La cuarta parte del PIB
El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. es el grupo económico más poderoso de Colombia. Con una fortuna de 12 mil millones de dólares, su cabeza, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ocupa el puesto 123 entre los más ricos del mundo, según la lista Forbes de este año.
El empresario tiene gran influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad colombiana. ¿Cuál es su cuota de responsabilidad en el escándalo de Odebrecht?*
Aval es un buen ejemplo del conglomerado del capitalismo contemporáneo, pues a su alrededor se produce la fusión monopolista entre el capital bancario y el capital industrial. Hace 62 años comenzó su carrera como constructor de vivienda y dio un gran salto al adquirir varios bancos: primero el de Occidente, luego AV Villas, más adelante el de Bogotá y finalmente el Popular y Ahorramás. Fue así como logró controlar el 30 por ciento de los activos financieros del país.
La familia Sarmiento posee cerca del 80 por ciento de los casi 23.300 millones de acciones del Grupo Aval, mientras que el 20 por ciento restante se reparte entre grupos como JP Morgan con el 7 por ciento, Vanguard, MSCI y Abu Dhabi Investment que suman otro 1 por ciento, algunos fondos de pensiones e inversionistas nacionales con entre el 1 y el 2 por ciento, y más de 45 mil pequeños tenedores con cerca del 8,5 por ciento.
El Grupo Aval funciona como un holding; es decir, como una agrupación de empresas donde el dirigente controla la “sociedad madre” y ésta a la vez a sus “hijas” y de ahí a sus “nietas”. La posesión del 50 por ciento de la matriz es suficiente para controlar con tan solo 1 millón, 8 millones en la tercera generación y de ahí hacia adelante en proporción de 16, 32, 64, etc.
Actualmente, Aval maneja alrededor de 240 billones de pesos en activos, lo que equivale al 25 por ciento del PIB colombiano. El 71 por ciento de esa cifra se destina a operaciones nacionales y el 29 por ciento restante en el exterior, principalmente para Centroamérica. El 65 por ciento de esos activos está representado en cartera y el 35 por ciento en inversiones de renta fija. El patrimonio atribuible a los accionistas se acerca a 17 billones, y tuvo utilidades netas por 2 billones en 2016 y 2,3 billones en 2017.
Las “hijas” del grupo Aval son los bancos AV Villas, Popular, de Occidente y de Bogotá, el grupo de pensiones y cesantías Porvenir, la firma corredora Casa de Bolsa y su principal vehículo de inversión, la Corporación Financiera Colombiana Corficolombiana, que también posee un banco en Panamá y tiene presencia en 60 empresas.
En el exterior tiene otra “hijas”: Credomatic, uno de los principales bancos de Centroamérica y dos más ubicadas en las Islas Caimán: Grupo Aval International Limited y Grupo Aval Limited. Cuenta además con Seguros Alfa, la segunda aseguradora del país. Sus bancos tienen 1.397 oficinas, 3.775 cajeros electrónicos y más de 40 mil puestos de atención. La operación centroamericana cubre 356 oficinas, 1.736 cajeros y 2.403 puestos de atención. En total, posee alrededor de 75 mil trabajadores vinculados.
Para referirnos a este monumental emporio económico, resulta más acertado hablar de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA), cuya empresa matriz es el Grupo Aval.
El dueño del país
La gráfica siguiente, elaborada en 2015 por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) ilustra la influencia de la OLCSA sobre distintos sectores de la vida nacional:
Fuente: Felcoper
En materia de infraestructura la OLCSA contaba con seis concesionarias en 2015, a las cuales se agregaron Covipacífico S.A.S. y Covimar S.A.S. en 2017. Entre todas ellas, sumó más de 1.300 kilómetros de ocho vías concesionadas, como las de Bogotá-Villavicencio-Yopal, Buga-Tuluá-Victoria, Bogotá-Facatativá-Los Alpes, entre otras, e incluyendo la Ruta del Sol II. Además están presentes en la concesión de los aeropuertos de Cali y de Cartagena y tienen vínculos con grandes gestoras de proyectos y construcción como Dragados y Proindesa. Hoy en día es sabido que el Grupo Aval está relacionado con el escándalo de Odebrecht, sin embargo, la investigación que se adelanta aún no destapa por completo este capítulo.
Por otra parte, la OLCSA ha invertido sumas significativas en el área energética, principalmente en la distribución y comercialización de gas. En 2012 logró el control de Promigas, la compañía que transporta y distribuye el 50 por ciento de gas en Colombia a través de los 2.900 kilómetros de redes de gasoductos que posee.
En Bogotá su poderío es más grande, pues participa de la Empresa de Energía, y por ende, en la transportadora de gas TGI. De hecho, hasta este año disfrutó de la concesión de la planta de acueducto de Tibitó y actualmente es el principal financiador del SITP, donde está provisionando más de 300 mil millones por la quiebra de varios operadores.
No hay ningún sector de la sociedad colombiana en el que no tenga una incidencia significativa, podría decirse que en nuestro país no se mueve un dedo sin su anuencia.
En cuanto a la agricultura a gran escala, OLCSA cuenta con cuatro agroindustrias con cerca de 25 mil hectáreas, algunas en conflicto por acaparamiento de baldíos, en cultivos de caucho, palma de aceite, maíz, algodón, arroz, piscicultura y ganadería y con miles de hectáreas en tierra para proyectos futuros. Así mismo, Pizano, emblemática forestal, gestó una agrupación con un socio internacional hasta llegar a 50 mil hectáreas para materia prima hacia la producción industrial de tableros, puertas, productos transformados, piezas y muebles de madera.
En el sector hotelero —uno de los que más beneficios tributarios ha recibido en los últimos años— OLCSA tiene dos compañías con más de cuatro mil habitaciones y cerca de 35 operaciones con el emblemático Grand Hyatt de Bogotá como líder. En construcción, tiene varios proyectos en la flamante calle 26 de la capital colombiana. También participa en la industria con fábricas como Tesicol y en minería como socio de Mineros S.A.
Como si fuera poco, Sarmiento Angulo tiene una gran influencia en los medios colombianos, pues posee un conglomerado multimedia con dos canales de televisión, tres periódicos diarios —entre ellos el de mayor circulación nacional— una decena de revistas y la serie 7 Días distribuida en los llanos y en Boyacá. En síntesis, no hay ningún sector de la sociedad colombiana en el que no tenga una incidencia significativa. Evidentemente, podría decirse que en nuestro país no se mueve un dedo sin su anuencia.
Una relación peligrosa
Edificio Corficolombiana
Foto: Wikipedia
La relación entre la OLCSA y el Estado es mucho más estrecha y profunda de lo que podría pensarse. Prueba de ello es la participación de Corficolombiana y los bancos Popular y de Bogotá en el Programa Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública (TES) regulado por el Banco de la República y el ministerio de Hacienda. Como grupo económico, está bajo la tutela de Supersociedades y, obviamente, por su actividad central, de la Superfinanciera.
Además, por sus ramificaciones depende también de la interacción con la DIAN, la SIC, el ministerio de TIC y las agencias ANTV y CRC, tanto como con Minminas, la CREG, el ministerio de Transporte, Invías, ANI y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sus enormes inversiones también demandan contacto permanente con el ministerio de Agricultura, de Vivienda y hasta con la Agencia Nacional de Tierras.
De lo anterior se deriva la estrecha relación entre los miembros de su organización y allegados y los altos niveles del poder público. Además de la conocida amistad entre Sarmiento y Juan Manuel Santos, vale la pena recordar que Álvaro Uribe fue miembro entre 2012 y 2014 del Consejo Internacional del JP Morgan Chase, banco accionista del Grupo Aval. La cercanía con los expresidentes alcanza a César Gaviria asociado con Aval en la firma Gas Comprimido del Perú (Gascop).
La relación entre OLCSA y el Estado va todavía más allá: varios exministros de Hacienda y otros altos funcionarios han sido parte de su nómina, como lo señaló una vez el periódico Portafolio. Alberto Carrasquilla, por ejemplo, fue miembro de la junta directiva del Banco de Bogotá en 2007 y Fernando Carrillo, actual procurador, hizo parte de la plantilla de Aval. Así mismo, Guillermo Perry, Alberto Urdinola, Juan José Echavarría, Luis Fernando Ramírez Acuña, Luis Alberto Moreno, Guillermo Fernández de Soto, Luis Fernando Alarcón, María Fernanda Suárez, Santiago Montenegro, Armando Montenegro, Roberto Junguito, Ana Fernanda Maiguashca, Sergio Clavijo, Jorge Humberto Botero, Gloria María Borrero, Fabio Villegas, Santiago Castro, Luis Felipe Henao y Jonathan Malagón han tenido cargos diversos en este emporio económico o en gremios que agencian sus intereses antes o después de pertenecer al gobierno.
El penoso caso Odebrecht
Ciudad Empresarial Sarmiento.
Foto: Wikipedia
Entre tantos casos, el vínculo más desconcertante entre la OLCSA y las ramas del poder es el de Néstor Humberto Martínez, abogado de muchos de los negocios de la organización. Además de superintendente bancario, Martínez ha sido embajador, miembro de la junta directiva del Banco de la República, ministro de Interior, de Justicia y “superministro” (ministro de la presidencia). Alternaba varios de esos cargos con el servicio a Sarmiento Angulo; prueba de ello es que en 2006 lo asesoró en la compra de Megabanco, en 2010 en la adquisición de las acciones de El Tiempo y de Credomatic, en 2012 en la de Promigas y en 2014 en el registro bursátil en Wall Street.
Pero sin lugar a duda, el negocio más importante de la OLCSA con asistencia de Martínez fue el de la Ruta del Sol II, donde actuó como encargado jurídico y se agregaba el doble de kilómetros en concesión para el Grupo Aval. Recurriendo a varias de las más de 10 empresas jurídicas y de inversiones de su familia, el actual fiscal dispuso la suscripción del contrato de estabilidad jurídica en 2010; la viabilidad de suscripción de la adición Ocaña-Gamarra en 2012 y la resolución de los requerimientos del Comité de Estabilidad en 2015. Adicionalmente, el Banco Agrario acreditó a MNA Martínez Abogados como asesor jurídico en la estructuración de Navelena, la iniciativa liderada por Odebrecht sobre el río Magdalena.
Entonces, ¿es Martínez el fiscal indicado para investigar el escándalo de Odebrecht?, ¿cómo es posible que aún existan dudas sobre su serio conflicto de intereses para llevar este caso? Por otro lado, ¿Conocía Aval de las picardías de José Elías Melo, quien mientras era presidente de Corficolombiana, pertenecía a la cúpula de su staff directivo? ¿Hasta cuándo podrá mantenerse el argumento esgrimido por Aval de que fue una sufrida “víctima” del otro accionista, y que apenas en 2017 se enteró de sus malos manejos?
En su libro “Corrupción, cohesión social y desarrollo”, José Antonio Alonso sostiene que entre más desigual es una sociedad, mayores niveles de corrupción presenta. ¿No es Colombia el ejemplo perfecto de esa ecuación? Mientras que las líneas entre los actores privados, los cargos nombrados y los cargos electos sigan siendo borrosas, la situación seguirá igual: un Estado (privado) detrás del Estado continuará definiendo el rumbo de nuestro país.
*Nota al lector: Toda la información presentada proviene de informes oficiales de las diferentes empresas del Grupo Aval y de publicaciones oficiales de la prensa nacional e internacional.
Aurelio Suarez
Editado por María Piedad Ossaba
Fuente: Razón Pública, 10 de diciembre de 2018