como lo adelanté en la primera parte de esta entrevista, estoy más inclinado, en este caso, a intentar una interpretación más crítica del asunto, no complaciente, pese a una identificación política personal con el proceso bolivariano que está por encima de mis propios cuestionamientos críticos. Por eso podría decirse que suscribo una visión que parece poco compartida, que no es muy popular, por incómoda, valorada así con frecuencia, a priori, por los seguidores polarizados de ambos bloques sociopolíticos. Repito, es un camino de discernimiento incómodo pero necesario, porque a través de él he estado aspirando trascender, analíticamente hablando, el paradigma simplista dominante que trata de explicar en clave política lo que sucede en Venezuela, determinándola o como una “dictadura” o como exclusiva injerencia imperial.

Está planteada para la mayoría de la sociedad venezolana alcanzar urgentemente nuevos escenarios sociopolíticos. Para vivir en mejores condiciones, con la humana condición al “derecho de vivir en paz”, como cantó Víctor Jara. La suerte que correrá esta suprema aspiración para mi pueblo dependerá en mucho de los resultados de esta gigantesca batalla de ideas, que subyace en el enfrentamiento político, visible en las manifestaciones superficiales del conflicto. Si miramos bien la situación, descubriremos como en ella se está expresando la lucha de clases de forma abigarrada. De sus entrañas surge la fuerza de un pensamiento político con mayor conciencia social e histórica, que será la base de nuestro futuro. Es un aprendizaje político invalorable.  

Sin embargo, aquel paradigma simplificador crece continuamente, se proyecta incesante en la polarización política y parece ser mutuamente aprovechado por sectores particulares de los bandos opuestos. El intento por superarlo tiene sus riesgos (nada inédito, por cierto). En este camino se busca incorporar al análisis sociopolítico, no sin dificultad, el concepto de totalidad del materialismo histórico, como categoría comprensiva ventajosa para el abordaje de un fenómeno sociohistórico que como sabemos contiene complejas aristas en su desarrollo. En ese esfuerzo estamos. Estas reflexiones son parte de esta modesta indagación.

Al intentar ser consecuente con ello no podemos señalar causas determinantes, únicas, acerca de la crisis venezolana. Parece más pertinente para esta comprensión lograr la identificación de ese entramado de aspectos existentes, sus interrelaciones, al modo de una relación dialéctica (me permito el término). Ese todo sistémico que por sus cualidades es profusamente dinámico y singularmente contradictorio. Donde cada aspecto y cada elemento concurrentes desempeñan diferentes roles. Todos generan consecuencias en la situación y dentro de ella intervienen de manera activa las acciones del gobierno nacional en general como el accionar de los factores político-económicos vinculados al gran capital neoliberal globalizado.

En resumen, se trata de un proceso donde se expresan ambos bloques de fuerzas políticas, contradictoriamente coligados, en la defensa de principios y programas opuestos, pero al mismo tiempo, de intereses y privilegios también particulares.

Hecha esta breve consideración, un tanto teórica para esta entrevista, pero a mi parecer necesaria, esbozo una conclusión general. Como síntesis preliminar cabe señalar la existencia de una suerte de extraña confabulación entre ambos bloques sociopolíticos e ideológicos, determinada como una cualidad singular percibida en torno a este conflicto concreto, en un proceso que se ha estado gestado progresivamente, marcando una relación de mutua realimentación, que significaría la descripción de un extraño círculo vicioso del fenómeno político.

Entendemos que la idea sugerida por si misma suena como una especulación insólita, pero la perspectiva planteada podría resultar analíticamente fructífera. Si fuera cierta la existencia de esta extraña confabulación nos resulta difícil suponer que sea parte de un plan intencional, conscientemente concebido, por estos dos bloques, que como antes señalé, son mutuamente excluyentes desde el punto de vista político y programático.

Esta condición, vista como una hipótesis de partida, para profundizar en la valoración de la especificidad de la crisis, ha estado desencadenando esta especie de “tormenta perfecta” en las dimensiones política, social y sobre todo económica, instaurada brutalmente sobre todo el ámbito de la nación venezolana. En cuyo espacio en vilo padecen dramáticamente los peores rigores de la crisis las mayorías pobres y excluidas. Espacio donde simultáneamente se ha favorecido la consolidación de relaciones socioeconómicas de carácter abiertamente capitalista (en su versión más precarizante, salvaje, alienante), distante del proyecto socialista y comunal. Consolidando e incluso expandido el poder y el patrimonio de esa vieja burguesía parasitaria nacional y, paradójicamente, contribuido también a la formación de nuevos brotes de clases explotadoras, al amparo del ya crónico modelo de acumulación improductivo basado en la renta petrolera (Que casi no ha sufrido variación histórica alguna desde que el petróleo transformó nuestro patrón económico nacional en las primeras décadas del siglo XX) y de las políticas sectoriales económicas del Estado,  aplicadas de modo continuo durante la etapa en cuestión.

En consecuencia y a este tenor podemos afirmar sucintamente: vivimos en un inusitado campo de batalla multidimensional, que tiene el tamaño del país. Donde la contingencia y la incertidumbre han sido impuestas y en tales condiciones tumultuosas tenemos que provocar alternativas de soluciones.

En esta confrontación total y constante el imperio y el oposicionismo local han hecho lo indecible para lograr quebrar los esfuerzos de la revolución bolivariana, su proyecto original de emancipación económico-política y su programa de conquistas históricas. Con ese enorme poder simbólico a disposición todo indica que como enemigos no cesarán en su empeño atroz por derrocarla, en nombre de sus consignas vacuas de “libertad” y “democracia”. Todo dirigido para hacerse de nuevo del poder político que le arrebató el pueblo hace veinte años a las élites.

Por su parte, el gobierno nacional, como parte sustantiva y concreción del nuevo poder político revolucionario, que se formuló con la Constitución Bolivariana del año 1999, a pesar de que ha obtenido importantes logros en diversos campos, destacándose, en este contexto, la colocación de lo humano (el Hombre) y no el capital como el centro del sistema sociopolítico, y por otro lado, pero consecuencia de aquello, la tan poco valorada redistribución de la riqueza social lograda, por conducción de la gestión del Estado-Gobierno. Ese mismo poder que también es responsable de una gestión pública global lamentable, vinculada a un fenómeno de ingobernabilidad sistémica, marcado por la incompetencia, la ineficiencia, la improvisación, el burocratismo y la corrupción, principalmente. Por este efecto, considero que ningún rasgo positivo, de los muchos alcanzados por el humanismo político oficial ejercido en este periodo, logra hacerle perder relevancia a los modos de percepción negativos generalizados que se hace la ciudadanía del país acerca de la revolución y de su gobierno.

Según he escuchado decir a los entendidos en “crisis”, ésta, la venezolana, no tiene parangón en la Historia ¿Será cierto? Si así fuera, las soluciones necesariamente tendrán que ser también novedosas, o sea, sin parangón. Pero debemos apurarnos en producirlas porque hay demasiado que perder.

Finalmente, me despido agradeciendo la oportunidad para expresarme que me ha dispensado este medio, pidiendo que a la hora de pensar, y tomar partido, en este conflicto, nadie ignore el gigantesco peso que ejerce la política criminal imperialista de asedio, bloqueo económico y sanciones unilaterales contra la nación venezolana. Solo nos resta convocar la sensibilidad y la voluntad solidarias con la Revolución Bolivariana de todos los pueblos del mundo amantes de la justicia, la democracia y la paz.

Abby García

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: Tlaxcala /La Pluma, 12 de marzo de 2019