Las grietas de la política colombiana

El gobierno trabaja en una ‘ley mordaza’ que impedirá a pequeños medios sobrevivir, y cuyos objetivo principales son presionar al único canal de televisión independiente para que cese de informar, y limitar la información libre en medios digitales. La disputa está abierta y parece que las experiencias democratizadoras logradas en las calles seguirán siendo la alternativa ante el reformismo autoritario del impopular Gobierno de Duque.

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Se evidencian como nunca las grietas de la política colombiana. La polarización por dos modelos de país empieza a dar frutos en una sociedad apaciguada por décadas bajo el estigma de la guerra. La ruptura de la pasividad a la acción viene dándose paulatinamente desde aquella derrota del plebiscito por la paz, que aún retumba en los territorios donde se reproduce el pasado.

Las grietas de la política colombiana

Aunque Iván Duque salió electo, la ‘grieta’ se expresó en la reñida y disputada elección presidencial. En tanto se comenzaron a definir las posiciones y las subjetividades de la reyerta, se recompuso una opción política antineoliberal, emergieron liderazgos y tuvieron eco los discursos críticos. Mientras, los grupos tradicionales mostraron sus históricas divergencias y dejaron ver la fragilidad del modelo económico neoliberal, cuyo único repertorio es ampliar la tributación de los sectores de ingresos medios y bajos.

Las rupturas serán difíciles, pues las fisuras se abren y el statu quo está cuestionado por una buena parte de la sociedad, aunque la derecha siga teniendo el respaldo de sectores ciudadanos afectos al sentido común individualista y emprendedor. Las facciones con poder no están inmóviles; todas las huestes conservadoras de una u otra manera están defendiendo sus privilegios, aunque esta vez puede no terminar en una sucesión presidencial bipartidista y concertada. La comprensión cabal y creativa de este nuevo momento, por la ciudadanía y los liderazgos de la sociedad emergente, será definitiva en el éxito que los lleve a gobernar el Estado y, con ello, a tener la opción palpable de construir una nueva sociedad.

Falta mucho para una nueva elección presidencial, pero la crisis de gobierno que relatan todos los medios, incluso los partidarios del presidente, ha configurado un momento transicional en la política colombiana, que puede conducirse hacia un pasado autoritario para sostener el neoliberalismo, o puede ser el comienzo de un cambio político. Una disputa que inicia muy pronto (o es continuidad de la anterior) y que se expresa en al menos cuatro temas: la reorganización del sistema político, la reforma y actividad de la justicia, la estructura de renta y control de la tierra y de los territorios, y en la conducción económica del país.

Autoreforma política: exclusión de los excluidos

El Gobierno inició el trámite de una reforma política bajo el supuesto de modificar las reglas del sistema electoral y de la organización de los partidos, pero no siempre se reforma para mejorar. Esta reforma pasó en el Senado y seguirá su trámite en el 2019, con el apoyo del Partido de la U (santismo) y del Partido Liberal. El texto y sentido del proyecto gubernamental nada tienen que ver con lo contemplado en el acuerdo de paz en materia democrática. Aunque desde el 2016 se espera una reforma política que incorpore los acuerdos, la actual es un maquillaje sobre la estructura que existe: mantiene el sistema actual de configuración de listas electorales, la falta de democracia interna en los partidos y les da mayor poder a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que seguirán siendo nombrados por los partidos mayoritarios.

Es una autoreforma de los partidos tradicionales para dejar todo el sistema igual a como se maneja en la actualidad. Mantiene el conteo de votos de forma manual y la transmisión de éstos con un software cuestionado por no garantizar la seguridad en el procedimiento, como lo demostró el Consejo de Estado[i]. Según la Misión de Observación Electoral, la iniciativa de la reforma política estaba limitada desde el comienzo, con una telaraña de proposiciones de ley, cerca de 18, impulsadas por las bancadas en el Congreso y por el Gobierno, que, de acuerdo con el organismo, no tenía un objetivo concreto[ii].

La discusión sobre el sistema electoral y la ley de partidos no es menor, garantiza que las elecciones municipales del 2019 (primer eslabón de fuerzas en la elección presidencial) se realicen con el financiamiento empresarial de las campañas, se limite la participación de las víctimas del conflicto y que los magistrados del Poder Electoral estén en condiciones para ofrecer ventajas a sus copartidarios. Como corolario de esta discusión, se inició el debate de una reforma estatutaria para que haya segunda vuelta en las elecciones de Bogotá, impulsada por Cambio Radical -hoy el principal partido que respalda al alcalde Enrique Peñalosa- que es una jugada para impedir que el progresismo regrese a este importante cargo, pues estiman que en segunda vuelta toda la derecha se alineará[iii].

Justicia en el banquillo

Murieron envenenados el principal testigo del caso Odebrecht en Colombia y su hijo[iv]. Las pruebas recaudadas por periodistas e investigadores, entregadas ex ante por el fallecido testigo, indican que el actual fiscal general de la Nación, Néstor H. Martínez, conocía de primera mano los sobornos de la empresa brasileña. Martínez estaría incurriendo, al menos, en un conflicto de intereses y configurando un delito por no denunciar ese acto de corrupción que conocía, pues antes de estar posesionado, era el apoderado del grupo empresarial más importante del país, perteneciente a Luis Carlos Sarmiento, quien era el socio local de la constructora Odebrecht[v].

Los videos y los audios dejados por el testigo de Odebrecht, por si algo le pasaba, así lo indicaban. Sin embargo, el armazón de la justicia colombiana tiene pocos mecanismos para indagar la conducta del fiscal, que, a priori, fue absuelto en el Congreso de la República. Mientras, el mismo Poder Legislativo está discutiendo una reforma a la justicia que se tramitará en el 2019, en la que se restringe el presupuesto para el Poder Judicial dejando atados los recursos a la negociación de las cortes con el Gobierno, lo que para muchos es ponerlas de rodillas ante el Poder Ejecutivo.

Iván Duque no propone una nueva arquitectura judicial sino reorganizar la cúpula de ésta; limitar presupuestos; acabar con la Tutela (un instrumento eficaz para acceso a derechos); una reforma al Código Penal que crearía nuevos tipos penales y sanciones; ajustes al sistema penal de adolescentes; reforma al Código Contencioso Administrativo y un estatuto de defensa jurídica del Estado. Es decir, un ‘frankenstein punitivista’ que llenará las cárceles de jóvenes y adolescentes, limitará aún más los pesos y contrapesos de las ramas del poder público, y no modificará las condiciones de acceso a la justicia de la ciudadanía, que no cuenta con decisiones expeditas ante la falta de funcionarios.

Se trata de un shock judicial que tiene como marco político el inicio de procesos judiciales contra referentes de la oposición (como Gustavo Petro), y con las discusiones en torno a la Justicia Especial para la Paz y los alcances de ésta a funcionarios de las Fuerzas Armadas y a civiles. Es una reforma que no logra consenso entre los distintos poderes y que se convierte en una verdadera disputa generada desde el Gobierno con su pretensión de constituir un Estado autoritario y punitivo, mientras la grieta permite develar la trama de corrupción de fiscales y jueces, hoy en el banquillo, a favor del poder económico.

El campo, una herida abierta

Transcurridos dos años de la firma del acuerdo de paz, se puede certificar que el problema de la Colombia rural no se resolvió. Con un mal pronóstico de futuro, pues el Gobierno de Duque es apoyado por los dos partidos, el Centro Democrático y el Partido Conservador, que reúnen a los grupos de poder latifundista del país. Hasta el momento, no se ha tramitado la Ley de Reforma Rural Integral, que pretendía generar una nueva configuración territorial, crédito para la producción y una visión agroalimentaria en una porción del país de diez millones de hectáreas de tierra. Además, se inició de nuevo la fumigación*[aspersión] aérea con glifosato contra los cultivos de hoja de coca, todo un desastre ambiental y social.

Lo paradójico es que, ante la gravedad del engaño, tampoco se han expresado de forma contundente las organizaciones sociales de la ruralidad, que están atrapadas en una preocupante inmovilidad. No se les otorgaron las 16 curules de paz ni se dio la reforma rural, se incumplió el acuerdo de sustitución voluntaria, y ello no ha sido motor suficiente para iniciar acciones nacionales como las que, en el 2013, pusieron al Gobierno de Santos a negociar la estructura rural. La grieta en el campo es profunda y no alcanzan estas líneas para explicar el proceso histórico de disputas por un modelo rural en el país, aunque basta decir que fue definitivo para iniciar la guerra y lo que inició el fin de ésta.

Por ahora, a ese vacío de iniciativa lo están ocupando bandas que no tienen un carácter político, aunque su accionar sí impacta la acción política de las comunidades, en especial porque en muchos casos son actores materiales de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales (más de 190 en 2018). Es muy probable que se generen detonantes para la movilización de estos sectores en el 2019, en medio de elecciones municipales y de un creciente temor al comienzo de una nueva ola de despojo de tierras.

Se acabó el repertorio: tributar, tributar y tributar

Parece que el modelo neoliberal en el país está en una etapa senil, puesto que ya no es capaz de generar ninguna salida a su propio desastre. La estructura salarial que se constituyó en el país, basada en la enorme brecha desigual (una de las más grandes del mundo), tiene a un 85% de los trabajadores y trabajadoras devengando menos de dos salarios mínimos al mes –menos de 500 dólares–; y es sobre dicha estructura que el Gobierno pretende conseguir los recursos para el sostenimiento del presupuesto nacional.[vi]

No hay crecimiento y no hay ideas serias del Gobierno para generar empleo y garantizar un ciclo virtuoso en la economía nacional. De antemano se sabía que el Gobierno de Duque les quitaría impuestos a las empresas y pondría más impuestos a la ciudadanía. Una pena que esto no se logró demostrar en la campaña. Hoy sólo el 27,2% de la ciudadanía respalda la gestión del Gobierno, a tan sólo cuatro meses de iniciado el mandato[vii].

Sin embargo, la pretensión de recortar aún más el presupuesto a la educación superior estatal y la ‘ley de financiamiento’ quedaron parcialmente derrotadas. Y como la campaña electoral del 2022 ya comenzó, la grieta económica, por su complejidad, debe empezar a ser parte de la pedagogía de la campaña por otro país posible, llenando el vacío ciudadano con una explicación sencilla que logre movilizar a un electorado poco o mal informado.

La movilización como conclusión

Duque tratará de empujar su agenda autoritaria con una reforma electoral, una reforma a la justicia, hechas a la medida del poder, con un despojo de la ruralidad en ciernes, y un neoliberalismo senil que pretende limitar aún más el ingreso de las y los trabajadores. En este marco se legitima una actividad de movilización democrática similar a la liderada por estudiantes y docentes universitarios, quienes después de sesenta días de paro lograron un importante triunfo para la financiación del sistema estatal de educación superior: 2 mil millones de dólares, o sea, 2 puntos del PIB en cuatro años. Las limitaciones para una apertura democrática siempre se reflejan en las calles y la democratización del país está en alta tensión, pues un amplio sector de la sociedad no quiere que continúe su histórica exclusión.

El 2019 seguirá la tendencia a imponer una agenda regresiva. El gobierno trabaja en una ‘ley mordaza’ que impedirá a pequeños medios sobrevivir, y cuyos objetivo principales son presionar al único canal de televisión independiente para que cese de informar, y limitar la información libre en medios digitales[viii]. La disputa está abierta y parece que las experiencias democratizadoras logradas en las calles seguirán siendo la alternativa ante el reformismo autoritario del impopular Gobierno de Duque.

Notas

[i]https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/revelaciones-del-fallo-del-consejo-de-estado-que-devuelve-curules-a-mira-190246

[ii]https://moe.org.co/la-reforma-politica-necesita-un-objetivo-claro/#more-3849

[iii] https://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-salva-tres-reformas-a-ultima-hora-en-el-senado/595248

[iv]https://www.semana.com/nacion/articulo/alejandro-el-hijo-de-enrique-pizano-murio-envenenado-con-cianuro/590586

[v]http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0077/izq0077_a03.pdf

[vi]https://www.celag.org/reforma-tributaria-colombia-otra-medida-contra-trabajo/

[vii] https://www.semana.com/nacion/articulo/ivan-duque-imagen-en-caida-libre-en-la-cuesta-de-invamer/591171

[viii] https://www.las2orillas.co/antanas-mockus-y-su-no-votar-la-ley-tics-con-los-ojos-vendados/

Javier Calderón Castillo

Editado por María Piedad Ossaba

Nota de la E:

Aclaramos, que el término correcto es ASPERJAR y no FUMIGAR, ya que solo se fumiga con gas, en sitios cerrados, como fue el caso de las cámaras de gas nazis, donde se fumigaron seres humanos con el pesticida Cyclon B, a base de ácido cianhídrico (ácido prúsico). Solo una pieza del rompecabezas

Fuente: CELAG, 17 de diciembre de 2018